En su búsqueda incesante de pretextos para malograr la paz, va el uribismo saltando matones. El reto de la hora, preservar el barniz moralizante que encubre su predilección por la guerra, en un plebiscito que decidirá si pararla o prolongarla. Si promueve el No o la abstención y gana la partida, quedará en evidencia como adalid de la conflagración armada; si la pierde, será derrota letal para un partido en ciernes. Frente a tal fatalidad, querrá convertir la insensata venta de Isagén en comodín contra el mentor de la paz, como se insinúa ya en redes del Centro Democrático: que Santos, el “traidor”, no sólo entrega el país al terrorismo sino los bienes de la nación al extranjero. Mensaje subliminal: quien así vende la patria y sus bienes, no podrá engendrar sino una paz deforme. Mas este intento de apropiarse el descontento con la operación de marras se estrella contra las ejecutorias del propio Uribe, privatizador estrella entre todos los presidentes desde los años noventa y vendedor frustrado de la propia Isagén.
De tanto vociferar contra el proceso de La Habana, esta derecha montaraz desgastó hasta la inopia su recurso a la mentira, a la tergiversación. Dijo verbigracia que, en tributo al castrochavismo, el acuerdo agrario apuntaba a la colectivización de la propiedad en el campo, con expropiación de tierras y extinción de dominio. Que “ninguna propiedad legal (tendría) seguridad ni garantía jurídica de permanencia”, escribió Alfredo Rangel, con ímpetu propio del recién llegado desde la orilla opuesta. Se demostró al punto la falsedad de tales acusaciones. Nada de lo acordado violaba la Constitución o la ley. En suma, no apuntaban las objeciones a lo firmado sino a la legislación liberal vigente de tiempo atrás.
Pero en punto a justicia y participación política, no miente el uribismo. Auténtico anatema le parece salvar de cárcel a la cúpula de las Farc, abrirle las puertas de la política y juzgar a soldados sindicados de atrocidades con el mismo rasero que a la subversión. Su “paz sin impunidad” equivale a rendición de una guerrilla a la que el mismísimo Uribe no pudo derrotar. Pide a sabiendas lo imposible, pues querer mandarla a prisión y negarle el canje de armas por votos es reventar la negociación. Reactivar la guerra y sus montañas de muertos. Ni siquiera reconoce los sapos de la contraparte. Que las Farc renuncian al alzamiento armado; se acogen a la democracia liberal y a la justicia burguesa, con proceso integral de investigación, juicio, sentencia y sanción.
De otro lado, más le valdrá a Uribe no menear el estropicio de Isagén (que ya él había intentado en 2008), pues vienen a la memoria los bienes públicos que en su gobierno vendió por más de $13 billones. Las2orillas incluye a Bancafé, Telecom, Ecogas, Granahorrar, centrales eléctricas de los Santanderes y Cundinamarca. Liquidó las electrificadoras de toda la Costa Atlántica y la del Chocó. Aparte, vendió el 10% de Ecopetrol. Cerró hospitales públicos y la Caja Nacional de Previsión. Y, montado sobre su Ley 100, convirtió la privatización de la salud en movimiento envolvente que ha cobrado más vidas que la guerra. Impresentable esto de usurpar la indignación general por la venta de Isagén, viniendo él de feriar decenas de bienes públicos.
No tendría Uribe autoridad para trocar el rechazo a este descalabro en bandera personal de sus rencores, contra la paz, que es anhelo y derecho de los colombianos. Como la potestad indelegable de protestar por ello, más allá de la megalomanía de ningún héroe vengador. Menos autoridad aún tendrá Uribe para exigir paz sin impunidad, tras la laxitud de su negociación con los paramilitares. Anda embrollado el uribismo.