Envuelta en pétalos de rosa, la Constitución del 91 validó un modelo económico ultraconservador que frustró en el huevo la divisa del desarrollo y su dirección por el Estado. Catapultó a una elite de importadores y banqueros sin patria, glotones, indiferentes a la miseria que dejaban a su paso por el poder. Entre los panegíricos que proliferan por estos días –merecidos, digamos, por la consagración del Estado laico y el entierro del Frente Nacional- poco se habla de la realidad económica que se impuso sobre la letra (a menudo reformista) de la Carta. Si Colombia es hoy campeón en desigualdad, pobreza y violencia en América, no será porque la norma escrita tardara en transformar la realidad. Es, precisamente, por lo contario: parte de sus disposiciones no podía sino producir tan vergonzoso resultado. El principio neoliberal que prevaleció en su inspiración y cobró cuerpo en el articulado se engulló el “derecho a la vida digna”, hasta convertirlo en rey de burlas.

Fue fulgor de un instante. La frase terminó extraviada entre la maraña de promesas que adornan la antesala del nuevo gobierno. Que su modelo es el de la Tercera Vía, le dijo Santos a Darío Fernando Patiño y el anuncio, soltado al desgaire, sólo suscitó interrogantes. Manoseado hasta el cansancio, el término puede acomodarse lo mismo a una socialdemocracia modernizada, al neolaborismo que acaba de periclitar ruidosamente en Inglaterra, al Estado social industrialista de un Lula o al modelo neoliberal que rige en Colombia hace dos décadas y Santos porfía en mantener ataviado ahora con galas de “progreso”. Para el presidente electo, el criterio cardinal de la Tercera Vía consiste en acudir al mercado hasta donde sea posible y, al Estado, hasta donde sea necesario. Versión vicaria del más rancio principio del laissez-faire, según demuestra la práctica.