por Cristina de la Torre | May 3, 2022 | Impunidad, Mayo 2022
Tahúr de todos los casinos, César Gaviria entrega los despojos del Partido Liberal a la ultraderecha que respira en Federico Gutiérrez. Ofrece una baraja engalanada con la vieja doctrina liberal, pero oculta en ella sus cartas de gula burocrática. Dizque para salvar la democracia, elige a Duque y ahora repite adhesión al candidato de Uribe, héroe del régimen que produjo 6.402 falsos positivos y destruyó la neutralidad política en una fracción sustantiva del Ejército. Dobla Gaviria la rodilla ante el candidato que aprueba los golpes del general Zapateiro a la Constitución, mientras exoficiales de la Fuerza piden perdón por responder a una estructura criminal que el poder supremo habría instalado en su seno entre 2006 y 2008 para asesinar a miles de inocentes. En audiencia sin precedentes en procesos de paz en el mundo, diez exmandos militares reconocieron horrores que, en palabras del coronel Gabriel Rincón, fueron “el desenlace de la política de seguridad democrática”.
Pretende Gaviria devolverle a su partido “el protagonismo del cambio”, la ejecución de “las cirugías mayores que el país demanda”, formalizando adhesión –no alianza negociada– a la aplanadora infestada de garrote y robadera que rodea a Gutiérrez. A la reacción en pleno, representada en los partidos Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, La U y, de seguro, Colombia Justa Libres, que se la juega, esta vez también, por mantener a la brava el estado de cosas que se ensaña en las mayorías. En las bases mismas de estas colectividades. Caso al canto, una es la dirección del Partido Liberal, otro el sentir de la masa liberal.
Pero más de un astuto a la caza de símbolos de centro esperaría que este apoyo rompiera el estigma de exclusiva representación de las derechas en Gutiérrez. Estigma que ya reverbera en el natural retardatario del candidato mismo. ¿Vana ilusión? Acaso pese menos en el bloque de marras el imaginario progresista de la retórica de Gaviria, que su contrario: de pronto, por falsificado, fabricado para la ocasión, desaparezca aquel imaginario entre las tinieblas de la caverna. De la coalición que desoye el estallido social y transforma a la oposición en pretexto para remachar el paradigma de violencia, pobreza, corrupción y desigualdad que Duque extremó y Gutiérrez podría prolongar.
Ya aparecen los idus de mayo: el silencio atronador del presidente, de su Gobierno, de los cooptados órganos de control ante la más dolorosa audiencia de verdades sobre la comisión de falsos positivos, cuyos implicados políticos marchan por su vida de privilegios levitando en olor de impunidad, sin romperse ni mancharse. Ayer sentaron a Duque en el solio de Bolívar, hoy querrán sentar a Gutiérrez. Muñecos de cuerda con cara de yonofuí, elegidos con ayuda del que hoy se dice jefe en rango de López Pumarejo, de Gaitán, de Galán.
Diez exoficiales del Ejército reconocen por vez primera ante sus víctimas, ante la sociedad y la justicia, la comisión de delitos atroces denominados falsos positivos. Declaró el coronel (r) Santiago Herrera, excomandante de la Brigada XV, que usaron las armas de la república para asesinar inocentes mediante una estructura criminal que él implementó por presión de altos mandos de la institución. “Yo asesiné cobardemente, por tener contento a un gobierno”, se dolió Néstor Gutiérrez.
Crímenes horrendos que los partidos tradicionales han contemplado con más indiferencia que indignación. La élite liberal, en particular, acaso porque había fundido al partido con el conservadurismo, mientras su base se fundía con la masa de los nadie. Con el sabotaje de César Gaviria a la candidatura de Humberto de la Calle en 2018 perdió el liberalismo su oportunidad de elevar un estadista de talla mayor a la Presidencia. Y ahora le da Gaviria a su partido entierro de tercera.
por Cristina de la Torre | Abr 26, 2022 | Abril 2022, AUC, Corrupción, ELN, Gustavo Petro, Izquierda, JEP, Justicia restaurativa, Paramilitarismo
No terminaba Petro de ofrecer en bandeja el monumental disparate de congraciarse con maleantes cuando conspicuos adelantados de la derecha tronaron en la hipocresía que los distingue. Más de uno incurso en prácticas y relaciones peligrosas, subjudice alguno, vociferaron y se rasgaron las vestiduras para condenar la iniciativa de perdón social del dirigente de izquierda; nombre con el que éste designaba la propuesta de amnistía general lanzada por Uribe un año atrás. Expresidentes, fiscal, candidato de la derecha y dignatarios de su campaña explotaron exultantes el golpe de opinión de la trampa que le habían tendido a Petro, mediante documento apócrifo que circulaba en La Picota. Y el de la inveterada compulsión del candidato a lanzar globos al aire.
Celada y autocelada. Si hubo complot a dos manos por la derecha armada y la desarmada, quedaba asimismo en entredicho la consistencia ética y política de Petro. No sólo arriesgaba él su victoria electoral sino que podía afectar la primera opción de poder a la mano de la izquierda democrática en 200 años. Envanecido, ciego, responde Petro a los arrebatos de su natural narcisista, que encarna a veces en el lenguaje corporal de muelle abandono y desprecio por la audiencia.
Para Federico Gutiérrez, supuesto oficiante de pactos con la Oficina de Envigado y prosélito de este Gobierno –el más corrupto que se recuerde–, la oferta de Petro es un “descalabro moral”, y lo insta a renunciar. Ante los medios niega aquel legado vergonzoso, edulcora el abrazo de la política tradicional que es eje de su campaña, donde medran corruptos y violentos. Medra Luis Alfredo Ramos, a quien la Corte Suprema acaba de ratificar condena por asociación delictiva con paramilitares. Luis Felipe Henao, su jefe de debate, señala que Petro se propone “ser benevolente y financiador de terroristas de la primera línea, aliado político de extraditables y copartidario de estructuras delictivas como el ELN”. Ni una prueba. Pero posa en fotografías con el Ñeñe Hernández, paramilitar señalado de aportar a la campaña presidencial de Iván Duque.
Se opone el fiscal Barbosa a la propuesta de perdón social por inconstitucional, dice, y porque rompe la separación de poderes. Reivindica su lucha contra la corrupción, dizque pilar de la Fiscalía, en lo cual habría ésta logrado “grandes resultados”. Él, que metió la Fiscalía en el bolsillo del presidente, mientras ésta escamoteaba toda responsabilidad de Abudinen en el robo de $70.000 millones al Mintic y pedía precluir la investigación contra el expresidente Uribe por manipulación de testigos en delitos penales, pese a la montaña de pruebas en contra.
Álvaro Uribe presentó el año pasado propuesta preliminar de amnistía general: procesados y condenados podrían aspirar a cargos públicos o de elección popular. Buscaba, según el exfiscal Montealegre, proteger a sus colaboradores y a parapolíticos. Para De la Calle y Jaramillo, la propuesta afectaría a las víctimas y a los uniformados que comparecen ante la JEP. Ya en 2007 había concedido Uribe jugosos beneficios a miles de miembros de las AUC involucrados en narcotráfico que se hicieron pasar por autodefensas. Su proyecto otorgaba estatus político a paramilitares, declarándolos sediciosos. Pero sediciosos son armados que se alzan contra el Estado, no paramilitares que lo defienden o reciben su apoyo. Y en este sentido se pronunció la Corte.
Este perdón social, esta amnistía evocan el pacto de silencio que eximió a las elites de responsabilidad en la Violencia. Y se brincan la Comisión de la Verdad y la JEP, instituciones que cumplen ya la función de justicia restaurativa. Aquellas propuestas de reconciliación sólo serían viables si existiera antes sanción social, pero aquí reina la condescendencia con la corrupción. Basta de globos de humo, basta de hipocresía irredenta.
por Cristina de la Torre | Mar 30, 2022 | Elecciones 2022, Francia Márquez, Gustavo Petro, Marzo 2022, Violencia
No se sabe si por cálculo político o por inadvertencia. Pero el silencio del Presidente, de su jefe y su partido sobre los abusos, errores, disparates y provocaciones que en un año acumuló el registrador, tributó a la barbaridad final: a la oposición triunfante el 13 de marzo le embolataron, como al desgaire, medio millón de votos; y cuando jueces y notarios se los devolvieron en el escrutinio, fue Troya. Tal vez aconsejado por sus fantasmas y demonios, transformó el expresidente Uribe la enmienda del error en inminencia de fraude, e incitó a desconocer el resultado de las urnas. Un defecto de forma en el tarjetón –ya salvado– mutó en fraude, y éste, en potencial legitimación del caos. Como sucedería en cualquier democracia dinamitada, que en ello derivaría esta sublevación contra el sistema electoral y contra los jueces de la República que protegen sus procedimientos y certifican sus resultados.
Sabrá Dios si no columbraba Uribe el riesgo de violencia que su llamado entrañaba, la repetición de traumas que signaron con sangre nuestra historia política. De los fraudes electorales que contribuyeron a la Violencia entre partidos, por ejemplo forzando entre liberales la suplantación de la cédula por un salvoconducto con la imagen de Laureano, so pena de perder libertad y parcela; y completados después con la acción intrépida y el atentado personal. Su reedición de hoy, el verbo intrépido que desde la cumbre del poder azuza el exterminio de líderes sociales. Del nunca rebatido fraude en 1970 que engendró la rebelión armada del M-19. Una nueva guerrilla que se alzara contra el Estado fraudulento ¿no llenaría el vacío de las extintas Farc que dieron su identidad al uribismo? Con todo, al riesgo desestabilizador ayudó Petro, la propia víctima, cuyo inicial grito de fraude sin pruebas también ambientó la descalificación de las instituciones, si bien rectificó después.
En esta comedia de equivocaciones, dos exmandatarios y un jefe de Estado le disputan el protagonismo al estulto registrador. Exigen todos a una, a grandes voces, reconteo general; a sabiendas de que es ilegal y acaso porque bloquearía indefinidamente la elección de presidente. Declara Asonal Judicial: repetir el escrutinio contraría la ley, pues los jueces incurrirían en delitos de abuso de función pública o prevaricato. El pronunciamiento de los jueces rubricó la derrota política de los falsarios (el Centro Democrático, Salvación Nacional y Oxígeno) en asamblea de la Comisión de Garantías Electorales: 18 de los 21 partidos allí reunidos negaron el reconteo general y reconocieron las conclusiones del escrutinio. Estimaron que el reconteo propuesto sería un ataque a la institucionalidad. Y ninguno de ellos ni las misiones de observación electoral denunciaron fraude.
Pero Uribe insiste en desconfiar de la elección, además por “la abrumadora votación del petrismo en zonas de narcotráfico”. ¿En cuáles, en Bogotá, donde Petro barrió? En cambio sufrió este candidato una derrota colosal en los baluartes del narcoparamilitarismo en Antioquia. Acaso supura la herida del expresidente que nunca rechazó los votos del paramilitarismo, dueño en su Gobierno del 35% de curules en el Congreso. No les perdona a Petro y a los jueces que dieran con sus parapolíticos en la cárcel. ¿Respira también Pastrana por la herida del padre que al parecer accedió por fraude a la Presidencia en 1970?
Nada han dicho estos prohombres sobre 6 de los 17 elegidos a curules de víctimas mediante compra de votos y apoyo de paramilitares que declararon a candidatos objetivo militar. Ya a Francia Márquez, mentora suprema de Los Nadie y de las víctimas, se la hostiliza desde los meandros más oscuros de la política colombiana. Su rechazo anticipado a un posible triunfo de Petro y Francia huele a conspiración con aroma de falso fraude.
por Cristina de la Torre | Mar 22, 2022 | Desarrollo sostenible, Estado Social, Francia Márquez, Gustavo Petro, Pacto Histórico, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Seguridad Alimentaria
Expropiador López Pumarejo, cuya Revolución en Marcha se ancló en una reforma agraria que redistribuía el latifundio inexplotado para darle a la tierra su potencial productivo. Desde el principio de función social de la propiedad, la Ley 200 condicionaba el derecho de dominio al cultivo del predio, so pena de revertirlo al Estado. Petro invoca, entre otras, esta divisa reformista de la revolución liberal que no fue, la adapta a los tiempos, pero, lejos de proponer la alienación de la propiedad, extiende a otros su disfrute. Es su modelo agrario el de producción intensiva de alimentos, con cuidado del ambiente; el desarrollo sostenible, no el comunismo. Ajeno al mamertismo, el M19 fue guerrilla nacionalista –paso inaugural de Petro en la política– integrada por una disidencia ideológica de las Farc insubordinada contra su catecismo, y una corriente de la Anapo. Tampoco pudo el M19 ser de izquierda ortodoxa al promulgar la Constitución del 91.
Si quiso López transformar el latifundio en hacienda capitalista, Petro persigue la seguridad alimentaria del país modernizando la producción y multiplicando el contingente de propietarios en el campo. Lejos de expropiar, ha dicho, lo que persigue es apropiar. Democratizar la propiedad. Ni siquiera repetiría la expropiación de tierras que fueron parte del Fondo Nacional Agrario de Lleras Restrepo. Cosa distinta sería, en desarrollo del Acuerdo de Paz, la restitución de tierras a millones de campesinos, esas sí expropiadas –según él– por el paramilitarismo y su brazo político y empresarial.
Haya o no acuerdo con César Gaviria, Petro apela al imaginario popular del liberalismo hecho emoción e ideas-fuerza que en su hora convocaron el cambio. Apela a las organizaciones sociales. A los inconformes de ayer y de hoy. A las multitudes que se hacen matar en las calles por educación y trabajo. A los dolientes de la guerra. A la Colombia olvidada que Francia Márquez representa: “me preocupa, declara ella, que este país no cambie, que mi gente siga sufriendo, que la paz no llegue a los territorios, que niños y niñas sigan muriendo de hambre, que a los jóvenes les arranquen los ojos por reclamar dignidad y educación, que a las mujeres y a los líderes sociales nos sigan silenciando”.
El 13 de marzo no desapareció el centro, flaqueó la organización coligada que éste se dio en la coyuntura. Pero la mar de los que quieren el cambio empezó a migrar hacia el Pacto Histórico; otros, los menos, tocarán a las puertas del candidato de Uribe-Duque, meca de la misma derecha que frustró la revolución liberal y –manes del país más conservador de América– asimila la opción socialdemócrata de la nueva izquierda a comunismo.
Al tenor del Estado social que despuntaba en las democracias de Occidente, la Revolución en Marcha se la jugó también por la protección de la industria naciente, que redundaría en sustitución de importaciones. Modelo malogrado por la apertura neoliberal de 1990 y sus TLC que quebraron miles de empresas y sustituyeron gran parte de nuestra producción agrícola por la foránea. Petro propone reindustrializar, reanimar el aparato productivo de la nación.
Pese a los buenos augurios de su candidatura (que rompería en Colombia la atávica hegemonía de la derecha) la incontinencia de Petro en el hablar, su impulsividad, su gusto por el conflicto, su inveterada inclinación a descalificar a contendores y conmilitones, le harían más daño que el calificativo de expropiador que sus contradictores le endosan sin fundamento. Notas de personalidad bendecidas en plaza púbica, pero que podrían marcar su ideario y su programa de gobierno con la impronta revolucionaria que no tienen. Ni podrán tener si gana la presidencia, desafiado como estaría por un Congreso de probable mayoría opositora. Y no le faltarían enemigos con apetito de venganza.
por Cristina de la Torre | Nov 10, 2021 | Acuerdos de paz, Impunidad, Justicia, La paz, Noviembre 2021, Paramilitarismo, Posconflicto, Proceso de paz
Con la desaparición de las Farc perdió Uribe el enemigo sobre cuyo lomo había edificado su reputación de guerrero indómito; para reemplazarlo, camufló entre tules de justicia y patria a un nuevo antagonista: la paz. Mas, pese a sus vacíos, a la reconversión de la violencia en muchos territorios, a la ferocidad de la acometida contra ella en estos años, hoy resulta irreversible la paz. Y apuntalado en el mundo el prestigio del Acuerdo que terminó una guerra de medio siglo con una guerrilla poderosa en su bestialidad. Por eso la carta del expresidente al secretario de la ONU, que desconceptúa por enésima vez el Acuerdo, tiene menos de memorial de agravios que de conjuro. No por decir que “acuerdo no hubo” desaparecen mágicamente su estatuto constitucional y legal, y sus efectos: los miles de vidas salvadas, la desmovilización de 13.000 guerrilleros y la fundición de sus armas, la conversión de los insurgentes en partido legal, el espectáculo de la JEP que emplaza a militares por la ejecución de 6.402 falsos positivos y a las Farc por crímenes horrendos, las decenas de miles de testimonios de las víctimas a la Comisión de la Verdad, materia viva para una historia universal del horror. Y la aplastante mayoría de colombianos que sueñan con una paz completa.
Dice Uribe que, en vez de acuerdo, hubo fractura de la ley para dar impunidad y elegibilidad a responsables de delitos atroces. Olvida que su proyecto original de desmovilización de autodefensas concedía perdón sin verdad, justicia y reparación. Que su Administración auspició la presencia insultante del jefe paramilitar Mancuso en plenaria del Congreso y cogobernó con bancadas de parapolíticos. Al Acuerdo atribuye la instauración de “un Estado criminal alternativo”. Pero este existía desde mucho antes, gracias a la alianza de narcoparamilitares con políticos, empresarios, funcionarios y militares que en su Gobierno alcanzó todo su esplendor.
Al presidente Duque se le agradece el inesperado viraje por la paz. Pero no se le cree. Mal actor en las artes de la simulación, nos enseñó que su retórica anda lejos, muy lejos de los hechos. De la campaña por hacer trizas la paz, que se resolvió en obstrucción o en ejecución liliputiense de su implementación: casi nulas reforma rural y sustitución voluntaria de cultivos ilícitos; ninguna, en seguridad en los territorios, como que masacres y asesinatos de líderes sociales y desmovilizados escandalizan. Sabotaje a la jurisdicción agraria y pasos de tortuga en actualización del catastro. Persecución a la JEP y migajas para los programas de posconflicto. Salvo en PDETs, donde Emilio Archila puede mostrar algún resultado decoroso.
Sostiene Camilo González que, por no implementar a derechas el Acuerdo, se recomponen grupos armados con impacto en 250 municipios, persisten el paramilitarismo y la violencia para hacerse con el control del territorio, con los negocios y con el poder. Estaríamos en la encrucijada del tránsito a una etapa histórica sin guerra, pero la violencia se recicla porque no se atacan sus causas de fondo. La imposición oficial de nuevas estrategias de guerra prevalece sobre programas integrales de desarrollo, de democracia y de bienestar para la población.
Y sin embargo, tan vigoroso es el proceso de paz que ha sobrevivido a las más devastadoras cargas de dinamita. En su visita al país remarcó el secretario de la ONU, “la obligación moral de garantizar que el proceso de paz tenga éxito”, pues éste no se contrae al acto de silenciar las armas: apuntó también a eliminar las causas profundas del conflicto y a curar las heridas, “para que las atrocidades cometidas por todas las partes no vuelvan a ocurrir”. ¿Se traducirá en hechos la retórica pacifista que ahora ensaya Duque, o volverá al frente de guerra contra la paz que Uribe y su candidato Zuluaga reclaman?
