por Cristina de la Torre | Oct 16, 2018 | Derecha, Uribismo, Conflicto armado, Movimiento social, Educación, Octubre 2018
Se desconcierta la caverna. Primero, sin el señuelo de las Farc, el acariciado enemigo de décadas que le permitió a nuestra derecha prevalecer erigiéndose en antagonista del terrorismo, sufre ésta un duro revés. Y ahora se le insubordina la sociedad largamente embozalada, maniatada en el país que pasaba por meca del conservadurismo en el continente. En cosa de meses, el centro-izquierda arañó las puertas de la Presidencia; casi doce millones de colombianos le plantaron cara a la corrupción, fortín del poder tradicional; un millón de muchachos y profesores y rectores y padres de familia se tomó calles y plazas en defensa de la universidad pública, abandonada a la muerte por inanición. Entonces la facción más oscura de la elite acude a su expediente de siempre: a la guerra.
El predecible senador Uribe insta a propiciar una intervención militar doméstica (léase golpe de Estado) en Venezuela, con apoyo de la comunidad internacional (léase Estados Unidos). Pero, antes que avalar pronunciamiento de militares venezolanos contra el dictador Maduro para imponer en su lugar el dictador que la CIA diga, Trump tomará el camino preferido de la primera democracia del mundo: la invasión militar sangrienta. Desde su patio trasero, Colombia, en perfecta posición geoestratégica entre el Caribe y Suramérica, y con nueve bases militares gringas que desde Uribe se asientan en su territorio. Si no, no se entendería el afrentoso entusiasmo de Francisco Santos con el proyecto de armarnos para la ofensiva con aviones de guerra y para la defensa con misiles antiaéreos. Todo comprado a precio de oro a la industria bélica del gringo del peluquín naranja. Modesto aporte que a Colombia le costará un ojo de la cara para que el bufón de marras pueda ganar las elecciones en noviembre y apoderarse del petróleo de Venezuela. Como en Irak. “Colombia tiene que prepararse”, declaró nuestro embajador en Washington, fungiendo sin ruborizarse como vocero del imperio. De “ellos”, los gringos, a quienes tributa ciega sumisión y cuya manera de pensar dice compartir.
Y el presidente Duque, con su aflautada vocecita monocorde, dirá que no es belicista, pero hará todo lo contrario. Fue nuestro Canciller el único de toda la América Latina en negarse a firmar la declaración de Lima, que fustigaba al dictador Maduro pero también toda pretensión de intervenir en su país por la fuerza. Su embajador en EE UU repite sin cesar que no puede descartarse una salida armada contra el país hermano. Su ministro de Defensa, Guillermo Botero, clama por aumentar el pie de fuerza, para lo cual le viene como maná del cielo el pretexto de los cultivos ilícitos. Y el de Hacienda velará por preservar el ajuste de $3,6 billones para la cartera de guerra.
Pasaremos, pues, de un salto, de la guerra contrainsurgente –con sus ocho millones de víctimas y su medio millón de muertos y desaparecidos– a una guerra internacional librada desde territorio colombiano. En ella, será Colombia la que ponga los muertos, los de siempre: los muchachos más humildes, los acosados por la vida y por la muerte. Muerte por mina quiebrapata, muerte por emboscada, muerte por falso positivo. Después, en fugaz farsa de consolación, los llamarán héroes. De destrucción de la infraestructura del país, ni hablar. Ni hablar del dineral que esta guerra infame le arrancará al desarrollo y a la inversión social.
Nada tan conveniente como la guerra para contener la movilización de la sociedad y preservar la hegemonía en el poder. Mas, por simple coherencia, ¿no deberían entonces los promotores de la contienda ser los primeros en enviar a sus hijos al frente de batalla? ¿No deberían contribuir a financiarla con su patrimonio personal? No más el divertimento de precipitar guerras para que sean otros los que sirvan de carne de cañón.
por Cristina de la Torre | Ago 27, 2018 | Iván Duque, Modelo Económico, Partidos, Movimiento social, Narcotráfico, Impunidad, Justicia, Corrupción, Modelo Económico en Colombia, Agosto 2018
Superando de lejos la votación alcanzada por presidente alguno en la historia de Colombia, casi doce millones de votos contra la corrupción crearon un hecho político soberbio: se alzó la gente contra la ratería que convirtió a Colombia en cueva de Alí Babá y sus buenos muchachos. Victoria del voto libre, no comprado, la clase parlamentaria no podrá sino asumirla como mandato popular para ejecutar las reformas que ocho veces enterró. Fracasó el boicot que contra la consulta se fraguaba: el sabotaje del uribismo, estridente y mentiroso, como lo fuera su campaña en un plebiscito para negar la paz; y el sabotaje por calculada pereza de los partidos que traicionaron su originario respaldo a la consulta en el Congreso. Pero no pudieron ahogar la rebelión de la ciudadanía, hombres y mujeres de todas las clases sociales y colores políticos que echaron los cimientos de un monumento contra la corrupción cuya edificación no cesará ya.
Censura de la sociedad al bandidaje instalado en salas de gobierno y de ricos particulares, que ha mandado a la cárcel a siete exmandatarios en Brasil, Perú, Guatemala, Panamá y Salvador; mientras en Colombia fungen los campeones de la corrupción como patriarcas coronados. Una vergüenza. Un prolongarse el secular asalto a lo público, transmitido al ADN de la nación por ejemplo de sus élites, hoy catalizado por dos disparadores nefandos: la privatización del Estado y el narcotráfico. Sin cortapisas éticas, en el frenesí del ascenso y la revancha social en un país de inequidades extremas, bajo el ala del narcotráfico y tratativas dolosas con el Estado, mafiosos y politicastros de fusta y camándula devienen héroes.
Con la privatización de funciones y empresas del Estado vino el auge de la contratación pública directa. Pícaros que pasan por emprendedores, por viceministros, por parlamentarios, se han feriado los dineros de todos. El contralor saliente, Edgardo Maya, calculó en $50 billones las pérdidas anuales del Estado por corrupción. Mas la plata desaparece en las arcas del canalla, no se recupera. Autor de un desfalco de $70.000 millones, el exgobernador Alejandro Lyons sólo repondrá $4.000 millones.
Extravagancias de hoy que echan raíces en un remoto pasado. Eduardo Lindarte (Razón Pública 8, 18) encuentra entre las causas de tales desafueros una degradación de las normas morales y legales que las reduce a obstáculos por vencer, de donde resultará casi natural violarlas. La concentración del poder en élites que dominaron siempre todas las esferas de la vida en Colombia se resolvió en privilegio suyo, defendido a capa y espada. La corrupción se volvió regla y toda la sociedad cayó en ella. Grande daño causó la dualidad de una tradición legalista –que no legal– al lado de la doblez de una Iglesia que se arrogó el derecho de impartir la moral mientras ella misma caía en corrupción. Para Lindarte, la demora en el trámite de los cambios sociales por la vía política ha sido el motor principal de la violencia, la ilegalidad y la corrupción.
Ya se recordaba en este espacio que el modelo de la hacienda decimonónica –paternalista y despótica– se proyectó como estructura del Estado y este fue patrimonio privado de la élite. Hoy deglute ella la contratación pública y la comparte con élites emergentes que reclaman lo suyo. No pocos entre ellas sobreenriquecidos en el narcotráfico.
La consulta del domingo devuelve confianza en la Justicia. Y abre perspectiva de soluciones que apuntan a las raíces del mal. Educación, sanción social, control ciudadano, compromiso inescapable de la dirigencia nacional con una cruzada sin pausa contra la corrupción. Para empezar, deber del Presidente de explicar la designación del corrupto Alejandro Ordóñez como embajador en la OEA. Doce millones de votantes lo reclaman.
por Cristina de la Torre | Ago 13, 2018 | Presidente 2018, Iván Duque, Modelo Económico, Uribismo, Conflicto interno, Movimiento social, La paz, Personajes, Posconflicto, Acuerdos de paz, Régimen político, Corrupción, Clientelismo, Modelo Económico en Colombia, Agosto 2018
Pese a la embestida de troglodita que el Centro Democrático protagonizó contra el Presidente Duque cuando asumía el cargo —con oda a Álvaro Uribe, descalificación de sus jueces y puñaladas al llamado del ungido mandatario a la unidad— un pacto con el uribismo sobre políticas de Gobierno no ofrecerá obstáculos: serán las mismas del expresidente en la cosa tributaria, laboral, agraria y de seguridad. Distinto sería un compromiso en materias de Estado, como el respeto a la vida y la preservación de la paz: aquí se mostraría esta caverna cuando menos retrechera. La oposición, por su parte, adversario natural del poder en funciones, casi medio país que hoy agradece el estrechón de manos entre Robledo y Petro, espera iniciativas de fondo. Además, respeto a la libre controversia entre propuestas de gobierno. Y a la libertad de prensa, otra vez en peligro por amenazas de muerte contra la periodista que registró reunión secreta de la bancada uribista –gavilla “traidora” de malandrines que despotricaba del Gobierno que ella misma había elegido.
Mas, no es seguro que el Presidente y su partido anden divorciados. Tras el estoicismo con que Duque recibió la avalancha de lodo se habrán cincelado las dos caras de una moneda: cara de Duque, en verso amable, conciliador; sello en ruda prosa del presidente eterno y su bancada de siervos para el debate torticero en el parlamento. Así lo reconoce Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior que recibe una de las cinco carteras más importantes del gabinete, entregadas a Uribe. No existe, dijo, distancia real entre uno y otros: el Legislativo tiene que liderar el debate político y el Gobierno tiene que gobernar para todos.
De momento, el pacto se contrae al gran mundo empresarial. Duque ha conformado gabinete con predominio de los gremios, son ellos los que trazan su política económica y liderarán el diálogo social-empresarial. Ellos, quienes derivarán los frutos de trocar la economía campesina en surtidor de asalariados para la agroindustria. Y ahora se los tendrá por punta de lanza de la equidad, exótico papel asignado a capataces y señores que llevan siglos manejando el país como finca de su propiedad. Atavismo que el ministro de Defensa, Botero, recoge para advertir, indignado, que no permitirá la protesta de minorías alebrestadas contra mayorías indefensas. Y el senador Uribe apunta a sabotear la consulta anticorrupción, como apuntó siempre contra la paz.
Consejo Gremial y ministro Carrasquilla propondrán a dos manos duplicar la base de contribuyentes para cobrar impuesto de renta a quienes devengan desde $1.900.000 y extender el IVA a la canasta familiar de la clase media. Regalos tributarios a las empresas, dizque para elevar la productividad, la competitividad, y las cotas de empleo. Pero demostrado está que estos estímulos, lejos de traducirse en puestos de trabajo, favorecen a un reducido sector de privilegiados. Dígalo, si no, la flexibilización laboral de Carrasquilla-Uribe, con su contratación temporal y de cooperativas; con sus contratos de trabajo a término fijo. Antes que reducirse el desempleo, aumentó el trabajo informal. Y esta política perdura en el nuevo Gobierno.
A las ligas mayores pertenecen las cinco temáticas de Estado que Clara López propone como materia de un pacto de país: respeto a la vida y consolidación de la paz; cumplimiento del Acuerdo con las Farc y apoyo al diálogo con el ELN para terminar definitivamente el conflicto armado; respeto a las libertades públicas, en particular al derecho de movilización y protesta pacífica, defensa de la soberanía nacional y devolución al Estado del valor de la palabra que lo designa. Si el presidente Duque las contempla, ¿incurrirá en traición al padre, para desplomarse bajo su puño de hierro?
por Cristina de la Torre | Jul 15, 2018 | Modelo Político, Modelo Económico, Partidos, Uribismo, Izquierda, Movimiento social, Política agraria, Política económica, Julio 2018
Taca burro la cofradía neoliberal. Su socorrida reducción de toda idea divergente a comunismo comeniños resulta contraevidente y no cumple sino función de propaganda. Con López Obrador en México y el sorpresivo despertar del centroizquierda en Colombia, la nueva izquierda de la región termina por depurarse, sin muchas reservas, en alternativa socialdemocrática. A distancia sideral de las dictaduras sanguinarias de Venezuela y Nicaragua. Y del modelo económico que el presidente electo, Iván Duque, ofreció en campaña por medio de su hoy ministro Carrasquilla, conspicuo ejecutor del modelo que ahonda las desigualdades, en el segundo país más desigual del continente.
El llamado de Duque a la unidad nacional por la prosperidad de todos parece contraerse a la sola prosperidad de los gremios económicos que recibirán nuevas gabelas sin contraprestación y la mitad de los ministerios en el gabinete ¿Será este el Gobierno de la plutocracia encabezado por un titular de Hacienda que considera el salario mínimo “ridículamente alto”? Modelo apolillado, cruel, que el mismísimo Banco Mundial acaba de cuestionar, mientras algún portavoz de nuestra élite abreva en la misma acequia: para escándalo de más de un gurú del Consenso de Washington, Miguel Gómez Martínez propone volver a los planes de desarrollo y a la planeación económica (Portafolio 4/7/18).
El discurso de AMLO respira aires de la Cepal de Prebisch y Frei y Carlos Lleras. Ni Stalin ni Castro ni Maduro. Anuncia el mexicano cambios profundos de beneficio prioritario a los más pobres pero dentro de la legalidad, respetando la propiedad privada y las libertades de asociación y empresa. Con disciplina financiera y fiscal (como lo hizo mientras fue alcalde de la capital). En busca de mayor igualdad, aumentarán la inversión del Estado en política social y su iniciativa empresarial para crear empleo. En Colombia, centro y petrismo convergieron en pacto reformista cuyo decálogo, de izquierda democrática, se firmó en mármol.
Tendrán ellos que huirle a la tentación populista, inflacionaria, de emitir dinero para financiar la política pública; volver al desarrollo y a la planeación concertada con el sector privado; y, en la lucha contra la pobreza, reemplazar subsidios por empleo. Reindustrializar; regular mercados; y redistribuir en serio, ajustando el salario mínimo y cobrando más impuestos a los que más tienen. El Banco Mundial se alinea ahora con el modelo de agricultura familiar, clama por devolverle al Estado sus funciones sociales y habla de política industrial.
No así Jorge Humberto Botero, vocero de los gremios y exministro de Comercio del uribato. En Semana en vivo declaró: “Yo nunca creí en las políticas industriales […] creo que el Gobierno hizo bien en [abandonarlas]”. Y agregó que él bajaría aranceles y expondría los sectores productivos a la lucha fría de la competencia internacional. En otra orilla, parece Miguel Gómez lamentar que, a instancias del neoliberalismo, desmontara César Gaviria muchos instrumentos de intervención del Estado en la economía, y clausurara la idea del modelo de desarrollo. Que, con la internacionalización de la economía, ya no se hablara de desarrollo sino de mercado.
Carrasquilla fue mentor estrella del modelo neoliberal. Viene de favorecer gratuitamente a los grandes capitales y de golpear los ingresos de las clases trabajadoras. De arrojar la economía al garete de los mercados, con graves consecuencias para las mayorías indefensas. No hay por ahora indicios de que el Gobierno en ciernes marque un rumbo distinto.
Con el desarme de las Farc y la galvanización del reformismo democrático como fuerza equiparable a su antípoda encallada en el pasado, podrá decirse que en Colombia el comunismo es un fantasma. Pero no lo es el engendro neoliberal.
por Cristina de la Torre | Nov 20, 2012 | Conflicto interno, Movimiento social, Política agraria, Noviembre 2012
Tras el eufemismo de la sociedad civil, coartada que también los negociadores de La Habana emplean para buscar apoyos políticos, una voz autorizada se alza desde las afugias del campesinado irredento. Cuando el proceso debuta con política rural, la Mesa Nacional de Organizaciones Agrarias lanza una propuesta que las partes harían bien en contemplar. Aunque esta Mesa, complejo de organizaciones desprendidas de la vieja Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) se proclama independiente del Gobierno y de las Farc, no juega de tercero en discordia. Lejos de la Unidad Nacional y de la Marcha Patriótica, representa el sentir de los labriegos que vuelven a pronunciarse tras décadas de olvido y dispersión, producto de la derrota sangrienta que el gobierno de Misael Pastrana le infligiera al movimiento campesino. Efecto, así mismo, del conflicto armado que no le dejó sino lágrimas para llorar a sus muertos. La iniciativa de esta mesa agraria es el primer aporte serio a las discusiones que tendrán lugar en Cuba; y después, en la aplicación de los acuerdos que inauguren la construcción de la paz.
Sostienen los campesinos que en el origen del conflicto armado está la concentración de la propiedad agraria. Inspirada en la consigna de “la tierra para el que la trabaja”, proponen crear un Conpes rural con miras a formular un Plan Decenal de Desarrollo Agrícola. Para escándalo del TLC, gracias al cual aumentaron 50% nuestras importaciones agrícolas este año, reivindican el derecho de los agricultores al manejo de semillas propias. Exigen salud, educación, pensión y devolución segura de las tierras. Eje de su propuesta, garantizar la seguridad alimentaria del país. Su inspiración, una sociedad rural más campesina que empresarial. Y el meollo, la redistribución de la tierra.
Contiene el Gobierno su propuesta en el proyecto de Ley de Desarrollo Rural, como política de Estado que resurge después de prolongada pausa. Salvo el valiente programa de restitución de tierras, el Gobierno parece contentarse con la idea de modernizar el campo pero sin redistribuir tierra. Sin remover la talanquera de la concentración de la propiedad agraria ni tocar el latifundio improductivo en tierras de primera calidad. Por supuesto, propende también a la modernización y protección de la agricultura campesina, a menudo bajo el modelo de reservas campesinas. E impulsa alianzas productivas entre grandes empresarios y campesinos. Pero pone el énfasis en la agroindustria de exportación; y acoge de buen grado la extranjerización de tierras en la Altillanura, lo que para muchos puede comprometer la seguridad alimentaria de Colombia. Pero ambas visiones coinciden en la necesidad de desarrollar bienes públicos, de suministrar a los pequeños productores crédito, asistencia técnica, subsidios y acceso a los mercados.
Buscan las Farc una “reapropiación colectiva y social del territorio”, redistribución masiva de la tierra, y reformas rurales sólo viables con un cambio del modelo económico. Aspiración legítima que desborda los alcances de las conversaciones, pero que podrá enarbolarse cuando se dispute el poder desde las urnas. Mas puede aventurarse que, no hablando para la galería, las Farc mantienen vivo el programa agrario de sus orígenes: el de una reforma agraria liberal. Que ya es mucho decir en este país sometido a fuerzas tan retardatarias.
Hay más de una coincidencia entre estas iniciativas. O, a lo menos, en el espíritu que las anima. Buen comienzo para la paz sería que ellas se tradujeran en acuerdo político sobre criterios básicos suscrito por las partes. Y con la venia del campesinado, el verdadero doliente de la guerra y de la inequidad en el campo.
por Cristina de la Torre | Nov 15, 2011 | Movimiento social, Educación, Noviembre 2011
No es cualquier victoria. Reivindicar el derecho a educación gratuita, buena y para todos, desentraña el grotesco de una sociedad petrificada en las jerarquías y privilegios de tiempos de la colonia. Pone en evidencia el apartheid social que reina aún entre nosotros, donde los ricos acaparan la mejor educación y a los pobres que logran acceder a ella se los estafa con la peor. Tampoco es ya Colombia la autocracia que no hace mucho se ensayó. En gesto que lo engrandece, el Presidente se allana a la fuerza de un movimiento pacífico que se revuelve contra la mezquindad del Estado con la universidad pública, contra la marcha inexorable hacia su privatización.
La protesta de 600 mil estudiantes el pasado jueves, salpicada de canciones y colores y besos a miembros de la policía antimotines, epílogo de las 1573 movilizaciones que tuvieron lugar en el país entre enero y septiembre, indica que Colombia despierta: se repone del letargo catatónico que la mantuvo levitando durante ocho años en arrebato místico frente al mesías que gobernó, rosario en mano, mientras parecía no ver entre su fanaticada a los políticos en manguala con los de la motosierra. Tremendo contraste con un gobierno capaz de archivar su propuesta e invitar a debate “amplio, democrático y de cara al país”. Aunque Pacho Santos, ex vicepresidente del ex presidente, vocifere descompuesto contra el Primer Mandatario: “el Presidente tiembla” frente a los estudiantes, dijo, y convidó a neutralizarlos con choques eléctricos. Intolerables le resultan porque reclaman educación como derecho ciudadano, no como negocio. Porque la organización que representa a estudiantes de casi 80 universidades públicas y privadas prepara propuesta alternativa a la ley 30 que propusiera el Gobierno. Pero, sobre todo, porque sus líderes declaran maravillados: “volvimos a tomar conciencia de que otro mundo no sólo es posible sino necesario”.
Después de 40 años, renace el movimiento estudiantil. Corría el año de 1971. En los 7 meses que duró el paro nacional universitario, no hubo flores ni abrazos a la fuerza pública y sí, en cambio, 20 muertos y cientos de heridos y encarcelados. Entonces los estudiantes pensaban también que democratizar la educación, elevar su calidad científica y humanística, preservar la autonomía de las instituciones de educación superior, financiarlas con partidas suficientes del presupuesto nacional y recomponer sus organismos de dirección con participación de estudiantes y profesores era empezar a convertir en realidad el sueño de un mundo nuevo. La divisa de los estudiantes desbordó las fronteras de su Programa Mínimo, para proyectarse a los problemas grandes del país. Nunca se discutió tanto ni con tantas cifras como en aquel entonces. Nunca se acercaron tanto los estudiantes al movimiento campesino que protagonizaba ardua lucha por la tierra, ni a otros sectores populares que desarrollaban la suya propia. Pero fue flor de un día. El ascenso de una izquierda empeñada en incrustarle a Colombia el modelo de la revolución soviética o de la china o la cubana, sin contemplar los pormenores de lo propio, desnaturalizó el movimiento. Lo convirtió en presa de sectas políticas y aquel, con buen sentido, las abandonó a su suerte. De los cientos de miles de muchachos manifestando en las calles no quedaron sino los exiguos promotores del tropel.
Pero las banderas de los jóvenes siguen ondeando y cobran vida nueva: lejos de abrirse una educación de calidad para todos, en estos 40 años la universidad pública se empobrece día a día. La discriminación en las aulas apenas expresa cuánto han crecido en este país los abismos entre clases sociales. “En el tercer país más desigual del mundo –recuerda Maria Antonia García- tenemos el ejército más temible de Latinoamérica y la educación más inequitativa”.
