por Cristina de la Torre | Ago 27, 2018 | Agosto 2018, Corrupción, Impunidad, Iván Duque, Justicia, Modelo Económico, Modelo Económico en Colombia, Movimiento social, Narcotráfico, Partidos
Superando de lejos la votación alcanzada por presidente alguno en la historia de Colombia, casi doce millones de votos contra la corrupción crearon un hecho político soberbio: se alzó la gente contra la ratería que convirtió a Colombia en cueva de Alí Babá y sus buenos muchachos. Victoria del voto libre, no comprado, la clase parlamentaria no podrá sino asumirla como mandato popular para ejecutar las reformas que ocho veces enterró. Fracasó el boicot que contra la consulta se fraguaba: el sabotaje del uribismo, estridente y mentiroso, como lo fuera su campaña en un plebiscito para negar la paz; y el sabotaje por calculada pereza de los partidos que traicionaron su originario respaldo a la consulta en el Congreso. Pero no pudieron ahogar la rebelión de la ciudadanía, hombres y mujeres de todas las clases sociales y colores políticos que echaron los cimientos de un monumento contra la corrupción cuya edificación no cesará ya.
Censura de la sociedad al bandidaje instalado en salas de gobierno y de ricos particulares, que ha mandado a la cárcel a siete exmandatarios en Brasil, Perú, Guatemala, Panamá y Salvador; mientras en Colombia fungen los campeones de la corrupción como patriarcas coronados. Una vergüenza. Un prolongarse el secular asalto a lo público, transmitido al ADN de la nación por ejemplo de sus élites, hoy catalizado por dos disparadores nefandos: la privatización del Estado y el narcotráfico. Sin cortapisas éticas, en el frenesí del ascenso y la revancha social en un país de inequidades extremas, bajo el ala del narcotráfico y tratativas dolosas con el Estado, mafiosos y politicastros de fusta y camándula devienen héroes.
Con la privatización de funciones y empresas del Estado vino el auge de la contratación pública directa. Pícaros que pasan por emprendedores, por viceministros, por parlamentarios, se han feriado los dineros de todos. El contralor saliente, Edgardo Maya, calculó en $50 billones las pérdidas anuales del Estado por corrupción. Mas la plata desaparece en las arcas del canalla, no se recupera. Autor de un desfalco de $70.000 millones, el exgobernador Alejandro Lyons sólo repondrá $4.000 millones.
Extravagancias de hoy que echan raíces en un remoto pasado. Eduardo Lindarte (Razón Pública 8, 18) encuentra entre las causas de tales desafueros una degradación de las normas morales y legales que las reduce a obstáculos por vencer, de donde resultará casi natural violarlas. La concentración del poder en élites que dominaron siempre todas las esferas de la vida en Colombia se resolvió en privilegio suyo, defendido a capa y espada. La corrupción se volvió regla y toda la sociedad cayó en ella. Grande daño causó la dualidad de una tradición legalista –que no legal– al lado de la doblez de una Iglesia que se arrogó el derecho de impartir la moral mientras ella misma caía en corrupción. Para Lindarte, la demora en el trámite de los cambios sociales por la vía política ha sido el motor principal de la violencia, la ilegalidad y la corrupción.
Ya se recordaba en este espacio que el modelo de la hacienda decimonónica –paternalista y despótica– se proyectó como estructura del Estado y este fue patrimonio privado de la élite. Hoy deglute ella la contratación pública y la comparte con élites emergentes que reclaman lo suyo. No pocos entre ellas sobreenriquecidos en el narcotráfico.
La consulta del domingo devuelve confianza en la Justicia. Y abre perspectiva de soluciones que apuntan a las raíces del mal. Educación, sanción social, control ciudadano, compromiso inescapable de la dirigencia nacional con una cruzada sin pausa contra la corrupción. Para empezar, deber del Presidente de explicar la designación del corrupto Alejandro Ordóñez como embajador en la OEA. Doce millones de votantes lo reclaman.
por Cristina de la Torre | Jun 25, 2018 | Acuerdos de paz, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Derecha, Elecciones 2018, Impunidad, Izquierda, Junio 2018, Justicia, Modelo Político, Proceso de paz, Régimen político, Uribismo
Guerra civil en el siglo XIX, violencia liberal-conservadora, guerrilla comunista: fantasmas del pasado que moldearon la idea de oposición como amenaza contra la patria y la civilización cristiana occidental. Versión heroica sobre los demonios que la jerarquía católica y la ultraderecha ayudaron a crear, cuando arrojaban la oposición al ostracismo. Tal percepción campeó aun cuando la oposición pudo ser corolario civilizado del gobierno en períodos democráticos, y no lo fue. Experiencia al canto, la ciega beligerancia –desleal, obstruccionista– que el Centro Democrático desplegó desde su orilla contra el mandatario que alcanzaba la paz, mientras ignoraba aquel partido el reclamo de la sociedad por cinco mil “falsos positivos” habidos en su Gobierno. Claro que la oposición puede abusar de las prerrogativas que la democracia le brinda. Mas no impunemente. Parte sustancial de la variopinta votación de Petro sufragó por hastío con la intemperancia de la oposición uribista, con el irrespeto de su jefe a las instituciones, con el protagonismo del sicario de los 300 muertos como ululante opositor del CD, sin que ese partido dijera mu.
Con el viraje político registrado en estas elecciones, la depuración ideológica de las propuestas en liza y la entronización del estatuto de oposición este 20 de julio, un nuevo capítulo se abre en la política colombiana. Y no apenas por las garantías que aquella normativa ofrece a la oposición, sino porque el presidente electo, Iván Duque, trazó la pauta medular antes de asumir en propiedad. Le ordenó a su mayoría en el Congreso bloquear la reglamentación de la JEP, pieza angular de la paz. Su jefe, el senador Uribe, escaló la avanzada mediante instrucciones a Paloma Valencia para lograr sus objetivos cantados: prisión para los jefes de la Farc antes de hacer política, y crear dos instancias independientes de la justicia transicional encargadas de procesar a uniformados y a particulares responsables de delitos en el conflicto. En suma, crear las condiciones necesarias para volver a la guerra. Amenaza, esa sí, capaz de unificar la oposición de nueve millones de colombianos que se jugaron en las urnas por la paz y a los muchos que votaron por Duque creyéndolo inofensivo componedor del Acuerdo con las Farc.
Manes del binomio gobierno-oposición, dos caras de la democracia, que da tantas garantías al Gobierno para ventilar sus ideas y convertirlas en políticas, como a la oposición para defender las suyas, controlar al poder y erigirse en alternativa de cambio. Cobran aquí vigencia renovada los postulados de Virgilio Barco, genuino liberal, en vísperas de asumir la Presidencia: No le basta a la democracia con el voto, escribe; es de suyo también la existencia de un gobierno con una oposición que lo fiscaliza, serena, civilizadamente. “En una democracia, los derrotados en elecciones pierden el derecho a administrar el país; pero no el de expresar a través de sus voceros su inconformidad […]. Más que a los críticos le temo la ausencia de fiscalización. [Para mi Gobierno] pido una constante vigilancia política desde las Cámaras, desde los medios de comunicación y desde todos los foros donde se expresan libremente los colombianos”. (La oposición política, Patricia Pinzón de Lewin).
El tic frentenacionalista de la unidad idílica entre todos para salvar la patria es antidemocrático. Democracia no es falso consenso que disuelve el pluralismo en uniformidad, en ficción de concordia. Democracia es disenso, conflicto tramitado por la vía de las instituciones. Lo que no impide compartir ideales y proyectos que trascienden quereres particulares. Como el ideal de la paz y las reformas que le dan figura corporal.
Coda. ¡Divina la selección Colombia! Va para ella una lagrimita de emoción…
por Cristina de la Torre | Jun 18, 2018 | Conflicto armado, Corrupción, Derecha, Elecciones 2018, Impunidad, Izquierda, Junio 2018, Justicia, Modelo Económico, Modelo Político, Narcotráfico, Paramilitarismo, Partidos, Política agraria, Política económica, Posconflicto, Reforma Agraria, Régimen político, Seguridad social, Tierras, Uribismo
La pluralidad de fuerzas que, coligadas, arañaron el poder este domingo con 8 millones de votos augura una oposición tan vigorosa como abominable podrá ser un tercer mandato de Álvaro Uribe. Libertaria, reformista, pacifista, antípoda de la caverna que lo abriga, no le faltará a la oposición energía para hacerse respetar. Pero su eficacia dependerá de la disposición a converger en tareas comunes, ya en el Congreso; ya en las urnas; ya en las calles, arena primigenia de la democracia. Dependerá de su lealtad a la democracia liberal y a su corolario contemporáneo, el Estado social. Se fincará en la defensa de las libertades individuales y políticas cuando el DAS –órgano de seguridad del Estado– resurja como policía política del “presidente eterno” compartida con criminales para perseguir a las Cortes que lo juzgan, a la prensa libre y a sus contradictores. Dependerá, en fin, del ardor con que defienda al Estado que vuelve a respirar, tras décadas de asfixia bajo la tenaza neoliberal.
En campaña de ideas, esa sí política, menearon el centro-izquierda y la derecha concepciones divergentes del Estado y su relación con la economía y la sociedad. Dibujó cada uno la matriz de economía política que sustenta su propuesta de país. La reacción, Estado mínimo al servicio de latifundistas y banqueros. La Colombia contestataria que se despabila, Estado promotor del desarrollo y protector de los derechos sociales con recurso al impuesto progresivo sobre el ingreso.
Eje del capitalismo democrático que prevaleció en Europa y Estados Unidos entre 1930 y 1980 (en Colombia como intento malogrado del reformismo liberal), el Estado social busca redistribuir el ingreso en función del bien común, prestar servicios públicos y garantizar los derechos ciudadanos: derecho a educación, a pensión, a salud (ahora convertida en negocio de mercaderes). Derechos de la mujer, de la población LGBTI, de las comunidades étnicas. Derecho de propiedad, violado aquí mediante despojo masivo de tierras por el narcoparamilitarismo y su brazo político seguidor del uribismo. Una nueva oleada de expropiaciones a campesinos se avecina con el relanzamiento de las tenebrosas Convivir.
Correligionario del neoconservadurismo que hace agua por haber esquilmado a los más en provecho de los menos, Duque representa el anverso del Estado social que grava comparativamente más a los pudientes, para financiar la política social de beneficio común. El nuevo presidente rompe el cordón umbilical que une al Estado contemporáneo con el impuesto progresivo, siempre defenestrado por las élites colombianas. Y ahonda las desigualdades: multiplica beneficios a los acaparadores de la riqueza, en un país donde el 1% de los más ricos concentra el 20% de los ingresos.
Como si apoyo les faltara para llenar alforjas: con su ley, contra la ley o a bala, como es ya historia patria en Colombia. En el campo, donde el feudalismo de zurriago y sus ejércitos de matones guerrea sin pausa por preservar las tierras usurpadas y sus privilegios de casta. Duque los exime del impuesto predial y archivará la actualización del catastro. Y al empresariado todo, baluarte de su campaña, le concederá decenas de billones en exenciones tributarias.
No consiste la redistribución moderna en expropiar a los ricos para enriquecer a los pobres. Consiste en desarrollar la función social del Estado por referencia a un principio decoroso de igualdad. Y esto, que en otras latitudes es pan comido, a la oposición le plantea un reto colosal: entre las reformas por la paz, hacer de nuestro Estado social de derecho una realidad. Empresa descomunal, pero proporcional a la revolución operada el domingo: 46% del electorado gritó “no más” al grosero pavoneo de estas castas sin patria y con prontuario.
por Cristina de la Torre | Dic 8, 2017 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Derecha, Diciembre 2017, Izquierda, Justicia, La paz, Narcotráfico, Paramilitarismo, Proceso de paz, Uribismo
A tono con el amparo que los poderosos brindan a delincuentes de cuello blanco, con su exaltación de criminales o su indulgencia hacia ellos, proliferan en este país sepelios apoteósicos de jefes paramilitares. Como marchando en la misma dirección, 5.000 lugareños acompañan entre vítores el féretro de alias Inglaterra; y el Congreso exonera virtualmente de culpa a empresarios y funcionarios que fueron sus aliados en atrocidades de la guerra. Reserva el juicio sólo para las Farc, el otro responsable del horror.
Con flores, bombas, narcocorridos, aguardiente, pólvora, lágrimas, disparos al aire, desfile de carros y motos e invitaciones a la venganza se honra en Carepa al homicida y violador de niñas, mando del Clan del Golfo. La mayoría parlamentaria, por su parte, celebra a carcajadas el estropicio que salva el pellejo a los señorones de la guerra: no a quienes debieron pagar para protegerse del secuestro de las Farc, sino a 57 empresas sindicadas por Tribunales de Justicia y Paz de coligarse con frentes de las AUC. Deja a las víctimas sin verdad ni representación política. Descuellan en este parlamento taimado Rodrigo Lara y Carlos Galán, hijos indignos de quienes se inmolaron por enfrentar al narcoparamilitarismo, cuyos socios ayudaron estos sinvergüenzas a salvar.
Coincidencia terrible que mueve a preguntarse si la desfachatez de las elites no estará proyectándose como mandato ético desde arriba hacia comunidades marginadas, que no se reconocen en su historia y su cultura; pasto seco para el primer incendiario que meta miedo y pase por benefactor de pobres. Mas el mensaje no es nuevo. A la voz que asimila librepensador con terrorista, levitando en la laxitud de las derechas frente al historial de la mafia, se sintió Popeye autorizado a fungir como estrella en manifestación uribista de abril. Cómo no, si el expresidente Pastrana, el exvicepresidente Francisco Santos y la exministra Martha Lucía Ramírez disculpaban blandamente la exhibición en el evento del sicario que se reclama autor de 300 asesinatos y auspiciador de otros 3.000. Fue Samuel Hoyos, congresista del Centro Democrático, el único de ese partido en rechazar la participación del matón, a quien calificó de sicario y criminal.
En la saga de condescendencia con los violentos, cuyo impacto deberá calibrarse en un país donde el protomacho es rey y la política procede a bala, viene a la memoria una célebre columna publicada en 2006 por el ideólogo del uribismo, Fernando Londoño. Argumenta él, con algo de razón, que las autodefensas nacieron como respuesta a la guerrilla. Y que Carlos Castaño, “intelectual hecho a pulso” cuyo ideario debería resucitar, hubo de plegarse al narcotráfico como fuente de financiación de las AUC; pero sin perder “su naturaleza política antisubversiva y anticomunista”. Dos omisiones graves: primera, el carácter “político” de las AUC pronto se reveló como fachada funcional del negocio maldito del narcotráfico. Segunda: ya desde 1988 y hasta 2002 a Castaño se le sindicaba de decenas de masacres y asesinatos individuales. Lo que no impedía que señoras “divinamente” suspiraran en sus clubes por el sujeto de marras. Pobres por necesidad, ricos por interés en el negocio compartido, simpatizaron (y simpatizan) con el paramilitarismo. Y acuden a los sepelios de sus jefes.
Escribe el editorialista de El Colombiano: no pueden ser los pabloescobares, carloscastaños, inglaterras y otrora timochenkos quienes nos sirvan de ejemplo. Pero Rafael Nieto anuncia que “estamos listos a asumir los costos de la continuación de la guerra con las Farc”. Quiénes: ¿sus hijos? ¿O seguirán las víctimas como carne de cañón de nuestros héroes de barro y sangre, y de sus socios?
por Cristina de la Torre | Oct 4, 2017 | Conflicto armado, Conflicto interno, Justicia, Octubre 2017
Cuando ya todo se daba por perdido, envilecida la cúpula de la Justicia, asqueado el país en la imagen de su togado supremo tras las rejas, nos sorprende la creación de un órgano de justicia único en la historia de Colombia: un tribunal de paz integrado por personalidades de probada solvencia moral y profesional, seleccionadas entre miles de postulantes de todas las etnias, regiones e inclinaciones ideológicas, con predominio de mujeres y presidido por ellas. Por Patricia Linares en la presidencia y Luz Marina Monzón en la Búsqueda de Desaparecidos. Instancia de cierre del conflicto, este órgano será decisivo en la reconciliación. Su misión, hacer justicia para asegurar la paz; su meta, la verdad de lo ocurrido y la reparación integral de las víctimas. Juzgará a responsables de todos los bandos por los delitos más graves cometidos en la guerra, para que haya verdad, sanción y reparación.
Mas, no bien se enciende esta luz al final del túnel, saltan al ruedo, todos a una, picos y garras afilados, los que temen a la verdad, los nostálgicos de la violencia. José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, declara que la Justicia Especial de Paz (JEP) es “indigna, una claudicación estatal”. La también uribista, Paloma Valencia, gestiona en nombre de su bancada referendo para derogar este instrumento expedito de paz y reconciliación. El Fiscal Martínez convierte imprecisiones salvables del proyecto de ley que la reglamenta en monstruo de siete cabezas; y teme que la ley desproteja a empresarios tenidos por protagonistas del conflicto y no por víctimas. Pero no aclara si habla de los que pagaron para protegerse del secuestro o de quienes financiaron a paramilitares para lucrarse de sus crímenes. En la misma vena, Cambio Radical, el partido de Vargas Lleras, anuncia que no votará la ley, por supuesto sesgo político en el recién creado Tribunal contra los mismos empresarios del corazón del Fiscal. Y, por si fuera poco, Jesús Santrich, vocero de la corriente más oscura de la Farc, se suma a la descalificación del Tribunal. Sesgo no habrá en un órgano cuyas decisiones se adoptan en colectivo, previa deliberación entre magistrados de todas las tendencias y sabedores de que el país entero ausculta, una a una, sus determinaciones.
Contraste agudo entre la violencia de estas reacciones y la sindéresis que respira la presidenta del Tribunal, su dominio de la materia y la fuerza de carácter que proyecta. Dijo ella: “hoy lo que concebí como un sueño es una realidad con la firma del Acuerdo de Paz; estoy preparada para asumir el deber ético de ayudar a su cumplimiento; y, en la JEP, para administrar justicia restaurativa que sirva a la reconciliación y alivie el dolor de las víctimas (…) El compromiso de esta jurisdicción es contribuir a la reconstrucción de un país que no soporta más guerra”.
Guerra sucia, despiadada, que cobró su mayoría de víctimas entre la población inerme. Conflagración de crueldades inenarrables que hunde raíces en la exclusión, en el despojo, en la impunidad, en el terror de nuestro diario vivir. En el entramado social y político que la produce y retroalimenta. Es hora de que todos los comprometidos en el desastre asuman su responsabilidad, Estado incluido. La reconciliación, insiste Linares, no puede fundarse en el ocultamiento y la negación.
Madruga nuestra derecha a sacudirse la hoja de parra que disimulaba sus vergüenzas. En su íntimo propósito de hacer trizas la paz, acomete de frente contra la espina dorsal del Acuerdo y su Tribunal de Paz. Se dará contra el pueblo que ha padecido la guerra. Y contra el reclamo universal por haber querido reabrir la puerta del horror.
