por Cristina de la Torre | Dic 20, 2011 | Diciembre 2011, Educación, Modelo Político, Régimen político
Tan acucioso el Procurador Ordóñez para defender la vida del feto aunque ello signifique la muerte de la madre; tan diligente para impugnar la devolución de dos niños que anhelan los cuidados de su padre adoptivo –el periodista estadounidense Chandler Burr, todo entrega y dedicación- por ser éste homosexual; pero tan lerdo para defender a los niños víctimas de violencia sexual en sus colegios. Acaso la retórica del derecho a la vida desde la concepción no le alcance para proteger la integridad de menores que, entre clase y clase, en colegios laicos y religiosos, públicos y privados, sufren acoso y hasta violación por sus superiores y maestros. Entre cientos de casos que la Procuraduría conoce, ésta sólo ha resuelto un número irrisorio. A diferencia de otros países donde este delito escandaliza y suscita la protesta en masa de la sociedad, en Colombia permanece oculto bajo una viscosa capa de silencio e impunidad.
La Defensoría del Pueblo y Women’s Link Worldwide abren decididas el debate sobre acoso, relaciones sexuales bajo coacción, abuso, chantaje y petición de favores sexuales a cambio de calificaciones escolares. Entre nosotros, la agresión resulta más extendida que en otros lares. Raza, edad, género, condición social, situación de desplazamiento y la guerra multiplican la violencia sexual contra infantes y adolescentes. Cuando encuentran ellos por fin manera de denunciar, los silencian. Y la justicia no llega. O tarda demasiado. Una minoría logra exámenes médico-legales a menores por presunto delito sexual en instituciones educativas. En 2009 se denunciaron 489 casos. De 208 quejas conocidas por la Procuraduría General, ésta ha resuelto apenas 32 casos, el 15.5%.
Todo parece conspirar en Colombia para mantener el fenómeno escondido en el cuarto de San Alejo. En primer lugar, se tiene por normal o tolerable el abuso sexual de profesores o directivos sobre los estudiantes. Es la institucionalización del abuso de poder y su extensión a todas las órbitas de la persona. En homenaje al concepto de que educar es dar rejo, muchos consideran que ese tipo de violencia forma el carácter (¡). Y que, en todo caso, el menor no estaría en condiciones de defenderse ni de invocar el respeto de sus derechos. Comprensible en un país donde la iniciación sexual de la mayoría de nuestras mujeres corre por cuenta de tíos, primos, vecinos, padrastros y hasta del padre carnal, que las violentan a menudo desde la infancia. Y a muchos niños también. Los colegios por su parte prefieren encubrir estos delitos para ahorrarse escándalos que desdoren su prestigio. Del desinterés de la Procuraduría, ni hablar. Circunstancias que se conjugan para arrojar “impunidad rampante”, justamente allí donde se forma a los niños para la vida en sociedad. Mónica Roa, luchadora por las mujeres y los niños, invita a respetar los derechos humanos en las instituciones educativas. Volmar Pérez, Defensor del Pueblo, insta a denunciar a los abusadores; y, a los organismos de control, a investigarlos y castigarlos como la ley manda.
Entre tanto, rectores ciegos ante el estropicio; obispos mudos ante la pederastia que es epidemia entre la clerecía católica; y el procurador Ordóñez (tocado en su indolencia de aureolas y crucifijos y rosarios y alitas de querubín) andarán cantando villancicos y elevando plegarias por navidad. Miles de niños, en cambio, contemplarán el pesebre sin alegría y de soslayo, abrumados bajo la carga de una culpa que es ajena. Que de otros era la ofensa al Niño Dios.
Adenda 1. Me sumo a la legión de amigos y discípulos del incomparable Álvaro Camacho, que lloran su muerte.
Adenda 2. Réquiem por El País que pierde a Ramiro Bejarano y, de paso, a Cecilia Orozco, baluartes de la opinión ndependiente.
Adenda 3. Por vacaciones, esta columna se reanudará el 17 de enero. ¡Feliz navidad a los lectores!
por Cristina de la Torre | Oct 4, 2011 | Mujer, Octubre 2011, Régimen político
La penalización del aborto –escribe- “no salva fetos, pero sí mata mujeres” que, sin protección legal, han de abortar mediante procedimientos que desafían su propia vida. La mayoría de los 400.412 abortos que se practican en Colombia cada año son ilegales, según el Instituto Guttmacher; 132 mil de ellos presentan alto riesgo para la madre. En cinco años, el Ministerio de Protección registra apenas 966 abortos legales. Y es que muchos centros médicos se brincan la ley y le niegan el procedimiento a la paciente que por contera es, casi siempre, pobre. Para la promotora de la norma que despenalizó el aborto en los casos señalados, aquí, más que un dilema moral, se dirime un asunto de justicia social.
Roa aboga por reducir así el número de abortos como el de embarazos no deseados, que en Colombia ascendieron en 2008 a 911.897. Para lo cual se requiere educación sexual, acceso universal a los anticonceptivos y eliminar la violencia contra la mujer. El verdadero bienestar de los no-nacidos comienza por garantizar atención prenatal gratuita y nutrición adecuada para todas las mujeres que decidan tener hijos. En cambio reducirlas a prisión porque en su desesperación aborten, es negarles su condición humana, es tratarlas como “máquinas reproductoras de la especie humana”. La autora invita a sumar fuerzas para frenar la inclusión en el Congreso de “una agenda moral que se presenta en abierta oposición a la realidad y a los principios laicos de nuestra Constitución”.
En cuatro días, miles de firmantes habían ya suscrito y comentado la misiva. Para Alberto Alonso, verbigracia, por ser Colombia Estado laico, “cualquier afirmación religiosa no es argumento jurídico”. Diego Vargas estima imposible legislar contra los derechos humanos: imposible alienarles a los homosexuales su derecho a tener familia, o a las mujeres el suyo de abortar, o a cualquiera negarle la libertad de escoger el momento de su muerte. La doctora Gloria Lucía Erazo, citóloga, lamenta las graves consecuencias que afrontan las mujeres, por carecer de una legislación que las proteja como seres dignos de respeto, con derecho a “concebir los hijos que desde su conciencia pueden y desean traer a la vida. (Tenemos que) convertir a Colombia en un país de seres humanos deseados”. Quiera Dios que nuestro jefe conservador convenza a su familia de devolverle a Estupefacientes la casona que –según la prensa- recibió por el atajo y destinó a citas non-sanctas, de donde vendrían nuevas camadas de niños indeseados. A ver si se sacude el conservatismo el aura de hipocresía que lo infecta. Y el terror bíblico que despliega contra la mujer.
Adenda. Por contraste con tanto incompetente que aspira a corporaciones públicas, reconfortan candidaturas de académicos que dominan los problemas del país y han transitado por los asuntos públicos. Es el caso de Roberto Hinestrosa, cabeza de lista al Concejo de Bogotá por Cambio Radical. Estupendo elemento de renovación y rectitud.
por Cristina de la Torre | Feb 22, 2011 | Febrero 2011, Iglesias, Mujer, Régimen político, Salud
Como en épocas de bárbaras naciones, José Darío Salazar, presidente del Directorio Conservador, consigue sin esfuerzo apoyo de la jerarquía eclesiástica a su iniciativa de invalidar la norma constitucional que autoriza el aborto en casos de excepción. En abierta insubordinación contra el Estado laico y con aval de los purpurados, el ensotanado conservador dice batirse por el derecho a la vida del feto. Mas no por el de nuestras mujeres, que mueren por miles en abortos practicados con ganchos de alambre en la clandestinidad. Única manera de impedir la llegada de un hijo malformado, o producto de violación, o para salvar la vida misma de la madre: casi ningún facultativo las atiende, como manda la ley. Tampoco se le oyó a Salazar una queja por las 173 mil vidas segadas por paramilitares que la Fiscalía registra sólo en el segundo cuatrienio de Uribe. Va de suyo. El dirigente conservador oficiaba entonces de sargento del novel ideólogo de su partido, que lo fuera de corazón, de palabra y de obra. Hasta de notaría se lucró cuando en feria de gabelas a los parlamentarios se compró la reelección de Álvaro Uribe.
La renovada cofradía de azules y tonsurados evoca más de una tragedia de nuestra historia nacional. Una y otra vez se conjuraron ellos, no para defender la vida sino para glorificar la muerte. Avanzada siniestra que en tiempos de la Violencia instó desde los púlpitos y los directorios conservadores al exterminio de la media Colombia que no compartía ideas con Laureano y Monseñor Perdomo. Poco imaginativo este devoto, imitador de tiranuelos que se complacen en fundir violencia y fe en un mismo grito de guerra. Del amo que invocaba al padre Marianito mientras defendía, a grandes voces y contra toda evidencia, al “buen muchacho” que él había puesto en cabeza del DAS –nido de maleantes- y terminó procesado por asesinato.
Doble moral ésta de autoproclamarse cruzados de la vida y abogar al mismo tiempo por la prohibición absoluta del aborto, a sabiendas de que éste apareja en muchos casos la muerte de la mujer. Y la pérdida de su libertad. Así concluyen las Naciones Unidas en estudio de 2008, y agregan que las muertes causadas por embarazo en nuestro país son expresión indiscutible de la condición de inferioridad económica, social y cultural que la sociedad le impone a la mayoría de nuestras mujeres. Destino fatal de “reinas del hogar” desprovistas de todo derecho y protección, como aconseja la divisa bíblica de la humillación.
Lapidar a la mujer pareció ser el fin oculto de la inquisición que reapareció en Medellín en 2009 para impedir la creación de una Clínica de la Mujer que, entre muchas funciones, acogería el derecho al aborto en los casos señalados. Las “fuerzas vivas” de la ciudad, presididas por el Procurador y decenas de obispos, se rebelaron ferozmente contra el proyecto, claro, en defensa del derecho a la vida. El Alcalde se prosternó ante la clerecía y ésta seguirá mandando sobre la vida y la muerte en la ciudad. Como lo hace desde hace siglos. En Medellín, meca de la insurrección de las sotanas, la segunda causa de muerte femenina es el aborto desesperado. Pero El Colombiano se permitió publicar en septiembre de ese año el siguiente comentario de un tal Juan David: “Si hoy permitimos que una madre mate a su hijo, debemos (…) plantearnos la idea de matar madres abortistas para que las cosas se equiparen”.
So pretexto de defender la vida, las costumbres cristianas, la familia patriarcal, la propiedad y el sagrado derecho del más fuerte, la violencia se ha impuesto en Colombia como norma de control de la moral privada y del ejercicio de la política. Andan juntas la espada y la cruz. Escudo de los Catones de cada hora, siempre prestos a levantar el severo dedo inquisitorial, ya para anatematizar a la mujer que quiere vivir, ya para disparar contra el opositor. Loor a la hipocresía.
por Cristina de la Torre | Sep 21, 2010 | Régimen político, Septiembre 2010, Uribismo
Aprendiz de artes escénicas, José Obdulio salta ahora al proscenio disfrazado de paloma. Fingiéndose demócrata, gorjea anacronismos de la Guerra Fría contra la izquierda y se proclama liberal. Pero a poco va perdiendo su plumaje hasta desnudarse como heraldo de la derecha. ¿Aliento último del uribato? No. Admonición anticipada del mandatario que arrastró a Colombia hasta la frontera de la dictadura y liderará la oposición a las reformas de Santos. Propagandista de oficio, en su última columna de El Tiempo (15-09) Gaviria invierte con exactitud matemática todos los factores que forjaron un período nefando de nuestra historia, pretendiendo demostrar, contra toda evidencia, que el de Uribe fue un régimen libérrimo. Ahora resulta defensor de la libertad de expresión, de la oposición, de la competencia política y enemigo del unanimismo. Tampoco dizque comulga con el autoritarismo del marxismo que erige gobiernos hegemónicos, de partido único, que liquidan a los contradictores y criminalizan a la oposición. Si se hubiera propuesto la autocrítica, no lo habría hecho mejor. Olvida que a todo librepensador se le asimilaba a terrorista, Corte Suprema comprendida, cuando ella se dio a juzgar prosélitos del Gobierno asociados con el crimen. Y olvida que la otra cara de los totalitarismos marxistas es la de las dictaduras fascistas, algunos de cuyos rasgos se ensayaron aquí. El propio Vicepresidente Garzón declaró que la conspiración del DAS respondía a prácticas fascistas.
Pero luego, como arrepentido de sus coqueteos con la democracia, apunta precisamente contra políticas del nuevo Gobierno enderezadas a restablecerla. Contrario a la paz, denosta del lenguaje “melifluo” que propiciaría el diálogo para acabar la guerra y reordenar el gasto público. Es que en ocho años el gasto militar superó los cien mil millones de dólares. Y, sin embargo, 15 mil guerrilleros y 8 mil miembros de bandas criminales siguen en armas. Vaya seguridad democrática. Tampoco le gusta la Unión Nacional porque “se hace eco del discurso sobre la ilegitimidad de la propiedad rural, dizque arrebatada a las malas a 3,5 millones de campesinos”. Gaviria será el único en negar que, después de Sudán, Colombia ofrece el mayor índice de despojo de tierras en el mundo, como lo señala el Ministro Restrepo. El IGAC informa que apenas el 0.06% de propietarios son dueños del 53% de los predios rurales. Acción Social registró un salto de desplazados de algo más de 300 mil en 2002 a más de 3 millones 300 mil en 2009. Las investigaciones de Memoria Histórica que Gonzalo Sánchez dirige reconstruyen el horror que subyace a la “legitimidad sin mácula” de nuestra propiedad rural. María Victoria Uribe, coautora del trabajo con Álvaro Camacho y otros, revela en reportaje de Juanita León para Lasillavacía que el conflicto paramilitar arroja 2.500 masacres, casi todas contra civiles inermes, usadas para producir terror y desplazar.
Remata Gaviria criticando el exceso de celo que se ponga en conjurar los falsos positivos (práctica de espanto sin paralelo en nuestras dictaduras tropicales); el plan de desmantelar la inteligencia del Estado (involucrado como anda él mismo en el escándalo del DAS); y la que denomina persecución político-judicial contra funcionarios que fueron de Uribe (casi todos implicados en su reelección fraudulenta). Balance desapacible del modelo que Gaviria pretende vendernos hoy como ejemplar. Pero no inhibe al viejo régimen para aprestarse al combate contra el reformismo, bien apertrechado como quedó en el Congreso, en la burocracia oficial y en más de una cadena informativa. José Obdulio sabrá que el paramilitarismo, brazo armado de gamonales, latifundistas y mafiosos, convirtió en realidad el sueño imposible de la insurgencia marxista: la toma del Estado por las armas.
por Cristina de la Torre | Mar 9, 2010 | Marzo 2010, Régimen político, Uribismo
Señalar sucesores era cosa apolillada de monarcas absolutos. Cuando no pueden ocupar el trono en carne y hueso, sus herederos de hoy se agazapan tras el ungido elevando a directriz del Estado las que fueron políticas de su gobierno. Buenas, malas o perfectibles, éstas son siempre contingentes, y pueden llegar a traicionar el principio que las inspira. Como la seguridad democrática, que el Presidente Uribe pretende eternizar mediante canje de sus votos contra la rendida lealtad del agraciado, su “genuina convicción y sincero compromiso” con ella. Pero brindar seguridad a los colombianos es norma constitucional desde cuando esta nación se instituyó en república; no nació en 2002, año que algunos tienen por octavo día de la Creación. Rodrigo Rivera, por ejemplo. Pregonero de la disyuntiva que se le impuso al país entre el Bien y el Mal, el candidato en ciernes del PIN propuso un test para medir el apoyo al Príncipe; del examen resultarían dos campos: el de los elegidos y el de los condenados. El juicio final. Tal fatalidad anula toda posibilidad de discernir luces y sombras en una política de seguridad que acorraló a una guerrilla infame, pero aparejó crímenes y violencia contra la sociedad.
Francisco Leal ofrece un balance ponderado de la seguridad democrática. Se entresaca de allí que, sin estrategia eficaz, su primera etapa afectó la capacidad operativa de las FARC, pero los costos humanos y económicos para las Fuerzas Armadas fueron gigantescos. Se improvisaron vastas redes de informantes que terminaron estigmatizando a la población con sus redadas masivas preñadas de abusos y no pocos crímenes. En una segunda etapa, se perfeccionó el uso de la inteligencia militar; hubo coordinación entre las distintas fuerzas y mejor distribución de los recursos; se trocó el énfasis en bajas enemigas por deserciones y capturas, y despegó el Plan Consolidación de los territorios recuperados. Si el 4 de febrero de 2008, cuando diez millones de colombianos repudiaron en las calles a las FARC, se hallaba esta guerrilla en retirada, en 2009 ella recuperaba la iniciativa con acciones militares en 200 municipios. Lunar macabro de esta política serían los falsos positivos, aupados por la proclividad de los militares a violar los derechos humanos, la presión del Presidente por resultados y el crecimiento explosivo de un pie de fuerza a marchas forzadas agrandado. Tanto escándalo acaba de rubricarse con la solicitud de la Corte Suprema de investigar al General Montoya por supuestos vínculos con las autodefensas.
La fiebre de oro de los paramilitares absorbió su proyecto antisubversivo originario. Y se disparó con la ambición de poder de los gamonales, a cuya iniciativa se sumaron paramilitares y narcotraficantes. Estos terminaron delegando el costo de sus ejércitos en el Estado, mientras reactivaban la guerra y extendían sus tentáculos desde las regiones hasta el Congreso, con la indulgencia de Palacio. Según Miguel Angel Bastenier, la tal desmovilización consistió apenas en “trasladar su negocio de la media jungla al campo abierto”. Leal cuestiona el acento militar de la política de seguridad democrática. El responde al criterio de que el conflicto no puede resolverse sino a bala, con olvido de las causas políticas de la violencia: la exclusión social, las desigualdades, el problema de la tierra.
Imposible convertir esta seguridad, política de un gobierno matizada de logros, descalabros y crímenes, en política de Estado. Cosa distinta será evaluarla, depurarla y reestructurarla en función del otro mandato de la Constitución: la paz. Que no implica bajar la guardia, sino empezar por desterrar del lenguaje oficial órdenes como aquella de Coronel, acábelo, tranquilo, y me lo carga a mi cuenta.
