por Cristina de la Torre | Mar 16, 2021 | Marzo 2021, Modelo Político
Que la ultraderecha de este país justifique tanto cadáver, mal menor si de la patria se trata, sugiere preguntas que pueden ofender su prestada dignidad: ¿se está guisando en Colombia un autoritarismo, estadio débil de la dictadura, o habrá quien apunte aun a su extremo de régimen de fuerza declarado? ¿Qué dice la desafiante naturalidad que la Seguridad Democrática adopta frente al bombardeo de niños-“máquina de guerra”; frente al asesinato a bala de trece manifestantes por la policía en Bogotá; frente al exterminio de líderes sociales, frente a los 6.402 falsos positivos que ninguna dictadura registra en su haber? ¿Se sumará Colombia a la nueva ola reformista que en América Latina suplanta al modelo de Cuba y Venezuela, o caerá en satrapías como las de Ortega y Bolsonaro? Versión a la mano del dictador renacido que bañó en sangre al subcontinente. Dómine coronado de bayonetas, concentra en su persona y su camarilla el poder absoluto, para mandar sin control, sin ley, sin límite de tiempo y con puño de hierro sobre un pueblo aborregado en el miedo, despojado de su humanidad.
ADN del dictador es el personalismo político, recuerda Blas Zubiría Mutis, como expresión de una voluntad de dominio en bruto, sin arbitrio distinto del propio, que florece en la debilidad de las instituciones. O en su manipulación, se diría, cuando el golpe quiere ahorrarse el espectáculo de tanques y bombas; como se estila hoy, desde el pedestal de la voluntad general vuelta ficción. No suscriben ya los dictadores la idea desnuda del gendarme necesario que Vallenilla Lanz propuso. Pero todos pertenecen a la estirpe del tirano rodeado de aduladores fermentados en el miedo, acomplejados hasta el ridículo, arribistas hasta el deshonor.
De caudillos y dictadores está empedrada la historia latinoamericana. Hacendado o valentón en las guerras civiles del siglo XIX o, después, el que responde lo mismo a costumbres y valores de parroquia, premodernos, que a las prácticas más agresivas del liberalismo económico. Trocado en dictador, ocupa el viejo caudillo el vértice de la moderna pirámide clientelista. Conectó él la modernidad política con el mundo rural de provincia, todavía dominado por jerarquías tradicionales y relaciones de dependencia personal que el dictador trueca en mecanismo de manipulación de masas. El más reciente tipo de dictador es el adiestrado en guerra contrainsurgente, que tuerce la ley a su antojo, se rodea de paramilitares y potentados y pasa por patriota modernizador.
Ningún cincel tan afilado como la literatura para penetrar en el carácter moral del dictador. Para entresacar el esqueleto que da estructura al símbolo del tirano en sus muchas variantes y colores. Ya marioneta, ya bufón, ya el esperpento de Valle-Inclán, cuyo Tirano Banderas fue la novela madre de cuantas se escribieron en Hispanoamérica sobre el dictador. No le ahorra puñaladas a su pluma el español, para pintarlo como calavera con antiparras negras y corbatín de clérigo, o como el negro garabato de un lechuzo. Es éste el dictador de pistola y fusta, tirano ilustrado y austero de largas astucias que encubren una crueldad esencial. “Ante aquel temor tenebroso, invisible y en vela –escribe– la plebe cobriza revivía en terror teológico una fatalidad religiosa poblada de espantos”. Y al final, en la hora de la derrota, “para que no te gocen los enemigos de tu padre, sacó del pecho un puñal, tomó a la hija de los cabellos y cerró los ojos… la cosió con quince puñaladas”.
La prolija gama de los regímenes de fuerza y el contexto que los rodea no aconsejan analogías mecánicas. Pero entre una dictadura que asesina a 10.000 haitianos y una democracia que ejecuta 6.402 falsos positivos se crea un lazo de parentesco político difícil de ocultar. Sabrán los colombianos qué nombre dar al régimen que su extrema derecha cultiva.
por Cristina de la Torre | Feb 16, 2021 | Febrero 2021, Posconflicto, Tierras
“Una cosa es que un miembro de un grupo criminal haga disparos al aire o que un bandido haga una acción de sicariato, y otra, que haya control territorial de un grupo criminal”, declaró Daniel Palacio, ministro del Interior, en alusión a la tragedia de Buenaventura. “¿Dónde vive usted, señor ministro, en Bogotá?”, le replicó Leonard Rentería, líder comunitario en el puerto; “qué diablos sabe usted de la realidad que vivimos nosotros… ¿serán meros disparos al aire para crear zozobra cuando llevamos 30 muertos en un mes?”
A poco, se alargaría en el puerto una cadena de 80.000 personas al grito de paz y soluciones integrales a una crisis que es social; más allá del repetido y fugaz refuerzo de uniformados, tan ineficaz como engañoso: al joven artista Deiner Castillo lo acribillaron a metros de policías que nada vieron, nada oyeron ni se mosquearon. Vana estrategia de seguridad anclada en una grosera simplificación de la realidad, que conduce a dos falsos supuestos: uno, que todo se reduce a narcotráfico; dos, que las víctimas (cientos de líderes sociales asesinados y de ciudadanos masacrados) son narcos o aliados suyos. Siniestra caricatura que coopta Diego Molano, ungido de los hados como jefe de las armas por haber nacido en hospital militar. Ni miseria, ni desempleo, ni falta de escuela o de hospital, disparadores de violencia en campos y ciudades. Para Molano todo se finca en el narcotráfico, el combustible de la violencia. A fumigar, pues, a meter en un mismo saco al pequeño cultivador de coca y al jefe del Clan del Golfo; a eliminar, en la paz de los sepulcros, obstáculos humanos a los negocios que en la guerra medran.
Buenaventura es hoy tal vez el caso más alarmante de la violencia que se replica, con diferencias de matiz y de grado, en cientos de municipios. Azorado debió de quedar el Presidente con el demoledor informe de Human Rights Watch: el aumento de estos crímenes, dice, “representa un fracaso para el Estado colombiano (incapaz de prevenirlos), investigarlos a fondo, desmantelar las mafias y los grupos irregulares armados que están detrás de los asesinos, y reducirlos”. Juzga lenta y deficiente la respuesta del Gobierno a la masacre de líderes sociales. Éste condena los hechos y anuncia medidas que no toma. Despliega militares pero no protege a la población ni aborda sus problemas. No da con los autores intelectuales de la matanza ni desmantela los grupos armados que la ejecutan. No implementa esquemas de protección colectiva, ni atiende a derechas el sistema de alertas tempranas. Reduce a su décima parte los recursos de los cuerpos especializados para neutralizar los crímenes.
Sostiene Camilo González, director de Indepaz, que soluciones contundentes no habrá sin identificar los patrones de esta macrocriminalidad hoy reavivada. No es el narcotráfico su motor exclusivo, juegan también intereses en explotación de oro y maderas, conflictos por la tierra y por la preservación de territorios étnicos. El postconflicto no respondió a tiempo a la violencia que venía de atrás y en ella se reacomodan ahora muchos grupos armados, a los que guardias indígenas y juntas comunales que protegen sus tierras les estorban. Entonces matan a los líderes. Para González, el Gobierno se equivoca: en lugar de una estrategia de guerra al narcotráfico como elemento articulador de la seguridad del Estado, debería propiciar una presencia integral del Estado social e implementar los acuerdos de paz.
Acaso rendido al capricho del gatillo (héroe de la “seguridad democrática”) pierde este Gobierno el foco del problema. Al abandono social, caldo de cultivo de la violencia, responde con militarismo rampante. Y uno se pregunta: ¿serán niños jugando a soldaditos de plomo o tiranos en ciernes obedeciendo al grito de “¡plomo es lo que hay!”?
por Cristina de la Torre | Mar 17, 2020 | Justicia, Marzo 2020, Posconflicto, Régimen político
Grito de guerra de la Falange franquista en el paraninfo de la Universidad de Salamanca contra su rector, don Miguel de Unamuno, en octubre de 1936. Presidido por el lisiado en batalla y procurador del gobierno, general José Millán Astray, un contingente de estudiantes desafió al escritor a las voces de “¡viva la muerte!”, “¡viva Cristo Rey!”. La afrenta culminó en destitución de Unamuno, a la vez como rector y como concejal. Al “necrófilo e insensato grito” había respondido el humanista como mentor del “sagrado recinto de la inteligencia. Venceréis –dijo– porque tenéis sobrada fuerza bruta; pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha […] No puede convencer el odio a la inteligencia, que es crítica, diferenciadora, inquisitiva […] El general Millán es un inválido de guerra; también lo fue Cervantes… pero un inválido que carezca de la grandeza espiritual de Cervantes se sentirá aliviado al ver cómo aumentan los mutilados a su alrededor”. Unamuno murió desolado bajo arresto domiciliario.
Acometidas de la misma cepa germinan en Colombia. Por el pecado de pensar, van desde el asesinato de 26 profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia en 1987, y hoy amenazan en panfletos con repetir la hazaña. Pasan por la abusiva imposición en la academia del pensamiento único en economía por nuestros obsequiosos conserjes del Consenso de Washington. Nostálgicos del laureanismo filofranquista lanzan desde el poder proyectos para matar la libertad de ideas y de cátedra en la escuela: prohibirían a los profesores “incitar” en el aula a la discusión política. Y, la tapa, convierten el Centro de Memoria Histórica en instrumento de fanáticos y victimarios para instaurar a mandobles una historia oficial. El nuevo director degrada a paria la entidad de prestigio mundial. Desanda el camino de la memoria de y para las víctimas a la memoria de y para los victimarios.
Atmósfera y políticas del Gobierno Duque, de su partido y su jefe, honran una pavorosa involución hacia la caverna, tributaria de su añorada guerra. Se ataca el pensamiento orientado a desentrañar raíces y pintar colores: a preguntar, descubrir, encarar, comparar y probar. Se marcha en pos del auto de fe, de la verdad revelada, de la idea única y la historia oficial impuesta (¿también por eliminación física, como enseña Millán Astray?). Mordaza y ostracismo contra los adversarios en ideas son recurso de tiranos que repugna a la democracia; pero renace de sus cenizas en cada valentón de barrio hecho a prevalecer por aplastamiento de todo el que no es estrecho amigo y por traición al que lo fue mientras le sirvió.
Explica la historiadora María Emma Wills que la verdad oficial se construye mediante la instauración de un discurso único acerca del pasado que magnifica los atributos de la nación, y desconoce las violencias y exclusiones promovidas por el Estado. Esta narrativa épica termina por colonizar todo el espacio público, gracias a los medios de vigilancia, persecución y castigo que aplica a quienes se sublevan contra ella. Además, protege a quienes ocupan la cúspide: inmunidad e impunidad los cobijan. Son propios del totalitarismo.
Teflón, le hemos llamado aquí: la verdad oficial devenida en coartada personal del Eterno. Pero ahora esa verdad trastabilla, averiada como queda tras las revelaciones de un escándalo catedralicio que compromete a presidente y expresidente, paras de por medio, en supuesto fraude para hacerse con el poder. Acaso no baste ya con aquella verdad para salvar el pellejo o con incitar a la muerte de todas las demás. Tendrá que derrotar verdades inesperadas, diamantinas.
por Cristina de la Torre | Feb 4, 2020 | Acuerdos de paz, Febrero 2020, La paz, Posconflicto, Proceso de paz, Uribismo
Últimos efectos de demostración: sabotaje a las curules de las víctimas y descalificación del proceso de paz por “semifallido”. Se ha reinstalado en Colombia la cepa del autoritarismo, a instancias de una fuerza conservadora y violenta que evoca a cada paso los tiempos de Laureano Gómez: la fuerza del uribismo. Para no mencionar su correlato natural, la predilección por el corporativismo, que arroja al presidente Duque en brazos de intereses particulares adueñados del poder para mandar en provecho propio. En política, la cosa se ha resuelto sobre todo como cruzada contra la paz; falazmente barnizada en rosadito-legalidad para la galería de afuera, riñe todos los días con los actos de gobierno. Hipocresía pura.
A los dispositivos de un Estado policivo y chuzador; a la fallida asonada del primer mandatario contra la JEP; al sistemático boicot del Acuerdo que nos redime de la guerra; a la masacre de líderes y reinsertados que se expande porque la Seguridad no apunta a sus determinadores, se suman ahora dos finas perlas: una, pretende impedir la representación directa de las víctimas en el Congreso, afincada en la Constitución y la ley. Como si le faltaran viandas, ofrece el presidente a la glotonería de los partidos tradicionales las 16 curules asignadas a la Colombia olvidada, mártir del conflicto.
Otra perla, la trampa de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez que, en ilusa profilaxis de su gestión antes de rendir cuentas, adjudica a la contraparte sus propios desaciertos: declara que el de la paz es un proceso “semifallido”, por incumplimiento de las Farc. La secundan, al punto, intrépidos alfiles del presidente eterno: el general Ruiz Barrera, de Acore, el locuaz Alfredo Rangel. Pero el país sabe de la perversa modorra, cuando no del sabotaje que preside la implementación de la paz en este Gobierno. Luce, sí, como una flor en el desierto, algún avance en reincorporación de desmovilizados a cargo del comisionado Archila. En boca de la titular de Gobierno, la observación desnaturaliza la paz. Y no faltará quien se sienta autorizado a redoblar la cacería de desmovilizados de la guerrilla más antigua del continente que, sin embargo, entregó las armas y se incorporó a la vida civil. Hecho de resonancia en el mundo, contra el cual parecen conspirar este Gobierno y los viudos de la guerra que lo rodean.
A la voz de revivir el acto legislativo que por mayoría de votos aprobó el Congreso en 2017 para entregar 16 curules en la Cámara a víctimas certificadas del conflicto en los territorios materia de reparación, antepone el presidente Duque un proyecto que se las arrebata. Por enésima vez en la historia de nuestra democracia de castas, seguirían aquellas comunidades excluidas, sin voz, sin voto, sin opción, a la buena de Dios y del destino trazado por los chupasangre de siempre. ¿Será ésta otra dádiva por gobernabilidad que el Presidente concede a la politiquería? ¿Acaso no recela la rabia que semejante atropello pueda sumarle a la protesta callejera? Tendría que vérselas también con El Consejo de Estado, a punto de resucitar las curules, no para pícaros de los partidos que pasarían por víctimas, sino para sus destinatarios originarios: las organizaciones sociales, étnicas y raizales.
La propuesta de Duque es inconstitucional y escamotea la paz. La diatriba de Gutiérrez, la desconceptúa. Brincarse las normas constitucionales que crean las curules de víctimas y ordenan implementar la paz es resucitar la arbitrariedad que signó el régimen de la Seguridad Democrática. Presidente y ministra parecen marchar hacia la meca soñada: hacer invivible la paz, para volver a hacer invivible la república.
por Cristina de la Torre | Ago 17, 2019 | Corrupción, Impunidad, Julio 2019
Me honra ceder hoy este espacio a la pluma de Isabel Cristina Zuleta, líder del Movimiento Ríos Vivos, conjunto de asociaciones de pescadores, mujeres, barequeros, agricultores y jóvenes de las comunidades afectadas por Hidroituango. Cristina de la Torre.
Insólito. Los ministerios de Ambiente y Minas, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), las autoridades de Hidroituango, entidades todas del Estado, se declararon inhibidas para adelantar un estudio independiente que definiera si la obra continuaba o no, por el riesgo que presenta para las comunidades y para el país. Por lo visto, el Estado autoriza megaproyectos que, en la eventualidad de una tragedia, no puede controlar. El abandono social y económico de la población del cañón del Cauca aumenta ahora y se proyecta también al territorio.
Por los daños y riesgos derivados de la construcción de la presa, en respuesta a denuncia penal ambiental interpuesta por las comunidades afectadas, articuladas en el Movimiento Ríos Vivos; y a denuncia por fraude procesal en cabeza de la propia ANLA contra Hidroituango y EPM, la justicia decretó medidas cautelares. Se creó una Mesa Técnica que encarara la incertidumbre que nos rodea, desde la cuna misma del proyecto y, en particular, desde abril de 2018, cuando estalló la crisis. Una mesa que le dijera al país si la presa se va a caer o no, y qué riesgo presenta para las comunidades. Aunque la ANLA suspendió la obra en junio del año pasado, EPM continuó con los trabajos. Y miente. Dice que su prioridad somos las comunidades, pero no evacúa las aguas represadas, una bomba de tiempo que nadie controla.
Pero las entidades allí sentadas temen asumir responsabilidades y se declaran en “imposibilidad técnica” de actuar. Mas no le faltó al ministerio audacia para darle licencia ambiental en tres meses; ni a los constructores para iniciar la obra sin estudios de detalle, sin plan de gestión del riesgo, sin estudio real sobre la población afectada. Olvidan intencionalmente que la emergencia no empezó con la orden del juez sino hace casi año y medio. EPM no cumplió su obligación de realizar audiencias públicas con las comunidades para que éstas conocieran los impactos potenciales antes de iniciar la obra. Salvo una, en Liborina, reducidísima, donde nada pasó.
ANLA sabía que EPM llenaría el embalse como fuera; sabía que cerrarían las compuertas y matarían miles de peces. Hoy no sabemos qué pasará si tiembla; si no sale el agua por el vertedero; si vuelve a destaparse el túnel colapsado; si el vertedero no aguanta; si las montañas no aguantan; si nosotros no aguantamos más; si las aves y los peces no vuelven; si nos seguimos enfermando, si la vida se sigue cayendo a pedazos.
Ante la falta de estudios serios sobre la viabilidad de la obra y la acumulación de graves errores técnicos que ponen en riesgo a cientos de miles de personas y con grave afectación del ambiente, las comunidades llegamos a una conclusión: Hidroituango debe ser desmantelada en forma controlada, pues el riesgo no desaparecerá.
Más allá de los procesos judiciales, los líderes corremos alto riesgo. Al último ataque a nuestra sede, el Estado no responde, la Policía no va. Nos acusan de oponernos al desarrollo. Pero desarrollo no puede haber en el hambre, la violencia y la destrucción generada por este megaproyecto. En Colombia están matando a los que proponemos un país distinto. Pretenden asesinar el pensamiento democrático. Y los líderes sociales somos denuncia, convocatoria, ideas para la construcción colectiva, lucha contra la desigualdad y la injusticia. Lucha contra el falso desarrollo de obras como esta de Hidroituango, construida contra el hombre y contra la naturaleza. El rio Cauca tiene derecho a correr libremente.
*@IZAZULETA, @RiosLibresAnt, riosvivoscolombia.org
