Ingrid: “La guerra fracasó”

Violento el contraste. Literalmente. Mientras el Gobierno Duque innova en horrores contra la protesta ciudadana, pisotea el Acuerdo de Paz y reanima el conflicto, Ingrid Betancur y Rodrigo Londoño protagonizan perturbador encuentro entre víctimas de secuestro y sus victimarios, pero ambos abrazan el principio de la reconciliación: su repudio a la guerra. Aunque con reservas sobre el tono “acartonado” de sus adversarios y abundando en reclamos, dijo ella que “quienes actuaron como señores de la guerra y quienes los padecieron nos levantamos al unísono para decirle al país que la guerra es un fracaso, que sólo ha servido para que nada cambie y para seguir postergando el futuro de nuestra juventud […]. Esta es nuestra verdad colectiva y [sobre ella] debemos construir una Colombia sin guerra”. Pidió perdón Timochenko “con la frente inclinada y el corazón en la mano”; y reafirmó que no debe responderse a la violencia con más violencia. Largo y tortuoso recorrido debieron transitar las Farc desde la exculpatoria calificación de “error” a sus 21.000 secuestros, hasta reconocerlos como crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Mientras la reconciliación da un paso de gigante esta semana, echa al vuelo su imaginación el fundamentalismo armado para diversificar modos de guerra sucia, ahora urbana. Modos que acusan, cómo no, la marca siniestra del paramilitarismo. En el río Cauca y en Tuluá aparecen los cuerpos de Brahian Rojas y Hernán Díaz, desaparecidos antes. En bolsas de plástico se encuentran, desperdigados, cabeza y miembros del joven Santiago Ochoa, entre otros. Comenta el Canal 2 de Cali que hay en la ciudad cacería de marchantes; les caen a sus casas y los desaparecen. Por un alud de amenazas de muerte tuvo que salir del país un dirigente de Fecode, estigmatizado en público por el mismísimo presidente de la república.

A poco, acusó al paro de haber producido 10.000 contagiados de Covid. Aseveración infundada, según científicos, pues en el pico pesan más la reapertura de la economía, la lentitud en el suministro de vacunas y el casi nulo cerco epidemiológico que desplegó el Gobierno. Y Francisco Santos  afirma que “el pico de la pandemia tiene nombre propio: CUT, Fecode, CGT, CTC, Petro y Bolívar”. Juguetón, pone lápidas donde conviene. El hecho es que el contagio creció 15,8% en abril (sin paro), y 8% en mayo, en la plenitud del estallido social. Para rematar, la Fiscalía señala con nombre propio y sin pruebas a 11 líderes sociales de Arauca de pertenecer a disidencias de las Farc. Y la Procuraduría abre, porque sí, indagación contra cinco congresistas de oposición mientras se adjudica funciones de policía política.

Sintomatología de amplio espectro que revela dimensiones inesperadas en la guerra que la derecha ultramontana quiere revivir, a pesar de Ingrid, a pesar de que Farc no hay ya. Otros enemigos se inventa: líderes sociales (van 80 asesinados sólo este año), y muchachos masacrados en las calles: 70 a 4 de junio reportó Indepaz-Temblores con nombres propios a la CIDH, con autoría directa o indirecta de la Policía; más dos uniformados y un agente del CTI. Aquí es más peligroso ser líder social que delincuente, se quejó Leyner Palacios, miembro de la Comisión de la Verdad.

La potencia de la sociedad que protestó en las calles alienta la esperanza. Y el Pacto de Paz, dirá Ingrid, aunque imperfecto e incompleto, nos entregó el único instrumento que tenemos hoy para salir de la barbarie. Barbarie de criminales, se diría, que, volviendo papilla la esquiva democracia, disparan contra el líder popular, contra el campesino, contra el joven-no-futuro, contra el empresario, contra el opositor, contra la mujer de doble jornada sin remuneración. Barbarie incalificable, atentar contra la vida del presidente de la república. Sí, la guerra es un fracaso.

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La hora del cambio

Bajo la rabia que anida en esta sociedad de castas montada sobre la pobreza y la exclusión; desde las lágrimas por tantos y tantos muertos en las calles florece, acá y allá —en el abigarrado tejido que se llama el pueblo— disposición para enfrentar la adversidad concertando un nuevo pacto social. Pues el que rige, pervertido en el privilegio, en la violencia, en una democracia quebradiza, es causa de la debacle. Y hace agua. Díganlo, si no, esquirlas tomadas al azar de las granadas que este Gobierno ha lanzado contra las multitudes que protestan.

Detenida y abusada sexualmente por agentes del Esmad, una adolecente “se suicida” en Popayán. En Cali, paramilitares estrato diez disparan contra indígenas, cuadro inmortal de los ancestros que exalta el puño de hierro del encomendero sobre el nativo. El alcalde de Pereira cohonesta alianza de civiles  con veleidosas empresas de seguridad privada: de ocho tiros muere Lucas Villa. Álvaro Uribe insta a la Fuerza Pública a disparar contra terroristas que pueden ser cualquier manifestante, y acaricia la ilusión de volver a la guerra.

El nuevo pacto social principia por devolver al Estado su protagonismo, integrar los excluidos a la empresa reformista y rescatar las dinámicas de la paz. Proponen Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo “convocar a todos los partidos y movimientos sociales, a todas las fuerzas vivas a concertar un Gran Acuerdo Político Nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande”. La deliberación democrática tendría que aterrizar en el Congreso, su escenario natural, y traducirse en leyes. Hay que deliberar para reconciliar, señalan.

Para muchos, en el centro del acuerdo medran medidas de emergencia que empiezan y terminan en el eje del empleo. En la creación inmediata de puestos de trabajo desde el sector público y, a largo plazo, en una estrategia de pleno empleo que privilegie la economía real sobre la especulativa financiera. Otra medida urgente, de vida o muerte, la creación de una renta básica para 6 millones de hogares que oscile entre $320.000 y $480.000 mensuales, financiada —como en todo país civilizado— con impuestos directos sobre la renta y el patrimonio de los más pudientes.

La crema de los profesores universitarios sugiere alternativas en política económica y social distintas de la reducción de impuestos a los ricos. En estas décadas, afirma, ha operado una redistribución regresiva del ingreso que castiga los salarios, premia las ganancias y concentra sin pausa la propiedad y la riqueza. Se suprimió la función del Estado como prestador de servicios públicos y garante de los derechos económicos y sociales que culminen en educación y salud universales. Para los académicos, la redistribución del ingreso no se logra con mayor “libertad económica”. Lo prueba la historia de los países desarrollados, donde el Estado fue el gran responsable del desarrollo afirmado en la industrialización y en el impuesto progresivo.

Diríase que un rediseño de la fiscalidad debería comenzar por derogar la reforma tributaria de 2019, que otorgó gabelas por $14 billones a los ricos, a las cuales ha renunciado ya la Andi. Aconsejaría liquidar el adefesio de que los archimillonarios de Colombia paguen apenas entre 1 y 2% de impuesto sobre la renta. Y actualizar el catastro para que también los terratenientes paguen impuestos a derechas.

Otros signos de la crisis que abraza al pacto social y político agudizada por el uribismo en el poder: sólo 9% de los jóvenes confía en la Presidencia y 7% en el Congreso (Cifras y Conceptos). En perspectiva electoral, por la derecha votaría el 5%; por la izquierda, el 25%; y por el centro, 41%. Llegó la hora del cambio. Si el pacto se adopta democráticamente, hallaría su refrendación en las urnas el año entrante.

 

 

 

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Petro: unas de cal, otras de arena

 

Se descalifica por “chavista” la propuesta económica de Petro, cuando ella difícilmente emula el reformismo liberal de un Carlos Lleras. Preocupa, en cambio, la blandura de su “pudo haber sido un error” en respuesta a Vicky Dávila sobre responsabilidad del M19 en el holocausto del Palacio de Justicia que esa guerrilla provocó. Invoca el candidato el derecho de rebelión. También lo hace Timochenko en proceso público que reconocerá verdades del conflicto. Pero éste declara que “el derecho de rebelión no es patente de corso para ejecutar crímenes de guerra o no asumir nuestras responsabilidades”. Sí. Algo va de muertos habidos en combate con el enemigo a los muertos inocentes que resultan de una acción terrorista.

Por lo que toca al modelo económico, si no sirviera a causa tan deleznable como la sociedad del privilegio, daría risa el patetismo de la derecha. Ha desatado ella un alud de propaganda antediluviana contra el restablecimiento del rol del Estado, insoslayable ya como organizador del desarrollo que el neoliberalismo aniquiló. Denuncia Juan Lozano “una peligrosa artillería orientada a socavar la iniciativa privada, la libre empresa y la libre competencia que pasa por volver pecaminoso el éxito empresarial”. Y, en alusión a Petro, el infaltable comodín del chavismo.

Pero la propuesta económica del líder de la Colombia Humana –impulsar un capitalismo productivo de generación de riqueza y su redistribución– no trasciende la del expresidente de marras cifrada en reforma agraria, control de capitales, integración andina y tatequieto a la banca multilateral. Reformismo liberal anclado en la industrialización y en la modernización del campo, es escuela emparentada con el capitalismo social que hoy promueve toda la centro izquierda. A Petro alcalde le cobraron como embuchado comunista su intento de devolver al sector púbico el servicio de acueducto. Mas, antes de que los idólatras del mercado liquidaran la iniciativa económica del Estado y su función social, ya Colombia había experimentado durante medio siglo el modelo que confiaba al Estado servicios públicos e infraestructura del desarrollo. Derechos ciudadanos y bienes de beneficio común fueron indelegables al sector privado. Taca burro la derecha.

Por otro lado, aunque Petro no estuviese personalmente involucrado en los hechos del Palacio y pese a que el Eme fue indultado, debería el candidato   sumarse a la autocrítica de Antonio Navarro, más necesaria hoy que nunca. Para el dirigente, aquella acción armada fue “el peor error del M19, [pues] marcó con fuego la historia de Colombia. Difícilmente ha pasado en este país algo más terrible… una terrible equivocación de la cual nunca nos arrepentiremos lo suficiente […] Aunque no tuve responsabilidad en la toma, soy el superviviente del Eme y a nombre de todos mis compañeros he pedido perdón por lo sucedido”.

Más de un pensador ha legitimado la rebelión contra el tirano. La justificó Santo Tomás como resistencia contra él, aun, hasta eliminarlo. Hobbes la considera inevitable cuando no garantiza el soberano la vida y la seguridad de los asociados. En el legítimo alzamiento contra una dictadura oprobiosa, será crucial establecer, primero, si se configura tal régimen de fuerza; y segundo, si  la rebelión tiene licencia para derivar en guerra sucia. El Che Guevara condenó la lucha armada contra el autoritarismo que abrigara resquicios de democracia. Y el derecho internacional regla el conflicto armado: condena los crímenes de guerra y de lesa humanidad. En un país abocado a la prueba ácida de la verdad, a demandar claridad sobre acontecimientos que lo marcaron con sangre, no deberían sus líderes callar o guarecerse en la ambigüedad. Aquí puede faltarle a Petro la coherencia que su programa económico respira. Unas de cal, otras de arena.

 

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El centro, un milagro

Sí, es milagro la configuración de una mayoría de centro en esta democracia estrangulada por fuerzas retardatarias que perduran en estado puro o se reeditan al capricho de los tiempos. Heridas reabiertas que supuran y ya hieden en el tercer mandato del uribismo, son recuerdo viviente de la Violencia afilada por la jerarquía católica, de la Guerra Fría, de las guerrillas marxistas y el paramilitarismo, de la religión neoliberal. De todos los fanatismos, que se resolvieron en extremismo político.

A la cabeza de aquellas fuerzas, la violencia entre partidos restaurada para ahogar en sangre las reformas liberales  –Estado y educación laicas, reforma agraria– que triunfaban por doquier y en Colombia intentó López Pumarejo. Hoy se extermina a todo un partido político, la UP; se asesina a los líderes del pueblo que reclaman tierras; se conspira con proyectos contra la libertad de pensamiento; se violenta la vida privada, y se enarbola la maltrecha bandera de la familia patriarcal como modelo único en la abigarrada diversidad de nuestra sociedad. Ángel de la guarda de los promotores de aquella contienda, la hipocresía de algunos obispos y cardenales engalanó como mandato divino su incitación a la violencia política y doméstica. Hoy renace en su voto contra la paz, en el ominoso bozal que impusieron al padre Llano, eminente pensador, por humanizar la figura de Jesús.

Cocinada al calor de la Guerra Fría, la doctrina de seguridad nacional convirtió en enemigo interno al contradictor político: pudo ser objetivo militar el liberal-comunista, como hoy lo sería el opositor señalado de guerrillero vestido de civil. A su vera, el paramilitarismo legalizado por los manuales militares de contrainsurgencia desde 1969, hasta su apoteosis en las Convivir del CD. Por su parte, las guerrillas marxistas invadieron el espacio de la alternativa democrática y legitimaron la tenaza iliberal de una dictablanda que no necesitó del golpe militar para acorralar a la oposición y al movimiento social. La desmovilización de las Farc y su compromiso con la paz dejarían sin bandera (sin el enemigo necesario) a la derecha guerrerista. De allí que se despeluque ella todos los días por volver a la guerra.

Por fin, a esta dinámica autocrática contribuyó en los últimos 30 años la tiranía del pensamiento único en economía: la religión neoliberal que emana en densas ondas desde la más refinada academia y desde los órganos del Estado que trazan la política económica y social. Todos los Carrasquilla en acción.

Todo el conservadurismo en acción contra el Centro político que reclama paz, respeto a los derechos civiles y políticos, genuina democracia liberal en Estado de derecho, capitalismo social garantizado por un Estado que controla los abusos del mercado y redistribuye beneficios del desarrollo. En acción contra este Centro (53% de los colombianos, según Invamer) que amenaza coligarse para ganar la presidencia y una mayoría parlamentaria.

Suculento plato electoral que quieren las extremas asaltar: el presidente, flamante miembro del eje Trump-Duque-Bolsonaro, se declara de “extremo centro”. Y meterá cuchara Uribe, verdugo de la paz, el de los “buenos muertos”, el de las “masacres con sentido social”. Más radical por la ferocidad del lenguaje y por la arbitrariedad de sus antojos que por su programa de reformas, Petro niega la existencia del Centro. Porque sí.

No puede tenerse por tibio a quien demanda democracia y equidad en un país que se sacude a girones la violencia ancestral contra todo el que se sitúe por fuera de la secta en el poder. Probado está: en este edén de águilas y tiburones cualquier desliz reformista puede costar la vida. Por eso la existencia del centro es un milagro.

Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Feliz navidad y salud a los amables lectores.

 

 

 

 

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Farc: ¿odio mortal a la crítica de Bejarano?

Uno fue el hijo de Laureano que instigó el bombardeo de “repúblicas independientes” de campesinos que por eso derivaron en insurgentes y, otro, el Álvaro Gómez amigo de la paz que 35 años después murió asesinado por aquellos. Unas fueron las Farc que le cobraron con la vida a Jesús Antonio Bejarano  sus diferencias ideológicas y, otras, las que 17 años después tuvieron el coraje de desmovilizarse, entregar las armas, allanarse a la democracia y protagonizar acto supremo de acatamiento al Acuerdo de Paz: confesarse responsables de aquellas atrocidades.

Ahora tendrá la Farc que honrar su metamorfosis, documentando, para empezar, el asesinato del negociador de paz con la Coordinadora guerrillera en Caracas y Tlaxcala en 1991-92. Este homicidio es pieza vergonzosa en nuestra historia nacional de la infamia, aupada a un tiempo por dos sectarismos: el de la tradición que dirime a bala las diferencias de ideas, imperecedero en Colombia, y el importado de rivalidades entre los centros del comunismo internacional que se disputaba entonces espacios en el mundo universitario. Todos los fascismos al mando: el de la acción intrépida y el atentado personal, y el del estalinismo.

Alfonso Cano, contradictor de Bejarano mientras fueron estudiantes en la Universidad Nacional, le cobró siempre al académico el fracaso de aquellos diálogos de paz. Ya había exhibido hacia él un “odio profundo” que impactó al senador Iván Marulanda, según relató en Semana en vivo, cuando éste se desplazó en comisión con otros constituyentes a la selva para trasladar a Caracas al que sería negociador principal por las Farc. Acaso el empeño de Bejarano en aterrizar los diálogos sobre la prosaica realidad pulverizaba la fantasiosa megalomanía de las guerrillas, y destapaba el juego de buscar de palabra la paz sin abandonar el íntimo propósito de continuar la lucha armada: el diálogo concebido como táctica de una estrategia de guerra. ¿Ahondaría tal franqueza el rencor que condujo a su asesinato?

En su libro Una agenda para la paz, destaca el Consejero el desencuentro de propósitos entre las partes. Si para el Gobierno se trataba de superar el conflicto, de lograr la desmovilización de la guerrilla, ésta apuntaba a “la superación de los problemas del país”. Se erigía ella, así, en vocera gratuita de las reivindicaciones del pueblo. Las demandas de participación civil, escribe el autor, “suelen venir de minorías poco representativas y marginales” que creen encontrar en el proceso de paz el espacio que no conquistaron en 40 años de lucha armada. A diferencia del FMLN de El Salvador, que había logrado empate militar, social y político con el establecimiento, nuestras guerrillas representaban limitadísimos intereses sociales. Pero pretendían igualarse a aquel Frente que, vanguardia de amplias organizaciones de masas, pudo negociar de tú a tú con el gobierno de ese país.

De otra parte, por ahorrarse explicaciones de ética y política ante el mundo sobre sus prácticas de secuestro, extorsión y narcotráfico, boicoteaban la mediación internacional en la negociación. Y, negando  confidencialidad al proceso, lo convirtieron en espectáculo de protagonismo y propaganda. Desacuerdos en delimitación territorial de los alzados, cese el fuego y tregua bilateral que tal vez querrían traicionar –como sucedió con la tregua de Betancur–, dieron al proceso su estocada final.

En este libro criticó el intelectual la tozudez de las guerrillas, causa medular  del naufragio del proceso de paz. Hoy sería referente insoslayable en el esperado esclarecimiento del crimen; una salvajada que evoca el rugido de la falange franquista contra don Miguel de Unamuno, rector de la universidad de Salamanca: “¡Viva la muerte! ¡Muera la inteligencia!”.

 

 

 

 

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La hora del centro-izquierda

Pocos momentos como éste, tan exigente en definiciones políticas, ha enfrentado Colombia. La catástrofe social y económica que estrangula a millones de familias sin ingresos, sin empleo, sin compasión del gobierno que convirtió la pandemia en negocio de banqueros, acelera la recomposición del cuadro político que surgió con la firma de la paz. El caleidoscopio ideológico que ha florecido en estos años tiende a converger en dos tendencias gruesas. Una, de derecha impenitente, viuda del enemigo armado que por antinomia marcó su identidad; viuda ahora también de jefe, amenaza con despeñarse cuesta abajo. Otra, de centro-izquierda, toma la iniciativa en la tragedia y dibuja un horizonte de cambio.

Mientras descuella la derecha en el poder por su ineptitud para sortear la crisis y perseverar en el modelo que redobló el daño de la pandemia, abunda su contraparte en propuestas para la emergencia, los ojos puestos en un cambio estructural. Menos punzante sería el sufrimiento –y la rabia en ciernes– si  hubiera sido Duque menos avaro y tardo con las masas de víctimas acosadas por el hambre. A anatema le saben las iniciativas de la oposición ampliada: renta básica por seis meses para los más necesitados; plan de choque para crear empleo; impuesto por una vez a los grandes patrimonios, en reciprocidad por las gabelas tributarias recibidas. Y, a mediano plazo, reforma tributaria progresiva para financiar aquella renta y el derecho real a salud y educación para todos, garantizado por el Estado; reforma rural; protección del ambiente; pasos decididos hacia la industrialización perdida y el pleno empleo. Y, claro, un pacto nacional actuante contra la corrupción, por la verdad, la democracia y la paz. Incapaz de soluciones, encogido en su espíritu de secta, prisionero del  notablato que lo rodea, ¿cómo responderá Duque a la protesta callejera que se avecina?

A la par de aquel movimiento de fuerzas, ellas cambian. Derecha e izquierda no son las mismas del pasado. La primera es cada vez menos el tronante buldózer de la Seguridad Democrática en manos del bravucón de la comarca, si bien cientos de sus prosélitos amenazan hoy de muerte al senador Iván Cepeda y, por este camino esperan amedrentar a los magistrados de la Corte. Peligrosa patada de ahogado que el senador Uribe no desautorizará, y que aspira a perpetuar el modo de prevalecer por la violencia. La tara persiste, pero ya desdibujada sin remedio por saturación en la opinión y por el prontuario del caudillo.

Tampoco la izquierda es la misma. Con la desmovilización de las Farc, desapareció la paradoja de Charles Bergquist según la cual Colombia exhibía la izquierda más débil y, a la vez, la guerrilla marxista más fuerte del hemisferio. Para que la izquierda legal y democrática pudiera respirar, digo yo, fue preciso  sacudirse el yugo de aquellos déspotas vociferantes que desconceptuaban, fusil en mano, a todo inconforme que no empuñara las armas. Y al lado de la jerarquía Católica, los partidos tradicionales: cohesionadores que fueron de la sociedad, oscilaron entre la ley y la violencia para prevalecer durante siglo y medio, pero entraron en barrena. Disidentes de toda laya –del centro, de la izquierda– disputan sus espacios electorales y llevan la iniciativa programática. Hace un año le propinaron a la derecha una colosal derrota electoral.

El acercamiento al centro político ha disuelto prejuicios en ambas partes. Urge ahora convertir afinidades en programa común de una coalición de corte socialdemócrata para las elecciones de 2022 y el gobierno que les siga. Acaba de revelar Invamer que la intención de voto sumada por Petro, Fajardo y De la Calle alcanzaría el 65% de sufragios. Es la hora del centro-izquierda.

 

 

 

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