por Cristina de la Torre | Ago 20, 2018 | Agosto 2018, Conflicto armado, Conflicto interno, Izquierda, Modelo Económico en Colombia, Partidos, Régimen político, Uribismo
Sí, vuelve la caverna con todos sus fierros al poder: con la estrategia bifronte de extremar la desigualdad en este país de pobres y excluídos y, por otro lado, apretar con mano de hierro la protesta social que de allí derive. Riesgo a la vista cuando ocho millones de colombianos repudiaron las miasmas de la politiquería y recelan del curubito empresarial. Símbolo ominoso de las componendas que sellaron alianzas en la cumbre cuandoquiera que el monolito del poder se vio amenazado, tres expresidentes -dos aparecidos y otro subjudice- dizque saltaron de la polarización a la reconciliación. Fue, sin duda, pacto de yo-con-yo para repartirse la torta que un incauto administra. Del Frente Nacional rescatarán las políticas de seguridad y orden público que atribuían al pueblo el carácter de enemigo interno. Y, en economía, coronarán el ponqué neoliberal que desde Gaviria todos ellos amasan, con la roja cereza de una reforma que eliminará casi el último tributo que pesaba sobre los ricos, y cargará contra las clases trabajadoras.
Reforma regresiva montada desde hace 30 años sobre la conveniente falacia de que regalarles impuestos a las empresas (¡a sus dueños!) dispara el empleo, esta vez podrá estancar el crecimiento y dejar al Estado con recursos franciscanos para educación y salud. Lo que eleva la productividad y el empleo, demostrado está, es la innovación que nuestros flamantes empresarios no abocan. Sostiene Fabio Arias (Las2orillas) que en cinco años los empresarios dejaron de pagar $46 billones por parafiscales, concesión del Gobierno en 2012. Por exenciones sobre patrimonio y renta de los últimos años, se habrían ganado $6 billones adicionales, a los que sumarán otro tanto por la reforma tributaria de Carrasquilla-Uribe-Duque. Pero la informalidad laboral sigue en 64% y el desempleo aun ronda el 10%.
No se sorprendan, pues, si la gente se toma las calles. Ni pretenda el ministro Botero, de Defensa, imponer la protesta asexuada de sus sueños, aconductada por el mazo con el que cree destripar la lucha de clases. El de protesta pacífica es derecho inherente a la democracia, no es subversión ni revuelta ni crimen. Sin él, no hubieran conquistado las mujeres su derecho al voto, ni los trabajadores el suyo a jornada laboral de ocho horas, ni los campesinos despojados podrían recuperar sus tierras.
Mas, mucho indica que la derecha montaraz de vuelta al poder acaricia la impronta contrainsurgente que marcó las políticas de seguridad y orden público en el último siglo. Bajo la capa anticomunista (del conservatismo y la Iglesia primero y, luego, de la Guerra Fría) se estigmatizó, persiguió o asesinó al que protestara o discrepara. Todo librepensador resultó sospechoso de profesar el bolchevismo en la República Conservadora, el comunismo en el Frente Nacional, el terrorismo vistiendo de civil en el Gobierno de la Seguridad Democrática, el castrochavismo como enseña de pánico para la retoma del poder. Al trato de insurgente que recibió el ciudadano inerme contribuyeron las guerrillas. Su táctica de lucha legal e ilegal redundó en el sacrificio de muchos demócratas que nunca dispararon. Y le dio a la derecha argumentos para violentar a la izquierda legal y al movimiento social, pretextando lucha antisubversiva.
No se visualiza la desaparición de tal legado: el ministro Botero evoca ahora símbolos de aquella tradición. Y el CD acaba de presentar proyecto de ley que niega acceso de la JEP y de la Comisión de la Verdad a información reservada sobre las vicisitudes del conflicto armado, con el argumento de que algunos de sus magistrados son “de tendencia de izquierda». Secta de extrema derecha en lo político y en lo económico, el partido de Gobierno rinde otra vez tributo a su lema: mano dura y corazón de piedra.
por Cristina de la Torre | Jul 24, 2018 | Derecha, Julio 2018, Modelo Económico, Partidos, Política económica, Uribismo
En la ficción de que por un lado va el técnico y por otro va el político, muchos celebran en el nuevo gabinete el predominio de especialistas experimentados supuestamente ajenos a la mano maloliente de los partidos. Pero tal vez se engañan. Por dos razones. Primero, porque ejecutar un programa de Gobierno es hacer política. Dar vida a la propuesta que triunfó en elecciones. Ejercer el poder. ¿O es que no hace política –de extrema derecha– un Carrasquilla que emplea la aséptica matemática para elevar a 16 salarios anuales la retribución de los altos funcionarios del Estado, mientras reduce de 14 a 13 las mesadas de los pensionados, pobres en su mayoría? Segunda razón: porque un gabinete integrado casi en exclusiva por emisarios del gran capital organizado en asociaciones gremiales emula la fórmula política del corporativismo fascista. En gobierno de tal naturaleza, no expresan los gremios objetivos generales de la sociedad sino intereses particulares que suplantan el fin del bien común propio del Estado democrático.
En Colombia, son intereses de vertiente común con el programa económico del entonces candidato uribista, ahora vertidos en propuesta del Consejo Gremial Nacional al Presidente Duque, denominada Reactivación Económica 2018–2022. Intereses encarnados, para rematar, en ministros que proceden de Fenalco, Andi, Asobancaria, Anif, Fenavi, Asomóvil, Asocolflores, Asograsas… Y todo ello signado por la elocuente aglomeración de empresarios en el proceso de empalme entre gobiernos. Tantas coincidencias sugieren preguntas incómodas: ¿cooptará el Gobierno de Duque a los gremios?; ¿estos lo suplantarán?, o bien ¿serán gremios y Gobierno una y misma cosa?
Acaso por la costumbre ancestral de prevalecer si émulos, el documento de marras respira la convicción de que el desarrollo del país solo depende de los empresarios; y, por lo tanto, del apoyo que el Estado les brinde para competir sin cortapisas, ojalá sin impuestos a los ricos o con muy pocos. Aspira el CGN a que el nuevo Gobierno acoja su grosera escalada de ventajismos como insumo para el Plan de Desarrollo. El Estado, dice el documento, debe “intervenir para garantizar la competencia, evitando interferir y obstaculizar el desarrollo de los negocios”.
Propone reducir impuestos a las empresas y compensar el faltante aumentando el número de contribuyentes, con todos los que reciban desde 2,5 salarios mínimos. Y suprimir los impuestos parafiscales. Pero nada dice de gravar dividendos, fuente sustanciosa de grandes fortunas que no pagan este impuesto. Mantener los contratos de seguridad jurídica, creados por Carrasquilla en el Gobierno de Uribe para favorecer sin pudor a grandes firmas. En simultánea, pide mantener la flexibilidad laboral y su tercerización, mecanismos que degradaron el ingreso de los trabajadores.
Sobre el campo, el discurso consagrado para mantener el estado de cosas y las iniciativas de modernización solo en favor de los poderosos: demanda reglas claras sobre extinción de dominio por inexplotación o por causas ambientales, pues teme que “dichos mecanismos se utilicen de forma arbitraria para alimentar el Fondo de Tierras […] en desmedro de la propiedad privada…”. También le parece que la rigidez comercial de la Unidad Agrícola Familiar le impide a la agroindustria desarrollar economías de escala. Pero nada dice del latifundio improductivo, ni de la ganadería extensiva.
Si esta propuesta parece puntualización del modelo económico que Duque ofreció como candidato, si una señal abrumadora de que podría compartirlo es la designación de un gabinete dominado por la impronta de los gremios económicos, ¿se estaría coqueteando con el corporativismo de derechas que quiso Laureano Gómez implantar en 1952?
por Cristina de la Torre | Jul 15, 2018 | Izquierda, Julio 2018, Modelo Económico, Modelo Político, Movimiento social, Partidos, Política agraria, Política económica, Uribismo
Taca burro la cofradía neoliberal. Su socorrida reducción de toda idea divergente a comunismo comeniños resulta contraevidente y no cumple sino función de propaganda. Con López Obrador en México y el sorpresivo despertar del centroizquierda en Colombia, la nueva izquierda de la región termina por depurarse, sin muchas reservas, en alternativa socialdemocrática. A distancia sideral de las dictaduras sanguinarias de Venezuela y Nicaragua. Y del modelo económico que el presidente electo, Iván Duque, ofreció en campaña por medio de su hoy ministro Carrasquilla, conspicuo ejecutor del modelo que ahonda las desigualdades, en el segundo país más desigual del continente.
El llamado de Duque a la unidad nacional por la prosperidad de todos parece contraerse a la sola prosperidad de los gremios económicos que recibirán nuevas gabelas sin contraprestación y la mitad de los ministerios en el gabinete ¿Será este el Gobierno de la plutocracia encabezado por un titular de Hacienda que considera el salario mínimo “ridículamente alto”? Modelo apolillado, cruel, que el mismísimo Banco Mundial acaba de cuestionar, mientras algún portavoz de nuestra élite abreva en la misma acequia: para escándalo de más de un gurú del Consenso de Washington, Miguel Gómez Martínez propone volver a los planes de desarrollo y a la planeación económica (Portafolio 4/7/18).
El discurso de AMLO respira aires de la Cepal de Prebisch y Frei y Carlos Lleras. Ni Stalin ni Castro ni Maduro. Anuncia el mexicano cambios profundos de beneficio prioritario a los más pobres pero dentro de la legalidad, respetando la propiedad privada y las libertades de asociación y empresa. Con disciplina financiera y fiscal (como lo hizo mientras fue alcalde de la capital). En busca de mayor igualdad, aumentarán la inversión del Estado en política social y su iniciativa empresarial para crear empleo. En Colombia, centro y petrismo convergieron en pacto reformista cuyo decálogo, de izquierda democrática, se firmó en mármol.
Tendrán ellos que huirle a la tentación populista, inflacionaria, de emitir dinero para financiar la política pública; volver al desarrollo y a la planeación concertada con el sector privado; y, en la lucha contra la pobreza, reemplazar subsidios por empleo. Reindustrializar; regular mercados; y redistribuir en serio, ajustando el salario mínimo y cobrando más impuestos a los que más tienen. El Banco Mundial se alinea ahora con el modelo de agricultura familiar, clama por devolverle al Estado sus funciones sociales y habla de política industrial.
No así Jorge Humberto Botero, vocero de los gremios y exministro de Comercio del uribato. En Semana en vivo declaró: “Yo nunca creí en las políticas industriales […] creo que el Gobierno hizo bien en [abandonarlas]”. Y agregó que él bajaría aranceles y expondría los sectores productivos a la lucha fría de la competencia internacional. En otra orilla, parece Miguel Gómez lamentar que, a instancias del neoliberalismo, desmontara César Gaviria muchos instrumentos de intervención del Estado en la economía, y clausurara la idea del modelo de desarrollo. Que, con la internacionalización de la economía, ya no se hablara de desarrollo sino de mercado.
Carrasquilla fue mentor estrella del modelo neoliberal. Viene de favorecer gratuitamente a los grandes capitales y de golpear los ingresos de las clases trabajadoras. De arrojar la economía al garete de los mercados, con graves consecuencias para las mayorías indefensas. No hay por ahora indicios de que el Gobierno en ciernes marque un rumbo distinto.
Con el desarme de las Farc y la galvanización del reformismo democrático como fuerza equiparable a su antípoda encallada en el pasado, podrá decirse que en Colombia el comunismo es un fantasma. Pero no lo es el engendro neoliberal.
por Cristina de la Torre | Jul 9, 2018 | Impunidad, Julio 2018, Posconflicto, Proceso de paz, Uribismo
En exabrupto que ofendió al país, la cúpula del Centro Democrático descalificó la velatón que decenas de miles de colombianos protagonizaron para exigir el fin de la matanza de líderes sociales: 311 en los dos últimos años, 10 en los cuatro primeros días de este julio. Tras largo silencio que algún gatillero pudo tener por venia, abrió aquel por fin su boca. Mas no para tender una mano de consuelo a las víctimas, ni para examinar cuántos muertos produce la violencia en el lenguaje, ni cuántos arrojaría la reanudación de la guerra –proyecto que ese partido edifica con esmero. El senador Uribe declaró, indignado, que “la paz de Santos incendió al país”.
Lo que viene pierna arriba es última edición de nuestras miserias: no bien se amplía aquí el espacio de la democracia, hoy gracias al desarme de las Farc, caen con sus fierros los guardianes de la empalizada que la aprisiona. Se trata ahora de extirpar el embrión de nuevos espacios de participación política que el Acuerdo de Paz abrió: programas de desarrollo con enfoque territorial, curules transitorias para las víctimas de esas zonas olvidadas (ya enterradas por la prematura mayoría de derechas en el Congreso). Todo ello apuntaría a desatar dinámicas de integración del territorio y de democracia en las localidades más apartadas. Dinámicas que los autores intelectuales de la matanza querrán frenar en el huevo.
Matar a un líder en zonas huérfanas de Estado es quitarle su articulador y vocero a la comunidad, apalear sus organizaciones, provocar nuevos ciclos de desplazamiento; reinstalar el miedo a la masacre, no ya colectiva, sino graneada. Muerto el líder, desaparece la acción colectiva por el cambio que aquel promovía. Entre los que disparan, parece especialmente envalentonado el renacido paramilitarismo, que lee jubiloso el resultado de las elecciones como derrota del proceso de paz. Y va por lo suyo. Por líderes de derechos humanos, de restitución de tierras, y por miembros de organizaciones de base social como la Acción Comunal. La mitad de los asesinados pertenecía e esas Juntas y muchos de ellos preparaban candidatura para las elecciones del año entrante. Veinte de las víctimas eran activistas de Colombia Humana; la de este domingo, profesor Darío Rincón, asesinado en Pitalito. Crímenes de abierta intención partidista que evocan la espantosa aniquilación de la UP.
Pero también otros acuden al festín: Clan del Golfo, ELN, disidencia de las Farc se disputan corredores del narcotráfico y se sacuden a bala a críticos de economías ilegales o depredadoras. Y el Gobierno de Santos ahí. Impertérrito. Presenciando indolente la ocupación de las viejas zonas de las Farc por toda la criminalidad armada, mientras el ministro Villegas reduce la tragedia a líos de faldas.
No hay aquí plan de exterminio ideado por una sola cabeza. Son fuerzas que matan porque interpretan el silencio del partido de sus afectos como autorización para disparar. El ejecutor no es el mismo, pero sí es sistemático el perfil de las víctimas: reclamantes de tierras, defensores de derechos humanos y de la paz, cuadros con aspiraciones políticas. Ya les habían embolatado las 17 curules a las víctimas de esos territorios. Ahora les quitan la vida para que no puedan participar en sus escenarios naturales de acción política. Y la senadora Guerra del CD grita anatema contra la protesta social en las calles.
Hace 32 años escribía María Teresa Uribe que habíamos construido en Colombia una cultura de la violencia y “una resistencia casi delirante a los cambios y las reformas, por tímidos que sean [Le tenemos] horror al cambio, a la democracia, a la participación popular, a la paz”. Ahora estas pulsiones se contraen al flanco armado de la caverna. Y Colombia le grita ¡ni un muerto más!
por Cristina de la Torre | Jun 25, 2018 | Acuerdos de paz, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Derecha, Elecciones 2018, Impunidad, Izquierda, Junio 2018, Justicia, Modelo Político, Proceso de paz, Régimen político, Uribismo
Guerra civil en el siglo XIX, violencia liberal-conservadora, guerrilla comunista: fantasmas del pasado que moldearon la idea de oposición como amenaza contra la patria y la civilización cristiana occidental. Versión heroica sobre los demonios que la jerarquía católica y la ultraderecha ayudaron a crear, cuando arrojaban la oposición al ostracismo. Tal percepción campeó aun cuando la oposición pudo ser corolario civilizado del gobierno en períodos democráticos, y no lo fue. Experiencia al canto, la ciega beligerancia –desleal, obstruccionista– que el Centro Democrático desplegó desde su orilla contra el mandatario que alcanzaba la paz, mientras ignoraba aquel partido el reclamo de la sociedad por cinco mil “falsos positivos” habidos en su Gobierno. Claro que la oposición puede abusar de las prerrogativas que la democracia le brinda. Mas no impunemente. Parte sustancial de la variopinta votación de Petro sufragó por hastío con la intemperancia de la oposición uribista, con el irrespeto de su jefe a las instituciones, con el protagonismo del sicario de los 300 muertos como ululante opositor del CD, sin que ese partido dijera mu.
Con el viraje político registrado en estas elecciones, la depuración ideológica de las propuestas en liza y la entronización del estatuto de oposición este 20 de julio, un nuevo capítulo se abre en la política colombiana. Y no apenas por las garantías que aquella normativa ofrece a la oposición, sino porque el presidente electo, Iván Duque, trazó la pauta medular antes de asumir en propiedad. Le ordenó a su mayoría en el Congreso bloquear la reglamentación de la JEP, pieza angular de la paz. Su jefe, el senador Uribe, escaló la avanzada mediante instrucciones a Paloma Valencia para lograr sus objetivos cantados: prisión para los jefes de la Farc antes de hacer política, y crear dos instancias independientes de la justicia transicional encargadas de procesar a uniformados y a particulares responsables de delitos en el conflicto. En suma, crear las condiciones necesarias para volver a la guerra. Amenaza, esa sí, capaz de unificar la oposición de nueve millones de colombianos que se jugaron en las urnas por la paz y a los muchos que votaron por Duque creyéndolo inofensivo componedor del Acuerdo con las Farc.
Manes del binomio gobierno-oposición, dos caras de la democracia, que da tantas garantías al Gobierno para ventilar sus ideas y convertirlas en políticas, como a la oposición para defender las suyas, controlar al poder y erigirse en alternativa de cambio. Cobran aquí vigencia renovada los postulados de Virgilio Barco, genuino liberal, en vísperas de asumir la Presidencia: No le basta a la democracia con el voto, escribe; es de suyo también la existencia de un gobierno con una oposición que lo fiscaliza, serena, civilizadamente. “En una democracia, los derrotados en elecciones pierden el derecho a administrar el país; pero no el de expresar a través de sus voceros su inconformidad […]. Más que a los críticos le temo la ausencia de fiscalización. [Para mi Gobierno] pido una constante vigilancia política desde las Cámaras, desde los medios de comunicación y desde todos los foros donde se expresan libremente los colombianos”. (La oposición política, Patricia Pinzón de Lewin).
El tic frentenacionalista de la unidad idílica entre todos para salvar la patria es antidemocrático. Democracia no es falso consenso que disuelve el pluralismo en uniformidad, en ficción de concordia. Democracia es disenso, conflicto tramitado por la vía de las instituciones. Lo que no impide compartir ideales y proyectos que trascienden quereres particulares. Como el ideal de la paz y las reformas que le dan figura corporal.
Coda. ¡Divina la selección Colombia! Va para ella una lagrimita de emoción…
