Reforma agraria: manos a la obra

Todo indica, por ahora, que no se repetirá esta vez el sino de casi un siglo: a cada intento de reforma agraria, respuesta sangrienta de los señores de la tierra, con su avanzada armada. Pretexto invariable, la lucha contra el comunismo, que pretende colectivizar la tierra. Pero la reforma de Gustavo Petro se ciñe a leyes ya escritas en esta democracia y responde a imperativos de justicia y desarrollo que se manifestaron, entre otras, en la explosión social del año pasado. En el tercer país de mayor concentración de la propiedad rural, con territorios enteros abandonados al atraso y donde el grueso de las mejores tierras son latifundios de ganadería extensiva, responde el Gobierno en dos direcciones: desconcentrar la tenencia de la tierra y ponerla a producir. Será la equidad como presupuesto de modernización y de creación de riqueza.

 Además, han comprendido los colombianos que es hora de jubilar el modelo de tierra sin hombres y hombres sin tierra; motor de un conflicto que se tradujo en horror para los más en el campo, en poder desafiante para los menos y, para casi todos, en desazón. El último envión de ocho millones de hectáreas despojadas, otro tanto de campesinos desplazados y medio millón de muertos se ha presentado como fruto de la guerra contrainsurgente. Pero, desmovilizadas las Farc, desapareció la excusa y se reveló sin máscaras la verdad: no se perseguía tanto a la insurgencia como la tierra ajena. Pese a los crímenes de las guerrillas, que justificaron por un tiempo la impostura.

Ni ayer ni hoy se soñó con destruir la propiedad privada: en los planes de la ministra Cecilia López, en vez de expropiación figuran estrategias de reforma rural integral, sostenible, desde los territorios, con cadenas productivas de agroindustria diversificada que combatan el hambre. Se acude a leyes vigentes y a la Constitución. A la Ley 160 de 1994 que permite al Estado comprar tierras para redistribuirlas entre aquellos que quieren trabajarlas. Y a la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo de Paz, con restitución de predios, entrega de tierras de un Fondo constituido por las incautadas a la mafia y baldíos, titulación, y sustitución de cultivos. Que ésta procederá por las buenas, lo vimos esta semana cuando anunció en el Tarra el presidente la transición hacia la explotación de cultivos alternativos a la coca, mientras abandonaba la Fuerza Pública su erradicación forzada. 

A todo ello se suma ahora la histórica sentencia de la Corte Constitucional que ordena reasignar baldíos al campesinado, su destinatario legítimo, hoy ocupados a menudo de mala fe por terceros. Ubérrimos de acá y de allá, agrandados con baldíos que además exceden el tamaño de ley, tendrán que demostrar su propiedad en derecho. La decisión de la Corte no ofrece precedentes y anuncia un vuelco a la propiedad, pues detiene la acumulación abusiva o dolosa de tierras. Y porque contempla también el catastro multipropósito,  fortalecimiento de la Agencia Nacional de Tierras, creación de la jurisdicción agraria, activación  del Fondo de Tierras y formalización masiva de la propiedad rural.

Precisó Petro ante la Andi su enfoque del desarrollo: se trata más de crear riqueza -dijo- que de redistribuir lo que tenemos. Si el motor de la riqueza es la producción, hay que convertir la tierra en primera actividad productiva, industrializar el campo. Para lograrlo, debemos empezar por disminuir la desigualdad económica, y ello supone una reforma agraria. Bueno, a pasar de los anuncios a los hechos, a emprender el cambio tantas veces negado por la fuerza. Tiene Petro todo el instrumental legal, capital político, una oposición en rebusque de argumentos contra una reforma de talante liberal y la mejor ministra de Agricultura, carácter fogueado en mil batallas, para hacerlo. ¡Manos a la obra!

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Por fin, la reforma agraria

Hace unos años propuso Paloma Valencia formalizar apartheid étnico en la geografía del Cauca: allá los indígenas en sus rastrojos, acá nosotros (la gente de bien). Hoy previene ella contra el peligro de que el líder nasa Giovani Yule, designado jefe de Restitución de Tierras, “priorice tierras para los indígenas”. Anatema. ¿Cómo puede un tal Yule, no ya apenas representar a pueblos desdeñables, sino el interés general desde la autoridad del Estado? El Centro Democrático se declara amenazado. En ostensible confesión de parte, esta derecha ultramontana sella el recorrido de élites sórdidas que en todo el país rural imaginaron su prestancia como atributo de la violencia que ejercieron durante siglos contra etnias y campesinos humillados en la pobreza. Humillados y expropiados. En ofensiva de medio siglo que alcanzó su clímax con los Gobiernos de la Seguridad Democrática, notable el de Duque por su impúdico boicot a la restitución de tierras: a los 932 líderes sociales asesinados en estos cuatro años -muchos de ellos reclamantes de tierras- se suma el aumento inusitado de demandas de restitución rechazadas sin mayor justificación, según informa la Fundación Forjando Futuros: 65%. El número de predios devueltos es irrisorio.

Pero en esta Colombia subcampeona mundial en concentración de la propiedad rural, donde el 0.01% de los propietarios del campo acapara  44.5% del área agropecuaria disponible, restituir lo usurpado es sólo parte de la reforma agraria que los señores de fusta y fusil frustraron una y otra vez. Sin reforma rural, sin tierra, marcha el campesinado a la deriva, los dueños de latifundios improductivos revientan de rentas sus petacas y el país, que podría ser despensa del mundo, importa la tercera parte de los alimentos que consume. En virtud del TLC suscrito con Estados Unidos, importamos de ese país seis veces lo que le exportamos. En 10 años del Tratado pasamos de importar 110.000 toneladas de maíz a 3.858.000. ¡Maíz! Perdimos la soberanía alimentaria y comprometimos la posibilidad de avanzar hacia un capitalismo moderno, diría el presidente Petro.

Cecilia López, su ministra de Agricultura, anuncia una reforma agraria “sin timidez”, que elimine el modelo de una vaca por hectárea. O los terratenientes de ganadería extensiva ponen a producir la tierra, o pagan impuesto sobre su potencial productivo, o le venden al Estado y éste redistribuye la tierra entre campesinos que quieran explotarla. Hay que pasar, declara, de ganadería extensiva de baja productividad a ganadería intensiva de elevada productividad y sostenible. No se diga ahora que inducir el mercado de tierras y su explotación a derechas es plan de expropiación comunista, que fue el muy conservador dirigente don Hernán Echavarría quien defendió la idea.

Pero el Ministerio estira el ojo también hasta la Reforma Rural del Acuerdo de Paz. Con miras a un desarrollo integral en perspectiva de paz, se aplicará a adjudicar las tierras previstas en el Acuerdo, que es ley y norma constitucional. A restituir las arrebatadas. A titularlas. A impulsar Zonas de Reserva Campesina y territorios agroalimentarios de beneficio público y social. A dar al campesino estatus de sujeto especial de derechos y a sus organizaciones categoría de sujetos políticos con derechos integrales. Como lo piden 60 organizaciones campesinas, cuya fortaleza emula el estadio heroico de la vieja Anuc en los 70. Después declinaría estrangulada por una tenaza fatal: de un lado, la más violenta represión del Estado; del otro, la loca pretensión de las guerrillas de tomarse esa organización, pues así legitimó el baño de sangre que vino desde arriba.

Sí, todo indica que habrá por fin reforma agraria, y sólo un demócrata de izquierda podrá acometer esta revolución liberal. Tal vez no quede ya lugar para el apartheid de Paloma.

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Es hora de un nuevo pacto social

En estas elecciones resuena un movimiento de placas tectónicas en la política, un enfrentamiento de fuerzas contrarias que, siempre encubierto por la rivalidad entre los partidos tradicionales, cobra por vez primera vida propia como real opción de poder. Pese a las altisonancias de lado y lado en la campaña, el mentor del cambio no busca la revolución sino la reforma. Tan atornillados han quedado el capitalismo salvaje y sus favorecidos, que la más leve enmienda les resulta anatema. Escándalo. Amenaza demoníaca contra la democracia y la propiedad. Pero lo mismo agonizan los partidos del establecimiento que los de la izquierda ortodoxa. La nueva izquierda rompió con el comunismo y viró hacia la socialdemocracia; la paz con las Farc la liberó del dogma estalinista y podría ahora ocupar la silla de Bolívar. Gracias también a la solidez de las instituciones que a pesar de sus vacíos sustentan la democracia en este país, una involución al comunismo es sólo fantasía de propaganda que las élites más retardatarias menean, por ver de conservar sus privilegios.

No es homogénea la clase dirigente. Teme el gran empresariado al cambio de modelo económico que Petro traería, sí, pero sus posturas van de la coacción delictiva a la discusión democrática de una estrategia de desarrollo. Mientras un canallesco Sergio Araújo impone el voto a sus empleados so pena de cortarles el trabajo, Bruce MacMaster y María Claudia Lacouture –presidentes de Andi y de Aliadas– sorprenden al abrir diálogo con quien resulte electo presidente. El primero propone una estrategia de doble carril: superar la pobreza y robustecer al empresariado, mediante refocalización de los subsidios del Estado y una política integral de desarrollo industrial. Petro comparte esta perspectiva. Con matices. Sostiene que el modelo económico ha de afirmarse sobre la producción nacional en el agro y la manufactura y no en la explotación de hidrocarburos, que deberá declinar con el tiempo. Propende (con Carlos Lleras) a la sustitución de importaciones, mediante protección temporal de la producción propia. Reindustrializar, empezando por renegociar el TLC.

Es que este nsancha la desindustrialización del país, ahonda su déficit comercial y compromete su seguridad alimentaria. En 10 años del Tratado con Estados Unidos, nuestras exportaciones a ese país se redujeron a la mitad.  Sus inversiones aquí son en el sector energético, ni crean empleo ni arrojan beneficio financiero significativo. Por eso propone Petro renegociarlo: para relanzar la industrialización y el desarrollo agrícola, escoltados por una banca pública y de fomento en los sectores productivos de la economía, por una reforma tributaria progresiva y sin impuestos (o muy pocos) a las empresas. 

Recaba Lacouture en la necesidad de un propósito común de Gobierno y empresarios labrado en diálogo democrático entre las partes. Si se convidara también a los trabajadores, ¿no se configuraría el modelo de planificación concertada que en un tiempo se ensayó y que rigió en el Estado social de Europa y Norteamérica? Impacta la comparación de Marcela Meléndez, del PNUD, entre Colombia y Finlandia, países que 1975 ofrecían el mismo nivel de desarrollo. Hoy el hambre hermana a nuestro país con Haití, mientras el escandinavo presenta uno de los mayores PIB del mundo. “La gran diferencia, escribe, está en una élite que entendió el desarrollo y la igualdad como una ventaja para sí misma y que, en cambio (de proteger) espacios privados para su propio bienestar (impulsó) la construcción de un país igual para todos”. He aquí el principio socialdemócrata que inspira a Petro, pilar de un nuevo pacto social que arranque a Colombia del sufrimiento y la miseria. Construido en hermandad de compatriotas y sin la sangre que toda revolución acarrea.

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