por Cristina de la Torre | Nov 12, 2018 | Banca, Iván Duque, Modelo Económico, Noviembre 2018
Después de tanto vaivén, de tanta calculada ambigüedad, se despoja el Presidente de la piel de oveja para desnudar su más puro pedigrí reaccionario: el proyecto de reforma tributaria. Asalto a la mesa de los pobres y a la flaca bolsa de la clase media, llenará con ello el hueco de nuevas exenciones a los multimillonarios. Como si les faltaran. Otros $12 billones cercenados sin anestesia a las rentas del trabajo, en favor de las rentas del capital. Si apuntara al 1% de las familias que acaparan el 21,6% del ingreso nacional y pagan impuestos irrisorios, o ninguno; si fuera esta reforma progresiva –como en cualquier democracia– recaudaría en el acto decenas de billones y más aún en el mediano plazo. Cifras que Álvaro Uribe tapa mientras dice oponerse al Iva del pupilo, como abrebocas de campaña electoral. Fue el propio expresidente el primero en intentar la introducción del Iva en 2003; y en 2006 concedió gabelas de escándalo a grandes firmas nacionales y extranjeras. A zonas francas y mediante contratos de estabilidad fiscal, que Duque retoma.
Para Salomón Kalmanovitz, si a la élite empresarial se le aplicara el 37% de impuesto a la renta que regiría para salarios de la clase media, se obtendrían $52 billones ya. Además, por arriendo de propiedad rural de lujo y por la propiedad del suelo rural se acopiaría cifra parecida. Si se suprimieran todas las exenciones a zonas francas, a hoteles y (ahora) a la dichosa economía naranja, se recaudaría otro tanto. Las exenciones de renta representaron $59,3 billones en 2007.
¿Por qué no paga tal impuesto el sector financiero, cuyas utilidades fueron el año pasado $17 billones? ¿Por qué no se cobran los $18 billones con cargo a capitales ocultos en Panamá? ¿Y los $50 billones que la corrupción le roba al Estado cada año, cuyo control legal deja hundir en el Congreso este Gobierno, mientras le entrega a la clase parlamentaria la quinta parte del presupuesto en calidad de mermelada? Reconociendo que proteger el erario no es logro alcanzable a la vuelta de la esquina; y que un pago justo de predial dependerá del catastro –saboteado por el latifundismo desde hace 90 años– una suma de niño diría: a la mano, por impuestos sobre rentas de la elite, sus exenciones suprimidas y tributos sobre depósitos en paraísos fiscales, bien podría el monto superar los $70 billones. A mediano plazo, el control de la corrupción más impuestos sobre la tierra, reportarían unos $100 billones. Populismo, se dirá, siguiendo la moda. No. El recaudo tributario en Chile representa el 5% del PIB; en los países de la Ocde, el 8%; en Suecia y Finlandia, hasta el 12%. En Colombia representa mísero 1,5%.
A la clase media se la tienen montada. Quieren ahora acorralarla con Iva, más impuesto de renta, ampliación de la base gravable y gravamen a las pensiones. Retener impuesto a las pensiones, después de que su titular cotizó y tributó durante décadas, configura doble tributación; y violenta derechos adquiridos que la Constitución protege. Ya a los pensionados se les descuenta el 35% de su mesada, 12% en salud y descuento por solidaridad. En suma, reciben 55% menos de lo debido. Sin contar el 13% perdido en los últimos años por reajuste según el Índice de Precios al Consumidor y no por referencia al salario mínimo.
A la voz de reforma tributaria, Fernando Londoño propone más bien acopiar recursos cerrando “ese engendro de la Corte Constitucional”, prohibiendo “cabildos abiertos y cerrados”, dejando de gastar plata “en el embeleco del posconflicto (en vez de aumentar magistrados en la Jep, quitarle 28, pues) da lo mismo suprimirlos que mantenerlos”. Nada raro. También el Gobierno anuncia, si su reforma se hunde, recortes en inversión social y en el posconflicto. Queda, pues, todo el cobre a la vista.
por Cristina de la Torre | Oct 9, 2018 | Derecha, Iván Duque, Octubre 2018, Política agraria, Reforma Agraria, Tierras, Uribismo
Entre 2002 y 2010 el uribismo hizo la guerra y montó, a su amparo, un régimen arbitrario, de la estirpe del de Chávez y Fujimori. Hoy vuelve al poder para dinamitar los pilares de la paz: la Reforma Rural Integral y la Justicia Especial de Paz. Mientras el presidente cocina sudoroso proyectos que aterricen sus propuestas y en función de halagar a todos en la derecha, su partido ocupa el escenario, lleva la voz cantante y termina por escoger la carne del sancocho. Que del recado se ocuparán los técnicos del gabinete. Unos conciben las políticas –el presidente eterno, el empresariado glotón, el latifundismo, las fuerzas más retardatarias y violentas que lo siguen–; otros, políticos vergonzantes que pasan por expertos incontaminados, las convertirán en hechos tangibles. En marchitamiento de la restitución de tierras: de baldíos robados a la nación o adquiridos dolosamente; de predios usurpados o comprados a huevo bajo amenaza y readquiridos casi siempre por propietarios de mala fe. En boicot al fondo de tierras con destino al campesino que las requiere; o al catastro multipropósito, por ser éste medio de modernización del campo y de reforma agraria sin alharacas. Por razones de espacio, aquí aludimos sólo al cerco contra la reforma rural. Otra vez será sobre la asonada de la derecha para debilitar la JEP, deslegitimarla y obstruir su funcionamiento. Para destruirla.
Cursa en el congreso proyecto de María Fernanda Cabal que hiere de muerte la restitución de tierras y legaliza el despojo. Porque revierte la carga de la prueba contra el reclamante de su predio. Si la ley de 2011 obliga al ocupante a demostrar que lo ocupó o lo compró de buena fe, ahora será la víctima quien deba demostrar el despojo. Y el presidente no dice mu. Antes bien, entrega las entidades líderes de la reforma rural a sus más enconados detractores; y a beligerantes enemigos del Acuerdo de Paz, cuyo punto nodal es este de la reforma en el campo. Andrés Castro, exsecretario general de Fedepalma será ahora director de la Unidad de Restitución de Tierras; y Myriam Martínez, también del gremio, lo será de la Agencia Nacional de Tierras. Claudia Ortiz asumirá la dirección de la Agencia de Desarrollo Rural. Adversaria radical de los programas que deberá desarrollar, ¿violentará sus convicciones, o bien, encabezará el sabotaje de la reforma rural desde la cumbre?
Investigadores de la UN han identificado –hasta ahora– 368.000 hectáreas de baldíos adquiridos irregularmente por particulares. Tierras con destino a beneficiarios de reforma agraria, serán el núcleo del Fondo de Tierras previsto en la reforma rural. Mas, mediante argucias jurídicas, se ha trocado a estos baldíos en fuente adicional de concentración de tierra, la segunda mayor del mundo. Así adquirió la firma Mónica Colombia 12.238 hectáreas en Puerto Gaitán. ¿Qué dirá el Gobierno? ¿Qué hará?
Y a la voz de catastro multipropósito, ¿seguirá haciéndose el desentendido? Probablemente. Es que un catastro actualizado en el campo lo dirá todo sobre propiedad, uso y vocación económica de la tierra. Permitirá planificar el desarrollo en los territorios. Y tasar a derechas el impuesto predial, fuente principal de las finanzas en el municipio. Pero nuestros terratenientes llevan siglos impidiendo, fusil en mano, la conversión de sus heredades especulativas en inversión productiva. Bueno, el catastro obligaría a declarar el valor real de la tierra y a pagar impuestos en su debida proporción. O ponerla a producir. O venderla. Pero no más aquello de avalúo enano y precio comercial astronómico.
Por razonable que parezca la reforma rural si de asegurar la paz se trata, no será su artífice el uribato que interpreta su segundo acto en el poder. Queda el cambio en manos de la gente.
por Cristina de la Torre | Sep 2, 2018 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Conflicto armado, Corrupción, Impunidad, Iván Duque, La paz, Posconflicto, Septiembre 2018, Uribismo
Cuando a sólo tres semanas de gobierno se le escurre la opinión entre los dedos, en el imperativo de empezar por fin a ejercer para prevenir un hundimiento prematuro, el presidente Duque calibra fidelidades y rupturas con el hombre que lo elevó al poder. Y nada entre dos aguas. Entre la cooptación del resonante mandato anticorrupción que Uribe quiso boicotear, e inesperadas concesiones a la paz, por un lado; y por el otro, reeditar la política fiscal que el expresidente había aplicado fríamente mediante el mismo Carrasquilla: bajar más impuestos al capital y subírselos al trabajo.
Una seguidilla de retractaciones y reveces políticos de Uribe y, sobre todo, la inminencia de un juicio penal contra el caudillo que así desnuda sus flaquezas perjudican al pupilo. La desilusión con el superhombre que desdice de su renuncia al Senado, de la recusación a sus jueces, de su originario aval a la consulta contra la corrupción; que se hace derrotar en ella y en la elección del contralor, se proyecta sobre su protegido. Pero Duque parece revertir el daño en causa propia, convirtiéndose en líder de un pacto contra la corrupción –de hondas repercusiones, si prospera- que reúne en Palacio el abanico entero de la política, desde Timochenko hasta Paloma. En tácita refrendación del Acuerdo de Paz, le da el Presidente al exguerrillero bienvenida a la democracia y éste agradece la mano tendida a la reconciliación. Quién dijo miedo. Un alud de trinos se precipitó desde el uribismo contra Duque por sentarse a manteles con el “criminal”.
Mas el Presidente había ya moderado sus “ajustes” al Acuerdo de Paz, hasta volverlos inocuos para las Farc y efectivos sólo a futuros, para el ELN. Las propuestas no alteran la esencia de lo acordado. Que el narcotráfico no será amnistiable; que, de delinquir tras la firma del Acuerdo se perderán los beneficios, son letra escrita en él. Así como la de velar por la integración de la guerrillerada a la vida civil. En un futuro, no podrá elegirse para corporaciones públicas a responsables de delitos de lesa humanidad. Sobre la suerte de los hoy elegidos de las Farc decidirá la JEP, al tenor de lo acordado en La Habana y refrendado por el Congreso y la Corte Constitucional. Como prescribe la ley, la erradicación de cultivos ilícitos será forzosa, aunque este Gobierno respetará los acuerdos de erradicación voluntaria. Anatema. En el CD se secreta babaza.
Y lenguas de fuego para quemar la carta del Presidente a las Naciones Unidas en la que les pide extender un año más el trabajo de su Misión de Verificación de los Acuerdos con las Farc. Agradece Duque “el apoyo de las NU en el proceso de construcción de paz en Colombia, para lograr una implementación rápida del Acuerdo”. Viraje de 180 grados sobre la reiterada, descomedida hostilización del uribismo a ese organismo, al que ha llamado aliado de terroristas. Esta diferencia podrá ahondar grietas en el CD, pues toca puntos de honor tejidos en su guerra contra la paz y por asegurar la propia impunidad.
Si Duque tiene olfato y ojos para ver y oídos para oír el rumor que se avecina de marchantes en protesta contra la plutocracia que él quiere montar sobre los hombros de las clases trabajadoras, comprenderá que la cruzada anticorrupción no será suficiente salvavidas. Que pretender equidad agudizando la inequidad en un país donde ya el 1% más adinerado acapara el 40% de la riqueza es juego diabólico y mendaz. Tendrá que pensar en el flaco bolsillo de las mayorías, mayorías con más voz y voto desde cuando se estrena un nuevo mapa político en Colombia. ¿Querrá el novel presidente transitar de su dilema entre lealtades y fisuras con el jefe hacia una propuesta más igualitaria y justa, que demanda tanto o más valor que la lucha contra la corrupción?
por Cristina de la Torre | Ago 27, 2018 | Agosto 2018, Corrupción, Impunidad, Iván Duque, Justicia, Modelo Económico, Modelo Económico en Colombia, Movimiento social, Narcotráfico, Partidos
Superando de lejos la votación alcanzada por presidente alguno en la historia de Colombia, casi doce millones de votos contra la corrupción crearon un hecho político soberbio: se alzó la gente contra la ratería que convirtió a Colombia en cueva de Alí Babá y sus buenos muchachos. Victoria del voto libre, no comprado, la clase parlamentaria no podrá sino asumirla como mandato popular para ejecutar las reformas que ocho veces enterró. Fracasó el boicot que contra la consulta se fraguaba: el sabotaje del uribismo, estridente y mentiroso, como lo fuera su campaña en un plebiscito para negar la paz; y el sabotaje por calculada pereza de los partidos que traicionaron su originario respaldo a la consulta en el Congreso. Pero no pudieron ahogar la rebelión de la ciudadanía, hombres y mujeres de todas las clases sociales y colores políticos que echaron los cimientos de un monumento contra la corrupción cuya edificación no cesará ya.
Censura de la sociedad al bandidaje instalado en salas de gobierno y de ricos particulares, que ha mandado a la cárcel a siete exmandatarios en Brasil, Perú, Guatemala, Panamá y Salvador; mientras en Colombia fungen los campeones de la corrupción como patriarcas coronados. Una vergüenza. Un prolongarse el secular asalto a lo público, transmitido al ADN de la nación por ejemplo de sus élites, hoy catalizado por dos disparadores nefandos: la privatización del Estado y el narcotráfico. Sin cortapisas éticas, en el frenesí del ascenso y la revancha social en un país de inequidades extremas, bajo el ala del narcotráfico y tratativas dolosas con el Estado, mafiosos y politicastros de fusta y camándula devienen héroes.
Con la privatización de funciones y empresas del Estado vino el auge de la contratación pública directa. Pícaros que pasan por emprendedores, por viceministros, por parlamentarios, se han feriado los dineros de todos. El contralor saliente, Edgardo Maya, calculó en $50 billones las pérdidas anuales del Estado por corrupción. Mas la plata desaparece en las arcas del canalla, no se recupera. Autor de un desfalco de $70.000 millones, el exgobernador Alejandro Lyons sólo repondrá $4.000 millones.
Extravagancias de hoy que echan raíces en un remoto pasado. Eduardo Lindarte (Razón Pública 8, 18) encuentra entre las causas de tales desafueros una degradación de las normas morales y legales que las reduce a obstáculos por vencer, de donde resultará casi natural violarlas. La concentración del poder en élites que dominaron siempre todas las esferas de la vida en Colombia se resolvió en privilegio suyo, defendido a capa y espada. La corrupción se volvió regla y toda la sociedad cayó en ella. Grande daño causó la dualidad de una tradición legalista –que no legal– al lado de la doblez de una Iglesia que se arrogó el derecho de impartir la moral mientras ella misma caía en corrupción. Para Lindarte, la demora en el trámite de los cambios sociales por la vía política ha sido el motor principal de la violencia, la ilegalidad y la corrupción.
Ya se recordaba en este espacio que el modelo de la hacienda decimonónica –paternalista y despótica– se proyectó como estructura del Estado y este fue patrimonio privado de la élite. Hoy deglute ella la contratación pública y la comparte con élites emergentes que reclaman lo suyo. No pocos entre ellas sobreenriquecidos en el narcotráfico.
La consulta del domingo devuelve confianza en la Justicia. Y abre perspectiva de soluciones que apuntan a las raíces del mal. Educación, sanción social, control ciudadano, compromiso inescapable de la dirigencia nacional con una cruzada sin pausa contra la corrupción. Para empezar, deber del Presidente de explicar la designación del corrupto Alejandro Ordóñez como embajador en la OEA. Doce millones de votantes lo reclaman.
por Cristina de la Torre | Ago 13, 2018 | Acuerdos de paz, Agosto 2018, Clientelismo, Conflicto interno, Corrupción, Iván Duque, La paz, Modelo Económico, Modelo Económico en Colombia, Movimiento social, Personajes, Posconflicto, Presidente 2018, Régimen político, Uribismo
Pese a la embestida de troglodita que el Centro Democrático protagonizó contra el Presidente Duque cuando asumía el cargo —con oda a Álvaro Uribe, descalificación de sus jueces y puñaladas al llamado del ungido mandatario a la unidad— un pacto con el uribismo sobre políticas de Gobierno no ofrecerá obstáculos: serán las mismas del expresidente en la cosa tributaria, laboral, agraria y de seguridad. Distinto sería un compromiso en materias de Estado, como el respeto a la vida y la preservación de la paz: aquí se mostraría esta caverna cuando menos retrechera. La oposición, por su parte, adversario natural del poder en funciones, casi medio país que hoy agradece el estrechón de manos entre Robledo y Petro, espera iniciativas de fondo. Además, respeto a la libre controversia entre propuestas de gobierno. Y a la libertad de prensa, otra vez en peligro por amenazas de muerte contra la periodista que registró reunión secreta de la bancada uribista –gavilla “traidora” de malandrines que despotricaba del Gobierno que ella misma había elegido.
Mas, no es seguro que el Presidente y su partido anden divorciados. Tras el estoicismo con que Duque recibió la avalancha de lodo se habrán cincelado las dos caras de una moneda: cara de Duque, en verso amable, conciliador; sello en ruda prosa del presidente eterno y su bancada de siervos para el debate torticero en el parlamento. Así lo reconoce Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior que recibe una de las cinco carteras más importantes del gabinete, entregadas a Uribe. No existe, dijo, distancia real entre uno y otros: el Legislativo tiene que liderar el debate político y el Gobierno tiene que gobernar para todos.
De momento, el pacto se contrae al gran mundo empresarial. Duque ha conformado gabinete con predominio de los gremios, son ellos los que trazan su política económica y liderarán el diálogo social-empresarial. Ellos, quienes derivarán los frutos de trocar la economía campesina en surtidor de asalariados para la agroindustria. Y ahora se los tendrá por punta de lanza de la equidad, exótico papel asignado a capataces y señores que llevan siglos manejando el país como finca de su propiedad. Atavismo que el ministro de Defensa, Botero, recoge para advertir, indignado, que no permitirá la protesta de minorías alebrestadas contra mayorías indefensas. Y el senador Uribe apunta a sabotear la consulta anticorrupción, como apuntó siempre contra la paz.
Consejo Gremial y ministro Carrasquilla propondrán a dos manos duplicar la base de contribuyentes para cobrar impuesto de renta a quienes devengan desde $1.900.000 y extender el IVA a la canasta familiar de la clase media. Regalos tributarios a las empresas, dizque para elevar la productividad, la competitividad, y las cotas de empleo. Pero demostrado está que estos estímulos, lejos de traducirse en puestos de trabajo, favorecen a un reducido sector de privilegiados. Dígalo, si no, la flexibilización laboral de Carrasquilla-Uribe, con su contratación temporal y de cooperativas; con sus contratos de trabajo a término fijo. Antes que reducirse el desempleo, aumentó el trabajo informal. Y esta política perdura en el nuevo Gobierno.
A las ligas mayores pertenecen las cinco temáticas de Estado que Clara López propone como materia de un pacto de país: respeto a la vida y consolidación de la paz; cumplimiento del Acuerdo con las Farc y apoyo al diálogo con el ELN para terminar definitivamente el conflicto armado; respeto a las libertades públicas, en particular al derecho de movilización y protesta pacífica, defensa de la soberanía nacional y devolución al Estado del valor de la palabra que lo designa. Si el presidente Duque las contempla, ¿incurrirá en traición al padre, para desplomarse bajo su puño de hierro?
