Con excepciones honrosas como la de Horacio Serpa, Gobernador de Santander que en defensa de las regalías regionales ofrece rendir cuentas de lo suyo y pide cárcel para los corruptos, no son gobernantes de provincia y sus compinches de la motosierra los únicos usurpadores de estos recursos. También las multinacionales mineras han hecho su agosto, gracias a la sospechosa inacción de Ingeominas, el organismo designado para fiscalizarlas. Y al mutismo de la Contraloría, cuyos secretos vino a desenterrar la nueva titular de la entidad, Sandra Morelli. No contentas con las gabelas de fábula que el gobierno saliente les concedió, esas firmas sacan robustas tajadas de los impuestos y regalías que deben pagarle a Colombia. Navegando en la cresta mundial del “superciclo” minero que ahora se vuelca sobre las reservas del Tercer Mundo, acaso vuelve a animarlas el caduco derecho natural en virtud del cual los recursos naturales de la tierra (y, claro, del subsuelo) no pertenecen a Estado o nación alguna sino a la humanidad entera. El Primer Mundo se sintió la humanidad entera. Y a la luz de aquel faro floreció el colonialismo que le exprimió a la famélica África hasta el último gramo de riqueza, hasta la última gota de sangre. Menos sufrió América Latina, pero también sufrió. A medias por la amenaza o la invasión, a medias por la testa humillada de sus elites.
La desidia de Colombia para fiscalizar a las multinacionales del sector se trocó en parálisis desde 2004, cuando Ingeominas asumió como autoridad minera. Según el representante David Barguil, la entidad no las vigila, no verifica su información contable y tributaria, no hace auditoría a sus contratos de explotación ni somete a las compañías a control de aduanas a la hora de exportar. Se limita a aceptar, acto de fe, las autoliquidaciones de regalías e impuestos que ellas presentan. Ingeominas nunca creó los mecanismos de seguimiento, fiscalización y control para verificar producción y costos, base de cálculo de los tributos al Estado. La Contraloría identificó cinco posibles detrimentos fiscales relacionados con la liquidación de regalías por la Drumont y Cerro Matoso, por un monto de 284 mil millones. Para explotar nuestro níquel recibió la primera beneficios tributarios por 920 mil millones entre 1995 y 2007. Por regalías, sólo pagó 283 mil millones en el mismo período. Si Cerro Matoso dejó de pagar 24 mil millones entre 2004 y 2008 por su explotación en Montelíbano, Córdoba, ya podrá inferirse cuánto se birló en los 21 años anteriores, desde 1982, cuando inició trabajos.
Si en predios del carbón y el níquel llueve, en los del oro no escampa. Un incremento astronómico en los precios del dorado metal, las exorbitantes exenciones que el gobierno anterior concedió a las multinacionales del ramo, la facilidad con que concedía explotaciones y la no menos atractiva oportunidad de lavar activos por este medio han despertado una fiebre que amenaza desplazar al narcotráfico a un segundo lugar en la economía ilegal. En los últimos seis años se cuadruplicaron los títulos mineros. Dice La Silla Vacía que el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República calculan en 3.5 billones las regalías que el Estado dejó de recibir en el último año. Si para 2010 y 2011 se esperan regalías por 18 billones, ¿a cuánto ascenderá lo no pagado?
Ha dicho el Presidente que la ley de regalías busca redistribuirlas en beneficio de todos y no de pocos. Que atacará la corrupción que ha rodeado su manejo en las regiones. Pero engavetó su propuesta de campaña enderezada a lograr que los delitos contra el erario no prescribieran. Tampoco ha dicho esta boca es mía frente a la desfachatez de multinacionales que ven –con razón- en nuestra “confianza inversionista” el alma del esclavo.