TEMAS / Columnas sobre CONFLICTO INTERNO
Misión Rural: sacudón inaplazable
“Cuando en 2010 asumí como ministro de Agricultura, el Incoder estaba cooptado por el paramilitarismo; hubo un tiempo en que la entidad no daba pasos si no era autorizada por paramilitares”. Palabras para la historia, de Juan Camilo Restrepo. Ellas denuncian el más reciente factor de violencia instalado en el Estado mismo para completar desde allí, de consuno con empresarios y políticos, el centenario proceso de concentración de la tierra que es causa mayor de la guerra en Colombia. Como estrategia de paz, cargada de promesas, en cabeza de José Antonio Ocampo, Cecilia López y el propio Restrepo –entre otros– la Misión Rural acaba de proponer una reforma del campo más completa y ambiciosa que la suscrita en La Habana.
Cuentas pendientes del ELN
Hace treinta años, el 14 de noviembre de 1985, un comando del ELN asesinó en una calle de Barrancabermeja a Ricardo Lara Parada, cofundador, segundo al mando y disidente político de esa guerrilla. Dijeron haberlo ejecutado por traición. Pero su expediente judicial y testimonios como el del general Valencia Tovar, su archienemigo, probaron que a nadie delató cuando en 1973 cayó preso en manos del enemigo. A Lara lo mataron, como a otros dirigentes del ELN, por discrepar del militarismo que aislaba a esa guerrilla de las masas y la blindaba contra los desafíos de la realpolitik. Belicismo que, además, encubría la debilidad de un jefe por el poder absoluto, sólo dable allí sobre un grupo escurridizo en la selva.
¡Cuidado, paz a la vista!
Se multiplican en la derecha las señales de alarma y desvarío. Y es porque el acuerdo de justicia especial aplicable a principales responsables de atrocidades en todos los bandos aprieta el paso hacia el fin del conflicto. El procurador perora agitadísimo su última mentira tamaño catedral medieval: que hay arreglo secreto entre Gobierno y Farc para meter a Uribe tras las rejas. Este cabalga sobre el infundio y declara que Santos es el único miembro de su Gobierno que debería estar en la cárcel. Y estudia la posibilidad de convocar referendo contra la paz, disfrazado de rechazo popular al que Uribe considera pacto de impunidad y entrega de la patria al castro-chavismo. Pronunciamiento en defensa también de su persona, cuando el Tribunal Superior de Antioquia pide investigar su posible responsabilidad en la masacre de El Aro y en la Operación Orión.
¿Uribe muerde la derrota?
Mientras Colombia respira por fin en la antesala de la paz, Álvaro Uribe hace maromas para no morder el polvo de la derrota. Que perder las armas es abocarse a perder la partida. El sometimiento de las Farc a la justicia burguesa le hurta al uribismo su recurso al apocalipsis del castro-chavismo. Y el ingreso de esa guerrilla en la legalidad desvanecerá el pretexto que a la derecha le ha permitido aplastar a los inconformes y prevalecer sin competencia posible en el poder. Se acabaría aquello de que todo contradictor es enemigo mortal, candidato a desaparecer a bala o motosierra. Caducaría la pretensión de defender la democracia aguzando la vista, marica, para desentrañar el terrorismo que anida en toda idea de cambio; en toda reivindicación de derechos
Maduro, antípoda de Bolívar
¡Qué desfachatez! Este déspota silvestre se siente heredero de Simón Bolívar, el libertador de cinco naciones que devinieron república y, acaso presintiendo al minúsculo Maduro, reprobó el modelo de gobierno del demagogo, del tirano egócrata. Pero, además, el presidente de Venezuela se siente tan socialista como orgulloso de que a la deportada Jesica Urrego se le prohibiera, bajo amenaza de cárcel, pasar de nuevo a ese país a despedirse de su esposo y sus niños. Bolívar ambicionó las libertades civiles y políticas que Maduro viola todos los días. Quiso hermanar los pueblos de la América Hispana, no divorciarlos a garrote en la estampida.
Escombrera y Orión: ¿quién responde?
Mientras el general Montoya habrá de comparecer ante la Fiscalía por exceso de fuerza en la ejecución de la operación Orión, que realizó a dos manos con “don Berna” y pobló de cadáveres la Escombrera, escurren el bulto los mentores del Gobierno Central que emitieron la orden. El expresidente Uribe parece agazaparse, frentero, tras las estridencias de su sabotaje a la paz. Pero la toma brutal de la Comuna 13 de Medellín en 2002, debut de la seguridad democrática y mayor acción militar urbana en la historia del conflicto, se ofrece como prueba de fuego para la verdad en el desenlace del proceso de La Habana. Porque, en sevicia y en número de víctimas, es crimen abominable: se contaron por centenas los detenidos, los desaparecidos, torturados, desmembrados y enterrados en secreto en la fosa común más grande del mundo, la Escombrera. Casi todos, civiles inermes.
Camilo Torres o el sacrificio inútil
Murió de un tiro en el acto de recuperar el fusil del soldado caído, como era deber de todo guerrillero raso en el ELN: ganarse el arma en combate. Pero Camilo no era cualquier guerrillero raso. Era el líder creador del Frente Unido que hasta cuatro meses antes movilizaba multitudes con su palabra de cambio. La desaparición de este hombre, incorporado a la lucha armada por presión de esa guerrilla, es hecho fundacional del proceso que contribuyó como pocos a convertir a Colombia en meca continental de la derecha: la invasión simbólica del campo de la izquierda legal por la izquierda armada. Ésta le alienó a la primera el apoyo de la población.
¿Quién le teme a la derecha guerrerista?
En los altibajos del proceso de paz, cuando parecía ésta ahogarse bajo la nata de petróleo derramado por las Farc, un acontecimiento inusitado podría ayudar a devolverle el resuello: ha quedado en entredicho su primer obstáculo, la facción de uniformados que se erigió en bastión de la extrema derecha guerrerista. Por vez primera investiga la Fiscalía presunta responsabilidad de 22 generales en la comisión de 4.475 falsos positivos y convoca a cuatro de ellos a declarar ante los jueces. El último informe de Human Rights Watch incorpora expedientes y pruebas judiciales que terminarán atemperando estridencias castrenses ajenas a la democracia.
La paz resiste
Si no le da a la Mano Negra por cometer un magnicidio endilgable a las Farc para sepultar el proceso de paz, pronto se apagará en el vacío este estruendo del guerrerismo. Para despecho de los insaciables de la guerra que en cada gota de sangre ven un voto, las conversaciones de La Habana parecen renovarse con vigor inesperado tras la crisis. Apuntan a solución definitiva porque el país emplaza ahora, no apenas a la guerrilla, sino también a los otros responsables de la contienda. Si guerra sucia hubo, si ensañamiento en la población inerme, aquella se libró entre dos. Y dos han de reconocer sus crímenes, reparar a las víctimas y pagar penas por delitos atroces: en un lado, las Farc; en el otro, la heterogénea amalgama de soldados indignos del uniforme, narcotraficantes, paramilitares, políticos y empresarios que se les unieron y cosecharon jugosos frutos de su acción.
Urabá: ¿de vuelta a la guerra?
Es como el tic siniestro de una fatalidad que hizo de la crueldad una fiesta contra la población del campo. En Urabá, epicentro del despojo de tierras por el paramilitarismo, empresarios que de buena o de mala fe las compraron después amenazan con desencadenar allí una nueva ola de violencia. Esperan amparar así el rico fruto de la contrarreforma agraria que arrojó millones de desplazados y de víctimas. Dizque para defenderse de la “hecatombe” del Gobierno que “induce otra guerra en Urabá”, anuncian la creación de una asociación de víctimas de la Ley de víctimas y restitución de tierras. ¿Autodefensa armada contra el ejercicio de la ley? Se reivindican como propietarios de buena fe –lo serán algunos, cómo no. Mas ninguno reconoce el historial de despojo de la zona. Ni la nueva organización intenta diferenciarse de los llamados ejércitos antirrestitución que han cobrado la vida a cinco líderes de campesinos que retornan por lo suyo a la región: su propiedad individual o colectiva, ahora escriturada a ganaderos y bananeros.
Cristina de la Torre