por Cristina de la Torre | Oct 1, 2019 | Actores del conflicto armado, Iván Duque, La paz, Octubre 2019, Posconflicto, Proceso de paz
Se bifurca la implementación de la paz: por un lado van actores del conflicto y el tribunal que los juzga, por el otro va el Gobierno. En acto tan categórico como la entrega de armas, por vez primera reconoce la cúpula de la Farc ante la JEP la comisión masiva del secuestro por sus hombres en el conflicto. Crimen abominable que pesa sobre 18.000 víctimas a manos de las viejas Farc, 522 de las cuales murieron en cautiverio. ¡18.000! Un hito en justicia transicional, mientras no intente el nuevo partido justificar el crimen como “retención” del enemigo o como “error” de lamentar. Pero, al tiempo, 500 organizaciones civiles denuncian ante el Parlamento Europeo doble juego del presidente Duque: mientras éste simula acometer la paz, desmonta el Acuerdo. Frena su implementación. En su primer año de Gobierno ha querido imponer una agenda distinta o contraria en materia rural, de sustitución de cultivos y atención a las víctimas.
Tras abordar el caso de los falsos positivos, con el informe de la Farc abre la JEP el primer macroproceso para juzgar a las personas determinantes de secuestro en la vieja guerrilla. El documento se cotejará con información de Fiscalía, Procuraduría, viejo DAS y organizaciones como País Libre. Cada víctima acreditada para el efecto podrá tenerlo, pedir precisiones sobre casos concretos y controvertirlo. El carácter colectivo del informe no elimina la sindicación, juzgamiento y penalización a los responsables individuales del delito. El propio Timochenko reconoció responsabilidad del grupo armado en el secuestro y pidió perdón.
El secuestro, no puede olvidarse, es un ataque devastador contra la víctima: la esclaviza, pisotea su dignidad, la somete a sufrimientos inenarrables hasta arrebatarle su propia humanidad. En horrible evocación de los campos de concentración nazis, vimos los colombianos imágenes de secuestrados de las Farc encadenados, famélicos y cercados, por centenares, con alambre de púas. Andrés Felipe Pérez murió de cáncer a los 13 años, tras dedicar los últimos dos a suplicarles a las Farc que le permitieran a su padre secuestrado verlo unos minutos antes de morir. Se lo negaron. Dos años después moría Norberto Pérez, el padre, asesinado por sus captores en un intento de fuga. El secuestro marcó el punto de inflexión en la guerrilla: muchos rebeldes renunciaron de facto a su condición de insurgentes para convertirse en delincuentes comunes.
Mas ahora, mientras la Farc responde lealmente al compromiso de paz, el Gobierno lo sabotea. Según las organizaciones denunciantes, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial para los 170 municipios más azotados por la guerra se ven suplantados por una política de seguridad militarista que embolata el objetivo social y económico de la estrategia. El programa de sustitución de cultivos, crucial en reforma rural integral, deriva en apéndice de las políticas de seguridad y lucha antidrogas. Los programas concebidos como herramienta de transformación estructural del campo terminan avasallados por una estrategia de militarización del territorio.
Las garantías de protección a líderes sociales son un estruendoso fracaso. 226 líderes y defensores de derechos humanos fueron asesinados este año, y cada cuatro días desaparece por la fuerza una persona. Para no hablar de la obstrucción deliberada de los trámites que le darían vida al Acuerdo y del cercenamiento de sus recursos en el Plan de Desarrollo. Consecuencia: en muchas regiones se despereza, pavorosa, la guerra.
No, no todos quieren la paz. Se ahonda el abismo entre los actores del conflicto que comparecen ante el tribunal de justicia y reconciliación, y quienes obstaculizan el despegue de la paz.
por Cristina de la Torre | Ago 12, 2019 | Agosto 2019, La paz
Contra la JEP activan su batería letal, a la vista de todos; contra su hermana, la Comisión de la Verdad, cierran el cerco solapadamente. Ya por estrategia de largo aliento, ya por tramas de política menuda, ya para asegurar la impunidad de muchos en los círculos del poder, este Gobierno y su partido le han declarado la guerra a la verdad. Les resulta intolerable a fuerzas políticas que cifran su quehacer en la guerra y mandan a mansalva. A contrapelo de la realidad, porfía esta ultraderecha en negar la existencia de un conflicto armado en Colombia. Argumento al canto para obstaculizar el esclarecimiento de sus raíces, de sus impactos en la sociedad, de sus responsables más allá de las Farc.
Es que la Comisión indaga en los intrincados vericuetos del sufrimiento y del miedo, hasta dar con las causas de una guerra que se ensañó en la población inerme. Hasta lograr el reconocimiento de las víctimas; el reconocimiento de sus actos por responsables morales y políticos del dolor causado; el reconocimiento de acciones de resistencia y superación de las comunidades en pleno fragor de la contienda. Hasta proponer caminos de reconciliación que permitan convivir en la diferencia, y cambios capaces de erradicar para siempre el recurso a la violencia en la política y en el conflicto social.
Del esclarecimiento de lo vivido surgirá un relato histórico matizado por la convergencia de perspectivas diversas que rescate el pasado, reinterprete el presente recogiendo la experiencia acumulada, y despeje el horizonte del porvenir. Y no se limitará a compendiar verdades: las verificará y contrastará con fuentes varias para asegurar la consistencia de los hechos y lograr un relato plural. Se trata de alcanzar explicaciones integrales sobre qué pasó, por qué pasó y quiénes fueron los responsables. Gracias a la exploración directa con víctimas y victimarios en todo el país, la Comisión identificará patrones de violencia y contextos explicativos del conflicto. Es decir, las circunstancias sociales, económicas y culturales que lo rodearon. Según los comisionados, estos contextos desbordan la descripción de los hechos y estudian sus porqué y sus paraqué.
Embrollada tarea cuando puede saltar como la liebre una víctima que mutó en victimaria. O pulverizarse los estereotipos: ¿cómo trueca un comandante de brigada su deber de protección al ciudadano en ambición de recompensa por convertirlo en falso positivo? ¿Cómo un Mono Jojoy, dizque vocero del pueblo, tortura y encierra en campos de concentración durante años y años a cientos de secuestrados?
Nada tan amenazante como la verdad para quienes querrán repetir el pacto de silencio que amparó a los promotores de la violencia liberal-conservadora, ahora en cabeza de los instigadores de esta guerra contra el pueblo justificada en la confrontación entre insurgentes y contrainsurgentes. Se entenderá el asedio a la Comisión de la Verdad. La ruidosa ausencia del Presidente en su ceremonia de inauguración. El recorte de 35% a sus fondos. El hostigamiento contra la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el país, por su eficiente apoyo a nuestra justicia transicional, que es ejemplo para el mundo. La decapitación del Centro de Memoria Histórica, fuente excelsa de información sobre la guerra, en trance de deformarse al gusto de la historia oficial que Duque reinaugura.
Perdió la caverna ya su primer round con la firma de la paz. No es seguro que pueda ganar éste contra la verdad, pues la Comisión contribuirá a sanar las heridas de la guerra. Justamente porque entiende que el conflicto no es una fatalidad sino resultado de factores que se pueden cambiar. Y porque arrestos no le faltan para luchar contra viento y marea.
por Cristina de la Torre | May 31, 2019 | Derecha, Iván Duque, Mayo 2019, Modelo Político, Posconflicto, Uribismo
No son las instituciones las que están en crisis, es el Gobierno de Iván Duque. Y no por falta de norte, que lo tiene, de derechas, aunque no termine el presidente de asumir en propiedad. Por convicción o por temor reverencial a Uribe (o por ambas razones), le entrega Duque el timón al impenitente que puja en vano por precipitar el país al abismo. Que quisiera elevar a conmoción interior el caso de un posible traqueto para derogar la JEP, hundir la paz, golpear a las Cortes y clausurar el Congreso. Anhelada conmoción que, sacada del cubilete y ya sin esperanza, promovería algún orate, si la convocatoria a los partidos fracasa. Pero el acuerdo de yo-con-yo, concebido para trocar las derrotadas objeciones a la JEP en actos legislativos mediante el Congreso que las negó, nació muerto. Y produjo exactamente el efecto contrario: compactó a la oposición, selló su alianza por la paz con los partidos independientes, alertó al despabilado movimiento social y dehilachó aun más el prestigio del conspirador. Maltrecha imagen del mentor que pone en aprietos a su rendido servidor.
El pacto “nacional” empezó por excluir a la mitad de los colombianos, que votó por la oposición. Dirigido contra el Acuerdo de La Habana, no podía sino recibir el portazo de los partidos independientes que lo habían suscrito: el Liberal, la U, Cambio Radical. Y contraerse a sus aliados, con bancada parlamentaria insuficiente para gobernar sin tropiezo. En respuesta, la Alianza Verde convocó a los partidos independientes, de oposición y a las organizaciones sociales a un consenso por la paz y para encarar los grandes problemas del país: desempleo, desarrollo económico, violencia desbordada en campos y ciudades. Efecto inmediato, congresistas de todas esas colectividades propondrán una nueva política de drogas, con enfoque de salud pública y regulación del consumo.
El destape de estrategias emparentadas con el crimen profundiza la crisis del Gobierno y la proyecta al extranjero. Como en tiempos aciagos de la Seguridad Democrática, ciego al destaponamiento social y político que la paz trajo, revive este Mandato los falsos positivos como política oficial. Sello y vergüenza de la administración Uribe, tras cobrar 5.000 víctimas mal contadas, haría ahora sus segundas armas. Primer efecto venenoso de un mando militar hoy infestado de generales señalados por Human Rights Watch de haber cohonestado falsos positivos en aquel entonces, la amenaza de reanudación del horror corrió por cuenta del New York Times.
Quién dijo miedo. Presidente, canciller y comandante del Ejército se rasgan las vestiduras, protestan indignados y terminan suprimiendo la directiva que obraba como prueba de lo dicho por el diario estadounidense. A poco, el editorial de ese periódico acusa al presidente Duque “y sus aliados en la derecha de [sabotear] el desarrollo pacífico del pacto de paz”. A renglón seguido, 79 congresistas de ese país piden a su gobierno presionar a Duque para que respete el Acuerdo de La Habana y frene el genocidio de líderes sociales. Según Indepaz, la matanza alcanza 702 líderes y 135 excombatientes asesinados en dos años. Mas ¡no da el Gobierno con sus autores intelectuales! A falta de conmoción interior, tragedias de esta laya sí conmocionan la opinión allende nuestras fronteras.
La crisis del Gobierno estriba, sobre todo, en que el presidente Duque es prisionero (¿involuntario?) de Álvaro Uribe. Su avanzada hacia la fabricación de un caos artificial capaz de justificar un golpe de mano no prospera, pero pone a patinar al Gobierno y le quita el aire. Para Humberto de la Calle, “no hay motivo para una crisis (institucional). Lo que ha ocurrido es un nuevo episodio de patria boba”.
Coda. Diferencias de ideas aparte, le deseo al senador José Obdulio Gaviria pronta recuperación de su salud.
por Cristina de la Torre | May 21, 2019 | Corrupción, Impunidad, Mayo 2019, Posconflicto
Malitos los actores. Quisieron montar una tragedia (sembrar el caos, hacer invivible la república); pero exageraron a tal punto en gesticulación y voces engoladas, que resultaron inverosímiles y terminaron interpretando una ópera bufa. Para salvar el pellejo, en su vieja escalada contra la justicia precipitaron el fiscal Martínez y el senador Uribe la asonada del día contra ella. Ya la Corte Suprema preparaba reconvención al fiscal por conflictos de interés en el ejercicio del cargo, a cuyo amparo encubría la desmesurada corrupción de Odebrecht. Y reactivaba llamado a indagatoria a Uribe, por manipulación de testigos en un caso que involucra a paramilitares. Curtidos manipuladores de la opinión hasta transformar franjas enteras de ciudadanos en rebaño, aprovecharon el desconcierto de muchos ―crédulos impresionables al vibrato de la caverna y fanáticos que le hacen eco― para mutar en oportunidad política su derrota colosal con las objeciones a la JEP e invitar a la protesta callejera contra ella. Y pasar a mayores. Fantasearon con demolerlo todo con la contundencia de una acción sin retorno.
Según ellos, el auto que libraba de extradición a Santrich desafiaba el orden jurídico y obedecía a un pacto de cogobierno con el narcotráfico. En nombre del Estado de derecho y de la paz, un reducto de exaltados propuso decretar estado de conmoción interior y convocar constituyente. El primero, para extraditar a Santrich acaso sin pruebas, provocar así el regreso de los desmovilizados a la guerra y ensayar los excesos que la conmoción permite en manos de algún perdonavidas desesperado y vengativo. La segunda, para rediseñar un Estado que quepa en el bolsillo de la derecha.
Ni marchó la galería en las calles, ni vivieron más de un suspiro las iniciativas de conmoción y constituyente. Pero Martínez se dio el lujo de inducir, por omisión de pruebas, la decisión de la JEP, que se pronunciaba en estricto derecho. Él y los gringos se las negaron una y otra vez. Mas, no bien se conoció aquel auto, aparecieron las esquivas pruebas. A dos minutos de su libertad, recapturó la Fiscalía al sindicado para juzgarlo, como bien lo proponía la propia JEP. Mas ya Martínez había llevado la justicia transicional a la picota pública y ahora se coronaba con laureles de justiciero insobornable. Ni el Presidente ni el partido de Gobierno le preguntaron por su oscura relación con la firma más corrupta del continente.
No podían. El flamante embajador de Estados Unidos acababa de inmortalizar a Martínez con el calificativo de “patriota”. Al estruendoso silencio con que este Gobierno bendijo la humillante violación de la soberanía nacional en cabeza de nuestras Cortes le seguirá la marcha ―hace nueve meses emprendida― de colonizados en pos del amo. José Obdulio Gaviria, ideólogo del ala extremista del Centro Democrático, abrió en febrero de par en par este camino cuando escribió con pasión de converso: “bien valdría la pena que Secretaría de Estado piense seriamente en aplicar sanciones a los magistrados JEP saboteadores/cómplices”.
Le salieron al público con una bufonada y éste va desalojando desencantado la sala. Ya lo habían dicho voceros de los Partidos liberal, la U y Cambio Radical: “el caos que algunos pregonan no existe. Las soluciones están previstas en nuestra Carta Política”. Y Álvaro García, presidente de la Corte Suprema remachó con broche de oro: rechazó “el sistemático ataque a la integridad del poder judicial […] Las Cortes representan la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Cualquier interferencia, acto injusto, persecución o interceptación ilegal contra sus magistrados es también una agresión contra la independencia judicial”. Controle la ultraderecha su compulsión subversiva contra el Estado de derecho. Mejor le va si se aviene a la democracia y a la paz.
por Cristina de la Torre | Abr 29, 2019 | Abril 2019, Corrupción, Derecha, Impunidad, Izquierda, La paz, Paramilitarismo, Política agraria, Posconflicto, Uribismo
Sí, la conjetura es plausible: Porque tiene miedo la derecha, insulta, miente, manipula, persigue, atropella e incita a la violencia. No controvierte, patea. Y a cada coz destapa una nueva arista de la catadura que la emparenta con Bolsonaro, Maduro y el inefable Ortega de Nicaragua. Sorprendida por una oposición que se acercó a la presidencia el año pasado, que integra por vez primera una bancada que decide y saca inopinadamente casi doce millones de votos contra la corrupción, patalea la derecha. Acostumbrada a prevalecer por perrero, percibe el ascenso de la oposición y del movimiento social como amenaza de muerte. Afrentoso le resulta lo que en cualquier democracia es regla; y, desafiante, la depuración ideológica que rescata a los partidos del pantano donde todo se revuelve para mejor pesca de la suertuda derecha. Entonces echa mano de su recurso proverbial: el poder en bruto. Si no para segar la vida de un Leonardo Posada o un Carlos Pizarro en cruzada de exterminio de partidos enteros desafectos al sistema, para ponerles ahora bozal, hurtarles el derecho de representación política y, al pueblo, el suyo de elegir.
Retornando a la senda de acoso y conculcación de derechos, cercena esta derecha la representación parlamentaria de sus adversarios. Tras despojar a Mockus de su curul mediante fallo contradictorio del Consejo de Estado y a resultas de demanda de personajes cercanos al partido PIN cuya cúpula resultó procesada por parapolítica, quiere alargar la uña hacia otras cinco del Partido Verde. La senadora Angélica Lozano revela que viene en camino la anulación de las curules indígenas del partido Mais, no bien le quitaron la suya a Ángela María Robledo, estrella de las fuerzas alternativas, con curul por derecho constitucional de oposición que ocho millones de votantes refrendaron. Se preguntan por qué juzga el tribunal con rasero distinto casos iguales como los de Robledo y Marta Lucía Ramírez. O por qué no sanciona la doble militancia que en su momento ostentaron Viviane Morales y Germán Vargas.
Tan artero ataque contra la oposición, defensora de la paz, denuncia el miedo que ésta suscita en el uribismo. Ya el partido de Gobierno lanza puñales contra la JEP, ya Álvaro Uribe quisiera que sus contradictores saltaran del debate público al fusil; de modo que pudiera él volver a regodearse en la guerra, a esconder tras el humo de los cañones la temida verdad y a velar porque nada cambie en el campo. Ejes de su programa, que se depura sin pausa. Con la desmovilización de las Farc vino el destape: perdió el uribismo el último centímetro de hoja de parra que mal disimulaba su predilección por la violencia y el gobierno arbitrario. A su vez, despertó la Colombia contestataria del prolongado letargo impuesto por alguna oligarquía cruel, provinciana y abusiva que, tal vez asustada, vuelve a dar palos, y no precisamente de ciego. Es tradición: al primer amago de pluralismo y participación social, sale del closet la caverna.
Dígalo, si no, el hundimiento de las 16 curules de paz para las víctimas, a manos del conservadurismo en pleno. O el exterminio de la UP: miles de cuadros asesinados allí donde ese partido vencía en las urnas. O la masacre de Segovia en 1988 que rubricó el horror con un aviso: “no vuelvan a votar por la UP; eso les causa la muerte”. O la brutal decapitación de la Asociación de Usuarios Campesinos (Anuc) en los 70. Con la terrible excepción de los líderes sociales en el campo, el asesinato físico de dirigentes se ve ahora desplazado por una estrategia que apunta a la abierta negación del pluralismo, del debate, del derecho de oposición y de la democracia. Ofensiva temeraria que no puede emanar sino del miedo.
