por Cristina de la Torre | Ene 30, 2023 | Reforma a la salud, Derecho fundamental, Sistema de salud, Carolina Corcho, EPS, Ley 100, Ley Estatutaria de 2015, Adres, Salud, Corrupción, Enero 2023
Los negociantes que llevan tres décadas volviendo fiesta los recursos públicos de salud sufren pánico de perder la piñata que este año alcanzará 73 billones. Callan frente a desfalcos billonarios como el de Saludcoop o deudas de las EPS por $23 billones que ahogan a clínicas y hospitales. Desesperan. No faltan quienes mienten y tergiversan hasta dibujar la imagen de un salto fatal del paraíso al infierno. Grosera deformación de una reforma inspirada en la Ley Estatutaria de 2015 que elevó la salud a derecho fundamental y desde hace años estudian con esmero las asociaciones médicas y científicas, de pacientes, hospitales, trabajadores y organizaciones sociales.
El proyecto recoge las ideas madre, que este Gobierno cooptó: en pos de una salud plena para todos, mejorar la calidad y el acceso a los servicios desde la atención primaria y preventiva hasta la especializada, promoviendo la equidad en un marco de sostenibilidad financiera. Propone fortalecer la red de hospitales públicos, devolverle al Estado la iniciativa en políticas de salud y el control de sus dineros. No más administración privada de recursos públicos: habrá, como en toda democracia, administración pública de los recursos públicos. El régimen será centralizado en lo financiero desde la Adres y descentralizado en el servicio. La junta directiva de este órgano será tripartita, integrada por empresarios, gobierno y trabajadores. Se vinculará a estos últimos mediante contrato laboral formal. Por razones de eficiencia y de transparencia, se creará un sistema único de información que operará en línea y en tiempo real. Y se adoptarán los sistemas más desarrollados de vigilancia participación y control.
El proyecto invita a reconocer las desigualdades de un sistema que consagra cobertura universal en el papel, pero en los hechos resulta discriminatorio. Que estar afiliado al sistema no siempre significa recibir el servicio lo demuestran los 308 niños que el año pasado murieron por desnutrición, el record de Colombia en muerte materna entre los países de la Ocde, los 630 municipios que carecen de dispensarios de salud rurales, los 20 millones de colombianos que en los territorios reciben precaria o nula atención médica, las 250.000 tutelas y el millón de quejas ante la Supersalud por desatención médica.
Con todo, señala la ministra Carolina Corcho que el proyecto de reforma construye sobre lo construido, reconoce logros de la Ley 100 y desvirtúa el rebuscado fatalismo de sus detractores. El sistema recupera el manejo de sus recursos, pero no será estatizado. No elimina el aseguramiento en salud, pues éste sigue nutriéndose de los aportes de empresarios, trabajadores y del presupuesto nacional que, gracias a la Ley 100, no representa ya 3% sino 8% del PIB. Así deba hacerse efectiva para todos, la cobertura de casi 100% del sistema es otro logro del modelo vigente. Se avanza en el control de precios de medicamentos logrado, y hacia la producción nacional de drogas, con el sector privado. Tampoco entrega el sistema a alcaldes y gobernadores. Cambia, eso sí, el mecanismo de pagos a clínicas y hospitales: no ya por medio de las EPS, sino mediante giro directo de la Adres a los prestadores, en su mayoría privados. Tampoco desaparecen las EPS, éstas permanecen en el sistema de redes integrales e integradas de salud, que son públicas, privadas y mixtas.
Este modelo, más preventivo que curativo, avanza innovaciones como la de los primeros 1.007 de 20.000 equipos de personal médico desplazados a hogares en los territorios. Les seguirá la construcción de hospitales y puestos de salud. Elocuente señal del horizonte que la reforma abre. Tras el rigor técnico y de prospectiva que la informa, respira, sin eufemismos, un principio moral y político: la salud es derecho pleno de todos, no un negocio.
por Cristina de la Torre | Ene 24, 2023 | Derecha, Paramilitarismo, Partidos, Uribismo, Izquierda, Internacional, Justicia, Corrupción, Enero 2023
Elevada la hipocresía a política de Estado, la satrapía de Guatemala la resuelve en asonada judicial, y la caverna uribista, en lenguas de fuego inquisitorial. La víctima, Iván Velásquez. El valiente que destapó en ese país la podredumbre del poder en funciones y, en Colombia, el engendro de la parapolítica. El presidente Pérez Molina, su vicepresidenta, siete ministros, media centena de diputados y prohombres de la sociedad fueron sentenciados a prisión por corrupción, mientras el pueblo manifestaba júbilo en las calles. Aquí, la indagación que lideró el entonces magistrado de la Corte Suprema, Velásquez, involucró a 130 parlamentarios y 50 de ellos terminaron tras las rejas por complicidad con los héroes de la motosierra. Casi la bancada en pleno del presidente Uribe, su primo Mario a la cabeza.
Todo el poder del poderoso líder se vertió contra el hombre que levantaba la tapa de la alcantarilla y había ya descubierto en el parqueadero Padilla de Medellín el entramado de mil hilos que invadía territorios enteros de la política y del empresariado. Después fue Troya: se extendieron hacia el magistrado y hacia la Corte Suprema los dispositivos de persecución a la oposición legal, tenida por terrorista. Entre otros el DAS, órgano dependiente de la presidencia que entregaba pilares de la seguridad del Estado a las mafias del narcotráfico. Para no mencionar el grosero montaje que desde el poder supremo se urdió contra Velásquez, a instancias del tenebroso Tasmania, que frecuentaba la Casa de Nariño.
A voces agrias, acaso en memoria del abuelo, blande Enrique Gómez la espada y convoca la hoguera para este símbolo continental del coraje contra la impunidad: que renuncie, pide, que “deje el descaro”. Hace décadas lo persigue Álvaro Uribe: el 19 de octubre de 2017 escribió que Velásquez, “afiliado a la extrema izquierda, corrompió a la justicia colombiana, debería estar preso”. Venía de escribir que estaba ya “pasado de que lo expulsen de Guatemala, su militancia pro terrorismo guerrillero es contraria a la lucha contra corrupción”. Y ahora lamenta la inconsútil Paloma el ascenso de un “lobo” al gabinete: un “enemigo acérrimo del partido y del jefe del partido de oposición como ministro de Defensa no es sólo un desafío; es una amenaza”
Si la campaña de Iván Velásquez en Colombia concitó el aplauso de sus compatriotas y del mundo, no menos reconocimiento le mereció la ejecutada en Guatemala; y explica el ánimo de venganza que en ambas derechas medra. Como que 35 jueces y fiscales guatemaltecos padecen exilio, y el galardonado periodista Rubén Zamora está preso por falsos cargos. Como jefe de la misión de la ONU que emprendió la investigación, Velásquez pidió juzgar al presidente mismo de la nación, Jimmy Morales; demostró que el excandidato presidencial Manuel Baldizón sobornó a Odebrecht, y recuperó los dineros girados. El fiscal Curruchiche, que hoy acusa al colombiano, anuló esas decisiones y fue incluido por Estados Unidos en la lista Engel de corruptos. Hoy funge como encubridor del presidente Giammattei, quien pagó cárcel por resultar implicado en una masacre de narcos ejecutada para proteger a mafias de la elite.
Si descabellada la acusación de Guatemala, ésta entró en barrena con el pronunciamiento de la ONU sobre vigencia de la inmunidad concedida al colombiano cuando lo designó jefe de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Pese al respaldo adicional de la Unión Europea, de Human Rights Watch y del Departamento de Estado, nuestra temeraria ultraderecha porfiará con febril impaciencia en trocar al héroe en villano. Mas, fiel a su carácter, la víctima replica: “conocemos al monstruo, lo hemos visto muy de cerca y desde diferentes trincheras lo hemos combatido. Sabemos cómo se transforma y los métodos que utiliza, pero no nos atemoriza”.
por Cristina de la Torre | Ene 17, 2023 | Farc, ELN, Violencia, AUC, Desplazamientos, Desplazados, Narcotráfico, La paz, Posconflicto, Impunidad, Acuerdos de paz, Justicia, Régimen político, Proceso de paz, Corrupción, Enero 2023
El Eln quiso inventarse una crisis en la mesa de diálogo dramatizando su adhesión a las reglas del proceso, con el fin de ganar tiempo y espacio para negociar grandes concesiones. Pero exhibió más artificio que compromiso con la causa humanitaria. Porque, mientras el comandante se permitía ultrajar al presidente de la república magnificando un dislate que resultó de ambigüedades tejidas a cuatro manos, frentes de guerra del grupo armado volvían -tras la pausa de Navidad- a lo suyo: confinamiento, desplazamiento y muerte contra la población. O a batallar con rivales como las disidencias de las Farc, a las que acaba de cobrar once muertos en Arauca. Mas no en defensa del pueblo que dice representar sino en disputa por el territorio que abriga los corredores del narcotráfico. Poco certera la saeta de Antonio García al proclamarse víctima del mandatario que dispone todos los medios para parar una matazón que sólo el año pasado cobró en ese departamento 352 muertos, casi todos a manos del Eln y disidencias de las Farc.
El desencuentro en la mesa no es de forma sino de perspectiva. Y de ritmo. En la mira la paz total, al presidente Petro le urge salvar cada vida de campesino, indígena o afrodescendiente expuesto por la guerra entre bandas criminales en Arauca, en el Valle, en Cauca, en Nariño, en Chocó. El Eln, en cambio, tras cuarenta años de frustrar negociaciones de paz, se proyecta a la eternidad. Tiempo sin fin que la dirigencia aprovecha para darse tono ante el mundo, y sus frentes más beligerantes, para expandir el negocio del narcotráfico, con desdén del terror que éste acarrea. Esta guerrilla, escribió el editorialista de El Espectador, “lleva años actuando de manera caprichosa y cruel, buscando cualquier excusa para hacerle trampa al Gobierno de turno y sembrando dudas sobre su genuina voluntad de paz”. Mucho debió de dolerle el discurso de Petro en Chile la semana pasada. Dijo él que la lucha armada había sido descalificada por la historia y agregó: “nada tienen que ver las ideas progresistas con guerrillas capaces de secuestros de dieciséis años”.
Si de paz total se trata, en el esperanzador reencuentro de las partes este miércoles tendrán que contemplarse cese el fuego multilateral y cese de hostilidades, como lo suplican las comunidades diezmadas por la guerra. El solo cese bilateral suprime el enfrentamiento armado del ELN con el Estado, pero no le impide lucrarse de economías ilegales ni seguir violentando civiles. Acaso la negativa de los elenos al cese multilateral y su puja por diferenciarse de bandas criminales obedezca al propósito de alinear al Gobierno de su lado contra las disidencias y el Clan del Golfo. Tarde o temprano tendrán que ampliar su representación en la mesa con delegados de esos frentes, o bien, reconocer diferencias de fondo entre facciones de la organización guerrillera que comprometerían su unidad.
El buen éxito de estas conversaciones dependerá también de la eficacia del Gobierno para desplegar su estrategia de seguridad. En buena hora ha rescatado él la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad ordenada por el Acuerdo de Paz para desmantelar las organizaciones criminales y el paramilitarismo. Dependerá también de que el Eln suprima su recurso retórico a las formas para torpedear una política de paz sin precedentes. Depende, en fin, de que esta guerrilla comprenda la imposibilidad de apuntarle a la vez a la paz y al negocio maldito que sólo arroja sufrimiento y muerte. Tal vez nunca como ahora se viera el Eln ante disyuntiva tan dramática como esta de suscribir la paz total que un gobierno de izquierda promueve, o bien, sucumbir al poder degradado de sus facciones más radicales. Será su última oportunidad de alinearse con la paz, para no pasar a la historia como banda terrorista de narcotraficantes.
