por Cristina de la Torre | Abr 29, 2019 | Abril 2019, Corrupción, Derecha, Impunidad, Izquierda, La paz, Paramilitarismo, Política agraria, Posconflicto, Uribismo
Sí, la conjetura es plausible: Porque tiene miedo la derecha, insulta, miente, manipula, persigue, atropella e incita a la violencia. No controvierte, patea. Y a cada coz destapa una nueva arista de la catadura que la emparenta con Bolsonaro, Maduro y el inefable Ortega de Nicaragua. Sorprendida por una oposición que se acercó a la presidencia el año pasado, que integra por vez primera una bancada que decide y saca inopinadamente casi doce millones de votos contra la corrupción, patalea la derecha. Acostumbrada a prevalecer por perrero, percibe el ascenso de la oposición y del movimiento social como amenaza de muerte. Afrentoso le resulta lo que en cualquier democracia es regla; y, desafiante, la depuración ideológica que rescata a los partidos del pantano donde todo se revuelve para mejor pesca de la suertuda derecha. Entonces echa mano de su recurso proverbial: el poder en bruto. Si no para segar la vida de un Leonardo Posada o un Carlos Pizarro en cruzada de exterminio de partidos enteros desafectos al sistema, para ponerles ahora bozal, hurtarles el derecho de representación política y, al pueblo, el suyo de elegir.
Retornando a la senda de acoso y conculcación de derechos, cercena esta derecha la representación parlamentaria de sus adversarios. Tras despojar a Mockus de su curul mediante fallo contradictorio del Consejo de Estado y a resultas de demanda de personajes cercanos al partido PIN cuya cúpula resultó procesada por parapolítica, quiere alargar la uña hacia otras cinco del Partido Verde. La senadora Angélica Lozano revela que viene en camino la anulación de las curules indígenas del partido Mais, no bien le quitaron la suya a Ángela María Robledo, estrella de las fuerzas alternativas, con curul por derecho constitucional de oposición que ocho millones de votantes refrendaron. Se preguntan por qué juzga el tribunal con rasero distinto casos iguales como los de Robledo y Marta Lucía Ramírez. O por qué no sanciona la doble militancia que en su momento ostentaron Viviane Morales y Germán Vargas.
Tan artero ataque contra la oposición, defensora de la paz, denuncia el miedo que ésta suscita en el uribismo. Ya el partido de Gobierno lanza puñales contra la JEP, ya Álvaro Uribe quisiera que sus contradictores saltaran del debate público al fusil; de modo que pudiera él volver a regodearse en la guerra, a esconder tras el humo de los cañones la temida verdad y a velar porque nada cambie en el campo. Ejes de su programa, que se depura sin pausa. Con la desmovilización de las Farc vino el destape: perdió el uribismo el último centímetro de hoja de parra que mal disimulaba su predilección por la violencia y el gobierno arbitrario. A su vez, despertó la Colombia contestataria del prolongado letargo impuesto por alguna oligarquía cruel, provinciana y abusiva que, tal vez asustada, vuelve a dar palos, y no precisamente de ciego. Es tradición: al primer amago de pluralismo y participación social, sale del closet la caverna.
Dígalo, si no, el hundimiento de las 16 curules de paz para las víctimas, a manos del conservadurismo en pleno. O el exterminio de la UP: miles de cuadros asesinados allí donde ese partido vencía en las urnas. O la masacre de Segovia en 1988 que rubricó el horror con un aviso: “no vuelvan a votar por la UP; eso les causa la muerte”. O la brutal decapitación de la Asociación de Usuarios Campesinos (Anuc) en los 70. Con la terrible excepción de los líderes sociales en el campo, el asesinato físico de dirigentes se ve ahora desplazado por una estrategia que apunta a la abierta negación del pluralismo, del debate, del derecho de oposición y de la democracia. Ofensiva temeraria que no puede emanar sino del miedo.
por Cristina de la Torre | Abr 23, 2019 | Abril 2019, Corrupción, Impunidad, Política agraria, Tierras, Uribismo
En la grosera obstinación de la caverna por acaparar más y más tierras y privilegios, sorprende como una flor exótica el proyecto de catastro. Si recortado, dirá en todo caso qué tierras hay, de quién son, cuánto valen y cómo se usan. Y suministrará fundamento técnico a la legalización de predios sin título de propiedad, y al diseño de modelos de desarrollo rural. Decisión sustantiva que el notablato del campo contemplará ahora con ojos menos inflamados, porque presenta dos vacíos de fondo: primero, elude una justa derivación del impuesto predial sobre el real valor de la tierra; segundo, margina de la elaboración del catastro a la comunidad, fuente inestimable de información sobre historia legal de predios. La iniciativa convive, empero, con proyectos de entraña uribista que extreman la ancestral concentración de la propiedad agraria, legalizando el despojo que hizo su agosto en la guerra. Un proyecto de María Fernanda Cabal contra la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras bendice la “inocente” adquisición de millones de hectáreas arrancadas a sus dueños. Otro proyecto, incorporado al Plan, legaliza el asalto masivo de baldíos con destino original a pequeños campesinos.
Cerezas del pastel de inequidad en el tercer país con mayor concentración de la tierra, donde 68% de la población campesina sufre pobreza aguda o miseria y sólo se explotan 7,6 de los 40 millones de hectáreas de tierra feraz. Arquetipo en el que, pese a la expansión de la agroindustria, el latifundista improductivo es rey, y paria, el campesino. Tierra sin hombres y hombres sin tierra, el modelo ha sido motor del conflicto. Pero los señores de la guerra se apertrechan de nuevo en lo “suyo”, contra la reforma rural que es eje del Acuerdo de Paz, y celebran la ausencia de partidas para restitución de tierras en el Plan de Desarrollo. Ya reorganizan ellos sus ejércitos antirrestitución.
La iniciativa de la senadora Cabal destruye el núcleo de la ley de restitución: la inversión de la carga de la prueba. No será ya el nuevo propietario quien deba demostrar que compró de buena fe, sino el dueño original quien deba demostrar que lo es y que fue despojado. Si de 6,5 millones de hectáreas usurpadas se han devuelto apenas 338.000, es de suponer que en este Gobierno caería la cifra dramáticamente. Y no sólo en virtud de aquel proyecto –si prospera– sino de los ejércitos antirrestitución. Mercenarios enganchados por la élite más reaccionaria del campo para “exterminar” a todo el que reclame tierra o verdad, reaparecieron el 11 de abril contra una comisión del Ministerio de Agricultura para dejar cuatro policías agonizantes. Por su parte, la invasión de baldíos quedaría amparada por la figura de prescripción adquisitiva, que suplanta a la legal de adjudicación por el Estado. En 25 años se habrían entregado 376.000 hectáreas por prescripción. Insólito.
Aunque limitado, el catastro marcharía en dirección de la paz: empezaría por los 170 municipios más flagelados por la guerra, que podrían así planificar su desarrollo. Además, avanzaría información para el ordenamiento social de la propiedad y resolución de conflictos por la tierra. Si es que la caverna y sus ejércitos no frenan este cambio, sin el cual no habrá paz. Si no se serena Álvaro Uribe, cuyos arrebatos crecen conforme se desploma su prestigio. Si sus prosélitos no asumen la dignidad del cargo que representan. Como Myriam Martínez, alta funcionaria oficial que se postra de hinojos ante una deshonrosa solicitud de su “presidente” Uribe. Ya se ve: espinas como puñales tendrá que sortear el cogollito de catastro que está por nacer. Sean los demócratas la partera que le permita florecer.
Coda. En la atmósfera neofascista que se respira, quieren matar al brillante escritor y periodista Juan José Hoyos. ¿Qué dice el Gobierno?
por Cristina de la Torre | Mar 12, 2019 | Clientelismo, Corrupción, Impunidad, Iván Duque, Marzo 2019
Es del talante de Duque dictar una medida mientras la neutraliza con otra mayor: avanza un paso y retrocede un kilómetro. Así, encarando la corrupción que reina en la contratación del Estado, sanciona por fin el decreto que adopta el pliego único en licitaciones de obras públicas; formato que golpearía el favorecimiento previo a un único oferente y a las mafias de contratistas. Enhorabuena. Pero el Plan de Desarrollo crea por su lado el llamado Fondo de Inversiones de Iniciativa Congresional, un quinto del presupuesto nacional de inversión a disposición de la clase parlamentaria. Toneles de mermelada como ésta viera jamás. Y con premio adicional: no tendrían ya esos billones la cortapisa de Planeación Nacional, porque el artículo 35 del Plan le arrebata a la entidad el control sobre el presupuesto de inversión, para depositarlo en el ministro de Hacienda. Ecónomo del país que políticos y hombres de bien usufructúan como finca y faltriquera propias. Hoy será Carrasquilla, habilidoso contratista que ordeñó decenas de municipios con sus bonos de agua. Mañana podrá ser otro de parecida jaez.
El pliego tipo se contrae por ahora al sector transporte, porción menor de la contratación pública que en 2017 alcanzó $147 billones. Según el profesor Alejandro Barreto, no toca a la contratación directa que ese año representó casi $45 billones; ni a regímenes especiales como los de las Fuerzas Armadas, Ecopetrol y empresas de servicios públicos, cuya contratación llegó a $36,9 billones; ni a las licitaciones de particulares ante el Distrito Capital. Sólo afecta al tipo de licitaciones que representaron entonces $10,5 billones. Si buena, poco podrá la medida contra la exultante expansión de contratos que en provincia se adjudican casi siempre a dedo: 85% según el entonces contralor Maya.
Porfiará el político en el negocio por punta y punta, mientras prepara alforjas para almacenar los auxilios multiplicados de Papá Noel. Que ahora le sobrará más de la financiación privada de su campaña, y de la pública. Y podrá seguir adjudicando contratos a sus prosélitos y amigos, por mano del copartidario alcalde o gobernador. Sigue Verónica Tabares en La Silla Vacía un estudio de la MOE que relaciona financiación de campañas y contratación pública según el cual 112 donantes a campañas en Antioquia aportaron $663 millones y obtuvieron contratos públicos por $85.903 millones: recibieron $129 millones por cada millón invertido. 93% de los contratos se entregaron a dedo. Y Milena Sarralde informa en El Tiempo que un puñado de vivos acapara la contratación pública, multiplicándose en mallas cerradas que repiten beneficiarios. Concentran un tercio de la contratación pública. Son contratistas –dice el contralor– que actúan con vocación de carteles, mafias rapaces que se organizan metódicamente para monopolizarla.
A la voz de que empeora el país en el rango mundial sobre percepción de corrupción, Transparencia por Colombia le pide al presidente idear una lucha estructural contra ella y anclarla en el Plan de Desarrollo. Ni modo. Lo estructural que vemos en el descosido mamotreto es la multimillonaria partida que se asignará a la clase política, convenientemente confiada ahora a la cartera de finanzas. Se disocia con ello la inversión pública de la estrategia de desarrollo, de sus metas y políticas, brújula que le marca el norte y le da sentido de conjunto. Queda la inversión sometida al albur de una nube de mercaderes y políticos que hacen del erario un carnaval. Si ya lo bailan en la ancha alcantarilla de la contratación pública, ¿qué no harán con el presupuesto todo en sus peludas manos? Si tuviera el presidente Duque algún sentido de patria corregiría a tiempo la procaz iniciativa, y reviviría los proyectos contra la corrupción que el país exigió. No más la charada del sí-pero-no.
por Cristina de la Torre | Sep 9, 2018 | Corrupción, Impunidad, Septiembre 2018
A siete billones de pesos ascienden por ahora los costos del desastre de Ituango. Y ya muestra sus fauces el secular patrón del abuso que en contratación público-privada socializa las pérdidas y capitaliza en la faltriquera del negociante de turno las ganancias. EPM propone descargar la billonaria pérdida en la ciudadanía, feriando empresas que a ésta le pertenecen. Y pone en riesgo la inversión social de Medellín, que se nutre mayormente de EPM. Pero el gobernador Luis Pérez echa mano de concluyente informe de la Contraloría según el cual EPM tomó decisiones sin sustento técnico suficiente, para notificar que la autoridad departamental no responderá por los errores técnicos del consorcio constructor. Si la contingencia, dice Pérez, no se presentó por fallas geológicas sino por errores en la construcción, entonces son los contratistas quienes deben responder: Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa. Con más veras, se dirá, si median dudas sobre la pulcritud del contrato que enganchó a la firma brasileña.
Mas, para ganar liquidez en la emergencia, lejos de apretar a los responsables, EPM venderá su participación en ISA, en las chilenas Aguas de Antofagasta y Cururos. El retraso en las obras de Hidroituango engloba lucro cesante de $4 billones (dinero que en tres años no recibirá por suministro de energía), $2 billones para concluir la obra y $1 billón por contingencia de las comunidades afectadas. Globo optimista, pues sólo dentro de cuatro meses se conocerá el grado de destrucción producido en la sala de máquinas, corazón de la obra.
Según la Contraloría, el taponamiento de los túneles diseñados para regular el cauce obedeció más a criterios económicos (de ahorro) que técnicos. “En su reemplazo, EPM construyó el túnel que al colapsar generó la falla del sistema (…) EPM perdió el control hidráulico del proyecto y el plan de contingencia no tenía previsto el riesgo catastrófico ocurrido”. Además, ocultó información e incumplió sistemáticamente las obligaciones que la autoridad ambiental le imponía. De palabra, que no de obra, pues nunca se impuso ésta sobre el negligente. Para el contralor Maya, los daños sociales y ambientales causados son incalculables. El ente de control registró 35 hallazgos disciplinarios y penales, hoy en manos de la Procuraduría y la Fiscalía.
Grave. Asegura la Fiscalía tener evidencia seria de pagos irregulares en la contratación de Hidroituango. El Espectador (2, 28, 17) informa que el alcalde Federico Gutiérrez denunció en esa fecha irregularidades en la contratación de EPM con Camargo Correa, y la fiscalía le abrió a la firma investigación preliminar, previa inspección judicial a las oficinas de EPM en Medellín. La concejal del Centro Democrático Maria Paulina Aguinaga había denunciado las irregularidades en la contratación que hoy ocupan la atención de la Fiscalía; sus cuantiosas adiciones y modificaciones a los contratos. Y El País de España revelaba que el grupo brasileño había pagado sobornos a altos funcionarios de Latinoamérica por valor de 788 millones de dólares. A la manera de Odebrecht. ¿A más de incompetente corrupto?
Concejales de Medellín apoyarían la venta de acciones de EPM en ISA; pero piden a los órganos de control que, amortiguada la emergencia, señalen a los responsables del desastre. De fracasar el proyecto, las pérdidas serían de $9 billones y sumirían en crisis las finanzas de la ciudad. El exviceministro Daniel Quintero remata: si en lugar de los contratistas brasileros asume EPM esos costos, cada familia de Medellín perdería $20 millones. Y se confirmaría el negro sino: con complicidad del primer necio que pasa por gerente, cualquier angurriento sin escrúpulos podrá embolsillarse la empresa más querida de los antioqueños.
por Cristina de la Torre | Sep 2, 2018 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Conflicto armado, Corrupción, Impunidad, Iván Duque, La paz, Posconflicto, Septiembre 2018, Uribismo
Cuando a sólo tres semanas de gobierno se le escurre la opinión entre los dedos, en el imperativo de empezar por fin a ejercer para prevenir un hundimiento prematuro, el presidente Duque calibra fidelidades y rupturas con el hombre que lo elevó al poder. Y nada entre dos aguas. Entre la cooptación del resonante mandato anticorrupción que Uribe quiso boicotear, e inesperadas concesiones a la paz, por un lado; y por el otro, reeditar la política fiscal que el expresidente había aplicado fríamente mediante el mismo Carrasquilla: bajar más impuestos al capital y subírselos al trabajo.
Una seguidilla de retractaciones y reveces políticos de Uribe y, sobre todo, la inminencia de un juicio penal contra el caudillo que así desnuda sus flaquezas perjudican al pupilo. La desilusión con el superhombre que desdice de su renuncia al Senado, de la recusación a sus jueces, de su originario aval a la consulta contra la corrupción; que se hace derrotar en ella y en la elección del contralor, se proyecta sobre su protegido. Pero Duque parece revertir el daño en causa propia, convirtiéndose en líder de un pacto contra la corrupción –de hondas repercusiones, si prospera- que reúne en Palacio el abanico entero de la política, desde Timochenko hasta Paloma. En tácita refrendación del Acuerdo de Paz, le da el Presidente al exguerrillero bienvenida a la democracia y éste agradece la mano tendida a la reconciliación. Quién dijo miedo. Un alud de trinos se precipitó desde el uribismo contra Duque por sentarse a manteles con el “criminal”.
Mas el Presidente había ya moderado sus “ajustes” al Acuerdo de Paz, hasta volverlos inocuos para las Farc y efectivos sólo a futuros, para el ELN. Las propuestas no alteran la esencia de lo acordado. Que el narcotráfico no será amnistiable; que, de delinquir tras la firma del Acuerdo se perderán los beneficios, son letra escrita en él. Así como la de velar por la integración de la guerrillerada a la vida civil. En un futuro, no podrá elegirse para corporaciones públicas a responsables de delitos de lesa humanidad. Sobre la suerte de los hoy elegidos de las Farc decidirá la JEP, al tenor de lo acordado en La Habana y refrendado por el Congreso y la Corte Constitucional. Como prescribe la ley, la erradicación de cultivos ilícitos será forzosa, aunque este Gobierno respetará los acuerdos de erradicación voluntaria. Anatema. En el CD se secreta babaza.
Y lenguas de fuego para quemar la carta del Presidente a las Naciones Unidas en la que les pide extender un año más el trabajo de su Misión de Verificación de los Acuerdos con las Farc. Agradece Duque “el apoyo de las NU en el proceso de construcción de paz en Colombia, para lograr una implementación rápida del Acuerdo”. Viraje de 180 grados sobre la reiterada, descomedida hostilización del uribismo a ese organismo, al que ha llamado aliado de terroristas. Esta diferencia podrá ahondar grietas en el CD, pues toca puntos de honor tejidos en su guerra contra la paz y por asegurar la propia impunidad.
Si Duque tiene olfato y ojos para ver y oídos para oír el rumor que se avecina de marchantes en protesta contra la plutocracia que él quiere montar sobre los hombros de las clases trabajadoras, comprenderá que la cruzada anticorrupción no será suficiente salvavidas. Que pretender equidad agudizando la inequidad en un país donde ya el 1% más adinerado acapara el 40% de la riqueza es juego diabólico y mendaz. Tendrá que pensar en el flaco bolsillo de las mayorías, mayorías con más voz y voto desde cuando se estrena un nuevo mapa político en Colombia. ¿Querrá el novel presidente transitar de su dilema entre lealtades y fisuras con el jefe hacia una propuesta más igualitaria y justa, que demanda tanto o más valor que la lucha contra la corrupción?
