por Cristina de la Torre | Oct 17, 2022 | Agencia Nacional de Tierras, Desarrollo agrícola, Pacto Histórico, Economía productiva, Gustavo Petro, Reformas liberales, AUC, Desplazamientos, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Reforma Agraria, Tierras, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Política agraria, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Modelo Económico en Colombia, Actores del conflicto armado, Octubre 2022
Pragmático en su empaque de humanista reformador, la mira puesta tercamente en la paz, Petro negocia por lo alto con el latifundismo: con José Félix Lafaurie, figura de recibo en el gremio ganadero, aun entre quienes fungieron allí como agresivos instigadores y usufructuarios de la guerra. Consigue el mandatario a un tiempo poner en hibernación ejércitos privados y acometer la anhelada reforma agraria. Será demostración de que la paz viene adherida al cambio. Al tránsito de ganadería extensiva a agricultura intensiva en manos de campesinos. Y no mediante la expropiación que la legislación colombiana autoriza para tierras subexplotadas, sino con la fórmula más conservadora, la de Carlos Lleras: comprar tierra para redistribuirla entre quienes la necesitan.
Incorar se le llamó en su hora, mas con tantos tropiezos y vacíos, que en medio siglo entregó escasos 2 millones de hectáreas; mientras se aspira ahora a reunir 3 millones, de procedencias varias, en el curso de un gobierno, y con los necesarios apoyos financiero, de infraestructura y técnico. Moñona. Petro le baja decibeles a la violencia y, a la par con titulación de predios y recuperación de baldíos, emprende por fin la reforma del campo. Pero el efecto político no suma sólo al haber del Pacto Histórico borrándole el Inri de expropiador. Es también carambola calculada con esmero por lo más granado de la derecha; “un acuerdo de alta política”, diría Lafaurie, para subirse al tren de la paz y del cambio, que arrastra el sentir mayoritario del país y el aplauso del mundo.
En abordaje del Acuerdo de Paz, la ministra López anuncia compra de tierra productiva en la frontera agrícola a Fedegán y a otros oferentes posibles, previa evaluación de su capacidad productiva, de la legalidad de sus títulos, sin pleitos, a paz y salvo en impuestos, en posesión de su dueño y revisado el precio por el IGAC. El reto primero, ha dicho, llegar al amplio sector que produce alimentos, siempre marginado de la política agraria, del crédito, del agua. Aunque apunta también a la gran producción y a las cadenas productivas entre economía campesina y agroindustria. Propone entronizar el sistema silvopastoril para la producción de carne y leche: liberar 20 millones de hectáreas de los 39 millones dedicados a ganadería extensiva, para sumarlos a los míseros 7 millones destinados a agricultura, sin afectar la producción ganadera.
“Es mucho mejor comprar tierras que crear pánico con la expropiación”, declaró el poderoso terrateniente Álvaro Uribe. “No, replicó el especialista en problemas agrarios Alejandro Reyes, mejor extinguir el dominio que comprar la tierra”: el Estado pierde en un mercado de monopolio de quienes engordaron la tierra sin trabajarla y ahora querrán venderla con valores inflados, a precio comercial. Para evadir la extinción de dominio, alegarán ellos que sí explotaban la tierra (¡con menos de una vaca por hectárea!). Retomando la idea original de la ministra, insta Reyes a fijar el precio con base en la declaración de renta: o se confiesan evasores de impuestos o se confiesan propietarios improductivos. Y entonces el Estado podrá comprar esas tierras a su precio real. Punto sensible del acuerdo con Fedegán, que debería revisarse.
Si bien este Gobierno escogió negociar en vez de chocar, comprar en vez de extinguir el dominio y comprometer en la Paz Total a todos los actores del conflicto, revisar el criterio de fijación del precio de compra no quita lo bailado. Protegería las finanzas públicas y favorecería, más bien, los proyectos productivos aledaños a la entrega de tierras. Su poder negociador dependerá en mucho del acompañamiento del movimiento campesino, combativa avanzada del pueblo que eligió a Petro presidente. Y éste pasaría a la historia como gran hacedor de la reforma agraria.
por Cristina de la Torre | Sep 27, 2022 | Agencia Nacional de Tierras, Farc, Desarrollo agrícola, Justicia restaurativa, Desarrollo sostenible, ELN, Economía productiva, Gustavo Petro, AUC, Desplazados, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Iván Duque, Reforma Agraria, Tierras, Conflicto armado, La paz, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Modelo Económico en Colombia, Actores del conflicto armado, Septiembre 2022
En sólo un mes, este Gobierno tituló 681.372 hectáreas de tierra a familias campesinas sujetos de reforma agraria. Medida trascendental en cien años de historia atascada, que sorprendió por sus dimensiones y por el rigor legal que la cobija. Es paso inicial de una estrategia más enjundiosa contemplada, entre otros, en el Acuerdo de Paz que Iván Duque saboteó para mantener a Colombia en el podio mundial de mayor concentración de la propiedad en el campo. Oscilando entre amenaza y maná del cielo debió de caerles a los señores de la tierra la ocupación de 108 predios ajenos, mientras la ministra Cecilia López abría compuertas a la titulación represada por el uribismo. Amenaza, la invasión de propiedades, que la ministra condenó sin atenuantes. Pero a su vez, la fortuita coincidencia daba pábulo al mensaje subliminal del latifundismo: invasiones y reforma agraria atentan, todas a una, contra la propiedad. Ergo, invita a crear “grupos de reacción inmediata”, germen del paramilitarismo.
Juzga esta derecha por su condición. Tras 40 años de silencio autoimpuesto para encubrir la expropiación violenta de ocho millones de hectáreas al campesinado, cree ahora adivinar en la naciente reforma agraria la mano peluda del comunismo. Quienes se sumaron por los lados a la violencia que cobró medio millón de muertos y desaparecidos, querrían invocarla de nuevo como derecho adquirido. También yerran el ELN y las disidencias de las Farc si, como aventura el Defensor del Pueblo, promueven en algún grado las invasiones. Pero unos y otros aran en el desierto: no está ya dispuesto el país al sacrificio ni a la guerra.
Dijo Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, que aquella iniciativa de Lafaurie coincide con las Convivir, origen de la amarga sangría que Colombia no quiere revivir. “No, no más civiles armados, apuntó; de ningún lado, y menos de los señores que dicen ser empresarios del campo”: los conflictos de tierras los resuelven las entidades del Estado, no los particulares; ni organizaciones privadas de protección de la propiedad, ni invasores ni ocupantes. Si la mayoría de éstos últimos son campesinos cansados de confiar en promesas incumplidas y con los cuales discute acuerdos el Gobierno, éste ha anunciado también que allí donde medren armados ilegales les hará sentir el peso de la ley. Empezando porque les negará la titulación y todos los apoyos oficiales para explotar el fundo.
Precisa el Gobierno que se propone cumplir rigurosamente el Acuerdo de Paz, en particular el punto uno de reforma rural: adjudicar 3 millones de hectáreas a campesinos; formalizar 7 millones de hectáreas abriendo puertas a todos los medios de fomento que el Estado ofrece en crédito, asistencia técnica, adecuación de tierras y comercialización; y culminar el catastro multipropósito para saber qué tierras hay, a quién pertenecen, a qué se dedican, cual es su potencial real. Que las tierras inexplotadas paguen impuestos o, en su defecto, se le vendan al Estado para que éste las distribuya entre campesinos laboriosos. Sugiere Petro comprar los 3 millones de hectáreas con deuda pública redimible a futuro, compensando el golpe a la deuda pública con una reestructuración del gasto del Estado; por ejemplo, sobre los múltiples ejecutores de vías.
Esta reforma agraria ofrece salidas plausibles a los problemas estructurales del campo: a la hiperconcentración de la propiedad, al uso irracional del suelo, a la brutalidad contra el campesino. Es decir, al modelo de tenencia y uso de la tierra, que es talanquera formidable al desarrollo. Busca saltar del feudalismo a la modernidad: del despotismo a la democracia, de la miseria a la dignidad, de los ejércitos particulares al monopolio de la fuerza en el Estado. Busca entregar la tierra prometida, sin usurpadores. ¿Mucho pedir?
por Cristina de la Torre | Ago 30, 2022 | Agencia Nacional de Tierras, Desarrollo agrícola, Economía productiva, Gustavo Petro, Reformas liberales, Desplazados, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Reforma Agraria, Tierras, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, La paz, Política agraria, Acuerdos de paz, Justicia, Actores del conflicto armado, Agosto 2022
Todo indica, por ahora, que no se repetirá esta vez el sino de casi un siglo: a cada intento de reforma agraria, respuesta sangrienta de los señores de la tierra, con su avanzada armada. Pretexto invariable, la lucha contra el comunismo, que pretende colectivizar la tierra. Pero la reforma de Gustavo Petro se ciñe a leyes ya escritas en esta democracia y responde a imperativos de justicia y desarrollo que se manifestaron, entre otras, en la explosión social del año pasado. En el tercer país de mayor concentración de la propiedad rural, con territorios enteros abandonados al atraso y donde el grueso de las mejores tierras son latifundios de ganadería extensiva, responde el Gobierno en dos direcciones: desconcentrar la tenencia de la tierra y ponerla a producir. Será la equidad como presupuesto de modernización y de creación de riqueza.
Además, han comprendido los colombianos que es hora de jubilar el modelo de tierra sin hombres y hombres sin tierra; motor de un conflicto que se tradujo en horror para los más en el campo, en poder desafiante para los menos y, para casi todos, en desazón. El último envión de ocho millones de hectáreas despojadas, otro tanto de campesinos desplazados y medio millón de muertos se ha presentado como fruto de la guerra contrainsurgente. Pero, desmovilizadas las Farc, desapareció la excusa y se reveló sin máscaras la verdad: no se perseguía tanto a la insurgencia como la tierra ajena. Pese a los crímenes de las guerrillas, que justificaron por un tiempo la impostura.
Ni ayer ni hoy se soñó con destruir la propiedad privada: en los planes de la ministra Cecilia López, en vez de expropiación figuran estrategias de reforma rural integral, sostenible, desde los territorios, con cadenas productivas de agroindustria diversificada que combatan el hambre. Se acude a leyes vigentes y a la Constitución. A la Ley 160 de 1994 que permite al Estado comprar tierras para redistribuirlas entre aquellos que quieren trabajarlas. Y a la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo de Paz, con restitución de predios, entrega de tierras de un Fondo constituido por las incautadas a la mafia y baldíos, titulación, y sustitución de cultivos. Que ésta procederá por las buenas, lo vimos esta semana cuando anunció en el Tarra el presidente la transición hacia la explotación de cultivos alternativos a la coca, mientras abandonaba la Fuerza Pública su erradicación forzada.
A todo ello se suma ahora la histórica sentencia de la Corte Constitucional que ordena reasignar baldíos al campesinado, su destinatario legítimo, hoy ocupados a menudo de mala fe por terceros. Ubérrimos de acá y de allá, agrandados con baldíos que además exceden el tamaño de ley, tendrán que demostrar su propiedad en derecho. La decisión de la Corte no ofrece precedentes y anuncia un vuelco a la propiedad, pues detiene la acumulación abusiva o dolosa de tierras. Y porque contempla también el catastro multipropósito, fortalecimiento de la Agencia Nacional de Tierras, creación de la jurisdicción agraria, activación del Fondo de Tierras y formalización masiva de la propiedad rural.
Precisó Petro ante la Andi su enfoque del desarrollo: se trata más de crear riqueza -dijo- que de redistribuir lo que tenemos. Si el motor de la riqueza es la producción, hay que convertir la tierra en primera actividad productiva, industrializar el campo. Para lograrlo, debemos empezar por disminuir la desigualdad económica, y ello supone una reforma agraria. Bueno, a pasar de los anuncios a los hechos, a emprender el cambio tantas veces negado por la fuerza. Tiene Petro todo el instrumental legal, capital político, una oposición en rebusque de argumentos contra una reforma de talante liberal y la mejor ministra de Agricultura, carácter fogueado en mil batallas, para hacerlo. ¡Manos a la obra!
por Cristina de la Torre | Jul 26, 2022 | TLC, Desarrollo agrícola, Justicia restaurativa, Seguridad Alimentaria, Violencia, Gustavo Petro, Desplazamientos, Inseguridad Alimentaria, Desplazados, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Líderes Sociales, Iván Duque, Derecha, Racismo, Reforma Agraria, Tierras, Uribismo, Política agraria, Impunidad, Acuerdos de paz, Proceso de paz, Corrupción, Julio 2022
Hace unos años propuso Paloma Valencia formalizar apartheid étnico en la geografía del Cauca: allá los indígenas en sus rastrojos, acá nosotros (la gente de bien). Hoy previene ella contra el peligro de que el líder nasa Giovani Yule, designado jefe de Restitución de Tierras, “priorice tierras para los indígenas”. Anatema. ¿Cómo puede un tal Yule, no ya apenas representar a pueblos desdeñables, sino el interés general desde la autoridad del Estado? El Centro Democrático se declara amenazado. En ostensible confesión de parte, esta derecha ultramontana sella el recorrido de élites sórdidas que en todo el país rural imaginaron su prestancia como atributo de la violencia que ejercieron durante siglos contra etnias y campesinos humillados en la pobreza. Humillados y expropiados. En ofensiva de medio siglo que alcanzó su clímax con los Gobiernos de la Seguridad Democrática, notable el de Duque por su impúdico boicot a la restitución de tierras: a los 932 líderes sociales asesinados en estos cuatro años -muchos de ellos reclamantes de tierras- se suma el aumento inusitado de demandas de restitución rechazadas sin mayor justificación, según informa la Fundación Forjando Futuros: 65%. El número de predios devueltos es irrisorio.
Pero en esta Colombia subcampeona mundial en concentración de la propiedad rural, donde el 0.01% de los propietarios del campo acapara 44.5% del área agropecuaria disponible, restituir lo usurpado es sólo parte de la reforma agraria que los señores de fusta y fusil frustraron una y otra vez. Sin reforma rural, sin tierra, marcha el campesinado a la deriva, los dueños de latifundios improductivos revientan de rentas sus petacas y el país, que podría ser despensa del mundo, importa la tercera parte de los alimentos que consume. En virtud del TLC suscrito con Estados Unidos, importamos de ese país seis veces lo que le exportamos. En 10 años del Tratado pasamos de importar 110.000 toneladas de maíz a 3.858.000. ¡Maíz! Perdimos la soberanía alimentaria y comprometimos la posibilidad de avanzar hacia un capitalismo moderno, diría el presidente Petro.
Cecilia López, su ministra de Agricultura, anuncia una reforma agraria “sin timidez”, que elimine el modelo de una vaca por hectárea. O los terratenientes de ganadería extensiva ponen a producir la tierra, o pagan impuesto sobre su potencial productivo, o le venden al Estado y éste redistribuye la tierra entre campesinos que quieran explotarla. Hay que pasar, declara, de ganadería extensiva de baja productividad a ganadería intensiva de elevada productividad y sostenible. No se diga ahora que inducir el mercado de tierras y su explotación a derechas es plan de expropiación comunista, que fue el muy conservador dirigente don Hernán Echavarría quien defendió la idea.
Pero el Ministerio estira el ojo también hasta la Reforma Rural del Acuerdo de Paz. Con miras a un desarrollo integral en perspectiva de paz, se aplicará a adjudicar las tierras previstas en el Acuerdo, que es ley y norma constitucional. A restituir las arrebatadas. A titularlas. A impulsar Zonas de Reserva Campesina y territorios agroalimentarios de beneficio público y social. A dar al campesino estatus de sujeto especial de derechos y a sus organizaciones categoría de sujetos políticos con derechos integrales. Como lo piden 60 organizaciones campesinas, cuya fortaleza emula el estadio heroico de la vieja Anuc en los 70. Después declinaría estrangulada por una tenaza fatal: de un lado, la más violenta represión del Estado; del otro, la loca pretensión de las guerrillas de tomarse esa organización, pues así legitimó el baño de sangre que vino desde arriba.
Sí, todo indica que habrá por fin reforma agraria, y sólo un demócrata de izquierda podrá acometer esta revolución liberal. Tal vez no quede ya lugar para el apartheid de Paloma.
por Cristina de la Torre | Abr 19, 2022 | Reforma Rural, Restitución de Tierras, Líderes Sociales, Acuerdos de paz, Abril 2022
Perdida su hoja de parra en la ONU, quedó expuesta la doble moral del Presidente: no podrá ya –como lo ha hecho en estos 4 años– presentarse ante el mundo como la paloma de la paz mientras permite en Colombia incursiones homicidas de chulos y halcones y águilas de todos los colores. Sorprendido en flagrancia por omisión de la verdad completa, o por deformarla, cuestionó el Consejo de Seguridad de ese organismo su informe sobre la paz en este país: avances enanos, inacción o retroceso en sustitución de cultivos, reforma rural y restitución de tierras. Trueque de una política de Estado acordada para conjurar una guerra de 60 años y los lastres que la causaron por un modesto proyecto de Gobierno que, además, obstruyó la médula del Acuerdo. “Usted no habla del Acuerdo de Paz, habla de paz con legalidad. (Pero) este programa no fue el acordado por el Consejo de Seguridad (…) Su Gobierno ha socavado el proceso de paz y destruye lo que el pueblo colombiano ha forjado con mucho esfuerzo”, le espetó el delegado de Rusia. Y los demás objetaron su inoperancia contra el exterminio gota a gota de reinsertados y líderes sociales. Pidieron investigación judicial de los hechos, así como las Oficinas de Derechos Humanos y de Verificación de la ONU en Colombia.
Entonces Duque tendió cortina de propaganda, a tono del momento, para ocultar crímenes horrendos disparados en su Administración (853 líderes comunitarios y 241 reinsertados asesinados, medio millón de desplazados, cosecha de una política de guerra adobada en alianzas de altos mandos militares con paramilitares). “No pretendan –dijo– quienes hoy están lacerando a un pueblo inerme darle mensajes de paz al mundo”. Misil que a la luz de su cuestionado informe se transformó en parodia, en bumerán: tampoco al delegado colombiano le asistiría autoridad moral para vetar a otros.
Menos aún en su propia patria cuando arrogante, irresponsable, en forma inconsulta, amaga ruptura de relaciones con Rusia y toma partido por la potencia que, de desplazarse esa guerra a América, pondría a Colombia como cabeza de playa en su potencial conflicto con Rusia; y ésta actuaría, a su vez, por interpuesta Venezuela. Otra guerra de imperios en patio ajeno, con la testa humillada de los vasallos de turno: Duque y Maduro.
Guerra de imperios, sí, como las recientes de Estados Unidos (amo dilecto de Duque) y Rusia en Iraq y Siria, que arrojaron decenas de miles de civiles muertos. Revela Le Monde Diplomatique que los bombardeos sin tregua de las potencias en acción contra el Estado islámico y el yijadismo produjeron en dos años efectos devastadores: entre 20.000 y 55.000 civiles sirios e iraquíes perdieron la vida. La ONG Airwars y Amnistía Internacional estiman entre 19.000 y 29.000 el número de víctimas de misiles norteamericanos. En la batalla de Mosul, la mayor carnicería después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y las fuerzas iraquíes habrían causado al menos 9.000 muertos. Los agresores sólo reconocieron 326. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos le adjudicó a Rusia 20.825 víctimas mortales. Su Gobierno no reconoció una sola.
En su capacidad de destrucción material y en sus enormes cotas de víctimas anónimas, las guerras de Iraq, Siria y Ucrania se parecen. Pero ninguna de ellas registra la crueldad de 6.402 falsos positivos, ahora elevados a 6.413 con los 11 del Putumayo. Claro, en todas partes se cuecen habas. El problema es negar las propias y, encima, por deseo de figuración aun a costa de vidas humanas, por inadvertencia o por desesperación, querer dar el salto a ligas mayores. Entre la parodia y la guerra, entre el ridículo y el desastre se cuece la tragicomedia. Su protagonista, algún tiranuelo en ascenso a gran déspota.
por Cristina de la Torre | Mar 15, 2022 | ELN, Clan del Golfo, Reforma Rural, Líderes Sociales, Paramilitarismo, Acuerdos de paz, Marzo 2022
Genuflexo con los poderosos, desalmado con los débiles; he allí el carácter autoritario del Gobierno que Iván Duque preside: rinde la testa ante la estrella polar mientras desprotege y persigue a su pueblo. Hábil maquinador contra el Acuerdo de Paz, contempla sin pestañear el fruto perverso, una violencia desbordada que es panacea de su partido. No deja intactas las causas de la guerra, las agrava: ni reforma rural, ni sustitución de cultivos, ni curules garantizadas a las víctimas, ni negociación de paz con el ELN o de sometimiento con el Clan del Golfo; y sí, en cambio, 228 masacres, 904 líderes sociales asesinados en escasos 4 años y una Ley de Seguridad Ciudadana que evoca la mano de hierro de los regímenes de fuerza. No en vano venimos de una matanza de manifestantes a manos de la Policía y adláteres paramilitares. Gente de bien, armada en legítima defensa contra hambreados que pululan como no se viera en este país.
El exterminio de líderes responde a pujas por el control de economías ilegales, sí, pero también al celo de notablatos locales por preservar su poder de siempre. Despóticos, a menudo violentos, perciben como amenaza letal la expresión organizada de las comunidades que los líderes personifican. Subversivos les parecen sus libertades y derechos democráticos, y más de uno los querría muertos. En bochornoso boicot a la representación política de las víctimas, han suplantado sus candidaturas por las de asociados a victimarios, como la del hijo de Jorge 40. Por falta de garantías renunciaron esta semana 17 aspirantes a esas curules en la Costa, y en el Chocó otros tantos se sumaron a la denuncia. El viernes pasado atentaron a bala contra los candidatos a curules de paz Diana Hurtado, cuyo padre murió en la masacre de La Chinita, y Menderson Mosquera, coordinador de la Mesa de Víctimas de Antioquia. El asesinato de una candidata corroboró el creciente divorcio de este Gobierno con la democracia.
A los habitantes del Bajo Atrato chocoano dominado por el Clan del Golfo, verbigracia, el diálogo con los armados y la verdad les resultan decisivos: necesitamos sus verdades para que la guerra termine, le dijeron a la periodista Natalia Herrera; necesitamos saber qué sectores militares, políticos y empresariales de alto nivel están detrás de sus balas. Piden privilegiar las verdades que Otoniel atesora, considerar la desmovilización que insinúa, sobre su extradición. Pero la Dijín lo amordaza, pues él podrá develar el entramado de esta guerra de 400.000 muertos y desaparecidos: la contrarreforma agraria. Un plan premeditado por los que no dispararon pero ordenaron disparar.
Si la implementación de la paz sigue en pañales, la represión de libertades y derechos marcha triunfal: la Ley de Seguridad Ciudadana emula el modelo draconiano de las dictaduras, da licencia para matar. Convierte el uso de capuchas y la obstrucción de vías en terrorismo y lo castiga como tal. Exime de responsabilidad a quien pueda disparar contra otro, dizque en legítima defensa si pisa su casa, su negocio, su finca. Y facilita hasta el absurdo el porte de armas por civiles.
Norma de bárbaros repotenciada ahora por el acuerdo Biden-Duque que, a título de lucha compartida contra el terrorismo, convierte a Colombia en despensa de armamento gringo. Graciosa concesión del imperio, podremos acceder a créditos de su banca para comprarles equipos de defensa y recibir, antes que otros, sobrantes bélicos. ¡Y nos autoriza –tan divino– a almacenar elementos militares que son parte de la reserva de guerra de EE.UU! ¿Seremos cabeza de turco en una eventual conflagración en la región, coletazo del conflicto en Europa? ¡Qué costosa la foto con Biden, vanidad de nuestro presidente! Indigno a los ojos del mundo, el de Duque es también, para su pueblo, un Gobierno puñetero. Por decir lo menos.
