Si Colombia fuera país medianamente civilizado, ¡ay!, andarían tras las rejas sus hordas de ladrones de cuello blanco. No bien nos enteramos del mayor escándalo de corrupción en la historia del país –sobrecostos de $13 billones en Reficar causados por una firma gringa con aval de Ecopetrol durante los gobiernos de Uribe y Santos– cuando salta otra liebre de bíblico tamaño. Denuncia el Auditor General que la mitad de los $120 billones del presupuesto regional en 2015 se ejecutó por contratación directa. A dedo. Entre gavillas de gamonales, políticos y contratistas que así se manduquean, muertos de risa y en la complacencia de sus huestes, el dinero de los colombianos reservado a salud, educación y gestión pública. Y la oposición, llamada al control del Gobierno, neutralizada en los pecados de su propio pasado.
Acostumbrados como estamos al grotesco, nos pasan de largo desafueros que en las democracias derriban gobiernos y dignatarios de primer orden. Un presidente de Corte Constitucional que mancilla el honor del cargo, atornillándose en él cuando se le sorprende en supuestos tratos de tierras con asesinos. Un ministro de Hacienda que repite carteras acá y allá, y hasta aspira a Presidente, tras protagonizar el escándalo de Dragacol. Un Congreso integrado en porción sustantiva por la parentela de parapolíticos condenados por los jueces. Y, entre una nube de granujas impresentables educados en universidades de élite, los Nule, saqueadores de Bogotá que dejan una deuda, perdida, de $2,2 billones.
Hubo en Reficar feria de contratos, lucro cesante y desplome de la rentabilidad esperada. Botón de muestra en los estrafalarios sobrecostos: un contrato de servicio de andamios se tasó en $23 millones y terminó en $8.615 millones. Todo ello, contra las finanzas de la Nación. Fue “una compleja estructura delincuencial”, se dijo en órganos de control. Por su parte, la contratación a dedo en municipios y departamentos es puerta abierta al robo de los recursos públicos. En salud, aquella aumentó 81% el año pasado. Y el ministro ahí. Según el Auditor General, se ha creado una malla empresarial de contratistas que reúne firmas temporales para concentrar los contratos del Estado en “distintos” proponentes que resultan ser el mismo. Las mallas son hoy siete y, gracias a ellas, una empresa agrícola puede terminar construyendo vías. En suma, tres familias acaparan la contratación pública.
En tal cuadro de poder patrimonial propio de república bananera, donde el narcotráfico consolidó la hegemonía de las viejas élites y catapultó su alianza con las nuevas, poca esperanza ofrece la oposición. Tras ocho años de conceder franquicia a una corrupción desbordada, carece el Centro Democrático de autoridad moral para señalar a nadie con el dedo. Si maniatada la oposición de derecha para estos menesteres, tampoco la de izquierda que el Polo encarna exhibe credenciales para cuestionar con todas las letras estos desafueros. En su ardorosa defensa del alcalde que entró a saco en las arcas de la capital, corregida a la hora de nona, menoscabó el Polo la credibilidad de sus dirigentes en debates memorables. Como el del brillante senador Robledo contra la ley Zidres.
Recursos archisabidos para contrarrestar la ladronera: depurar partidos, Congreso y administración pública; desmontar el negocio del narcotráfico, motor de la corrupción, legalizándolo. Pero no será cosa fácil. Entre tanto, da la ciudadanía pasos hacia el escenario primigenio de la democracia moderna: la calle. Para exigir de viva voz justicia contra la minoría de malhechores que paraliza a Colombia en el atraso y quiere proyectar sobre todos los demás el estigma del ladrón.