por Cristina de la Torre | Jun 10, 2018 | Acuerdos de paz, Clientelismo, Conflicto interno, Corrupción, Derecha, Educación, Elecciones 2018, Iglesias, Impunidad, Junio 2018, Justicia, La paz, Modelo Político, Mujer, Paramilitarismo, Política económica, Proceso de paz, Régimen político, Salud, Tierras, Uribismo
Si regresara Uribe a la silla de Bolívar en la persona de Duque, no necesitaría convocar constituyente. Para reeditar, ahondado, su modelo de gobierno autoritario y violento, le bastará con ejecutar la sustancia inocultable de las reformas que su pupilo barniza: suprimir la independencia de los poderes públicos, revivir la guerra y abrir nuevas puertas al abuso del poder. A ello conducen, por un lado, la disolución de las Cortes y su integración en una sola, sacada del cubilete del Presidente; y el achatamiento del Congreso a cien miembros, para lo cual tendría primero que revocarlo. De otro lado, los anunciados “ajustes” al acuerdo de paz apuntan a destruirlo; de donde no podrá resultar sino el regreso de la guerrillerada a las armas y el sabotaje a la reforma rural. Audacias que el mórbido Duque acometería, rodeado como estará por las fuerzas vivas de la patria: el clientelismo en pleno, los gremios económicos, el latifundismo, el cuerpo de notables sub judice o prófugos de la justicia, la parentela de la parapolítica, iglesias adictas a la teocracia, verdugos de la diversidad sexual y el popeyismo.
Al nuevo tribunal supremo erigido sobre el cadáver de las cortes que investigan al expresidente y familia, podrá el Primer Mandatario, es decir Uribe, enviar magistrados de su círculo personal. La reforma le entrega al presidente el nombramiento del fiscal, al Gobierno la estructuración de la investigación criminal, y a la Policía, funciones judiciales. En modo viejo DAS, anuncia Duque la creación de un aparato de control político envolvente sobre la población: Un sofisticado sistema de denuncias y seguimiento, con monitoreo electrónico que lo coloca por encima de la Stasi en la Alemania Oriental, de la KGB, de los Comités de Defensa de la Revolución Cubana y sus vástagos del madurismo.
Providencial, esta reforma de las Cortes borraría de un plumazo las 280 indagaciones que se le siguen al senador Uribe, más de una de carácter penal. Como la recién reabierta por presunta responsabilidad por omisión del entonces gobernador de Antioquia en las masacres perpetradas por paramilitares y Fuerza Pública en La granja y El Aro en los 90. Y en relación con el asesinato del líder de Derechos Humanos en ese departamento, Jesús María Valle, tras suplicar sin éxito al mandatario seccional protección para la población de esas localidades. Según Semana, la Corte Suprema investiga la formación del grupo paramilitar autor de tales masacres, “que habría usado como base de operaciones la hacienda Guacharacas de propiedad de la familia Uribe Vélez”. El senador pidió celeridad en la investigación.
Por otra parte, Duque le pone dinamita al Acuerdo de Paz. ¿O es que impedir el debut de los desmovilizados en política para arrojarlos a la cárcel no redunda de inmediato en el regreso de 10.000 guerrilleros hacia la disidencia de las Farc o hacia las bacrim? ¿No es eso reactivar la guerra? ¿No es revictimizar a las víctimas que se quedarán, así, sin verdad, sin reparación y blanco de una nueva guerra? De una guerra donde son los campesinos los que ponen los muertos de todos los ejércitos, pues nunca van los hijos del poder al frente de batalla.
He aquí los hilos de la constituyente uribista que Duque lanzaría, no tanto por blandura como por convicción. Chavismo puro y duro. Como lo prueban sus debates de ocho años en el Congreso. Ni Duque es “el James de la política” –despropósito de su jefe de campaña–, ni es Uribe el Cid Campeador de todos los colombianos en todos los tiempos. Media Colombia acaba de apartarse en las urnas de quien encarna, más bien, al procaz perdonavidas, seductor de reprimidos por las hipocresías eclesiales: las religiosas y las políticas. Se ha rebelado ya contra la horrible noche que se le ofrece.
por Cristina de la Torre | Mar 5, 2018 | Clientelismo, Corrupción, Elecciones 2018, Impunidad, Marzo 2018
Si la pereza de los quejosos trepa la abstención al 60% este domingo, elegiremos un Congreso más torvo, reaccionario y azaroso que el de los últimos tres lustros. Pues se elige por acción, votando; y por la omisión de los eternos indignados que no se untan de urna y conceden a la contraparte todo el poder de decisión política. El viejo contingente de corruptos y parapolíticos seguiría en su curul, por interpuesta parentela. Y se abriría el abanico de los agraciados hacia otros partidos de la derecha, como Cambio Radical. Este integró en su campaña a la hez de la política, que da línea y pone candidatos desde la cárcel y los estrados judiciales. De 55 dirigentes reclutados por él en el país, 37 andan en malos pasos: hay 8 condenados (Édgar Torres, Julio Acosta, Miguel Pinedo, el Gordo García, Enilse López, Pedro Pestana, Hugo Aguilar y Ramiro Suárez); 16 investigados, 13 en dudosa condición y 18 sin complicaciones legales. Vale decir: 67% de su dirigencia apesta. El hecho es que 20 clanes familiares se tomaron la política en Colombia; con
pater familias que deciden en la sombra reemplazos a su antojo y cultivan relaciones
non sanctas.
Del Centro Democrático vino el ejemplo: proliferan en sus listas hijos, sobrinos y amigos de gamonales en prisión o investigados por parapolítica y corrupción. Con el proceso que la Corte Suprema acaba de abrirle a Álvaro Uribe por presunta relación con el paramilitarismo, por la masacre de El Aro y por supuesta manipulación de testigos, se creyó que el expresidente mordería el polvo. Más aún, con la sospecha viva todavía de que hubiese violado a una periodista. O con pesquisas por presunta responsabilidad en la muerte de Pedro Juan Moreno, su mano derecha en la gobernación de Antioquia.
Pero no. Ni siquiera la divulgación del kilométrico prontuario de sindicaciones que obran contra él provocó el más leve rubor en su fanaticada. Antes bien, candidato, cauda y bancada cerraron filas alrededor del “perseguido”. Iván Duque, el Uribito de turno cuya inocencia prestada mueve a risa, se congració con los suyos ensayando una bufonada. Dijo que la decisión de la Corte obedecía a un “acuerdo no escrito (del Gobierno) con las Farc (para) encarcelar a Álvaro Uribe”. Fácil le resultó cohesionar al uribismo en defensa anticipada del jefe: cosechaba en la cultura del protomacho que se hace camino a codazos sin parar mientes en maricaditas de moral. Para escándalo del mundo, y por enésima vez, desafiaba el CD a la justicia. Obra en este partido la solidaridad de cuerpo propia de las organizaciones autoritarias: de ejércitos e iglesias, donde la mística y la sumisión al superior son el pegamento sicológico de la colectividad. Y el político, que va por sus 20 curules de Senado.
Desdichado panorama que podría revertirse si la juventud citadina acudiera este domingo a las urnas. Si escuchara la reconvención de Gramsci contra los apáticos: Deploro, dijo, la indiferencia política y la abulia porque ellas son parasitismo y cobardía. “La indiferencia es el peso muerto de la historia… opera pasivamente, pero opera… el mal que se abate contra todos acontece porque la masa de los hombres abdica de su voluntad… desprecio a los indiferentes porque me fastidia su lloriqueo de eternos inocentes”.
Votar no es sólo un derecho, es también un compromiso con el país. Para que el escepticismo mute en acción transformadora. Y habrá por quién votar: Por Angélica Lozano, Antonio Sanguino e Iván Marulanda para Senado por los Verdes; en el mismo partido, para Cámara en Antioquia, por Daniel Duque y, en Bogotá, por Juanita Goebertus. Colombia merece un Congreso distinto del de las bancadas maquinadoras y uñonas. ¡A cambiar la historia!
por Cristina de la Torre | Feb 19, 2018 | Febrero 2018, Impunidad, Mujer
“Un dedo en la boca, símbolo universal del silencio, fue lo único que necesitó el violador de Claudia Morales para que no lo denunciara”. Desde entonces ̶ escribe María Antonia García (The New York Times, febrero 12) ̶, Morales ha acudido al silencio como refugio frente a leyes que en Colombia han resultado ineficaces para lidiar con la violencia de género y el acoso. Diríase que el criminal, en el pináculo del poder que entre nosotros se resuelve a menudo en muerte, protege su cobardía imponiéndole a la víctima silencio; y ésta lo asume como única garantía de supervivencia. Por su parte, la patrullera Ana Milena Cruz denuncia acoso sexual de su jefe, Coronel Óscar Pinzón, Comandante de Policía en el Huila. Aunque un colega de la agraviada le aconsejó guardar silencio ya que el padrino del agresor pintaba para Director de la institución, lo que “le daría más poder y habría que temer”. Y esta semana, al ataque de un estudiante contra una condiscípula en la Universidad Pontificia Bolivariana responden las directivas con misiva deshonrosa que revictimiza a la víctima y a todas las mujeres del claustro.
Amiga de la ideología contra el género femenino que con tanta pasión cultivan Vivian Morales, Alejandro Ordóñez, pastores y curas, la UPB alza su voz desde la veta más retinta del oscurantismo cuando un alumno le levanta la falda a una estudiante y la derriba al piso. Y no para sancionar al malandro sino para culpar a las mujeres del acoso y la violencia masculina contra ellas. Recomienda a las estudiantes evitar el uso de “prendas muy ajustadas… de minifalda, short o escote muy pronunciado”; sugiere llevar “ropa discreta (pues) no hay nada más incómodo que distraer la atención de tus compañeros de clase y profesores…”
Revive la UPB las pastorales de Monseñor Builes, añosas catilinarias dirigidas a la Medellín camandulera, hoy de camándula y Popeye, empeñada en asfixiar la metrópoli que busca mejores aires. Denostaba Builes todavía en 1963 la falda “a medio muslo” y los “descotes vergonzosos”. Ante “semejante impúdico y escandaloso espectáculo, todos sienten fastidio y vergüenza, tentaciones, pasiones, pensamientos y deseos deshonestos”. Condenó el prelado “la nueva ola de carne inmunda y horrenda corrupción”; la rebelión de la mujer moderna contra lo que Dios dispuso para salvarle el pudor “cubriendo sus vergüenzas”. Tal como lo hizo con Eva en el paraíso. Respira odio esta normativa sobre el vestir; y sugiere bíblico mandato de venganza contra la mujer, víbora que ya desde su creación perdió al varón y lo condenó a la intemperancia. Y la UPB le sigue el paso, sabiendo de dinámicas de agresión en cadena que principian con acoso, escalan a violación y pueden culminar en feminicidio. Documentado está.
Según Medicina legal, en 2017 hubo en Colombia 565 feminicidios; y más de medio millón de casos de violencia de pareja, en 86% de los cuales la afectada fue la mujer. Cada día, 43 niñas sufren violencia sexual. Pero sólo se denuncia el 10% de los casos, y entre ellos, la impunidad alcanza el 97%. Señala la Fiscalía que de cada 100 mujeres que denuncian, 10 terminan asesinadas por su compañero.
En Colombia es más arriesgado denunciar a un abusador que abusar de una mujer, apunta García, pues el abuso sexual se alimenta del miedo de sus víctimas. Miedo padece Claudia Morales, pero denuncia. Lo siente Ana Milena Cruz, pero denuncia. Lo saben las estudiantes de la UPB, y protestan. Mientras se decide la Justicia a proteger a la víctima que pronuncie el nombre de su violador, asestan aquellas mujeres un golpe certero contra el cerco del abuso sexual. Porque enfrentan poderes inmarcesibles que lo afianzan y abrigan: la política, la milicia, la religión.
por Cristina de la Torre | Dic 8, 2017 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Derecha, Diciembre 2017, Izquierda, Justicia, La paz, Narcotráfico, Paramilitarismo, Proceso de paz, Uribismo
A tono con el amparo que los poderosos brindan a delincuentes de cuello blanco, con su exaltación de criminales o su indulgencia hacia ellos, proliferan en este país sepelios apoteósicos de jefes paramilitares. Como marchando en la misma dirección, 5.000 lugareños acompañan entre vítores el féretro de alias Inglaterra; y el Congreso exonera virtualmente de culpa a empresarios y funcionarios que fueron sus aliados en atrocidades de la guerra. Reserva el juicio sólo para las Farc, el otro responsable del horror.
Con flores, bombas, narcocorridos, aguardiente, pólvora, lágrimas, disparos al aire, desfile de carros y motos e invitaciones a la venganza se honra en Carepa al homicida y violador de niñas, mando del Clan del Golfo. La mayoría parlamentaria, por su parte, celebra a carcajadas el estropicio que salva el pellejo a los señorones de la guerra: no a quienes debieron pagar para protegerse del secuestro de las Farc, sino a 57 empresas sindicadas por Tribunales de Justicia y Paz de coligarse con frentes de las AUC. Deja a las víctimas sin verdad ni representación política. Descuellan en este parlamento taimado Rodrigo Lara y Carlos Galán, hijos indignos de quienes se inmolaron por enfrentar al narcoparamilitarismo, cuyos socios ayudaron estos sinvergüenzas a salvar.
Coincidencia terrible que mueve a preguntarse si la desfachatez de las elites no estará proyectándose como mandato ético desde arriba hacia comunidades marginadas, que no se reconocen en su historia y su cultura; pasto seco para el primer incendiario que meta miedo y pase por benefactor de pobres. Mas el mensaje no es nuevo. A la voz que asimila librepensador con terrorista, levitando en la laxitud de las derechas frente al historial de la mafia, se sintió Popeye autorizado a fungir como estrella en manifestación uribista de abril. Cómo no, si el expresidente Pastrana, el exvicepresidente Francisco Santos y la exministra Martha Lucía Ramírez disculpaban blandamente la exhibición en el evento del sicario que se reclama autor de 300 asesinatos y auspiciador de otros 3.000. Fue Samuel Hoyos, congresista del Centro Democrático, el único de ese partido en rechazar la participación del matón, a quien calificó de sicario y criminal.
En la saga de condescendencia con los violentos, cuyo impacto deberá calibrarse en un país donde el protomacho es rey y la política procede a bala, viene a la memoria una célebre columna publicada en 2006 por el ideólogo del uribismo, Fernando Londoño. Argumenta él, con algo de razón, que las autodefensas nacieron como respuesta a la guerrilla. Y que Carlos Castaño, “intelectual hecho a pulso” cuyo ideario debería resucitar, hubo de plegarse al narcotráfico como fuente de financiación de las AUC; pero sin perder “su naturaleza política antisubversiva y anticomunista”. Dos omisiones graves: primera, el carácter “político” de las AUC pronto se reveló como fachada funcional del negocio maldito del narcotráfico. Segunda: ya desde 1988 y hasta 2002 a Castaño se le sindicaba de decenas de masacres y asesinatos individuales. Lo que no impedía que señoras “divinamente” suspiraran en sus clubes por el sujeto de marras. Pobres por necesidad, ricos por interés en el negocio compartido, simpatizaron (y simpatizan) con el paramilitarismo. Y acuden a los sepelios de sus jefes.
Escribe el editorialista de El Colombiano: no pueden ser los pabloescobares, carloscastaños, inglaterras y otrora timochenkos quienes nos sirvan de ejemplo. Pero Rafael Nieto anuncia que “estamos listos a asumir los costos de la continuación de la guerra con las Farc”. Quiénes: ¿sus hijos? ¿O seguirán las víctimas como carne de cañón de nuestros héroes de barro y sangre, y de sus socios?
