CONFLICTO INTERNO |
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TEMAS / Columnas sobre CONFLICTO INTERNO
La paz resiste
Si no le da a la Mano Negra por cometer un magnicidio endilgable a las Farc para sepultar el proceso de paz, pronto se apagará en el vacío este estruendo del guerrerismo. Para despecho de los insaciables de la guerra que en cada gota de sangre ven un voto, las conversaciones de La Habana parecen renovarse con vigor inesperado tras la crisis. Apuntan a solución definitiva porque el país emplaza ahora, no apenas a la guerrilla, sino también a los otros responsables de la contienda. Si guerra sucia hubo, si ensañamiento en la población inerme, aquella se libró entre dos. Y dos han de reconocer sus crímenes, reparar a las víctimas y pagar penas por delitos atroces: en un lado, las Farc; en el otro, la heterogénea amalgama de soldados indignos del uniforme, narcotraficantes, paramilitares, políticos y empresarios que se les unieron y cosecharon jugosos frutos de su acción.
Urabá: ¿de vuelta a la guerra?
Es como el tic siniestro de una fatalidad que hizo de la crueldad una fiesta contra la población del campo. En Urabá, epicentro del despojo de tierras por el paramilitarismo, empresarios que de buena o de mala fe las compraron después amenazan con desencadenar allí una nueva ola de violencia. Esperan amparar así el rico fruto de la contrarreforma agraria que arrojó millones de desplazados y de víctimas. Dizque para defenderse de la “hecatombe” del Gobierno que “induce otra guerra en Urabá”, anuncian la creación de una asociación de víctimas de la Ley de víctimas y restitución de tierras. ¿Autodefensa armada contra el ejercicio de la ley? Se reivindican como propietarios de buena fe –lo serán algunos, cómo no. Mas ninguno reconoce el historial de despojo de la zona. Ni la nueva organización intenta diferenciarse de los llamados ejércitos antirrestitución que han cobrado la vida a cinco líderes de campesinos que retornan por lo suyo a la región: su propiedad individual o colectiva, ahora escriturada a ganaderos y bananeros.
Tierra, prensa, censura y sufragios
En Venezuela y Ecuador el gobierno amordaza a la prensa no oficial; en Colombia, donde el terror silencia a menudo la verdad en provincia, grupos particulares emparentados con el crimen le imponen autocensura al periodista, o lo asesinan por responder a los deberes del oficio. Así perdieron la vida 56 comunicadores en los últimos tres lustros. Pero la censura y la amenaza de muerte operan también en ciudades principales. En Medellín, los hermanos Hernández de la Cuesta, accionistas de El Colombiano, intimidaron a periodistas de ese diario por informar sobre restitución de tierras en Urabá, donde aquellos tienen predios que víctimas de desalojo les disputan.
Farc, salvavidas de Uribe
Si hubiesen buscado un efecto más útil para la extrema derecha, no lo habrían logrado. La masacre de once uniformados por las Farc le ofreció a Álvaro Uribe ocasión privilegiada para convertir parte de la indignación nacional hacia esa guerrilla en impugnación del proceso mismo de paz. Pescando en el odio que el país le profesa al grupo armado, a medias fruto de sus crímenes y de su arrogancia, a medias inducido por el exmandatario que las acorraló en su hora, a éste le vino el hecho como anillo al dedo. Justo en el momento más amargo de su movimiento. Cuando la Corte Suprema mandaba a la cárcel a dos de sus exministros por delitos que –según ese tribunal– involucran a la persona del entonces presidente. Y los recluidos completan la cifra de 20 figuras, entre las 30 del círculo más estrecho del uribato, condenadas o investigadas por delitos penales.
No olvidar el horror
Registrados a la fecha, son 7’243.000 ancianos, mujeres, hombres, niños que reviven todos los días, como una puñalada, el asesinato o la desaparición de sus seres amados; víctimas que, en la desbandada, abandonaron casa y parcela y paisaje y vida en comunidad. Pero, como lo mostró la vibrante movilización del 9 de abril, lejos de masa amorfa –trato que se le dio al campesinado sacrificado en la violencia liberal-conservadora– las víctimas de hoy han conquistado estatus de sujeto político y son razón suprema de la paz. En reconocimiento de su heroísmo y su dolor, se lanzó el Museo Nacional de Memoria Histórica: para retratar la historia de esta guerra, devolver la dignidad a sus víctimas y difundir la verdad de lo ocurrido.
Paloma-Pretelt: La derecha al desnudo
Nada más saludable. Que la crudeza de los hechos vaya venciendo a la demagogia y la impostura sugiere que Colombia podría empezar a soñar con labrarse un porvenir civilizado. Las guerrillas –con su reiterado desliz de rebelión en terrorismo– no son santas palomas. Ni Paloma Valencia consigue ocultar tras su propuesta de separar razas en el Cauca cierto asco atávico hacia los “nativos”. Repulsión que ha catalizado una historia de exclusión, de despojo, por élites de fusta y fusil adictas a la impronta esclavista. Ni podrá Jorge Pretelt escapar a su suerte: simbolizar (¿injustamente?) el brutal acumulado de corrupción y violencia de aquella otra oligarquía, la del norte, cuyos dominios expandió a menudo mediante desplazamiento o asesinato de campesinos, a manos de su aliado en esa gesta, el paramilitarismo.
DOS FARC, DOS MOMENTOS DE COLOMBIA
No han pasado las Farc incólumes por nuestra historia: el tránsito de la dictablanda del Frente Nacional a la república del narcotráfico trastornó también el ADN de esa guerrilla. Es que en el nuevo escenario aparecieron nuevas razones del conflicto, nuevos actores, nuevos móviles en sus protagonistas. Y hoy cobra todo su vigor la discusión sobre las causas de la guerra. Identificarlas es caminar hacia la paz, pues implica señalar las transformaciones que ésta impone. Ya remitan ellas a los años 60 y 70, ya a las tres últimas décadas.
Dos interpretaciones descuellan en el informe de los historiadores a la mesa de La Habana. Una, sitúa el origen de la contienda en la “cerrazón” del Frente Nacional que, temiendo a la democracia, habría empujado a muchos a empuñar las armas, en medio de la Guerra Fría que enfrentaba a capitalismo y comunismo.
¿IMPUNIDAD SELECTIVA?
Tiene razón el senador Álvaro Uribe: con impunidad, no habrá paz. Pero no podrán ser las Farc el único blanco de castigo, pues quedarían exonerados los otros tres implicados en la guerra: el paramilitarismo, la Fuerza Pública y los civiles que la promovieron, la financiaron y se lucraron de ella. Tampoco procede una amnistía general y gratuita. Virtud de la propuesta de César Gaviria es que extiende la autoría del conflicto a los civiles que lo cohonestaron, y los cobija como beneficiarios de justicia transicional. Mas, su alternativa de ley de punto final –pacto autoexculpatorio entre los máximos responsables– será germen de nuevas guerras si no acarrea sindicación penal, juicio, condena y sanción. Sea ésta blanda, dura o intercambiable por sustitutos de cárcel. Pero aplicable a todos, y desde un mismo parámetro de justicia. Sin olvidar que una justicia plena comporta verdad, reparación a las víctimas, medidas y reformas que conjuren definitivamente el conflicto.
¿URIBE SE RINDE A LA PAZ?
Terrible disyuntiva. Si el expresidente pierde el tren de la paz, quedará condenado a fungir como referente perpetuo de la caverna, de su incesante levantamiento contra el Estado de derecho y contra el campesinado inerme. Fatalidad trágica para el hombre que acorraló a las Farc hasta forzar el desenlace que acaso no esperaba, pero marcó un hito en nuestra historia: obligarlas a negociar el fin del conflicto. Si en cambio reconoce Uribe la paz como probabilidad cercana y trueca su saboteo por una participación activa en el proceso, sin sacrificar reparos, ganará la gratitud de la mayoría aplastante de colombianos, hartos de la guerra. Aunque guarde todavía las formas meneando el distractor del castrochavismo, aumentan los signos de que él se inclinaría por la segunda opción.
TORTURA
“Recuerdo bien el piso blanco del baño, la costra de sangre que se iba formando. Las marcas de la tortura forman parte de mí, yo soy eso”. Y rompió en llanto, mientras el auditorio la ovacionaba de pie. Hablaba la exguerrillera-presidenta, Dilma Rousseff, al evocar sufrimientos de prisión a sus escasos 20 años durante la dictadura de los sesenta y setenta en su país. “Brasil y sus nuevas generaciones merecen la verdad”, agregó. Presentaba la mandataria el más espeluznante informe de la Comisión de la Verdad sobre los crímenes de aquel régimen, una política de Estado sistemática y brutal. El Senado de EE.UU. denunciaba a su turno los de la CIA en la prisión de Abu Ghraib, donde la tortura rebasó toda frontera de imaginación: hombres con las piernas fracturadas, de pie por días enteros; ahogamientos; vigilia forzada durante semanas; empalamientos, muerte a golpes. Pero el exvicepresidente de Bush, coordinador de la infamia, agradeció el “excelente” trabajo de la CIA, y calificó el informe de “puro excremento”.
Cristina de la Torre