TEMAS / Columnas sobre POLÍTICA AGRARIA
DESARROLLO RURAL, ¿PARA CUÁNDO?
Si en Brasil el bienestar alcanzado mueve a pedir más, en Colombia la posibilidad de paz parece precipitar acontecimientos que desde distintos flancos apuntan a una reforma agraria. Solución inescapable a un conflicto centenario por la tierra, hoy convertido en tragedia por la monstruosidad de la violencia que acompaña a la economía de la droga. Se movilizan los pobladores del Catatumbo para que el Gobierno honre su compromiso expreso de declarar la zona como reserva campesina; de ejecutar allí el plan de desarrollo rural que los redima de la miseria y ofrezca alternativas económicas a los cultivos de coca, su fuente de sustento desde hace treinta años. Se moviliza el Gobierno, a su vez, no ya apenas con la restitución de tierras en marcha, sino con la expedición de un decreto que habilita al Incoder para comprar y expropiar tierras con destino al campesinado.
ACUERDO AGRARIO CONTRA LA MUERTE
Cientos de miles de muertos y cinco millones y medio de víctimas de la Violencia y el conflicto armado preceden el acuerdo agrario suscrito con las Farc. De operarse en el campo el vuelco que éste promete, se ahorraría Colombia nuevas cifras de horror y de vergüenza, hijas del lastre colonial que se niega a desaparecer, y del narcotráfico. Razón poderosa para congratularse y batirse por el proceso de paz en marcha. Así redoble él la vocinglería de sus enemigos, Uribes y Londoños y Pachitos y Lafauries y Mancusos, paladines del pensamiento más retardatario donde se atrincheraron, con sus fierros, la vieja guardia del campo y ahora el paramilitarismo.
El texto del acuerdo se diría fragmento de la Ley de Tierras de López Pumarejo, o de la reforma agraria que la Alianza para el Progreso de Kennedy le propuso a América Latina en 1960. Primero la de López, tributaria de la revolución liberal que hace un siglo campeaba en el continente, murió en la cuna a mano armada del latifundismo que respondió con la Violencia a las enseñas de Estado laico y reforma agraria.
TIERRA: ¿SANTOS SE LA JUEGA?
Entre discusiones de tono mayor, una revolución agraria se insinúa desde La Habana; y no es socialista, es liberal. Pero capaz de fracturar los cimientos del modelo de miseria, atraso, injusticia y violencia que ha cobrado la vida a miles de labriegos y, su parcela, a millones. Con o sin las Farc (si el diálogo fracasa) el Gobierno comenzaría por entregar al campesinado tierras arrebatadas a particulares y al Estado. Y, con la actualización del catastro, afectaría el latifundio improductivo; sueño siempre malogrado desde 1936. Marisol Gómez revela (El Tiempo, 5-19) que se creará un banco de tierras con destino a 250 mil campesinos. Se nutrirá éste con baldíos recuperados y con 3 millones de hectáreas usurpadas por avivatos, narcotraficantes y grupos armados. Sumadas a los 2 millones que el Gobierno ha formalizado y a las restituciones que despegan en firme, toda la tierra rescatada recaería en el campesinado. Parte de ella en Zonas de Reserva Campesina, como un instrumento de desarrollo rural.
PAZ: LA PROPUESTA CAMPESINA
Tras el eufemismo de la sociedad civil, coartada que también los negociadores de La Habana emplean para buscar apoyos políticos, una voz autorizada se alza desde las afugias del campesinado irredento. Cuando el proceso debuta con política rural, la Mesa Nacional de Organizaciones Agrarias lanza una propuesta que las partes harían bien en contemplar. Aunque esta Mesa, complejo de organizaciones desprendidas de la vieja Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) se proclama independiente del Gobierno y de las Farc, no juega de tercero en discordia. Lejos de la Unidad Nacional y de la Marcha Patriótica, representa el sentir de los labriegos que vuelven a pronunciarse tras décadas de olvido y dispersión, producto de la derrota sangrienta que el gobierno de Misael Pastrana le infligiera al movimiento campesino. Efecto, así mismo, del conflicto armado que no le dejó sino lágrimas para llorar a sus muertos.
DAR TIERRA, SEMBRAR PAZ
Las Farc van por reforma agraria. Santos va, en dinámica de TLC, por la agroindustria de exportación. Pero también por restituir tierras y relanzar la agricultura campesina con todos los apoyos del Estado. Estos últimos frentes, en los que el Gobierno trabajaba ya por iniciativa propia, resultarán cruciales en Oslo y La Habana. Paso intrépido, cargado de significado dio esta semana al intervenir dos haciendas, santuario del paramilitarismo, arrebatadas por los Castaño a campesinos de Córdoba y Cesar. Por su parte, el proyecto de Desarrollo Rural replantea las Zonas de Reserva Campesina, no ya en los extramuros de la patria, sino dentro de la frontera agrícola. Concebidas para estabilizar y fortalecer la agricultura campesina, fuente de la seguridad alimentaria, estas áreas podrían alojar también a las tropas desmovilizadas de las Farc: campesinos a quienes la ciudad nada ofrece, pues industrialización no hay; ésta se estrellaría contra el TLC.
LA PAZ: ¿DEBER O VERGÜENZA?
Nunca una cortina de humo tan grosera y desproporcionada. En lugar de explicarse por el escándalo del general Santoyo (hoy confeso aliado de la mafia mientras oficiaba como jefe de seguridad del primer mandatario), llegó Uribe al extremo de señalar al presidente Santos como cómplice de las Farc y lo sindicó de adelantar diálogos de paz: “una bofetada a la democracia”, dijo, “una vergüenza”. Acusación que enfrenta el deber supremo de la paz con el recurso a la guerra contra la subversión que a Uribe le había dado fama y poder. Piadosa presentación de la guerra justa que ignoraba, no obstante, la de fondo, aquella de intereses menos nobles enderezada a hacerse, motosierra en mano, con el poder del Estado. Fueron las Farc el enemigo de Uribe y derrotarlas parecía justificarlo todo.
AGRO: ¿REVOLUCION SIN REDISTRIBUCION?
Es decisión política de alto vuelo. La anunciada Ley de Desarrollo Rural podrá interpretar la aspiración centenaria del campesinado a la tierra, o bien, favorecer a la ultraderecha de Antioquia y de la Costa que, Uribe a la cabeza, encarna hoy un sistema de jerarquías petrificadas desde la Colonia. Aunque el Ministro ha dicho que no se trata de repartir tierra sino de legalizarla y de modernizar el campo, el Presidente habló de revolución agraria. Y cabe la pregunta: ¿revolución (liberal) sin redistribución? ¿Modernización sin tocar la estructura de propiedad cuando se sabe que el latifundio improductivo y el mal uso del suelo que conlleva son las grandes talanqueras del desarrollo y la equidad en el campo? ¿Modernización expulsando el último reducto de población “sobrante” en la frontera agrícola hacia la Altillanura (edén de la agroindustria avara en empleo) o hacia los semáforos de las ciudades; sólo porque los ganaderos prefieren especular con la tierra y adjudicarla más bien a bovinos, a razón de vaca por hectárea?
SANTOS DUERME CON EL ENEMIGO
Cuando el Incora quiso distribuir tierras en la Sabana de Bogotá y en el Valle del Cauca, los hacendados levantiscos amenazaron con guerra civil. La parcelación de Jamundí y la radicalización del campesinado precipitaron el Pacto de Chicoral, que sepultó para siempre la reforma agraria. 45 años después, la Ley de Restitución de Tierras revive las veleidades levantiscas de la Mano Negra. Aunque no se trata ya de repartir tierra sino de devolver la usurpada a sus dueños, ésta juega ahora como factor de guerra: los protagonistas del conflicto van por el control militar del territorio, necesario para asegurar los corredores del narcotráfico. Y en la mitad, las víctimas. Ayer, derrotadas por una derecha bicolor, de fusta y rosario; hoy, en la incertidumbre que transmite la coalición de un gobierno que apunta a una “revolución agraria” pero alberga en su seno a los más temibles enemigos de la restitución. Enemigos de fusta y rosario y motosierra.
AGRO: VISIONES ENCONTRADAS
Se abre paso el debate de fondo. Ante la iniciativa oficial en marcha de modernizar el campo sin tocar la estructura de propiedad de la tierra, ya se pronuncian quienes estiman imposible aprovechar el potencial productivo del sector sin afectar antes nuestra escandalosa concentración agraria, segunda en el mundo después de la del Brasil. Reafirman que este modelo de tenencia y el uso inadecuado de los suelos que de él se desprende son las grandes talanqueras del desarrollo agropecuario. Porque sin acceso a la tierra tampoco hay inversión, ni producción, ni ahorro; el crecimiento resulta deleznable o nulo, y explosivo el potencial de conflictos. El anteproyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural (versión no oficializada) del gobierno, lejos de repartir tierras, propone subsidiar a los campesinos para que las compren. No sorprende.
¿Y LA LEY DE TIERRAS?
Desplomado ‘Uribito’, el entonces sucesor de Uribe al trono, queda también en entredicho su modelo agrario. No se conformó Arias con reverenciar a los ricos para que éstos lo elevaran al solio de Bolívar. Es que además le bullía por las venas el arquetipo Carimagua: aquel que desde tiempos inmemoriales dispensa a los privilegiados todos los privilegios del desarrollo en el campo y convierte al campesinado en sus peones de brega. Pero, aunque no cobra forma todavía su anunciada transformación integral del agro, Santos debutó con un lance inesperado que tiene vociferando a la Mano Negra: titular cuatro millones de hectáreas, la mitad de ellas a despojados de sus fundos por la fuerza. A la fecha, ha devuelto 350 mil hectáreas. Mas, se echó de menos en su discurso del 20 de julio la prometida ley de Tierras y Desarrollo Rural, con sus apoyos en crédito, tecnología, sistemas modernos de comercialización y obras publicas de beneficio común.
Cristina de la Torre