por Cristina de la Torre | Mar 12, 2019 | Iván Duque, Impunidad, Corrupción, Clientelismo, Marzo 2019
Es del talante de Duque dictar una medida mientras la neutraliza con otra mayor: avanza un paso y retrocede un kilómetro. Así, encarando la corrupción que reina en la contratación del Estado, sanciona por fin el decreto que adopta el pliego único en licitaciones de obras públicas; formato que golpearía el favorecimiento previo a un único oferente y a las mafias de contratistas. Enhorabuena. Pero el Plan de Desarrollo crea por su lado el llamado Fondo de Inversiones de Iniciativa Congresional, un quinto del presupuesto nacional de inversión a disposición de la clase parlamentaria. Toneles de mermelada como ésta viera jamás. Y con premio adicional: no tendrían ya esos billones la cortapisa de Planeación Nacional, porque el artículo 35 del Plan le arrebata a la entidad el control sobre el presupuesto de inversión, para depositarlo en el ministro de Hacienda. Ecónomo del país que políticos y hombres de bien usufructúan como finca y faltriquera propias. Hoy será Carrasquilla, habilidoso contratista que ordeñó decenas de municipios con sus bonos de agua. Mañana podrá ser otro de parecida jaez.
El pliego tipo se contrae por ahora al sector transporte, porción menor de la contratación pública que en 2017 alcanzó $147 billones. Según el profesor Alejandro Barreto, no toca a la contratación directa que ese año representó casi $45 billones; ni a regímenes especiales como los de las Fuerzas Armadas, Ecopetrol y empresas de servicios públicos, cuya contratación llegó a $36,9 billones; ni a las licitaciones de particulares ante el Distrito Capital. Sólo afecta al tipo de licitaciones que representaron entonces $10,5 billones. Si buena, poco podrá la medida contra la exultante expansión de contratos que en provincia se adjudican casi siempre a dedo: 85% según el entonces contralor Maya.
Porfiará el político en el negocio por punta y punta, mientras prepara alforjas para almacenar los auxilios multiplicados de Papá Noel. Que ahora le sobrará más de la financiación privada de su campaña, y de la pública. Y podrá seguir adjudicando contratos a sus prosélitos y amigos, por mano del copartidario alcalde o gobernador. Sigue Verónica Tabares en La Silla Vacía un estudio de la MOE que relaciona financiación de campañas y contratación pública según el cual 112 donantes a campañas en Antioquia aportaron $663 millones y obtuvieron contratos públicos por $85.903 millones: recibieron $129 millones por cada millón invertido. 93% de los contratos se entregaron a dedo. Y Milena Sarralde informa en El Tiempo que un puñado de vivos acapara la contratación pública, multiplicándose en mallas cerradas que repiten beneficiarios. Concentran un tercio de la contratación pública. Son contratistas –dice el contralor– que actúan con vocación de carteles, mafias rapaces que se organizan metódicamente para monopolizarla.
A la voz de que empeora el país en el rango mundial sobre percepción de corrupción, Transparencia por Colombia le pide al presidente idear una lucha estructural contra ella y anclarla en el Plan de Desarrollo. Ni modo. Lo estructural que vemos en el descosido mamotreto es la multimillonaria partida que se asignará a la clase política, convenientemente confiada ahora a la cartera de finanzas. Se disocia con ello la inversión pública de la estrategia de desarrollo, de sus metas y políticas, brújula que le marca el norte y le da sentido de conjunto. Queda la inversión sometida al albur de una nube de mercaderes y políticos que hacen del erario un carnaval. Si ya lo bailan en la ancha alcantarilla de la contratación pública, ¿qué no harán con el presupuesto todo en sus peludas manos? Si tuviera el presidente Duque algún sentido de patria corregiría a tiempo la procaz iniciativa, y reviviría los proyectos contra la corrupción que el país exigió. No más la charada del sí-pero-no.
por Cristina de la Torre | Ene 15, 2019 | Iván Duque, Derecha, Modelo Político, Modelo Económico, Uribismo, Corrupción, Clientelismo, Enero 2019
Perdió Duque el cuarto de hora en que podía todavía jugar con ambigüedades entre las palabras y los actos de Gobierno. Con su tácito respaldo a auxilios parlamentarios tamaño catedral; con decretos que favorecen el renacimiento oficial del paramilitarismo; con la revitalización financiera de Fedegán, gremio al uso de la élite más oscura y violenta, remacha el presidente el rumbo que enmascaraba pudorosamente, para devolver a Colombia de cabeza al socavón. Así acotado el espíritu de su mandato, al pacto nacional de enero 28 responderán los conmilitones naturales de la derecha: la clase parlamentaria, previa garantía de que podrá embolsillarse la quinta parte del presupuesto de inversión. Difícil seducir con semejante pastel a las fuerzas alternativas. A medio país que aspira al cambio con propuestas distintas o contrarias al militarismo y la inequidad y que completa el cuadro de la diversidad. El llamado de Duque a disolver distinciones entre izquierda y derecha –como si de un artificio diabólico se tratara– apunta a subsumir la oposición en el hegemón retardatario de su proyecto. A negar el pluralismo y el conflicto tramitado pacíficamente. A negar la democracia.
Para asegurar gobernabilidad, agiganta el partido de gobierno los añosos auxilios parlamentarios –ahora 20% del presupuesto nacional de inversión– y los eleva a norma constitucional. A su lado, la vieja mermelada dispensada para obras locales de los parlamentarios resulta una chichigua deleznable. Si corrupción y delitos de toda laya florecieron siempre al calor de estas partidas presupuestales, aquellos crecerán ahora en la proporción billonaria del soborno. Aquí, ¿quién la hace y quién la paga: sólo quien se manduquea los recursos, o también el mandatario que se hizo el desentendido?
Si empacha de mermelada a la clase política, no olvida a quienes añoran los ríos de sangre que con el acuerdo de paz devinieron riachuelo. Y expide decreto que “flexibiliza” las condiciones para adquirir y usar armas, dizque allí donde la gente corra peligro y deba defenderse. Sardónico eufemismo para nombrar el renacimiento de las temibles Convivir. La norma –promovida por el Centro Democrático, el Partido Conservador y la nueva cúpula militar, según Semana– entrega a la inquietante persona del ministro de Defensa la potestad de decidir a quién armar. Y a las guarniciones militares que no ha mucho cohonestaron los 10.000 falsos positivos. Así feria el Gobierno su monopolio del uso de la fuerza, principio fundacional del Estado de derecho, y delega en particulares la seguridad ciudadana.
Para rematar, le devuelve Duque a Fedegán el manejo de $93.000 millones anuales de recursos públicos, mediante contrato a 10 años cedido a José Félix Lafaurie, presidente de la agremiación, cuando corría licitación pública obligatoria para asignar la partida. Y mientras el dirigente de marras seguía sin explicar manejos irregulares a raíz de los cuales había perdido el control sobre esos recursos. Sustanciosa gabela que se suma a los 10 años de gracia por impuestos que el Gobierno le concede, entre otros privilegiados del campo, al latifundio ganadero. Porque sí. Por razón del inmenso poder que ostenta y defiende empleando todas las formas de lucha. Recuerda el investigador Alejandro Reyes que en tiempos de la reforma agraria de Carlos Lleras nueve clanes familiares poseían en Sucre 360.000 hectáreas, el 40% de la tierra del departamento. Su dominio se ha extendido a la política, al control social y al usufructo privado del erario.
El poder terrateniente y su desproporcionada representación parlamentaria han vuelto al mando. Y a la vera del camino, los ejércitos de civiles que aportaron su cuota macabra al desangre de Colombia. Y Duque ahí: solícito garante de la ultraderecha.
por Cristina de la Torre | Jun 10, 2018 | Elecciones 2018, Derecha, Paramilitarismo, Tierras, Modelo Político, Uribismo, Conflicto interno, La paz, Política económica, Iglesias, Mujer, Salud, Educación, Impunidad, Acuerdos de paz, Justicia, Régimen político, Proceso de paz, Corrupción, Clientelismo, Junio 2018
Si regresara Uribe a la silla de Bolívar en la persona de Duque, no necesitaría convocar constituyente. Para reeditar, ahondado, su modelo de gobierno autoritario y violento, le bastará con ejecutar la sustancia inocultable de las reformas que su pupilo barniza: suprimir la independencia de los poderes públicos, revivir la guerra y abrir nuevas puertas al abuso del poder. A ello conducen, por un lado, la disolución de las Cortes y su integración en una sola, sacada del cubilete del Presidente; y el achatamiento del Congreso a cien miembros, para lo cual tendría primero que revocarlo. De otro lado, los anunciados “ajustes” al acuerdo de paz apuntan a destruirlo; de donde no podrá resultar sino el regreso de la guerrillerada a las armas y el sabotaje a la reforma rural. Audacias que el mórbido Duque acometería, rodeado como estará por las fuerzas vivas de la patria: el clientelismo en pleno, los gremios económicos, el latifundismo, el cuerpo de notables sub judice o prófugos de la justicia, la parentela de la parapolítica, iglesias adictas a la teocracia, verdugos de la diversidad sexual y el popeyismo.
Al nuevo tribunal supremo erigido sobre el cadáver de las cortes que investigan al expresidente y familia, podrá el Primer Mandatario, es decir Uribe, enviar magistrados de su círculo personal. La reforma le entrega al presidente el nombramiento del fiscal, al Gobierno la estructuración de la investigación criminal, y a la Policía, funciones judiciales. En modo viejo DAS, anuncia Duque la creación de un aparato de control político envolvente sobre la población: Un sofisticado sistema de denuncias y seguimiento, con monitoreo electrónico que lo coloca por encima de la Stasi en la Alemania Oriental, de la KGB, de los Comités de Defensa de la Revolución Cubana y sus vástagos del madurismo.
Providencial, esta reforma de las Cortes borraría de un plumazo las 280 indagaciones que se le siguen al senador Uribe, más de una de carácter penal. Como la recién reabierta por presunta responsabilidad por omisión del entonces gobernador de Antioquia en las masacres perpetradas por paramilitares y Fuerza Pública en La granja y El Aro en los 90. Y en relación con el asesinato del líder de Derechos Humanos en ese departamento, Jesús María Valle, tras suplicar sin éxito al mandatario seccional protección para la población de esas localidades. Según Semana, la Corte Suprema investiga la formación del grupo paramilitar autor de tales masacres, “que habría usado como base de operaciones la hacienda Guacharacas de propiedad de la familia Uribe Vélez”. El senador pidió celeridad en la investigación.
Por otra parte, Duque le pone dinamita al Acuerdo de Paz. ¿O es que impedir el debut de los desmovilizados en política para arrojarlos a la cárcel no redunda de inmediato en el regreso de 10.000 guerrilleros hacia la disidencia de las Farc o hacia las bacrim? ¿No es eso reactivar la guerra? ¿No es revictimizar a las víctimas que se quedarán, así, sin verdad, sin reparación y blanco de una nueva guerra? De una guerra donde son los campesinos los que ponen los muertos de todos los ejércitos, pues nunca van los hijos del poder al frente de batalla.
He aquí los hilos de la constituyente uribista que Duque lanzaría, no tanto por blandura como por convicción. Chavismo puro y duro. Como lo prueban sus debates de ocho años en el Congreso. Ni Duque es “el James de la política” –despropósito de su jefe de campaña–, ni es Uribe el Cid Campeador de todos los colombianos en todos los tiempos. Media Colombia acaba de apartarse en las urnas de quien encarna, más bien, al procaz perdonavidas, seductor de reprimidos por las hipocresías eclesiales: las religiosas y las políticas. Se ha rebelado ya contra la horrible noche que se le ofrece.
por Cristina de la Torre | Jun 4, 2018 | Elecciones 2018, Derecha, Modelo Político, Uribismo, Izquierda, Corrupción, Clientelismo, Junio 2018
La excluyente confrontación que muchos temíamos entre extremismos que podían abrevar en un mismo modelo chavista ya no tendrá lugar. En vez de polarización hubo pluralidad en primera vuelta, pues no fueron dos sino tres los competidores con opción de triunfo. Y dos de ellos, petrismo y fajardismo, son voto libre insubordinado contra los partidos que se hunden en su propio fango. Esta inflexión histórica del 27 de mayo, la depuración del discurso de Petro como opción democrática y la negociación de coaliciones propia del sistema a dos vueltas redefinieron los términos de la disyuntiva electoral: no será ahora entre derecha e izquierda sino entre derecha y centro-izquierda, con nítida definición ideológica para dos modelos de sociedad. A la manera de las democracias maduras. El dilema no será –como querrá presentarlo la reacción– entre capitalismo postmoderno y comunismo totalitario. Será entre una aleación de feudalismo y neoliberalismo, de un lado, y socialdemocracia, del otro.
Así lo indica la índole de las coaliciones que se fraguan. En torno a Duque, el uribismo con su temible corriente filoparamilitar, reforzado con el aparato en pleno de la politiquería que exhala miasmas. En torno a Petro, cinco millones de inconformes acompañados de una mayoría de verdes y polistas, la mitad de sufragantes de Fajardo y De la Calle, los movimientos que acompañan a Clara López y un contingente indeterminado de votantes libres. El voto en blanco servirá al retorno de Uribe, alternativa de ultraderecha que procede por golpe de mano. Lo sabemos. Podrá aquel sufragio obrar como cace simbólico de una tercería, pero con riesgo de esfumarse a la vuelta de la esquina. Como la Ola Verde.
Mejor perspectiva es la de coalición, por su probada eficacia como fórmula de convergencia para gobernar, ejercer oposición o proyectarse en estrategia de largo aliento. Pero una cosa es adhesión gratuita, sin condiciones, sin honor, como la obsequiada a Duque por todos los partidos tradicionales. Otra, la que negocia con Petro puntos irrenunciables de un programa común, formal y hecho público: la de los Verdes, la de Clara López. El acuerdo suscribe un programa de capitalismo social común a todo el centro-izquierda, Petro incluido. Y registra precisiones sagradas: respeto a las instituciones y a la propiedad privada; renuncia a la convocatoria de una constituyente, con cierre del Congreso; respeto a la regla fiscal, nombramiento de servidores públicos por méritos y apoyo a la consulta anticorrupción, entre otros. Horizonte decisivo cuando la disputa entre modelos de país se traducirá en políticas opuestas sobre el desarrollo de los acuerdos de paz; sobre la construcción de otra Colombia, o bien, el empeño en mantenerla en la injusticia, y la violencia.
Ejemplo aleccionador de pacto sobre programa mínimo entre fuerzas diversas que preservan, no obstante, su identidad política, sus estructuras y decisiones, es el del Frente Amplio de Uruguay. De su proyección histórica hablan los 50 años de existencia y los 20 que lleva en el poder. Un conjunto variopinto de fuerzas políticas acordó actuar al unísono en defensa del Estado de derecho, la democracia, la paz y la justicia social. El balance queda a la vista.
Con 51% de los votos, ¿no estarían las fuerzas del centro-izquierda preparadas para un desafío semejante? O, de entrada, para acordar coalición electoral por Petro? Si faltara quien le impusiera sindéresis al temperamento de Petro, ahí está la vicepresidenta, Ángela María Robledo, mujer admirable probada en peores batallas. De momento, resuenan las palabras de Antonio Navarro: “He luchado toda mi vida contra el clientelismo y la política tradicional. Toda ella está hoy con Duque. No me rindo, ni paso votando en blanco”.
por Cristina de la Torre | May 30, 2018 | Corrupción, Clientelismo, Mayo 2018
Entre la función social del Estado y la ética del beneficio privado a toda costa, EPM han sido dos empresas: la de ayer, orgullo de Antioquia y de Colombia, marcada por una divisa indeclinable de servicio público bajo la batuta de científicos como Darío Valencia; y la de hoy, un grupo económico de encadenamiento empresarial, alucinado en el rédito financiero hasta terminar amenazando la vida de 113.000 personas. Por ganarse una plata. Hoy ocupa la silla de gerente un encuestador a quien vemos en pantalla de televisión siempre perplejo, como agobiado con el premio que recibiera del Alcalde por sus buenos oficios en la campaña que lo llevó al Gobierno de Medellín. Si se rompe la presa, expresó el ingeniero José Hilario López, sobrevendrá la peor tragedia en la historia de la ingeniería después de Chernovil. Y en ese entierro tendrían velas tanto Federico Gutiérrez, burgomaestre que nombra al hombre de nula preparación para el cargo, como el irresponsable que lo acepta.
El desastre deriva de la modificación del diseño para evitarse una multa por incumplimiento en la entrega de la obra y para ganarse el bono de disponibilidad. El cambio, más que estúpido, fue criminal: sellaron los túneles de evacuación del agua, ya inestables, antes de terminar la presa. Prevalecieron los tiburones financieros sobre los ingenieros. Construyeron un tercer túnel sobre dos fallas geológicas y, claro, a poco lo taponó un derrumbe. No eran fallas imprevisibles, como lo dijo el gerente. Ya desde los años 70 se había detectado el deslizamiento Guásimo en la margen izquierda del río, cerca de la represa, pero no se tuvo en cuenta ahora la gravedad de su amenaza. Para Daniel Quintero, exviceministro de TIC, tan graves eran las fallas geológicas que hubieran debido construir la presa en otro lugar. Todo ello lo sabía desde hacía un año por misiva de López el gobernador Luis Pérez, tan agudo para ver en la crisis telenovela, o diluvio universal, o (para consuelo del orbe) diluvio sólo en Colombia.
El hidroeléctrico fue nicho apetitoso entre las empresas públicas que cayeron abrazadas por la fiebre neoliberal de César Gaviria. Beneficiaria mayor de la licitación que otorgaba el proyecto de Ituango fue Camargo-Correa, firma brasileña involucrada en el escándalo de Lava Jato y hoy investigada por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato con EPM. Arrastrada por el vértigo del lucro, torpe frente a los imperativos de la vida humana y del ambiente, reverenciando la valorización del capital como único resultado posible de la inversión, EPM ha dejado de ser empresa prestadora de servicios para caer víctima de su propio invento: la codicia acorrala como el fuego al escorpión, hasta que éste termina por clavarse su propio arpón.
La estructura corporativa de dirigentes insobornables desapareció, para dar lugar al juego de los políticos y a tratativas non sanctas. A cada nuevo alcalde, nuevo gerente en EPM, esté o no dotado para el cargo. Juan Gómez nombra a un Valencia Cosio y, Luis Pérez, a la encargada de una discreta sucursal del Banco de Occidente. Algún gerente salió de EPM para el grupo Argos, una de cuyas compañías es Celsia, competencia de aquella en el mercado de energía. El actual alcalde nombra a Jorge Londoño, un ducho en mercadeo, mientras el poder real descansa en un financiero venido de la banca de inversión.
Pero reina la ley del silencio: dijo Quintero que a los empleados de EPM se les prohíbe sacar sus chiros al sol. (¿Acaso la compra de Orbitel?) Y sugiere que, desvalorizada la empresa, habrá quienes quieran comprarla a precio de huevo. Así se privatizaría EPM, manjar de avivatos, mientras los pobladores de 14 municipios no saben si podrán sobrevivir a la tragedia.
