Es decisión política de alto vuelo. La anunciada Ley de Desarrollo Rural podrá interpretar la aspiración centenaria del campesinado a la tierra, o bien, favorecer a la ultraderecha de Antioquia y de la Costa que, Uribe a la cabeza, encarna hoy un sistema de jerarquías petrificadas desde la Colonia. Aunque el Ministro ha dicho que no se trata de repartir tierra sino de legalizarla y de modernizar el campo, el Presidente habló de revolución agraria. Y cabe la pregunta: ¿revolución (liberal) sin redistribución? ¿Modernización sin tocar la estructura de propiedad cuando se sabe que el latifundio improductivo y el mal uso del suelo que conlleva son las grandes talanqueras del desarrollo y la equidad en el campo? ¿Modernización expulsando el último reducto de población “sobrante” en la frontera agrícola hacia la Altillanura (edén de la agroindustria avara en empleo) o hacia los semáforos de las ciudades; sólo porque los ganaderos prefieren especular con la tierra y adjudicarla más bien a bovinos, a razón de vaca por hectárea?
Modelo aquel de colonización para la miseria que el inefable presidente de Augura retoma: a la voz de restituciones, en vez de llamar al orden a miembros de su gremio presuntamente asociados con paramilitares despojadores, éste aboga por expandir la frontera agrícola. Necoclí demostró que la restitución no sería un decir del Gobierno. Que Santos la llevaría a cabo “contra todo y contra todos”, si fuera necesario. Así los Urabeños amenacen difundiendo la imagen tenebrosa de motosierras ensangrentadas y tras ellos se agazapen ganaderos, comerciantes, políticos, uniformados y empresarios dispuestos a quedarse con tierras malhabidas (El Tiempo, 26-2). Pero el ambicioso programa de restitución, crédito y tecnología incluidos, es apenas parte de la sacudida que el campo demanda. Y a ella apuntaría la Ley de Tierras que se cocina si, como dice el Ministro de Agricultura, ésta tendrá la envergadura de la Ley 200 de López Pumarejo.
Y no se trata de canonizar el ya improductivo minifundio. O de repartir por repartir. Es que la absurda concentración de la propiedad rural inhibe la inversión, la producción y el empleo. Bloquea el acceso del campesino al trabajo y a los recursos productivos. Es antieconómica e injusta. De allí que modernizar sin redistribuir perpetúa el estancamiento del campo. Y la convivencia de un modelo de agricultura capitalista, patrimonio de pocos, con otro de economía campesina, cercado por el atraso, el abandono del Estado y la agresión de los violentos. Chicoral exaltó al primero, le dio todas las gabelas y condenó al olvido al campesino raso. Pero los grandes empresarios, lejos de jalonar el desarrollo, lo deprimieron aún más. No crearon riqueza ni empleo. Desde 1991, Colombia casi decuplicó sus importaciones de alimentos. En 2010 la agricultura creció cero, y la pobreza rural llegó al 64%. La “modernización” del campo fue privilegio de los menos, y coronó en adefesios como el de AIS.
Absalón Machado propone fortalecer la mediana propiedad a expensas del latifundio improductivo. Entre la gran propiedad subexplotada y el minifundio, nacería una clase media, fiel de la balanza en las democracias. Es su idea articular a pequeños, medianos y grandes propietarios de la frontera agrícola en un movimiento común de economía agraria y sobre un territorio compartido. Acaso el Presidente logre así apuntalar “sin fusiles” la revolución agraria que todos los liberalismos hicieron en los años 30. Habría que devolverle al Estado su protagonismo. Porfiar en la política de despenalizar el narcotráfico, catalizador del conflicto. Y tenderles a campesinos y gremios del agro una mano para concertar cambios de fondo en el campo, presupuesto de la paz. Nunca es tarde.