No podía hacerse el harakiri. La clase política tradicional aprobó un estatuto que democratiza el ejercicio de la oposición, pero negó los mecanismos que lo garantizan. En decisión inédita para Colombia (pan comido en democracias genuinas) ahora quien disienta del gobernante deberá declararse en el duro pavimento de la orilla opuesta. Sin  puestos ni gabelas. Se acabaría el juego de oponerse al mandatario con quien se cogobierna. Mas será solo en el papel, pues seguirá fluyendo la mermelada, dinero a saco del Gobierno para los partidos de su...