por Cristina de la Torre | Ene 15, 2019 | Clientelismo, Corrupción, Derecha, Enero 2019, Iván Duque, Modelo Económico, Modelo Político, Uribismo
Perdió Duque el cuarto de hora en que podía todavía jugar con ambigüedades entre las palabras y los actos de Gobierno. Con su tácito respaldo a auxilios parlamentarios tamaño catedral; con decretos que favorecen el renacimiento oficial del paramilitarismo; con la revitalización financiera de Fedegán, gremio al uso de la élite más oscura y violenta, remacha el presidente el rumbo que enmascaraba pudorosamente, para devolver a Colombia de cabeza al socavón. Así acotado el espíritu de su mandato, al pacto nacional de enero 28 responderán los conmilitones naturales de la derecha: la clase parlamentaria, previa garantía de que podrá embolsillarse la quinta parte del presupuesto de inversión. Difícil seducir con semejante pastel a las fuerzas alternativas. A medio país que aspira al cambio con propuestas distintas o contrarias al militarismo y la inequidad y que completa el cuadro de la diversidad. El llamado de Duque a disolver distinciones entre izquierda y derecha –como si de un artificio diabólico se tratara– apunta a subsumir la oposición en el hegemón retardatario de su proyecto. A negar el pluralismo y el conflicto tramitado pacíficamente. A negar la democracia.
Para asegurar gobernabilidad, agiganta el partido de gobierno los añosos auxilios parlamentarios –ahora 20% del presupuesto nacional de inversión– y los eleva a norma constitucional. A su lado, la vieja mermelada dispensada para obras locales de los parlamentarios resulta una chichigua deleznable. Si corrupción y delitos de toda laya florecieron siempre al calor de estas partidas presupuestales, aquellos crecerán ahora en la proporción billonaria del soborno. Aquí, ¿quién la hace y quién la paga: sólo quien se manduquea los recursos, o también el mandatario que se hizo el desentendido?
Si empacha de mermelada a la clase política, no olvida a quienes añoran los ríos de sangre que con el acuerdo de paz devinieron riachuelo. Y expide decreto que “flexibiliza” las condiciones para adquirir y usar armas, dizque allí donde la gente corra peligro y deba defenderse. Sardónico eufemismo para nombrar el renacimiento de las temibles Convivir. La norma –promovida por el Centro Democrático, el Partido Conservador y la nueva cúpula militar, según Semana– entrega a la inquietante persona del ministro de Defensa la potestad de decidir a quién armar. Y a las guarniciones militares que no ha mucho cohonestaron los 10.000 falsos positivos. Así feria el Gobierno su monopolio del uso de la fuerza, principio fundacional del Estado de derecho, y delega en particulares la seguridad ciudadana.
Para rematar, le devuelve Duque a Fedegán el manejo de $93.000 millones anuales de recursos públicos, mediante contrato a 10 años cedido a José Félix Lafaurie, presidente de la agremiación, cuando corría licitación pública obligatoria para asignar la partida. Y mientras el dirigente de marras seguía sin explicar manejos irregulares a raíz de los cuales había perdido el control sobre esos recursos. Sustanciosa gabela que se suma a los 10 años de gracia por impuestos que el Gobierno le concede, entre otros privilegiados del campo, al latifundio ganadero. Porque sí. Por razón del inmenso poder que ostenta y defiende empleando todas las formas de lucha. Recuerda el investigador Alejandro Reyes que en tiempos de la reforma agraria de Carlos Lleras nueve clanes familiares poseían en Sucre 360.000 hectáreas, el 40% de la tierra del departamento. Su dominio se ha extendido a la política, al control social y al usufructo privado del erario.
El poder terrateniente y su desproporcionada representación parlamentaria han vuelto al mando. Y a la vera del camino, los ejércitos de civiles que aportaron su cuota macabra al desangre de Colombia. Y Duque ahí: solícito garante de la ultraderecha.
por Cristina de la Torre | Nov 20, 2018 | Clientelismo, Corrupción, Iván Duque, Modelo Económico en Colombia, Noviembre 2018, Uribismo
No. Es claro que el presidente Duque agencia un proyecto: el proyecto de derechas de Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático, que lo llevó al poder. Que su Gobierno aparezca errático, contradictorio, obedece a la confusión que el propio mandatario ha creado. Por querer proyectar una imagen de bonhomía, contraria a la del protomacho desafiante de su mentor, Duque barniza con suave palabrería la contundencia de los hechos. Por más cabecitas y vallenatos que interprete, ahí están su reforma tributaria, monumento a la inequidad; el naufragio de los proyectos anticorrupción; atropellos de su partido contra la justicia transicional, contra la ley de restitución de tierras y las curules para las víctimas; la agonía por abandono de las leyes de catastro y reforma rural. Está la inaudita defensa presidencial del negocio del agua de su ministro Carrasquilla y la del fiscal que enmudeció ante posibles coimas en el caso Odebrecht. Y la mar de colombianos que protestan en las calles. Si todo ello abreva en el modelo de la economía para el gran capital, en política no podía faltar el recurso a los consejos comunales, fuente fecunda de poder entresacado de la premodernidad. El uribismo en marcha. A cien días de Gobierno, la imagen del Presidente no podía sino desplomarse al 27,2%.
Es que la gente toma nota. Pese a su alharaca contra la mermelada y la vieja política, ha activado el buenazo de Duque dos fuentes suculentas de mermelada: la reforma tributaria, y los auxilios parlamentarios. Cupos para los congresistas, esta vez por la quinta parte del presupuesto nacional de inversión: 220 billones. Una cosa es la legítima gestión de necesidades regionales que los parlamentarios representan y, muy otra, la privatización de los recursos públicos en manos de la clase política, por demás venal.
De otro lado, gruesa tajada de los 14 billones que el Gobierno dice necesitar vía impuestos lubricará clientelas, aparato electoral propio en cada municipio donde presida Duque un consejo comunal. Entre otras, por esta razón se habría disparado el plan de gastos del Gobierno, sin el necesario respaldo financiero. Denuesta el presidente el Estado derrochón, pero su presupuesto redistribuye las partidas reservándose la más apetitosa para sus untaditas de pueblo cada semana.
Herencia del caudillismo atávico que en Colombia Uribe reeditó, estos consejos son escenario dispuesto para el protagonismo del presidente convertido en tramitador de mil ruegos de parroquia, por encima del plan de desarrollo local. Su público, auditorios expectantes integrados por personas seleccionadas y aleccionadas de antemano. Con Uribe, la comedia culminaba en la entrega de chequecitos que parecían sacados del bolsillo del Benefactor, pero respondían, rigurosamente, a partidas presupuestales ya definidas y negociadas con la clase política. Con Duque, serán partidas sacadas de la mermelada que su Gobierno destine a consejos comunales, mientras los parlamentarios miran para otro lado: el de su propia mermelada. Todo queda en familia.
En provincia hace Duque microgerencia y demagogia; en Bogotá el ministro de Hacienda –el mismo de Uribe– hace lo suyo: exprimir a los más necesitados en favor de potentados que recibirán exenciones billonarias para que generen 50 empleos, y financiar el clientelismo presidencial. No será con esta reforma tributaria ni desdeñando al movimiento estudiantil como podrá Duque alcanzar su inverosímil meta de equidad. Aun si lo quisiera, tampoco podría. Baste con leer el texto de Uribe sobre los cien días del presidente en El Espectador: respira tono de rendición de cuentas y proyecciones de Gobierno exclusivas de un mandatario en ejercicio. El proyecto de Duque es el de Uribe. Y no apenas por afinidad ideológica, sino por suplantación del Presidente.
por Cristina de la Torre | Oct 16, 2018 | Conflicto armado, Derecha, Educación, Movimiento social, Octubre 2018, Uribismo
Se desconcierta la caverna. Primero, sin el señuelo de las Farc, el acariciado enemigo de décadas que le permitió a nuestra derecha prevalecer erigiéndose en antagonista del terrorismo, sufre ésta un duro revés. Y ahora se le insubordina la sociedad largamente embozalada, maniatada en el país que pasaba por meca del conservadurismo en el continente. En cosa de meses, el centro-izquierda arañó las puertas de la Presidencia; casi doce millones de colombianos le plantaron cara a la corrupción, fortín del poder tradicional; un millón de muchachos y profesores y rectores y padres de familia se tomó calles y plazas en defensa de la universidad pública, abandonada a la muerte por inanición. Entonces la facción más oscura de la elite acude a su expediente de siempre: a la guerra.
El predecible senador Uribe insta a propiciar una intervención militar doméstica (léase golpe de Estado) en Venezuela, con apoyo de la comunidad internacional (léase Estados Unidos). Pero, antes que avalar pronunciamiento de militares venezolanos contra el dictador Maduro para imponer en su lugar el dictador que la CIA diga, Trump tomará el camino preferido de la primera democracia del mundo: la invasión militar sangrienta. Desde su patio trasero, Colombia, en perfecta posición geoestratégica entre el Caribe y Suramérica, y con nueve bases militares gringas que desde Uribe se asientan en su territorio. Si no, no se entendería el afrentoso entusiasmo de Francisco Santos con el proyecto de armarnos para la ofensiva con aviones de guerra y para la defensa con misiles antiaéreos. Todo comprado a precio de oro a la industria bélica del gringo del peluquín naranja. Modesto aporte que a Colombia le costará un ojo de la cara para que el bufón de marras pueda ganar las elecciones en noviembre y apoderarse del petróleo de Venezuela. Como en Irak. “Colombia tiene que prepararse”, declaró nuestro embajador en Washington, fungiendo sin ruborizarse como vocero del imperio. De “ellos”, los gringos, a quienes tributa ciega sumisión y cuya manera de pensar dice compartir.
Y el presidente Duque, con su aflautada vocecita monocorde, dirá que no es belicista, pero hará todo lo contrario. Fue nuestro Canciller el único de toda la América Latina en negarse a firmar la declaración de Lima, que fustigaba al dictador Maduro pero también toda pretensión de intervenir en su país por la fuerza. Su embajador en EE UU repite sin cesar que no puede descartarse una salida armada contra el país hermano. Su ministro de Defensa, Guillermo Botero, clama por aumentar el pie de fuerza, para lo cual le viene como maná del cielo el pretexto de los cultivos ilícitos. Y el de Hacienda velará por preservar el ajuste de $3,6 billones para la cartera de guerra.
Pasaremos, pues, de un salto, de la guerra contrainsurgente –con sus ocho millones de víctimas y su medio millón de muertos y desaparecidos– a una guerra internacional librada desde territorio colombiano. En ella, será Colombia la que ponga los muertos, los de siempre: los muchachos más humildes, los acosados por la vida y por la muerte. Muerte por mina quiebrapata, muerte por emboscada, muerte por falso positivo. Después, en fugaz farsa de consolación, los llamarán héroes. De destrucción de la infraestructura del país, ni hablar. Ni hablar del dineral que esta guerra infame le arrancará al desarrollo y a la inversión social.
Nada tan conveniente como la guerra para contener la movilización de la sociedad y preservar la hegemonía en el poder. Mas, por simple coherencia, ¿no deberían entonces los promotores de la contienda ser los primeros en enviar a sus hijos al frente de batalla? ¿No deberían contribuir a financiarla con su patrimonio personal? No más el divertimento de precipitar guerras para que sean otros los que sirvan de carne de cañón.
por Cristina de la Torre | Oct 9, 2018 | Derecha, Iván Duque, Octubre 2018, Política agraria, Reforma Agraria, Tierras, Uribismo
Entre 2002 y 2010 el uribismo hizo la guerra y montó, a su amparo, un régimen arbitrario, de la estirpe del de Chávez y Fujimori. Hoy vuelve al poder para dinamitar los pilares de la paz: la Reforma Rural Integral y la Justicia Especial de Paz. Mientras el presidente cocina sudoroso proyectos que aterricen sus propuestas y en función de halagar a todos en la derecha, su partido ocupa el escenario, lleva la voz cantante y termina por escoger la carne del sancocho. Que del recado se ocuparán los técnicos del gabinete. Unos conciben las políticas –el presidente eterno, el empresariado glotón, el latifundismo, las fuerzas más retardatarias y violentas que lo siguen–; otros, políticos vergonzantes que pasan por expertos incontaminados, las convertirán en hechos tangibles. En marchitamiento de la restitución de tierras: de baldíos robados a la nación o adquiridos dolosamente; de predios usurpados o comprados a huevo bajo amenaza y readquiridos casi siempre por propietarios de mala fe. En boicot al fondo de tierras con destino al campesino que las requiere; o al catastro multipropósito, por ser éste medio de modernización del campo y de reforma agraria sin alharacas. Por razones de espacio, aquí aludimos sólo al cerco contra la reforma rural. Otra vez será sobre la asonada de la derecha para debilitar la JEP, deslegitimarla y obstruir su funcionamiento. Para destruirla.
Cursa en el congreso proyecto de María Fernanda Cabal que hiere de muerte la restitución de tierras y legaliza el despojo. Porque revierte la carga de la prueba contra el reclamante de su predio. Si la ley de 2011 obliga al ocupante a demostrar que lo ocupó o lo compró de buena fe, ahora será la víctima quien deba demostrar el despojo. Y el presidente no dice mu. Antes bien, entrega las entidades líderes de la reforma rural a sus más enconados detractores; y a beligerantes enemigos del Acuerdo de Paz, cuyo punto nodal es este de la reforma en el campo. Andrés Castro, exsecretario general de Fedepalma será ahora director de la Unidad de Restitución de Tierras; y Myriam Martínez, también del gremio, lo será de la Agencia Nacional de Tierras. Claudia Ortiz asumirá la dirección de la Agencia de Desarrollo Rural. Adversaria radical de los programas que deberá desarrollar, ¿violentará sus convicciones, o bien, encabezará el sabotaje de la reforma rural desde la cumbre?
Investigadores de la UN han identificado –hasta ahora– 368.000 hectáreas de baldíos adquiridos irregularmente por particulares. Tierras con destino a beneficiarios de reforma agraria, serán el núcleo del Fondo de Tierras previsto en la reforma rural. Mas, mediante argucias jurídicas, se ha trocado a estos baldíos en fuente adicional de concentración de tierra, la segunda mayor del mundo. Así adquirió la firma Mónica Colombia 12.238 hectáreas en Puerto Gaitán. ¿Qué dirá el Gobierno? ¿Qué hará?
Y a la voz de catastro multipropósito, ¿seguirá haciéndose el desentendido? Probablemente. Es que un catastro actualizado en el campo lo dirá todo sobre propiedad, uso y vocación económica de la tierra. Permitirá planificar el desarrollo en los territorios. Y tasar a derechas el impuesto predial, fuente principal de las finanzas en el municipio. Pero nuestros terratenientes llevan siglos impidiendo, fusil en mano, la conversión de sus heredades especulativas en inversión productiva. Bueno, el catastro obligaría a declarar el valor real de la tierra y a pagar impuestos en su debida proporción. O ponerla a producir. O venderla. Pero no más aquello de avalúo enano y precio comercial astronómico.
Por razonable que parezca la reforma rural si de asegurar la paz se trata, no será su artífice el uribato que interpreta su segundo acto en el poder. Queda el cambio en manos de la gente.
por Cristina de la Torre | Sep 2, 2018 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Conflicto armado, Corrupción, Impunidad, Iván Duque, La paz, Posconflicto, Septiembre 2018, Uribismo
Cuando a sólo tres semanas de gobierno se le escurre la opinión entre los dedos, en el imperativo de empezar por fin a ejercer para prevenir un hundimiento prematuro, el presidente Duque calibra fidelidades y rupturas con el hombre que lo elevó al poder. Y nada entre dos aguas. Entre la cooptación del resonante mandato anticorrupción que Uribe quiso boicotear, e inesperadas concesiones a la paz, por un lado; y por el otro, reeditar la política fiscal que el expresidente había aplicado fríamente mediante el mismo Carrasquilla: bajar más impuestos al capital y subírselos al trabajo.
Una seguidilla de retractaciones y reveces políticos de Uribe y, sobre todo, la inminencia de un juicio penal contra el caudillo que así desnuda sus flaquezas perjudican al pupilo. La desilusión con el superhombre que desdice de su renuncia al Senado, de la recusación a sus jueces, de su originario aval a la consulta contra la corrupción; que se hace derrotar en ella y en la elección del contralor, se proyecta sobre su protegido. Pero Duque parece revertir el daño en causa propia, convirtiéndose en líder de un pacto contra la corrupción –de hondas repercusiones, si prospera- que reúne en Palacio el abanico entero de la política, desde Timochenko hasta Paloma. En tácita refrendación del Acuerdo de Paz, le da el Presidente al exguerrillero bienvenida a la democracia y éste agradece la mano tendida a la reconciliación. Quién dijo miedo. Un alud de trinos se precipitó desde el uribismo contra Duque por sentarse a manteles con el “criminal”.
Mas el Presidente había ya moderado sus “ajustes” al Acuerdo de Paz, hasta volverlos inocuos para las Farc y efectivos sólo a futuros, para el ELN. Las propuestas no alteran la esencia de lo acordado. Que el narcotráfico no será amnistiable; que, de delinquir tras la firma del Acuerdo se perderán los beneficios, son letra escrita en él. Así como la de velar por la integración de la guerrillerada a la vida civil. En un futuro, no podrá elegirse para corporaciones públicas a responsables de delitos de lesa humanidad. Sobre la suerte de los hoy elegidos de las Farc decidirá la JEP, al tenor de lo acordado en La Habana y refrendado por el Congreso y la Corte Constitucional. Como prescribe la ley, la erradicación de cultivos ilícitos será forzosa, aunque este Gobierno respetará los acuerdos de erradicación voluntaria. Anatema. En el CD se secreta babaza.
Y lenguas de fuego para quemar la carta del Presidente a las Naciones Unidas en la que les pide extender un año más el trabajo de su Misión de Verificación de los Acuerdos con las Farc. Agradece Duque “el apoyo de las NU en el proceso de construcción de paz en Colombia, para lograr una implementación rápida del Acuerdo”. Viraje de 180 grados sobre la reiterada, descomedida hostilización del uribismo a ese organismo, al que ha llamado aliado de terroristas. Esta diferencia podrá ahondar grietas en el CD, pues toca puntos de honor tejidos en su guerra contra la paz y por asegurar la propia impunidad.
Si Duque tiene olfato y ojos para ver y oídos para oír el rumor que se avecina de marchantes en protesta contra la plutocracia que él quiere montar sobre los hombros de las clases trabajadoras, comprenderá que la cruzada anticorrupción no será suficiente salvavidas. Que pretender equidad agudizando la inequidad en un país donde ya el 1% más adinerado acapara el 40% de la riqueza es juego diabólico y mendaz. Tendrá que pensar en el flaco bolsillo de las mayorías, mayorías con más voz y voto desde cuando se estrena un nuevo mapa político en Colombia. ¿Querrá el novel presidente transitar de su dilema entre lealtades y fisuras con el jefe hacia una propuesta más igualitaria y justa, que demanda tanto o más valor que la lucha contra la corrupción?
