TEMAS / Columnas sobre CONFLICTO ARMADO
PUTUMAYO: ¿VUELTA A LA COCA?
El levantamiento del Putumayo señala el fracaso del Plan Colombia. Abonada la incierta derrota de las Farc, éste no logró erradicar los cultivos ilícitos, ni acabó con el paramilitarismo, ni ofreció un desarrollo alternativo al de la economía de la droga. Antes bien, en la cadena del negocio, se avanzó del cultivo de la coca al estadio de la especulación financiera que DMG ofreció. Cuando Mucia sentó sus reales en el Putumayo, la pobreza rural alcanzaba el 79%, y las plantaciones de coca, 80 mil hectáreas en el Departamento; hoy son 2 mil. La reducción sólo es mérito de la rentabilidad que DMG ofrecía.
GUERRA LIMPIA, GUERRA SUCIA
La modificación de los énfasis del Plan Colombia en 9 años juega en esta escisión estratégica. El Plan original planteaba soluciones al conflicto armado mediante una política integral enderezada a fortalecer la democracia y atacar las raíces de la exclusión y la pobreza, multiplicadores de la violencia en las zonas afectadas. Habría en éstas inversión para mejorar las condiciones de vida y alternativas de desarrollo a largo plazo, incluidas las zonas de cultivos ilícitos. Ello se traduciría en proyectos productivos de elevado impacto económico y social, con creación de empleo e ingresos.
INJURIA COMO ARTE
El primero en degradar el lenguaje ha sido el Presidente. Si ofende la frase “le rompo la cara, marica”, sobrecoge la que ordena, en público, “acabar” con alguien “por mi cuenta, no se preocupe”. Procacidad y amenaza no simplemente subvierten las buenas maneras, de señoritos perfumados, sí, pero también de los millones de colombianos que formamos el montón. Es que ellas denotan, además, la insolencia del poder que quiere ejercerse sin límites ni control. Alega el Presidente que no es bueno echarle tierra al debate. Enhorabuena. Mas en el debate, como en el cohecho, se necesitan por lo menos dos
EL DESARROLLO OLVIDADO
El hiperpresidencialismo de la nueva Constitución ecuatoriana es pálido reflejo de los excesos que se practican hoy en Colombia. Allá, la incursión del ejecutivo en los órganos de justicia y de control dizque busca medios para remontar los estragos de 20 años de neoliberalismo. Ver para creer. Pero en Colombia, no sólo va concentrando todos los poderes en la persona del Presidente Uribe, sino que quiere neutralizar la acción de la justicia contra el delito. Dígalo, si no, el rosario de escándalos que rodea al propósito de proteger contingentes del uribismo sindicados de aliarse con el crimen, y de burlar las decisiones de los tribunales contra funcionarios del alto gobierno.
LA HORA DE LA PAZ
Al gobierno le debemos los colombianos la felicidad de ver libres a Ingrid y sus compañeros de cautiverio. Vaya para él nuestro reconocimiento. Producto de una asombrosa operación militar, esta liberación se le aparece como la Virgen al presidente Uribe, en el momento más dramático de sus seis años de mandato: cuando la Corte Suprema cuestiona la legalidad del acto que autorizó su reelección y, para burlar la justicia, el Primer Magistrado pone la democracia al borde del abismo. Mas la contundencia del golpe a las Farc cambia la ecuación de la guerra y le permite al Presidente un replanteamiento de fondo: ahora “la seguridad democrática no es un fin en sí mismo sino un camino hacia la paz total”.
DE WHISKY Y COCAÍNA
Bastó la “ley seca” para disparar el negocio, con sus secuelas de crimen y corrupción. Mientras más se le reprimía, mayores utilidades arrojaba, más crecía su aparato armado en número y sevicia, más seducían sus tentáculos en todas las esferas de la sociedad y del poder. Hacia 1929, la venta ilegal de bebidas alcohólicas había adquirido dimensión de problema nacional. Y el presidente Hoover advirtió: “el crimen organizado se ha extendido a todos los confines de la nación”. Con su diagnóstico coincidió la Comisión Wickersham. Tras un estudio que compiló en 14 volúmenes, concluyó que la causa principal de la crisis era la Prohibición. Un año después, desmontó Roosevelt la “ley seca”, desapareció el mercado negro de licores y, con él, uno de los cimientos sobre los cuales había montado su imperio la Cosa Nostra.
FARC: DEL LIMBO AL INFIERNO
Acaso por tratarse de una mujer, y madre, la impiedad de Karina inspira más desprecio que la del guerrillero que mata a traición y, para cobrar recompensa, cercena la mano del amigo. Destinada por la Biblia a parir y no a segar la vida, no le perdona la sociedad a ella sus crueldades. Pero tanta severidad no responde sólo a que esta mujer encarna el anverso del ideal femenino en nuestra cultura cristiana-patriarcal, sino a la monstruosidad de sus actos. Díganlo, si no, los asesinatos y masacres que se le atribuyen. Como el fusilamiento gratuito de Jaime Jaramillo, hijo del Comisionado de Paz de Antioquia, por hombres al mando de Karina en marzo de 2002.
EL FETICHE DEL DESPEJE
La agonía de Ingrid y el desamparo de los demás secuestrados han llevado a su clímax el pulso entre el gobierno de Uribe y las FARC. Se camina por el filo de la navaja. O los bandos enfrentados le reconocen a la guerra dimensión política y negocian un acuerdo humanitario, o la confrontación armada termina por crear el clima de opinión propicio a la instauración de una dictadura. Sumarles a las 955 ejecuciones extrajudiciales perpetradas en este quinquenio y al asesinato de cientos de sindicalistas la intención de eliminar intelectuales y políticos de oposición o afectos al gobierno, por defender ideas contrarias, es acercarnos peligrosamente al abismo de los Videla y los Pinochet.
LA OPINIÓN, ARMA DE GUERRA
No obstante el grado considerable de independencia que exhibió la marcha del 4 de febrero, los Wilson Borja repetirán que fue un montaje guerrerista del gobierno, y los José Obdulio la considerarán resultado de la seguridad democrática. Mucho dependerá ahora de las interpretaciones interesadas y de la destreza para vendérselas al público. Que en ello se cifra la posibilidad de revisar políticas o de relanzarlas.
URIBE: SI, PERO NO
La política de seguridad democrática ha devuelto confianza, sí, pero nos está costando un ojo de la cara. Y la pobreza, factor prominente del conflicto que ha colocado a los secuestrados en el límite de su resistencia, no cede. Al Estado le cuesta 100 veces más reclutar un soldado, que a las FARC, un guerrillero. Más de 600 millones le representa capturar, dar de baja o desmovilizar a un insurgente. José Fernando Isaza y Diógenes Campos señalan que en 2007 el presupuesto militar llegó al 6.3% del Producto Interno Bruto, cuando en Estados Unidos no pasa del 4%, y en los países europeos de la Nato apenas bordea el 2%.
Cristina de la Torre