NARCOTRÁFICO |
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TEMAS / Columnas sobre NARCOTRÁFICO
AGRO: ¿REVOLUCION SIN REDISTRIBUCION?
Es decisión política de alto vuelo. La anunciada Ley de Desarrollo Rural podrá interpretar la aspiración centenaria del campesinado a la tierra, o bien, favorecer a la ultraderecha de Antioquia y de la Costa que, Uribe a la cabeza, encarna hoy un sistema de jerarquías petrificadas desde la Colonia. Aunque el Ministro ha dicho que no se trata de repartir tierra sino de legalizarla y de modernizar el campo, el Presidente habló de revolución agraria. Y cabe la pregunta: ¿revolución (liberal) sin redistribución? ¿Modernización sin tocar la estructura de propiedad cuando se sabe que el latifundio improductivo y el mal uso del suelo que conlleva son las grandes talanqueras del desarrollo y la equidad en el campo? ¿Modernización expulsando el último reducto de población “sobrante” en la frontera agrícola hacia la Altillanura (edén de la agroindustria avara en empleo) o hacia los semáforos de las ciudades; sólo porque los ganaderos prefieren especular con la tierra y adjudicarla más bien a bovinos, a razón de vaca por hectárea?
SANTOS DUERME CON EL ENEMIGO
Cuando el Incora quiso distribuir tierras en la Sabana de Bogotá y en el Valle del Cauca, los hacendados levantiscos amenazaron con guerra civil. La parcelación de Jamundí y la radicalización del campesinado precipitaron el Pacto de Chicoral, que sepultó para siempre la reforma agraria. 45 años después, la Ley de Restitución de Tierras revive las veleidades levantiscas de la Mano Negra. Aunque no se trata ya de repartir tierra sino de devolver la usurpada a sus dueños, ésta juega ahora como factor de guerra: los protagonistas del conflicto van por el control militar del territorio, necesario para asegurar los corredores del narcotráfico. Y en la mitad, las víctimas. Ayer, derrotadas por una derecha bicolor, de fusta y rosario; hoy, en la incertidumbre que transmite la coalición de un gobierno que apunta a una “revolución agraria” pero alberga en su seno a los más temibles enemigos de la restitución. Enemigos de fusta y rosario y motosierra.
OSADÍAS DE SANTOS
Con todo y sus altibajos, dos hazañas registra en su haber el presidente en lo que lleva de gobierno, ambas enderezadas a la paz. Primero, la política de restitución de tierras a las víctimas del conflicto, osadía que tiene alebrestada a la Mano Negra. Segundo, su propuesta al mundo de considerar la legalización de las drogas, como alternativa al ruidoso fracaso de la guerra contra ellas. En declaraciones al Observer de Londres que le dieron la vuelta a Europa, el Presidente de Colombia sorprendió con su tácita descalificación de la política antidrogas que el Gobierno de Estados Unidos impuso, aunque sabe que somos nosotros quienes ponemos los muertos. Es menos dañino legalizar que perseguir el tráfico de drogas, argumentó. Pese a la presumible resistencia que le opondrían todos los poderosos que se han lucrado de esta guerra, no le tembló la voz.
LA NUEVA PATRIA EN ACCION
Apareció el fresco entero, con todos sus trazos y colores. La recuperación de 41 mil hectáreas en Urabá destapó la red de alianzas entre paramilitares y fuerzas legales que sustenta por doquier el poder de la patria refundada. Y que se apresta a afianzar su toma del Estado ganando más alcaldías y gobernaciones este 30 de octubre. Pocos episodios tan elocuentes como éste, con el que el Gobierno desentraña en Montes de María los patrones de usurpación de tierras. Veamos.
RÉPLICA A KALMANOVITZ
“Los colombianos se entregan con pasión a cuantificar el negocio de la droga, pero pasan por alto el problema mayor: la corrupción que éste propaga”. Eso dijo Alain Labrousse, Director del Observatorio Geopolítico Mundial de la Droga, sede París. En su columna del 5 de septiembre, Salomón Kalmanovitz ignora el núcleo de mi columna del 30 de agosto que apunta al narcotráfico como causa de los estándares que hoy alcanza la corrupción en Colombia. Y se detiene en un dato incidental según el cual en 1998 nuestras exportaciones de drogas ilícitas superaron las legales. Exagerado le pareció. Pues bien, si de medir exportaciones ilegales se trata, repitamos el ejercicio.
COLOMBIA, ¿PAÍS MAFIOSO?
La audaz recuperación de 41 mil hectáreas la semana pasada en Urabá es una carga de dinamita contra el bastión agrario del narcotráfico. Enhorabuena. Pero, siendo causa suprema de la corrupción sin límites que este Gobierno y los organismos de control destapan día a días, el narcotráfico produjo efectos más perniciosos aún: torció la mentalidad de los colombianos hacia la complacencia con el robo y la indiferencia frente el crimen. No pocos asumen estas actitudes o aspiran a imitarlas. En particular, cuando gobernantes y delincuentes de cuello blanco se convierten en modelo de conquista a codazos del poder y la riqueza, en un país donde las oportunidades son privilegio de ricos. Para muchos colombianos, el narcotráfico es la oportunidad que redime de la pobreza.
¿Y LA LEY DE TIERRAS?
Desplomado ‘Uribito’, el entonces sucesor de Uribe al trono, queda también en entredicho su modelo agrario. No se conformó Arias con reverenciar a los ricos para que éstos lo elevaran al solio de Bolívar. Es que además le bullía por las venas el arquetipo Carimagua: aquel que desde tiempos inmemoriales dispensa a los privilegiados todos los privilegios del desarrollo en el campo y convierte al campesinado en sus peones de brega. Pero, aunque no cobra forma todavía su anunciada transformación integral del agro, Santos debutó con un lance inesperado que tiene vociferando a la Mano Negra: titular cuatro millones de hectáreas, la mitad de ellas a despojados de sus fundos por la fuerza. A la fecha, ha devuelto 350 mil hectáreas. Mas, se echó de menos en su discurso del 20 de julio la prometida ley de Tierras y Desarrollo Rural, con sus apoyos en crédito, tecnología, sistemas modernos de comercialización y obras publicas de beneficio común.
LOS PILARES DE LA CORRUPCION
Sobre tres cimientos formidables se ha montado la corrupción en Colombia: sobre la insólita largueza de la norma de contratación pública con empresas privadas. Sobre la designación de los controladores por los propios controlados, en cuya virtud gobernadores y alcaldes terminan “vigilados” por amigos que no ven la uña larga de muchos gobernantes que se roban la plata de todos en asocio de pillos de cuello blanco y hasta de criminales. La pudibunda clase política fiscalizándose a sí misma. También se ha montado la corrupción sobre la connivencia de un número creciente de jueces de base que, amedrentados o pagados, terminan por favorecer al funcionario o al contratista corruptos.
MAFIA-POLÍTICOS, EL BINOMIO DE ORO
El diagnóstico de Claudia López permite imaginar los alcances de la lid que se aproxima. Con un acervo impresionante de documentación, en el libro Y refundaron la patria sigue ella el curso de las relaciones entre mafia y política, saga de violencia que redundó en cooptación de medio Estado por iniciativa recíproca de “legales” e “ilegales”. Ya desde el escenario de la legalidad, ya moviendo cuerdas tras bastidores, actuaban todos en pos de idéntico desenlace: capturar la administración del Estado y sus recursos, darle a su poder figura corporal en la política. Tarea de mérito menguado, se diría, pues los cruzados de la nueva patria no encontraron resistencia en el gobierno que, más bien, los acogió como pieza madre de su proyecto histórico. A un tercio del Congreso llegó la representación del paramilitarismo.
REFORMA AGRARIA, TERCER INTENTO
En iniciativa que marca el mayor contraste con el conservadurismo atrabiliario del pasado Gobierno, el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, anuncia una reforma agraria que apunta a la tenencia de la tierra, corazón del conflicto armado. Restitución de tierras arrebatadas a sus dueños, redistribución y formalización de la propiedad rural, y una estrategia de desarrollo productivo del campo cimentada en el campesinado menor constituyen la nuez de un proyecto que sorprende y enciende una luz al final del túnel. La propuesta del Gobierno guarda proporción con una historia de horror tejida en torno a la propiedad rural, que ensanchó sin medida los fundos de siempre, incorporó nuevos contingentes de terratenientes forjados al calor del narcotráfico y sus ejércitos y expulsó a cuatro millones de campesinos en los últimos ocho años. Sin contar los muertos.
Cristina de la Torre