por Cristina de la Torre | May 31, 2021 | Corrupción, Cuarentena, Impunidad, Iván Duque, Mayo 2021, Modelo Económico, Modelo Político, Paramilitarismo, Paro Nacional, Posconflicto
En acto vergonzoso que Colombia no olvidará, una mayoría de parlamentarios se postra de hinojos ante el ministro organizador de la represión, ariete del Gobierno que se cobra ya media centena de muertos en las calles. La cobardía inveterada de la clase política, hoy remachada con el voltearepismo de Gaviria y Vargas Lleras, abrió puertas a la anhelada militarización que ha sido arma y estandarte de la extrema derecha. Como si faltaran hechos que confirman todos los días la ilegitimidad de un régimen montado sobre vanidades armadas hasta los dientes: azote de multitudes que reclaman vida digna, cambio y democracia, pero convenientemente reducidas a subversión.
Para que el presidente pueda decretar virtual conmoción interior en nueve departamentos; con sometimiento forzoso de sus autoridades a las medidas que conlleva, so pena de sanciones de la procuradora que trabaja para “nuestro Gobierno”. Providencial, cae la excusa del cielo: entre los infiltrados en las marchas para anarquizarlas, un agente del CTI de la Fiscalía mata a tiros a dos manifestantes y pobladores de la zona lo linchan. Un horror. Ahora podrá Duque responder con el argumento de los fusiles al estallido social que dura y crece porque 98% de los colombianos apoyan la protesta –revela Gallup. Acaso baje aún más el lánguido 18% que, según el Observatorio de la Democracia, confía en las instituciones. Más ilegitimidad de este Gobierno y del Estado, imposible. Incapaz de conjurar el hambre con medidas de sentido común como las que Claudia López toma en Bogotá, menos podrá Duque responder al mar de fondo de la injusticia y la desigualdad. Sin el respeto y el consentimiento de los asociados, querrá gobernar sólo a golpes y manteniendo incólumes los parámetros del poder público.
Sí, dos momentos presenta la resolución de la crisis. El primero demanda medidas de emergencia para neutralizar el golpe social, económico y sanitario de la pandemia. Para rescatar la capital, redirecciona la alcaldesa $1,7 billones hacia la población vulnerable, hasta completar una inversión social de $8,5 billones en la ciudad. Y, para reactivar su economía, reabrirá todos los sectores. Aplauso. Un segundo desafío plantea la reformulación del pacto social con un modelo de democracia y desarrollo que amplíe la participación política, redistribuya el ingreso y desconcentre la propiedad. Y que empiece por devolverle al Estado la legitimidad perdida.
Para el profesor Alberto Valencia, hoy estamos pagando el inmenso costo social de haber enfrentado a los grupos ilegales con medios ilegales: la deslegitimación del Estado. Duque profundizaría la crisis política e institucional que la alimentaba y agudizaría la polarización en torno a los Acuerdos de Paz, ya desafiados por la decisión de terceros y de agentes del Estado de eludir sus responsabilidades en el conflicto. Sin bandera de Gobierno –ni guerra contrainsurgente ni paz– desechó Duque la lucha anticorrupción que Claudia López le ofreció. En sus desencuentros con la sociedad, no captó Duque el cambio en la política que la paz traía. Insistió en crear miedo a unas Farc inexistentes ya y, en el empeño de salvar el pellejo de su mentor, atacó a la JEP; pero perdió la batalla. “En vez de sintonizarse con el país, escribirá Valencia, lo hizo con Uribe”. Terminado el conflicto, recobró su importancia el problema social; pero Duque tampoco lo vio, e insistió en el de seguridad, cuando la gente pedía comida, empleo e igualdad. Golpe final a la legitimidad del Estado será la cooptación de los órganos de control por este Gobierno.
He aquí el trasfondo de un Gobierno arbitrario, brutal en su estentórea debilidad. Este de Duque evoca autocracias que, a falta de legitimidad, se imponen por la fuerza bruta. Ignoran que el poder de la bayoneta, por sí solo, no es poder. No en la democracia.
por Cristina de la Torre | Feb 9, 2021 | Clientelismo, Corrupción, Cuarentena, Educación, Febrero 2021, Impunidad, Iván Duque, Modelo Económico, Modelo Político, Política económica, Salud, Uribismo
¿Qué pecado cometimos los colombianos para que se nos castigue con el peor gobierno en muchos años? Un rápido paneo sobre el estropicio mostrará que no lo es tanto por inepto como por trabajar con eficiencia admirable contra la mayoría de la población: la sitia, cuando no la condena al hambre, a la violencia, a miles de muertes evitables en la pandemia, al reino de la mediocridad en los puestos de mando. Todo ello, resultado de sus políticas en economía, en seguridad, en salud pública, en administración del Estado.
Cuando la crisis se enseñoreó del continente y se vistieron los barrios populares en Colombia de trapos rojos, nuestro país ocupó el primer puesto en desempleo y el último en inversión de emergencia para evitar que la tercera parte de su gente se redujera a una comida diaria. Y estará entre los pocos que porfíen en el modelo económico que la crisis destapó y profundizó. En vez de operar el golpe de timón que se impone por doquier, aquí se castigará con más ferocidad a las clases medias y trabajadoras, en favor de la camarilla de plutócratas que cogobierna con Duque, que vive y engorda de acaparar los recursos del Estado. Ya el decreto 1174 inició el camino de reforma laboral que castiga las garantías del trabajo. Y prepara reforma tributaria con IVA para todo y entierro definitivo del impuesto progresivo.
En seguridad y orden público, el balance nos devuelve a los peores días de la guerra: sólo en el primer mes de este año hubo 14 masacres y 21 líderes asesinados. Y el Gobierno ahí, como complacido en su muelle indolencia, esperando endilgar el incendio al castrochavismo, coco inveterado de sus campañas electorales. Pero es el Gobierno el que incendia. Por omisión. No aumenta el pie de fuerza donde se requiere, ni desmantela los grupos armados; judicializa a los sicarios y no a los autores intelectuales de la matanza.
En manejo de la pandemia, Bloomberg catalogó a Colombia como el tercer peor país, y el director del DANE reveló que, a enero 31, los muertos por covid no eran 50 mil sino 70 mil. En cifras relativas de contagios y muertes, superó a Brasil. Especialistas señalaron que, para evitar el desborde, se debió actuar antes. Las medidas de prevención y control del Gobierno fracasaron. No se controló la circulación del virus tras la primera ola, con identificación y aislamiento de sospechosos, rastreo de contactos, ejecución generalizada de pruebas y entrega rápida de resultados. Pese a la bonhomía del ministro Ruiz, la pandemia puso en evidencia las consecuencias de haber convertido la Salud en negocio privado. Y el arribo de la vacuna parece todavía más ficción que probabilidad.
Para los cargos de mando en el Gobierno, desliza Duque una tropilla de incompetentes –no todos, claro–. Tentáculos de pulpo viscoso, se apoderan aún de los órganos de control del Estado. Y colonizan, insaciables, la gran prensa. Caso de la hora, la designación de Bibiana Taboada como codirectora del Emisor, por la sola gracia de ser hija de Alicia Arango, cuyo mérito es, a su turno, ser parcera de Duque y del Gran Burundú del Ubérrimo. Con Taboada completa el CD su dominio del que no será más el Banco de la República sino el banco de una secta de ultraderecha comandada por un expresidente subjudice con delirio de poder.
¿Estaremos condenados para siempre a gobiernos de este jaez, todo incuria, violencia y privilegio? ¿Es que no existen en Colombia estadistas de la talla de un Humberto de la Calle, dueño de pensamiento universal, de la decencia que a este Gobierno le falta, de probada capacidad para agenciar el cambio indispensable, dentro de los parámetros de la democracia? Pobre es el que carece de lo necesario para llevar una vida digna. Pero lo es también el que no ve la riqueza que tiene al canto. Agucemos el ojo a tiempo.
por Cristina de la Torre | Sep 28, 2020 | Iván Duque, Justicia, Movimiento social, Septiembre 2020
Rescate del Estado de derecho desde la Corte Suprema de Justicia y burla a la democracia por el alto Gobierno quedaron expuestos sin atenuantes. Al desbordamiento de la violencia instigada con sordina desde arriba, al abuso de poder en el uribato renacido, presidente y ministro de defensa agregan el delito de desacato a una orden judicial: pedir perdón a víctimas definidas de la brutalidad policial, que se resuelve en protestantes heridos por cientos y muertos por decenas. Pero no. Como levitando sobre el horror, voz engolada de candidato en campaña, el ministro se escabulle y en cambio corona de laureles a la Policía que ha disparado a matar. “Gloria al soldado” escribirá, además, en homenaje al uniformado que asesinó a Juliana Giraldo, porque sí. Sucia asimilación de las instituciones armadas que monopolizan la fuerza del Estado, mas no ganando el respeto de los asociados sino mediante el crimen.
Cómo no disparar, si en el reino de la caverna todo el que proteste o disienta o sea distinto es terrorista que se la buscó. Guerrillero vestido de civil. Juegan ellos a prevalecer por física eliminación del inconforme. Juegan a reírse de la Justicia para culminar su avanzada hacia el poder único, inapelable, en la persona del patrón de frondoso prontuario que la encabeza. Juegan a llegar por este camino a la meca soñada: coronar el proyecto neofascista que despuntó en 2002 y ahora desespera, peligrosamente, en su impotencia para responder a la peor crisis social en muchos años.
En texto admirable que recupera principios medulares de la democracia moderna, fustiga la Corte esta vulneración generalizada y reiterada de los derechos a la protesta, a la vida, a la participación ciudadana, a la integridad personal, al debido proceso; a la libertad de expresión, de prensa, de reunión y circulación. Y el Ejecutivo no mantiene una postura neutral.
Declara el máximo tribunal que la Fuerza Pública agrede sin pausa ni medida ni control a la población civil que, en manifestaciones, es “brutalmente golpeada”. Interviene sistemáticamente con violencia, usando armas letales, contra la protesta social. Mas, por encima del orden público, postula, está el respeto a la dignidad humana. El uso de la fuerza en el control de disturbios estará limitado por el hecho de que no se trata de enfrentar al enemigo sino de controlar y proteger civiles. Siendo función suya la protección del ciudadano y de la vida, se trata de restablecer el orden, no de conculcar derechos.
Atribuye el profesor Augusto Trujillo la creciente militarización de nuestra seguridad ciudadana al hecho de que la Policía de Colombia es la única en el mundo que depende del Ministerio de Defensa. Se diría también que sigue dominada por los fantasmas de la Guerra Fría, como el del enemigo interno, que germina con más exuberancia allí donde las diferencias políticas se ventilan con corte de franela o a motosierra batiente.
Por eso cae como un bálsamo, una luz en las tinieblas, esta voz poderosa de la Corte Suprema de Justicia: una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo-enemigo, buenos y malos, sino como la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo y la reconstrucción no violenta del Estado Constitucional de Derecho. Si la mayoría de colombianos recibe con esperanza esta simiente, que ella germine dependerá de su decisión de protegerla, regarla y abonarla, pues los que mandan se proponen destruirla metódicamente, hacerla trizas, día tras día, durante los dos largos años que les quedan todavía en el poder. No será la primera lucha sin fusiles que la democracia libre contra la rudeza del poder que hoy encarna esta dictaduque.
por Cristina de la Torre | Ago 29, 2020 | Agosto 2020, Conflicto armado, Corrupción, Impunidad, Paramilitarismo, Tierras
No es un incapaz; el presidente Duque es eficiente ejemplar de un proyecto de extrema derecha. Con su paciente inacción contra el paramilitarismo y todos sus émulos, logró el regreso de la más espeluznante seguidilla de masacres: 47 en los 8 primeros meses del año. Masacres de antaño reverdecidas hoy, en cuya historia ofreció abundar Mancuso; pero acaso pueda más el laborioso sabotaje de su extradición a Colombia por el propio Gobierno. Se llevaría el homicida para Italia verdades sobre la matanza de El Aro, en la cual habría tenido velas Álvaro Uribe. Por providencia de la Corte Suprema, deberá rendir el exsenador versión libre sobre “conductas que fueron declaradas crímenes de lesa humanidad” en las masacres de San Roque, La Granja y El Aro, y en el homicidio de Jesús María Valle en 1998. Tras la sindicación de soborno a testigos, un delito común, yacería la pulpa de un delito de lesa humanidad: la creación del Bloque Metro, protagonista de los hechos de El Aro, denuncia el exfiscal Montealegre.
Si bien han renacido, no son idénticas las masacres de ayer a las de hoy. Su función era entonces aterrorizar para arrebatarle al campesino su tierra; para imponer una hegemonía de vencedor armado mediante el control del territorio, de la población, de los corredores del narcotráfico. Dos fuerzas nítidamente demarcadas se enfrentaban: la guerrilla, por un lado; y por el otro, el paramilitarismo con ayuda de la Fuerza Pública, de autoridades locales y de particulares con poder. Hoy, la masacre busca aterrorizar para retener las tierras usurpadas; para prevalecer entre una polvareda de grupos armados asociados a negocios ilegales, narcotráfico comprendido; para bloquear los programas de implementación de la paz, sabotear la verdad de la guerra, liquidar el liderazgo social y frustrar todo amago de democracia en la Colombia profunda.
Pero la ferocidad, la sevicia del matar y rematar inocentes perdura y no se sacia. 150 paramilitares se toman el Aro, saquean, violan mujeres, torturan, asesinan a 17 personas en jornada de horror que culmina con el robo del ganado, de las tierras, el desplazamiento de los pobladores y el incendio del poblado. A Elvia Barrera la violan los paras en cuadrilla; la arrastran por las calles, cara al suelo, y la amarran a un árbol para que muera lentamente. También a un palo termina amarrado Jorge Areiza, después de sacarle los ojos y el corazón, cortarle la lengua y los genitales y levantarle la piel.
En Samaniego, el verdugo obliga a la víctima que yace boca abajo en el piso a volverse para mirarlo a los ojos, y descarga el tiro a diez centímetros de su rostro. Once largos días después veremos al presidente desfilar altivo, corazón de piedra, por sus calles, respondiendo con equívoco saludo de reina Isabel al abucheo de sus gentes. El Gobierno atribuye ésta –y todas las masacres– a vendettas entre mafias, llamadas a desaparecer por obra del glifosato. Grosera simplificación que pretende ocultar su criminal omisión, pues sabía de antemano lo que vendría.
Negligencia que raya en lo penal, fallaría el Tribunal de Medellín sobre la omisión del entonces gobernador Uribe, quien también sabía por el alcalde del pueblo lo que corría pierna arriba de El Aro y, sin embargo, lo abandonó a la tragedia que debió evitar. ¿Será que ya desde entonces obraba en Uribe –como parece obrar ahora en sus validos– la fría escuela que justifica “masacres con sentido social”? (“Si la autoridad serena, firme y con autoridad implica una masacre, es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”, escribió Él). ¿Será cada víctima de las masacres que vuelven al país “un buen muerto”, que deba pagar por veleidades de terrorista? ¿Lo son también para Duque?
por Cristina de la Torre | Oct 15, 2019 | Iván Duque, Octubre 2019, Reforma Fiscal
A dos manos, como corresponde a todo gobierno corporativista, gremios y ministerio del Trabajo se proponen conjurar la tragedia del desempleo (que en varias ciudades alcanza el 14%) con la inoperante fórmula de degradar, aun más, los salarios. Pagar trabajo por horas o 75% del mínimo a debutantes hasta los 25 años de edad producirá dos efectos catastróficos: arrastrará hacia el piso los salarios en toda la cadena laboral y acabará por eliminar lo que queda de derechos sindicales. Para no mencionar desgracias mayores, siempre al acecho, que podrían volver a ambientarse. Como el asesinato de 35 miembros del mayor sindicato de empleados públicos de Antioquia (Sintraofan) entre 1994 y 2007 a manos de paramilitares secundados por el Estado, mientras cursaban reformas laborales en desarrollo del modelo neoliberal.
Conforme oficia la ministra Arango de vocera del gran empresariado, éste prepara su banquete de nuevas viandas cocinadas con la magra remesa de la clase trabajadora. Pide “flexibilizar” la contratación y despido de trabajadores como condición para crear empleo; promover reformas que reduzcan los costos laborales del sector productivo, dirían Luis Carlos Sarmiento y los Jefes de la Andi, Fenalco, Asobancaria y la SAC. Pese a las exorbitantes exenciones tributarias de que gozan y a la reducción de sus obligaciones parafiscales concedida en 2012. Y barnizan su apetito con un argumento falaz: que la única manera de ganar en competitividad es precarizando el ingreso laboral.
Como si el país no fuera testigo de las muchas concesiones dispensadas a la elite empresarial que, lejos de traducirse en empleo, colmaron su faltriquera. El primer saludo de bienvenida al futuro de César Gaviria, arrojado espadachín contra el clientelismo y la corrupción, apuntó en 1990 contra los focos del mal: los partidos y los sindicatos. “Dinosaurios en decadencia”, enrostraría a los sindicatos el pleonasmo de algún miembro de su círculo de Palacio. Y se expidió la Ley 50, para “flexibilizar” las obligaciones laborales; y después, en 2002, la Ley 789, que eliminó la remuneración del trabajo nocturno y tercerizó los contratos para burlar la ley. Y en 2012 se recortaron dramáticamente las contribuciones parafiscales de las empresas, con honda afectación de la inversión social del Estado. Pero de aquello, nada: cero empleo. Y a los trabajadores les expropiaron, en 14 años, $22 billones.
La competitividad de la economía no mejora bajando impuestos y salarios. Mejora elevando la productividad. Invirtiendo en nuevos nichos de producción industrial y agropecuaria, fecundos generadores de empleo. Remunerando a derechas el trabajo, de modo que tenga la gente manera de comprar más de lo que ella misma produce. Reanimando, así, el desfalleciente aparato productivo, en cuya languidez domestican muchos empresarios audacias de otros tiempos, para consagrarse a la especulación (en la banca y en el engorde de tierras). Propondría Perogrullo fortalecer el mercado interno, diversificar la producción nacional para remontar los azares que la sola exportación de petróleo-carbón conlleva, y abrir el compás del mercado internacional. Perspectiva opuesta a la de este capitalismo atrabiliario que hunde sin anestesia a los trabajadores desde la precariedad hasta la miseria.
Coda. Me sumo con entusiasmo a los miles de colombianos que se asocian a Noticias UNO para preservar a este modelo de excelencia informativa. La velada intención de censura mediante el retiro de la pauta que lo financiaba fracasó. Con esta experiencia única de solidaridad ciudadana, el periodismo independiente sobrevive. Volverá en otra plataforma después del 30 de noviembre. Enhorabuena. ¡Buen viento, Cecilia, y buena mar!
