TEMAS / Columnas sobre SALUD

MEDICAMENTOS: EL DESEENFRENO

Entonces dieron la cara. No bien anunció el Gobierno la intención de combatir el monopolio de medicamentos biotecnológicos que un puñado de multinacionales usufrutúa, desenvainaron ellas todos sus fierros contra el decreto en ciernes. No es para menos, se juega una billonada. Es que el hueco que quebró el sistema de salud asciende a 14 billones –según Sergio Isaza, presidente de la FMC (Federación Médica Colombiana)-, y en él cabaron a fondo estas farmacéuticas. Al amparo de la libertad de precios que el entonces Ministro Palacios autorizó y en la alegre complicidad de las EPS, que le cobran al Fosyga sobre precios estipulados por aquellas firmas. Precios elevados hasta en un 3.204 por ciento, caso del Interferón B1-B; o del Rituximab, que en Colombia vale 3.500 dólares y, en Inglaterra, 278. El año pasado, el 70% de los 1.8 billones recobrados al Fosyga respondió a tales medicamentos.

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SALUD: VOLVER A BARAJAR

A punto de clausura se encuentran decenas de los hospitales públicos que el ex ministro Palacios no alcanzó a cerrar. Hoy, como ayer, agonizan porque las EPS y el Gobierno no les giran a clínicas y hospitales los cuatro billones que les adeudan. Ignominia de un sistema de salud entregado a marchantes sin escrúpulos –con bendición de la Constitución y la ley-, el hecho revela la dimensión de la catástrofe. La salud derivó en enfermo terminal que el ministro Santa María quisiera reanimar con paliativos, medidas aisladas y ambivalencias para con las EPS. Hoy le preocupa el Fosyga, pero no hace mucho defendió la integración vertical que a aquellas les permitió ensanchar la chichería con hospitales propios, casi siempre comprados a huevo tras expoliarlos hasta la quiebra.

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HIPOCRESÍA

Como en épocas de bárbaras naciones, José Darío Salazar, presidente del Directorio Conservador, consigue sin esfuerzo apoyo de la jerarquía eclesiástica a su iniciativa de invalidar la norma constitucional que autoriza el aborto en casos de excepción. En abierta insubordinación contra el Estado laico y con aval de los purpurados, el ensotanado conservador dice batirse por el derecho a la vida del feto. Mas no por el de nuestras mujeres, que mueren por miles en abortos practicados con ganchos de alambre en la clandestinidad. Única manera de impedir la llegada de un hijo malformado, o producto de violación, o para salvar la vida misma de la madre: casi ningún facultativo las atiende, como manda la ley. Tampoco se le oyó a Salazar una queja por las 173 mil vidas segadas por paramilitares que la Fiscalía registra sólo en el segundo cuatrienio de Uribe. Va de suyo.

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SALUD: BORRÓN Y CUENTA NUEVA

La Ley 100 convirtió la salud en un negocio privado que disparó el recurso a la tutela de quienes osaron hacerla respetar como servicio público consagrado en la Constitución. En 2008 hubo 142.947 acciones de tutela por ese concepto. Entonces la Corte Constitucional instó al Gobierno a tomar cartas en el asunto. Quién dijo miedo. La Casa de Nariño puso el grito en el cielo, con acompañamiento del coro de las EPS. Se oyó que los ingresos del sistema no alcanzaban para atender la demanda de servicios y medicamentos, que su colapso financiero era inminente, y se declaró la emergencia social – como si la crisis fuera trauma de última hora. Ministro y Presidente batallaron por “salvar” el sistema de salud reduciendo los servicios a su mínima expresión, y con el fin de mantener la cobertura alcanzada: mares de afiliados al sistema subsidiado, con atención paupérrima, pero tan pródigos en votos como Familias en Acción.

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LOS ANCIANOS, DESECHABLES

“Queremos internar a un viejo; ¿qué se necesita para que lo reciban?”, transcribe El Tiempo. Desde cualquier teléfono, de oro o de baquelita, a razón de diez llamadas diarias, la pregunta se volvió estribillo en los albergues públicos de Bogotá. “No podemos tener más al viejo en la casa, porque no aporta nada, ya no produce y no sabemos qué hacer con él”. Marginados de la prosperidad, o de la simple supervivencia, nuestros ancianos son la hez en esta Colombia de pasión y corazoncitos. Tras el rosado almíbar de la publicidad y los falsos devotos se oculta una sociedad sin hígados que se abre camino a codazo limpio y venga sus sinsabores en los seres más indefensos: los ancianos. Los primeros victimarios, sus propios hijos. La crueldad se viste de humillación y abandono para coronarse, a veces, en abuso sexual y asesinato.

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SALUD EN COMA

A medida que el natural de este gobierno “de opinión” se va revelando como el arte de mentir, se disipa el encantamiento de la propaganda y afloran las protuberancias de sus grandes desaciertos. El día mismo que se desveló la mentira que rodeó a la sensacional Operación Jaque y que podría llevar a Colombia ante la Corte Penal Internacional por abusar del símbolo de la Cruz Roja, se anunció la privatización del Seguro Social. Destino cruzado de dos procesos que hacen agua. El primero, por desgaste del golpe de opinión como fundamento de un gobierno obsesionado con el aplauso de la galería. El segundo, desenlace de un proyecto que se gestó con la ley 100 para sustraerle al Estado la función de velar por la salud de los colombianos y convertirla, en cambio, en negocio privado.

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SÍ SON LOS BIOCOMBUSTIBLES

TODO EL MUNDO LO SABE, MENOS el Ministro de Agricultura. Sostiene él que no puede culparse a los biocombustibles por la carestía de alimentos que reduce al hambre a 862 millones de personas, 95% de ellas en el Tercer Mundo. Pero ya nadie niega que en la crisis pesa, y de qué manera, una política global enderezada a crear escasez ficticia de alimentos. Política de desabastecimiento que rueda por dos caminos: primero, sustituyendo la producción de comida por la de agrocombustibles; y segundo, especulando en los mercados mundiales de granos.

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«Mas no debería el Estado limitarse a controlar precios y a apoyar la industria nacional de genéricos. Debería, también él, producirlos. Inyectar recursos abundantes en ciencia, tecnología e innovación.»
Cristina de la Torre
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