por Cristina de la Torre | Dic 17, 2024 | Conflicto interno, Corrupción, Crímen organizado, Diciembre 2024, Francia Márquez, Gustavo Petro, Impunidad, Justicia, Justicia restaurativa, Ministerio de Salud, Movimiento social, Mujer, Narcotráfico, Posconflicto, Progresismo, Salud, Seguridad Humana, Violencia
No pierde la sociedad su capacidad de reacción. Ni muda ni maniatada ante la violencia sexual que se ejerce contra nuestras niñas y niños, rechaza la opinión el nombramiento de Daniel Mendoza, supuesto instigador de ese delito, como embajador en Tailandia. En esta Colombia del Sagrado Corazón que naturalizó al narcotráfico como medio de ascenso social y lo incorporó al poder del Estado, reconforta la oleada de voces que se alzan contra el principio de hacer plata como sea, ahora robustecido por la ética que asocia sin dolor negocio y crimen. Enriquecimiento regado de muertos en cada operación de narcóticos que corona, también destruye la vida de miles de infantes esclavizados en explotación sexual. El Instituto Nacional de Salud documenta 34.842 casos de violencia sexual, la tercera parte contra niñas menores de doce años. En Bogotá, en Cartagena, en Cali, en Palmira, en Medellín, ciudad donde se detiene Carol Ann Figueroa, editorialista de La Píldora, para auscultar la desgarradora realidad.
Contra el nombramiento de Mendoza debuta Iris Marín, defensora del pueblo, por haberse mostrado él reiterada y públicamente afecto a relaciones sexuales con niñas. En la contraparte, defiende el presidente a su elegido y, en nombre de la libertad de amar, lo llama “emancipador”. Soy un demócrata radical, dice Petro, no un fascista; ¿cómo esperan que un Gobierno libertario y progresista prohíba el amor? Complacerse en relaciones sexuales con niñas o con adultas previamente drogadas no es amor, replica Marín, son modalidades de violencia sexual. Nuestro Estado, remata, no puede convertirse en dolorosa caricatura de la cultura violenta.
Acompañan a la defensora Laura Gil, embajadora ante la ONU para Política Global de Drogas, y Arlene Tickner, embajadora para Asuntos de Género y Política General Feminista. Estiman ellas que las publicaciones de Mendoza constituyen violencia de género y que bien haría el agraciado con renunciar al cargo ofrecido. Y Francia Márquez, vicepresidenta de la República, condena la misoginia de Mendoza, otra de las violencias patriarcales.
Para la analista Figueroa, ser mujer aquí es correr más riesgo de vender por la fuerza la virginidad, o una relación sexual, o una fantasía sexual actuada ante una cámara. 93% de las 4.921 víctimas que han denunciado ante la Fiscalía de Antioquia explotación sexual infantil en los últimos catorce años vieron periclitar su caso judicial sin pena ni gloria; sólo un 7% fructificó. Señala informe de Cuestión Pública que el fenómeno se ha salido aquí de control, y las autoridades hacen poco o nada por detenerlo. Sorprende el perfil de los empresarios que montan la red del negocio: un padre de familia, un político, un trabajador social, un profesor de deporte, un policía.
Informó La República que la industria webcam estaría reportando 600 millones de dólares en ganancias al año por el trabajo de 10.000 estudios instalados en Medellín, Cali y Bogotá. Si Cartagena se lleva las palmas, afirma Figueroa que en Antioquia la cultura traqueta se camufla con la cultura de la familia, la religión y las buenas costumbres, mientras parte sustancial de sus dirigentes y de la población saca pecho por considerarse “prueba viviente de la pujanza, la innovación y la berraquera” que atraen al extranjero que invade sus ciudades. El narcotráfico, concluye nuestra analista, dejó más que dinero: una cultura que, más allá de la cosa estética o musical, cierra los ojos para no ver la tragedia de sus niñas, niños y adolescentes y deslumbrarse, en cambio, en el fulgor del oro.
Sea la renuncia de Daniel Mendoza al cargo ofrecido otra cortina que se descorre al escenario de dignidad que el país reclama. Y a la autocrítica del presidente Petro.
Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Felicidades a los amables lectores.
por Cristina de la Torre | Dic 10, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Cese multilateral, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corredores del narcotráfico, Corrupción, Crímen organizado, Desarrollo agrícola, Desplazados, Desplazamientos, Diciembre 2024, ELN, Fuerzas Armadas, Gustavo Petro, JEP, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Libre Opinión, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Paz Total, Posconflicto, Tierras, Violencia
Un avance imprevisto se registra en el replanteamiento de la política de paz: el reconocimiento de sus errores de origen. Equivocaciones y vacíos que explican la inusitada expansión de los grupos armados que, dedicados sin excepción a economías ilegales, se disputan a bala el territorio e imponen su dictadura a las comunidades. En favor de esta violencia redoblada obraron las pautas que Danilo Rueda, primer comisionado de paz, trazó desde el día uno de la negociación y en buena hora se revisan hoy. Y se materializan, para comenzar, en bombardeos de aviones Kafir a un campamento madre del Clan del Golfo en Antioquia; primera acción de la Fuerza Aérea contra grupo armado en la era Petro.
En foro promovido por El Espectador y la Universidad de los Andes con participación de autoridades de Gobierno, negociadores y líderes de territorios sojuzgados, proliferan razones enderezadas a corregir entuertos. Pasan al banquillo los diálogos de paz sin objetivo definido o claudicante en la orilla del Estado; ceses de fuego improvisados y aquietamiento letal de la Fuerza Pública, para solaz de la contraparte; manipulación y segregación de organizaciones de base por los armados, a fuer de integración de la sociedad al proceso de paz. Desaguisados cuyos efectos señala Leyder Palacios, líder social del Chocó: normalización de la guerra en su región, miedo, violencia, gobernanza armada de los criminales por cooptación del poder local, pérdida de legitimidad del Estado y de sus Fuerzas Armadas, cese el fuego que sólo beneficia a los armados. Y Luz Estela Sucre, líder social en Arauca, dice: “estamos solos, en nuestro departamento gobiernan los grupos armados… nos sentimos desamparados”.
La cruda realidad ha impuesto ya objetivos inescapables en la negociación: reducción de la violencia, transformación del territorio y desarme de la contra parte. Claro, no siempre se lograrán ni al mismo tiempo. Una es la experiencia de Comuneros del Sur, cuyo proceso entra en fase de implementación; otra, la engorrosa mesa con el ELN, que va para el año congelada y anuncia ese grupo que no suscribirá acuerdo final con el Gobierno. Se depuran los objetivos de la mesa también al tenor de los cambios producidos en los grupos armados: no apuntan éstos ahora a la toma del poder sino que batallan por prevalecer en las economías ilegales: saltan ellos de la política al lucro regado en sangre. Y el Gobierno pasa de mesa y cese el fuego con todos, a mesa y cese el fuego con quienes lo merezcan.
En algunos casos ha salvado vidas el cese el fuego; pero, decretado sin mecanismos precisos de control y verificación, ha robustecido a los grupos armados. Señala el gobernador del Caquetá que en su departamento éste disparó la violencia entre armados: cuando había que mantener el control del territorio se desescaló, no la violencia sino la presencia de la Fuerza Pública, y se fortalecieron los armados. El ministro de Defensa baja de su pedestal al cese y le concede importancia sólo si beneficia a las comunidades: a guisa de negociación de paz, no puede el Estado ceder poder de control sobre el territorio, ni igualarse con los ilegales.
Tampoco podrá permitirse más la manipulación, la cooptación o la segregación de organizaciones populares por grupos armados, a título de participación de la sociedad civil en el proceso de paz. En esta avanzada para monopolizar la voz del pueblo, tampoco se les permitirá violentar ni presionar a las Juntas de Acción Comunal.
Sostiene el expresidente Santos que toda negociación de paz conjuga garrote y zanahoria, que en ésta no han sentido los armados el garrote y sí, en cambio, se han comido la zanahoria. Mucho indica que se apunta esta vez a equilibrar las cargas, y otra política de paz empieza a tapizar nuevos caminos con los despojos de sus reveses iniciales.
por Cristina de la Torre | Dic 3, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Derecho fundamental, Diciembre 2024, Farc, Gustavo Petro, Impunidad, JEP, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Ministerio de Salud, Movimiento social, Mujer, Pacto Social, Posconflicto, Proceso de paz, Seguridad Humana, Violencia
Desafortunada coincidencia. Cuando la brutalidad sexual contra nuestras mujeres alcanza proporciones de tragedia nacional, exalta Petro a tenebrosos victimarios suyos a posiciones de poder. Se propone nombrar asesor de Presidencia a Armando Benedetti, señalado de violentar mujeres (su esposa entre ellas, a quien habría amenazado con arma blanca). Para no mencionar a otras cuatro solemnidades sindicadas de abuso sexual. Y anuncia designación como gestor de paz al exjefe paramilitar Hernán Giraldo, alias Taladro, acusado de violar a 201 niñas, aunque hay quienes calculan la cifra en 400. Entre ministros y titulares del alto Gobierno, nueve se rebelan contra estos planes de Gustavo Petro, que no son simple ligereza sino inmoralidad. Falta al decoro el primer mandatario y mancilla el pundonor del país que contempla con horror las fotografías de 745 víctimas de feminicidio en lo corrido del año, cifra que proyectada a diciembre se acercaría a 1.000. Que se sepa. Y se sobrecoge con el último caso conocido: a Sara Sofía Camacho, de cinco años, la torturó su padrastro, la violó y la mató. Sucedió en Guamal, Meta, pero sucede tres veces cada día en la dolorida Colombia que ve asesinar a sus mujeres en casa y en las trincheras de la guerra.
Una causa de esta iniquidad aletea en la revitalización del oscurantismo que naturaliza el desprecio por la mujer, lo convierte en odio y lo resuelve en crimen. Informa el Instituto Nacional de Salud que hubo el año pasado 158.394 casos de violencia de género, 77.5% contra mujeres, y este año las agresiones aumentaron 138%. Hoy corren peligro de feminicidio 2.275 personas en Bogotá, la manifestación más atroz de violencia contra la mujer.
Iris Marín, Defensora del Pueblo, protesta por la distinción que se le otorgará a Benedetti e insta al agraciado a marginarse de todo cargo público, pues su exaltación a tan elevada posición política “alienta el machismo” que dispara la violencia de género. La Cancillería condenó los hechos ocurridos el pasado 24 de julio contra su esposa en Madrid y emprendió investigación formal contra el entonces embajador ante la FAO. Por su parte, la Corte Suprema lleva varios procesos contra Benedetti.
Por su desmesura, apodaron a Hernán Giraldo el “monstruo de la Sierra Nevada”. Forzaba él la compañía de niñas para embarazarlas y reforzar con los propios hijos su ejército de narcotraficantes, y fue expulsado del tribunal de Justicia y Paz por perpetrar el delito en las cárceles donde pagaba condena. Giraldo es una variante del abuso sexual que proliferó en la guerra y que paramilitares usaron no apenas para degradar y castigar a las mujeres sino para humillar a su enemigo varón; para cohesionar el grupo armado y afianzar su identidad violenta, diría el Grupo de Memoria Histórica. Todas las organizaciones armadas emplearon la violencia sexual como arma de guerra contra las mujeres. Corrieron ellas un riesgo adicional: no ya sólo en su casa sino en las trincheras de la guerra.
Las Farc no se quedaron atrás: 40% de su tropa eran mujeres y al parecer de todas se abusó, empezando por el comandante Raúl Reyes. La JEP acaba de imputar el delito a la que fuera cúpula de esa guerrilla, hoy desmovilizada: si no por comisión directa, por omisión ante violación y esclavitud sexual; por aborto forzado y asesinato o desaparición de sus hijos.
La psiquiatra Lucrecia Ramírez identifica en el “sesgo de sexo” la causa principal de la violencia carnal contra las mujeres: es la mirada torva, oblicua que se resuelve en guerra, explotación, discriminación y abuso. Es ánimo de control y de avasallamiento que se descarga todos los días contra ellas. “Nada que celebrar, nada que conmemorar (los días 25 de noviembre). Misoginia infame”. Y Petro ahí, premiando a los victimarios que lo rondan.
