por Cristina de la Torre | Ene 15, 2019 | Clientelismo, Corrupción, Derecha, Enero 2019, Iván Duque, Modelo Económico, Modelo Político, Uribismo
Perdió Duque el cuarto de hora en que podía todavía jugar con ambigüedades entre las palabras y los actos de Gobierno. Con su tácito respaldo a auxilios parlamentarios tamaño catedral; con decretos que favorecen el renacimiento oficial del paramilitarismo; con la revitalización financiera de Fedegán, gremio al uso de la élite más oscura y violenta, remacha el presidente el rumbo que enmascaraba pudorosamente, para devolver a Colombia de cabeza al socavón. Así acotado el espíritu de su mandato, al pacto nacional de enero 28 responderán los conmilitones naturales de la derecha: la clase parlamentaria, previa garantía de que podrá embolsillarse la quinta parte del presupuesto de inversión. Difícil seducir con semejante pastel a las fuerzas alternativas. A medio país que aspira al cambio con propuestas distintas o contrarias al militarismo y la inequidad y que completa el cuadro de la diversidad. El llamado de Duque a disolver distinciones entre izquierda y derecha –como si de un artificio diabólico se tratara– apunta a subsumir la oposición en el hegemón retardatario de su proyecto. A negar el pluralismo y el conflicto tramitado pacíficamente. A negar la democracia.
Para asegurar gobernabilidad, agiganta el partido de gobierno los añosos auxilios parlamentarios –ahora 20% del presupuesto nacional de inversión– y los eleva a norma constitucional. A su lado, la vieja mermelada dispensada para obras locales de los parlamentarios resulta una chichigua deleznable. Si corrupción y delitos de toda laya florecieron siempre al calor de estas partidas presupuestales, aquellos crecerán ahora en la proporción billonaria del soborno. Aquí, ¿quién la hace y quién la paga: sólo quien se manduquea los recursos, o también el mandatario que se hizo el desentendido?
Si empacha de mermelada a la clase política, no olvida a quienes añoran los ríos de sangre que con el acuerdo de paz devinieron riachuelo. Y expide decreto que “flexibiliza” las condiciones para adquirir y usar armas, dizque allí donde la gente corra peligro y deba defenderse. Sardónico eufemismo para nombrar el renacimiento de las temibles Convivir. La norma –promovida por el Centro Democrático, el Partido Conservador y la nueva cúpula militar, según Semana– entrega a la inquietante persona del ministro de Defensa la potestad de decidir a quién armar. Y a las guarniciones militares que no ha mucho cohonestaron los 10.000 falsos positivos. Así feria el Gobierno su monopolio del uso de la fuerza, principio fundacional del Estado de derecho, y delega en particulares la seguridad ciudadana.
Para rematar, le devuelve Duque a Fedegán el manejo de $93.000 millones anuales de recursos públicos, mediante contrato a 10 años cedido a José Félix Lafaurie, presidente de la agremiación, cuando corría licitación pública obligatoria para asignar la partida. Y mientras el dirigente de marras seguía sin explicar manejos irregulares a raíz de los cuales había perdido el control sobre esos recursos. Sustanciosa gabela que se suma a los 10 años de gracia por impuestos que el Gobierno le concede, entre otros privilegiados del campo, al latifundio ganadero. Porque sí. Por razón del inmenso poder que ostenta y defiende empleando todas las formas de lucha. Recuerda el investigador Alejandro Reyes que en tiempos de la reforma agraria de Carlos Lleras nueve clanes familiares poseían en Sucre 360.000 hectáreas, el 40% de la tierra del departamento. Su dominio se ha extendido a la política, al control social y al usufructo privado del erario.
El poder terrateniente y su desproporcionada representación parlamentaria han vuelto al mando. Y a la vera del camino, los ejércitos de civiles que aportaron su cuota macabra al desangre de Colombia. Y Duque ahí: solícito garante de la ultraderecha.
por Cristina de la Torre | Dic 11, 2018 | Corrupción, Diciembre 2018, Iván Duque
Ni torpeza ni ingenuidad; pura marrulla. Hasta un niño sospecharía que la terna del presidente para escoger fiscal ad hoc se armó (¿en algún establo de Rionegro?) con el fin de que la Corte la devolviera en el acto. Como en efecto sucedió, pues más inhabilidades y pasiones de partido no podían ostentar sus miembros. Consecuencia inmediata: no habrá por ahora quién investigue a los señalados de las grandes ligas en las coimas de Odebrecht. Paralizadas las pesquisas, se guarecerán ellos todavía bajo el sopor del olvido, del silencio y la inacción. El primero, el propio presidente que, siendo senador, acudió a cita en el Brasil donde se negociaron apoyos publicitarios para la campaña del candidato de su partido, Óscar Iván Zuluaga, financiados por la oscura multinacional. Si a título de pato (como lo sugiere él), o sólo para ir al baño (según versión del expresidente Uribe) o a título de experto en números con el que su partido lo distinguía, nunca se supo. Ni Duque explicó a satisfacción ni los jueces se tomaron el trabajo de indagar.
Cuando Margarita Cabello renunció, ya ocho magistrados de la Sala Penal habían decidido oponerse a votar esa terna, pues tendrían que declararse impedidos para favorecer a la colega que había contribuido a elegirlos a ellos. Además, ternada en 2010 por el entonces presidente Uribe para fiscal general, la Corte Suprema rechazó su candidatura por “inviable”.
Por su parte, de ser elegida fiscal ad hoc, Clara Lucía González, secretaria jurídica de Palacio, pasaría a juzgar al jefe por su presunta participación en la operación de enganche de Duda Mendonça a la campaña de Zuluaga en 2014, publicista pagado por Odebrecht. Se desempeñaba ella en esa campaña como asesora jurídica del candidato. Proselitista apasionada en la reelección de Álvaro Uribe, a pedido de la Casa de Nari fungió González como abogada de Yidis Medina. Mas no para defender a la parlamentaria que había revelado presiones y dádivas del círculo personal del presidente en palacio, sino para que se retractara y sacara en limpio a la crema del poder presidencial en la dolosa operación que prolongó esa presidencia por cuatro años más.
Tras el escándalo por la tortuosa operación en Brasil, Zuluaga reconoció que su campaña había contratado a Duda a través de Odebrecht; que el pago sería de $2.859 millones. Pero Duda aseguró que Odebrecht le pagó $4,3 millones de dólares por la campaña de Zuluaga. Como en gesto de reciprocidad, en enero de 2017 el entonces senador Duque denunció a Odebrecht por competencia desleal, pero se cuidó de hacerlo también contra el grupo Aval. Abrió así la puerta judicial para que la superintendencia de Industria salvara de multas al consorcio y de inhabilidad para contratar con el Estado por 10 años. Ya la mano peluda de Odebrecht le había extendido $6,5 millones de dólares al entonces viceministro de transporte de Uribe, Gabriel García, coima por la entrega de un contrato en 2009.
En previsión del juego dilatorio con otras ternas inconstitucionales y proclives a absolver conmilitones políticos; del cerrado apoyo de las derechas al fiscal Martínez para atornillarlo en el cargo, parlamentarios de la oposición le piden a la Corte Suprema gestionar con Naciones Unidas la integración de una comisión independiente que ayude a las pesquisas de Odebrecht en el país. Sin funciones judiciales sino de apoyo a nuestros órganos de control. Argumentan que “en Colombia existe un entramado entre las altas esferas políticas e institucionales que impide el real acceso a la justicia, así como a la transparencia y celeridad en las investigaciones”. Única salida honorable contra el adefesio de montar un fiscal uribista para juzgar delitos del uribismo y sus aliados.
Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Feliz Navidad a los lectores.
por Cristina de la Torre | Dic 3, 2018 | Diciembre 2018, Iván Duque, Proceso de paz
No llegó el Presidente, no llegó la Vicepresidenta, no llegó el Comisionado de paz, y su ausencia se sintió como un latigazo en pleno rostro. Acto trascendental tras la firma del Acuerdo de Paz, la instalación de la Comisión de la Verdad discurrió como encuentro premonitorio, de emociones contenidas, entre el que disparó, el que secuestró, el que violó y masacró, con huérfanos y con madres que vieron asesinar a sus hijos. Acaso anduviera el primer mandatario ocupado en el nombramiento de Vicente Torrijos como director del Centro de Memoria Histórica (CNMH). Para reemplazar con este conserje de militares y entusiasta del fascista Bolsonaro a Gonzalo Sánchez, historiador respetado en Colombia y en el mundo por el rigor y la fecundidad de su trabajo de décadas. Por su honradez intelectual. Quedaría ahora engavetado este caudal de memoria histórica, decenas de libros que desdoblan los pliegues variopintos de la guerra; rica fuente documental y analítica para la Comisión de la Verdad, trocada por la particular versión de un solo actor del conflicto. Pero la verdad no es una. Son muchas, que habrán de contrastarse, si de asegurar la paz se trata. Pastora Mira, sobreviviente del municipio de San Carlos flagelado con 33 masacres, cuya familia murió a manos de las Farc, de los paramilitares y el Ejército, dijo que el trabajo encomendado a la Comisión de la Verdad es el más importante y reparador para todas las víctimas: “la construcción de una verdad con todas las voces”.
La verdad, expresó Francisco de Roux, presidente de la Comisión, ha sido ocultada por el miedo, los silencios, las mentiras y el terror. Vamos, dijo, por una verdad dolorosa pero necesaria; sin sesgos ni subordinación a intereses políticos, económicos o de prestigio. Único camino para alcanzar su cometido será esclarecer el impacto de la violencia en la sociedad, las responsabilidades en la guerra, sus causas y las razones de su persistencia durante medio siglo.
Para el empresario Henry Eder, hijo del primer secuestrado por las Farc y asesinado en cautiverio, sin la verdad será imposible un entendimiento entre los colombianos. Lo mismo piensan el ex coronel del Ejército, Carlos Eduardo Mora, denunciante de los falsos positivos; y Jaime Parra, excomandante de las Farc, quien asume la construcción de paz como un reto histórico. El evento alcanzó un clímax emotivo cuando Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, excomandante de las AUC, pidió perdón por las atrocidades cometidas. Dijo: “es hora de pasar la página del dolor. Sin la verdad es imposible reconciliarnos […] hago público reconocimiento del daño que hice, invoco el perdón de las víctimas […] Señores de las Farc, en el pasado fuimos enemigos, hoy somos amigos de la paz. Les doy mi mano”.
Entre las miles de personas y cientos de organizaciones que protestan por la designación en marcha de Torrijos como director del CNMH, descuella la investigadora Maria Emma Wills (El Tiempo, nov. 23). Según ella, el profesor Torrijos no ostenta la independencia académica necesaria para dirigir una institución cuya vocación no es hacer un relato militante. Un relato histórico no es un panfleto, o sólo lo es cuando el Estado acapara la investigación y la convierte en caja de resonancia de sus creencias. Es decir, cuando se desliza hacia el totalitarismo.
A tono con su arremetida para desvertebrar la JEP, desdeña el Gobierno a la Comisión de la Verdad y reduce su presupuesto a menos de la mitad. Pretende convertir la memoria del conflicto en credo político de uniformados y estrado de propaganda reaccionaria. ¿Por qué sacrifica el presidente la independencia del CNMH y su sindéresis? ¿A qué maltratar la Comisión de marras? ¿Teme su Gobierno a la verdad? ¿No son estas astucias otra manera taimada de hacer trizas la paz?
por Cristina de la Torre | Nov 27, 2018 | Derecha, Educación, Iván Duque, Modelo Económico, Movimiento social, Noviembre 2018
El movimiento universitario recoge periódicamente en Colombia ecos del que surgiera hace un siglo en Argentina. La sublevación buscó el reconocimiento intelectual de las clases medias, se proyectó como ideología libertaria por toda la América Latina y gestó más de un partido popular. Hace un siglo, en 1918, despertó en Córdoba, ciudad aletargada bajo el sopor hispánico y clerical, para convertirse en otro catalizador de la revolución liberal que avanzaba en el subcontinente. No fue un fugaz episodio estudiantil. Interpelada por la Guerra, por las revoluciones mexicana y rusa, por el fascismo naciente, la reforma universitaria incorporó desde su cuna una intención de cambio social que desbordaba el aula de clase. Escuela para el reformismo de los sectores medios, en ella abrevaron las contraélites liberales, laicas y socialistas del continente.
Nuestros estudiantes no apuntan hoy a la revolución; construyen opciones que brillan como flores en el desierto de la politiquería. Su tesón para rescatar la universidad pública del cerco financiero que se le ha tendido, para multiplicar sus puertas de acceso y elevar la calidad de sus programas es empresa llamada a producir cambios dramáticos en esta sociedad de pétreas jerarquías. Riadas de muchachos llevan 45 días de protesta en las calles. Cientos de ellos ajustan tres semanas de marcha al sol y al agua, desde otras capitales, para sumarse el 28 a la gran manifestación en Bogotá. Sus dirigentes demuestran, cifras en mano, que “plata sí hay (para evitar la desaparición de la educación superior pública), pero lo que no hay es voluntad política” del Gobierno. Claman por el derecho de todos al desarrollo pleno de sus capacidades para volcarlas sobre un país de riqueza natural incontrastable. En la maratón privatizadora de la educación, se la juegan por la universidad pública como bien común de la Nación. Contra la política neoliberal que propulsa la privatización financiando la demanda –vía créditos de Icetex– en lugar de financiar la oferta. Pese a las amenazas de muerte, han logrado sus líderes interpretar la legítima aspiración de los colombianos a vencer la estadística ominosa: de cada 75.000 aspirantes a ingresar en la Universidad Nacional, ésta sólo puede recibir 5.000.
En Argentina, la reforma nació en nicho de clase media para destronar la escolástica y sus tonsurados en el gobierno de la universidad, reemplazarlos por estudiantes y profesores, y democratizar el acceso a las aulas. Pero, acicateada por el humanismo, por el socialismo liberal y el nacionalismo democrático, pronto desbordó aquella frontera para tender lazos hacia las clases trabajadoras. Saltaba el movimiento a la política y se proyectaba al continente, donde adquirió su élan americanista, apunta Juan Carlos Portantiero, estudioso de aquella experiencia que aquí seguimos (Estudiantes y política en América Latina, Siglo XXI, 78). En el Perú, del seno del movimiento universitario surgió el Apra, primer partido nacionalista y popular del continente que extendió su influencia a toda la región.
También el movimiento ha desbordado aquí los intereses de gremio para instalarse en la política. En jornadas memorables contra la dictadura de Rojas. En huelga de un año de todas las universidades públicas en 1971, contra el sistema de poder universitario y en apoyo a campesinos y maestros que alcanzaban la cima de su contienda. También ahora la brega es política, pues cuestiona el criterio oficial en la distribución del presupuesto nacional: mucho para las armas y las élites improductivas, poquísimo para la universidad pública. Como adivinando su deceso por inanición, el flamante presidente de la “equidad” propone caridad pública para acercarle un mendrugo de pan. Así elude su deber de gobernante mientras los mercaderes de la educación hacen su agosto.
por Cristina de la Torre | Nov 20, 2018 | Clientelismo, Corrupción, Iván Duque, Modelo Económico en Colombia, Noviembre 2018, Uribismo
No. Es claro que el presidente Duque agencia un proyecto: el proyecto de derechas de Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático, que lo llevó al poder. Que su Gobierno aparezca errático, contradictorio, obedece a la confusión que el propio mandatario ha creado. Por querer proyectar una imagen de bonhomía, contraria a la del protomacho desafiante de su mentor, Duque barniza con suave palabrería la contundencia de los hechos. Por más cabecitas y vallenatos que interprete, ahí están su reforma tributaria, monumento a la inequidad; el naufragio de los proyectos anticorrupción; atropellos de su partido contra la justicia transicional, contra la ley de restitución de tierras y las curules para las víctimas; la agonía por abandono de las leyes de catastro y reforma rural. Está la inaudita defensa presidencial del negocio del agua de su ministro Carrasquilla y la del fiscal que enmudeció ante posibles coimas en el caso Odebrecht. Y la mar de colombianos que protestan en las calles. Si todo ello abreva en el modelo de la economía para el gran capital, en política no podía faltar el recurso a los consejos comunales, fuente fecunda de poder entresacado de la premodernidad. El uribismo en marcha. A cien días de Gobierno, la imagen del Presidente no podía sino desplomarse al 27,2%.
Es que la gente toma nota. Pese a su alharaca contra la mermelada y la vieja política, ha activado el buenazo de Duque dos fuentes suculentas de mermelada: la reforma tributaria, y los auxilios parlamentarios. Cupos para los congresistas, esta vez por la quinta parte del presupuesto nacional de inversión: 220 billones. Una cosa es la legítima gestión de necesidades regionales que los parlamentarios representan y, muy otra, la privatización de los recursos públicos en manos de la clase política, por demás venal.
De otro lado, gruesa tajada de los 14 billones que el Gobierno dice necesitar vía impuestos lubricará clientelas, aparato electoral propio en cada municipio donde presida Duque un consejo comunal. Entre otras, por esta razón se habría disparado el plan de gastos del Gobierno, sin el necesario respaldo financiero. Denuesta el presidente el Estado derrochón, pero su presupuesto redistribuye las partidas reservándose la más apetitosa para sus untaditas de pueblo cada semana.
Herencia del caudillismo atávico que en Colombia Uribe reeditó, estos consejos son escenario dispuesto para el protagonismo del presidente convertido en tramitador de mil ruegos de parroquia, por encima del plan de desarrollo local. Su público, auditorios expectantes integrados por personas seleccionadas y aleccionadas de antemano. Con Uribe, la comedia culminaba en la entrega de chequecitos que parecían sacados del bolsillo del Benefactor, pero respondían, rigurosamente, a partidas presupuestales ya definidas y negociadas con la clase política. Con Duque, serán partidas sacadas de la mermelada que su Gobierno destine a consejos comunales, mientras los parlamentarios miran para otro lado: el de su propia mermelada. Todo queda en familia.
En provincia hace Duque microgerencia y demagogia; en Bogotá el ministro de Hacienda –el mismo de Uribe– hace lo suyo: exprimir a los más necesitados en favor de potentados que recibirán exenciones billonarias para que generen 50 empleos, y financiar el clientelismo presidencial. No será con esta reforma tributaria ni desdeñando al movimiento estudiantil como podrá Duque alcanzar su inverosímil meta de equidad. Aun si lo quisiera, tampoco podría. Baste con leer el texto de Uribe sobre los cien días del presidente en El Espectador: respira tono de rendición de cuentas y proyecciones de Gobierno exclusivas de un mandatario en ejercicio. El proyecto de Duque es el de Uribe. Y no apenas por afinidad ideológica, sino por suplantación del Presidente.
