por Cristina de la Torre | Dic 3, 2019 | Paro Nacional, Reforma Fiscal, Movimiento social, Diciembre 2019
En el espectáculo de un país que sale del hueco, respira y pide el cambio, como no se viera en 60 años, dos fuerzas formidables parecen correr a la caza de candados: la vanidad del presidente y la insubordinación de los energúmenos que lo rodean. En su conmovedora insustancialidad, incapaz de dimensionar el significado y la potencia de este pronunciamiento ciudadano, pretende él responder a sus demandas con propaganda sobre lo cuestionado. Diluir en el tiempo, en el espacio, en mil inquietudes sueltas la negociación con los personeros del paro. Para atomizar, dilatar y evadir núcleos duros de la protesta como los de cumplimiento integral del Acuerdo de paz y política de seguridad.
De otra parte, la derecha frenética de su partido le blande garrote para que asuma por fin, de frente, sin miramientos “mujeriles”, como un varón, contra el terrorista que habita en cada estudiante, indígena, artista, trabajador, gay, ambientalista o feminista que grita y canta sus reclamos en la calle. Contra la gente toda y su concierto de cacerolas. Se reivindica lo elemental: seguridad, educación, trabajo, salud, salarios y pensiones decentes, paz. Y la alegría de vivir. Anatema. Ruge la caverna, y caen todas las hojas de parra. Desnudando la pulsión golpista que heredó de sus mayores, Fernando Londoño le pide al Presidente de la República apartarse del cargo “mientras negocia” y que en su lugar gobierne Marta Lucía Ramírez. Juan Carlos Pastrana insta a militarizar cada esquina, pues “terroristas y malandrines no deben tener movilidad alguna”. Rafael Nieto acusa a Dilan de ser responsable de su propia muerte, por participar en protestas. Y Álvaro Uribe considera legítima la patada que un miembro del Esmad le propina en la cara a una muchacha.
Codiciosa, provinciana, acostumbrada a prevalecer a golpes, sin el recorrido civilizador que da la democracia, a la primera voz de descontento se cala su antifaz la clase dirigente, para no ver sino el billón de pesos que el paro ha costado a sus negocios, poner el grito en el cielo y cuidarse de mencionar los $50 billones que sus malandrines, esos sí, se roban cada año. Ahora cogobierna en pleno, manu militare, evocando el tenebroso Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala. Y reduce a modesta proporción la agenda rural del tratado de Paz, que contempla Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), sustitución de cultivos ilícitos y restitución de tierras.
Respuesta primera de Duque al 21N: el Gobierno impulsará su paz con legalidad, giro que supone ilegal la paz acordada e incorporada en la Constitución. Contrae la implementación del Acuerdo a la reincorporación de desmovilizados y a algunos programas PDET. Ilegal le parecerá la Ley de restitución de tierras, hoy en capilla por iniciativa de María Fernanda Cabal. Ricardo Sabogal, exdirector de Restitución de Tierras, revela que él y funcionarios suyos sufrieron persecución y amenazas: varios fueron asesinados. Muchas de esas tierras, dice, terminaron en gente prestante, pese a saber que habían sido despojadas o compradas a la brava. Tampoco brinda Duque garantías en seguridad rural: no desmonta el paramilitarismo, exterminador principal de líderes sociales, y reduce el control territorial a militarización. De remate, sabotea la sustitución de cultivos.
Parsimonia en tan graves materias o para mantener el paquetazo sabrá hoy a provocación. Harta de violencia y de mordaza, la gente exige solución civilizada a sus problemas y espera poder ventilarlos en democracia, sin riesgo de muerte. ¿Sabrá el Poder cuán difícil le resultará en adelante presumirse demócrata y sin embargo disparar? El Presidente decidirá si escoger el diálogo constructivo, o bien, verse atrapado sin salida.
por Cristina de la Torre | Nov 26, 2019 | Paro Nacional, Movimiento social, La paz, Acuerdos de paz, Corrupción, Noviembre 2019
Y se plantó el movimiento social. En protesta multitudinaria que hará historia, marcó éste un punto de inflexión difícil de revertir: mostró su potencia para disputarles el protagonismo de la política a politicastros y napoleoncitos de cartón, que la monopolizan desde tiempos inmemoriales. Sí, político es su airado reclamo por la corrupción, la violencia, el etnocidio, las desigualdades y la negligencia que sella esta arrogancia del poder edificado para usufructo de mandarines, bribones y magnates. Cientos de miles de colombianos gritaron su indignación al sol y al agua y la prolongaron en inédito cacerolazo que no termina. Triunfaron del miedo cocinado con esmero por el Gobierno mediante acuartelamiento de primer grado; autorización a alcaldes para decretar toques de queda; teatralización de la guerra militarizando las ciudades, arma de tiranos para atemorizar al pueblo; y vandalismo inducido para generar pánico y deslegitimar la protesta.
Pero los marchantes dieron ejemplo de valor y civilidad, a leguas de grupúsculos violentos infiltrados también por la Policía para justificar la brutal embestida del Esmad contra aquellos. Y para que pudiera el Poder magnificar los desafueros como caos, en la vana pretensión de opacar las razones de la inconformidad. Mas terminaron por rendirse a la evidencia de una sociedad movilizada por la urgencia del cambio. El Presidente ofreció “conversación general […] para fortalecer la agenda vigente de política social”. ¿Para porfiar en lo mismo? ¿No ve, no oye, no registra la contundencia del mensaje que emite una ciudadanía madurada a golpes de violencia, exclusión, inequidad y privaciones?
Más perceptivo y avisado, da en el clavo el procurador Carrillo: invita a “diseñar una nueva agenda social, (a) reinventar la democracia con un modelo de justicia social”. Diríase un modelo distinto del neoliberal, pilar de la agenda social y económica que se ríe del impuesto progresivo, degrada salarios y reduce las pensiones al ridículo en favor de fondos privados. ¿Será esta agenda social y económica, hija del modelo de marras que es biblia del Presidente Duque, la que él quiera fortalecer?
Aunque la fe neoliberal periclita en el balance de su propia obra, insisten sus pontífices en adjudicar la pérdida de competitividad y de empleo a las políticas de seguridad social, salarios decentes, regulación financiera e impuesto progresivo. Contra todos sus pronósticos, aquella propuesta no consiguió armonizar crecimiento con redistribución. Lejos de derramarse hacia abajo, la riqueza se disparó a la cima de la pirámide social. Su ética andaba por otro lado.
Díganlo, si no, las desigualdades que en Colombia escandalizan y son, como en otros países de la región, la bofetada que arroja muchedumbres a las calles. Segundo país más desigual del continente, la concentración de la tierra, del patrimonio y del ingreso en Colombia crece sin cesar. Y el Gobierno la impulsa. Revelan Espitia y Garay que el 95% de la riqueza de personas jurídicas se concentra en las empresas más ricas. La tarifa efectiva de impuestos que las empresas pagan es un vergonzoso 1,9%, habiendo ellas recibido gabelas y exenciones tributarias por más de $27 billones.
Una disyuntiva dramática debe de acosar al Presidente: o se paraliza bajo la tenaza del uribismo y pasa a la historia como un sátrapa, o se allana a una negociación civilizada con el movimiento social del país que dice amar. Tal el desafío, que hasta Caballero Argáez invita a “dar un timonazo, cambiar de rumbo y reinventar el modelo de desarrollo. Explorar las formas para armar un Estado de bienestar en beneficio de las clases menos favorecidas…” Los colombianos piden a gritos otro pacto social.
por Cristina de la Torre | Nov 20, 2019 | Movimiento social, Noviembre 2019
Firmada la paz, vino el destape. Rompió la sociedad cadenas que la ataban al silencio y a la inmovilidad ante el espectáculo de una guerra que sólo servía a insurgentes arrastrados en gran parte al delito; a terratenientes codiciosos de más tierra, a políticos enredados con mafiosos y paramilitares. Una guerra que se ensañó en la población inerme. Primer campanazo de alerta, el mentís de media Colombia en las urnas a la politiquería tradicional hace año y medio. Y ahora, la derrota colosal de la extrema derecha en las elecciones de octubre y la consolidación del centro-izquierda, para redibujar el mapa político de este país tras décadas de lo mismo con los mismos. Democracia en ciernes, que la ultraderecha descalifica como terrorismo.
Presa de histeria, disfraza la caverna sus miedos con el fantasma del anarquismo internacional. Anacronismo de Guerra Fría que cae en el vacío de una sociedad desafecta lo mismo a la ultraderecha que a la extrema izquierda. Pero los grupos organizados de la derecha se complacen en el mensaje y anuncian su patriótica presencia como fuerza de choque en las calles, dizque para ayudar a la defensa del orden público. Reservistas (¿armados?) que evocan a los criminales colectivos del chavismo y contra los cuales no ha tomado el Gobierno ninguna medida preventiva. Aunque pida Álvaro Uribe judicializar a los incitadores de la violencia.
Acaso en la ilusión de desactivar la protesta, se apresura el presidente Duque a declarar que reformas laboral y pensional son “mentiras” de la oposición. Pero en toda la prensa del país abunda desde hace año y medio información puntual sobre estas reformas, paquetazo promovido a su turno por el gran empresariado desde sus foros de gremio y desde el gabinete mismo de gobierno. Para no mencionar la insistente precisión del ministro Carrasquilla en estos tópicos, que degradarán aún más la calidad de vida de los colombianos. Y el senador Uribe, virtual presidente de la república y estelar animador de la guerra, acusa al Foro de Sao Paulo de promover este paro contra la democracia y para derrocar al Gobierno. El Gobierno se derroca solo, cae solo bajo el peso de la caverna uribista que desespera y da palos de ciego.
Aconductado discípulo de la doctrina neoliberal, se complace el Presidente en lograr que el crecimiento esperado de 3.3 en la economía colombiana, sea el mejor en la región. Pero es crecimiento para los Sarmiento Angulo, no para los colombianos que pagan los platos rotos de una tributación generosa con los ricos, despiadada con los pobres. No para los colombianos que protestarán contra el desempleo que muerde el 12% y en Antioquia, mata del gran empresariado, alcanza el 18%.
Repite también, exultante, que su Gobierno lucha de frente contra la corrupción. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿No fue el mismo presidente quien embolató al acuerdo de todas las fuerzas políticas contra la corrupción después que Claudia López lograra el pronunciamiento de casi 12 millones de colombianos contra ella?
En seguridad ciudadana, anuncia la épica medida de sacar a los marihuaneros de los parques, “para que nuestros niños puedan jugar en paz”. Mas, nada ha dicho sobre los 18 niños desintegrados bajo las bombas que él autorizó arrojar, en “operación impecable” de las Fuerzas Armadas, hoy devueltas a las infamias de la guerra. Ni dice nada sobre el saboteo de su gobierno a la sustitución de cultivos, que es esencial para la paz.
Serénese, Presidente. Llame al orden a los anarquistas que rodean su Gobierno. Revise a fondo sus políticas tributaria, laboral y de pensiones. Asuma, por fin, los deberes de la paz que la Constitución prescribe. Y respete genuinamente el derecho a la protesta por la vida y la equidad.
por Cristina de la Torre | Jul 3, 2019 | Uribismo, Movimiento social, Posconflicto, Impunidad, Acuerdos de paz, Justicia, Julio 2019
Pese a la insustancialidad de Iván Duque, el presidente y su partido van pintando el cuadro de un gobierno que emula los regímenes de fuerza. Son sus trazos de brocha gorda: la criminal pereza de las autoridades para apresar y juzgar a los autores intelectuales del exterminio de líderes sociales; y la persecución (¿purga?, ¿tal vez eliminación?) de uniformados que señalan responsabilidad de superiores suyos en la comisión de falsos positivos. Tan amenazante este destape, que el uribismo precipita una propuesta de referendo para eliminar las Cortes (donde se ventilan las verdades de la guerra) y cercenar el Congreso.
Para sacar otros poderes públicos del sombrero de un líder venido a menos, reducido al afán de sobrevivir a la acción de la justicia. ¿Nostalgia de tiranías que convirtieron la voluntad general en fortín particular de algún egócrata, llámese Mussolini, Leonidas Trujillo, Maduro? ¿Purga en las fuerzas armadas, como la de Hitler contra sus tropas de asalto (SA) en la Noche de los Cuchillos Largos? ¿Cómo la de Stalin en el Ejército Rojo? ¿Cómo la de Maduro hoy contra uniformados que discrepan de la acción militar contra el pueblo desarmado? Hacia el desmonte del Estado de derecho conduciría el referendo en ciernes, si no fuera porque el prestigio del líder que lo mueve se desploma conforme se satura Colombia de la corrupción y de la violencia en las que nuestra ultraderecha es reina.
Si la ofensiva contra la JEP no ha dado tregua es porque miles de militares están declarando ante sus jueces; desde soldados rasos hasta oficiales de alto rango, en tren de identificar a los máximos responsables de atrocidades como los falsos positivos. Mientras diez generales preparan declaración, el soldado Yeris Gómez, verbigracia, sostuvo que en el Cesar hubo “un baño de sangre”, y alianzas de militares con los jefes paramilitares Jorge 40 y Alias 39. Según Semana, miembros del Ejército que han rendido testimonio son acosados por la inteligencia militar, reciben sufragios y amenazas de muerte.
De otro lado, el llanto de un niño ante el cuerpo de su madre asesinada, María del Pilar Hurtado, conmocionó al país. Era ella la víctima número 702 en dos años y medio de masacre de líderes sociales. Quince días antes, había alertado la Defensoría del Pueblo, pero la Policía desestimó en sendos consejos de seguridad la amenaza. A poco, caerían asesinados tres de los acosados. La cuarta del mismo panfleto del Clan del Golfo sería María del Pilar. Por descalificar la amenaza en vez de actuar, 70% de las alertas tempranas han resultado en el homicidio que se rogaba evitar.
En entrevista concedida a Cecilia Orozco, señala el presidente de Indepaz, Camilo González, que tras los sicarios “hay empresarios del enriquecimiento ilícito, políticos y agentes del Estado corruptos”. Que, sin la complicidad o el entronque con agentes del Estado, no podrían los narcoparamilitares crecer o reproducirse. Relaciona la airada oposición al Acuerdo de Paz con la violencia que se ejerce contra las comunidades y sus líderes. Y afirma: al Gobierno, al Centro Democrático y a la ultraderecha les cabe responsabilidad política en el recrudecimiento de la violencia.
Exterminio de dirigentes comunitarios; persecución a soldados que reivindican el honor del Ejército; creación de una red de informantes civiles que configura virtual policía política; embestida contra la libertad sexual y de pensamiento en la escuela y en la prensa son menjurjes que emiten aromas de fascismo. Otra cosa es que puedan invadir una sociedad diestra en mecanismos de supervivencia y con potencial electoral para hacer respetar la democracia y la paz. Acierta Claudia López cuando antepone al poder de la corrupción y la violencia el poder de la cédula, capaz de cambiar en las urnas la historia de este país.
por Cristina de la Torre | Abr 1, 2019 | Reforma Agraria, Tierras, Modelo Político, Movimiento social, Política agraria, Marzo 2019
A la fuerza de los símbolos se sumaba la contundencia de las palabras y los hechos. En debate de televisión convocado por Laura Gil sobre la minga que se riega como aceite por Colombia, se encaraban los exponentes clásicos de nuestra desigualdad social: una élite criolla codiciosa, prepotente, y el indio. Jorge Bedoya y José Félix Lafaurie, voceros del Consejo Gremial y Fedegán, evocaban en su desdén al encomendero que lleva siglos arrebatando vida, tierra e identidad a los pueblos indígenas. En otra orilla, el senador Feliciano Valencia personifica la resistencia de su gente, en lucha asimétrica que hoy canaliza, empero, el flujo de la protesta social hacia un paro nacional el 25 de abril. Clamor contra políticas como la tributaria, que han disparado la desigualdad en este, el segundo país más desigual de América. Con su acicalada barba de galán, invoca Bedoya el principio de autoridad para judicializar a los organizadores del bloqueo a la Panamericana. Y Lafaurie condena, cómo no, los “actos criminales” y la “protesta armada” que anidarían en el movimiento. Pero ellos mismos encabezan asociaciones a veces infestadas, esas sí, de criminales de metra y papel sellado en veredas y caminos y notarías.
Se escandalizan porque los indígenas reclaman tierra feraz que fuera suya antes de que se las robaran y los arrojaran a zonas improductivas y al rastrojo. Porque reclaman ampliación de resguardos; avance en los sistemas propios de salud, educación y medio ambiente; y el presupuesto necesario para todo ello, debidamente incorporado en el Plan de Desarrollo. No como promesa y simple anexo.
Obrando desde el prestigio de sus luchas, la Onic promueve “una gran minga nacional por la defensa de la vida, el territorio y la paz”. 490 organizaciones sociales la suscriben; la primera, el Cric, la organización social más poderosa del país. Campesinos, pueblos indígenas, negritudes, estudiantes, sindicatos, cafeteros, maestros, transportadores van convergiendo en propósito común, casi que por simple afinidad existencial con la historia y la causa indígenas. Y por sufrir todos el golpe de la inequidad.
Tras la esclavización y el genocidio, usurparon los encomenderos las tierras de los indios, explotaron su trabajo, subordinaron su cultura y los redujeron al hambre en parcelas que pertenecían también a señores de dudoso pedigrí. La élite esclavista de Popayán fue dueña del 40% de los esclavos del país y no falta entre sus líderes quien proponga hoy segregar definitivamente a la población indígena en los estériles confines del Cauca.
Al lado de la minga indígena, otra bandera potencia el pronunciamiento del movimiento social: el mentís a la desigualdad que en este Gobierno se dispara y atenta contra la democracia. Explica Clara López que a mayor concentración de riqueza, mayor concentración de poder político que a su vez permite diseñar las reglas del juego en favor de los poderosos. El año pasado, escribe, la ganancia total del Banco de Bogotá fue de $2,93 billones, 53,9% más que el año anterior. Una tasa 20 veces mayor que el crecimiento de la economía. Y la política tributaria no hace sino agudizar la inequidad. Por eximir de nuevos impuestos a los ricos en montos que suman decenas de billones, no podrá cumplir este Gobierno siquiera con la partida mínima prometida a las comunidades indígenas. Eso sí, nuestros modernos encomenderos seguirán pidiendo cárcel y represión para ellas.
¿A qué tanto escándalo porque López Obrador proponga que el Gobierno de España y el Papa pidan perdón por la conquista exterminadora de nuestra América? Moderen sus impulsos Bedoya y Lafaurie si les indigna el guardia indígena que pregunta: si los indígenas llevamos 500 años de resistencia, ¿por qué no vamos a mantener la minga el tiempo que sea necesario?
por Cristina de la Torre | Nov 27, 2018 | Iván Duque, Derecha, Modelo Económico, Movimiento social, Educación, Noviembre 2018
El movimiento universitario recoge periódicamente en Colombia ecos del que surgiera hace un siglo en Argentina. La sublevación buscó el reconocimiento intelectual de las clases medias, se proyectó como ideología libertaria por toda la América Latina y gestó más de un partido popular. Hace un siglo, en 1918, despertó en Córdoba, ciudad aletargada bajo el sopor hispánico y clerical, para convertirse en otro catalizador de la revolución liberal que avanzaba en el subcontinente. No fue un fugaz episodio estudiantil. Interpelada por la Guerra, por las revoluciones mexicana y rusa, por el fascismo naciente, la reforma universitaria incorporó desde su cuna una intención de cambio social que desbordaba el aula de clase. Escuela para el reformismo de los sectores medios, en ella abrevaron las contraélites liberales, laicas y socialistas del continente.
Nuestros estudiantes no apuntan hoy a la revolución; construyen opciones que brillan como flores en el desierto de la politiquería. Su tesón para rescatar la universidad pública del cerco financiero que se le ha tendido, para multiplicar sus puertas de acceso y elevar la calidad de sus programas es empresa llamada a producir cambios dramáticos en esta sociedad de pétreas jerarquías. Riadas de muchachos llevan 45 días de protesta en las calles. Cientos de ellos ajustan tres semanas de marcha al sol y al agua, desde otras capitales, para sumarse el 28 a la gran manifestación en Bogotá. Sus dirigentes demuestran, cifras en mano, que “plata sí hay (para evitar la desaparición de la educación superior pública), pero lo que no hay es voluntad política” del Gobierno. Claman por el derecho de todos al desarrollo pleno de sus capacidades para volcarlas sobre un país de riqueza natural incontrastable. En la maratón privatizadora de la educación, se la juegan por la universidad pública como bien común de la Nación. Contra la política neoliberal que propulsa la privatización financiando la demanda –vía créditos de Icetex– en lugar de financiar la oferta. Pese a las amenazas de muerte, han logrado sus líderes interpretar la legítima aspiración de los colombianos a vencer la estadística ominosa: de cada 75.000 aspirantes a ingresar en la Universidad Nacional, ésta sólo puede recibir 5.000.
En Argentina, la reforma nació en nicho de clase media para destronar la escolástica y sus tonsurados en el gobierno de la universidad, reemplazarlos por estudiantes y profesores, y democratizar el acceso a las aulas. Pero, acicateada por el humanismo, por el socialismo liberal y el nacionalismo democrático, pronto desbordó aquella frontera para tender lazos hacia las clases trabajadoras. Saltaba el movimiento a la política y se proyectaba al continente, donde adquirió su élan americanista, apunta Juan Carlos Portantiero, estudioso de aquella experiencia que aquí seguimos (Estudiantes y política en América Latina, Siglo XXI, 78). En el Perú, del seno del movimiento universitario surgió el Apra, primer partido nacionalista y popular del continente que extendió su influencia a toda la región.
También el movimiento ha desbordado aquí los intereses de gremio para instalarse en la política. En jornadas memorables contra la dictadura de Rojas. En huelga de un año de todas las universidades públicas en 1971, contra el sistema de poder universitario y en apoyo a campesinos y maestros que alcanzaban la cima de su contienda. También ahora la brega es política, pues cuestiona el criterio oficial en la distribución del presupuesto nacional: mucho para las armas y las élites improductivas, poquísimo para la universidad pública. Como adivinando su deceso por inanición, el flamante presidente de la “equidad” propone caridad pública para acercarle un mendrugo de pan. Así elude su deber de gobernante mientras los mercaderes de la educación hacen su agosto.
