Pese a los pronunciamientos de la derecha armada y la derecha desarmada contra la paz, la apertura de negociaciones con el ELN podrá acercar dramáticamente un final sin fisuras del conflicto armado. Por vez primera en 25 años de aproximaciones sin fruto, se allana esa guerrilla a la pepa de la negociación: dejar las armas. Pero en desafortunada confluencia con nutridas manifestaciones del uribismo en Medellín y Bogotá, sembraron pánico los paramilitares en 36 municipios y asesinaron a 6 personas. Un atentado fallido se registró contra la senadora Piedad Córdoba en Quibdó, mientras el orador que animaba la movilización paisa exigía libertad para Jorge Noguera. Director del DAS en tiempos de la Seguridad Democrática, hoy paga él cárcel por asesinato y por poner ese organismo al servicio de narcotraficantes y sus ejércitos. Heredera de aquel paramilitarismo, la sola organización de los Urabeños controla 60% del narcotráfico y 70% de la minería ilegal; provoca todavía el desplazamiento anual de 300 mil campesinos; asesina dirigentes sociales y de izquierda; coloniza el Estado en provincia y se roba sus rentas; cultiva viejos vínculos con empresarios, con uniformados y con la parapolítica, hoy actuante desde las cárceles o por interpuesta parentela. Poder terrorífico capaz de malograr todo acuerdo con las guerrillas y la construcción de un país sin guerra, si no lo disuelve el Estado a tiempo. Que es al calor de la guerra como medran su embestida sobre el Estado y sus negocios.
Pero, torpe, arriesga el ELN borrar con el codo lo que ha escrito con la mano. Y debuta agregando sal a una de las heridas más lacerantes que ha infligido esta guerra a los colombianos: el secuestro. Delito abominable, del cual este grupo armado es campeón. A la condición del Presidente de liberar a todos los secuestrados para iniciar conversaciones, responden sus negociadores que no aceptan condiciones, que el secuestro es “una política normal” con la cual se financian, y que no piensan tratar el tema en la mesa. Vea usted.
No apenas porque el Gobierno lo imponga como condición, sino por ser exigencia clamorosa de la sociedad, el ELN debe liberar a los secuestrados, comprometerse públicamente a cesar esta práctica inhumana y pedir perdón por ella. Llamado insistente de Carlos Arturo Velandia, excomandante desmovilizado del ELN y vocero suyo en procesos de paz adelantados con los gobiernos de Samper, Pastrana y Uribe. Es que las cifras escandalizan. Según el Centro de Memoria Histórica, a las guerrillas se adjudica el 90% de los 27.023 secuestros documentados entre 1970 y 2010 y asociados al conflicto. La mitad de ellos, al ELN. Mancha infame que éste ha de borrar en el acto. No sólo para arribar a la mesa de negociación sino, sobre todo, por respeto a los colombianos.
Parece de suyo sospechar que violentos como los Urabeños puedan sentirse justificados en la procacidad de los ataques del uribismo a la paz. Y tal vez ese temor inspire a Luis Carlos Restrepo para pedirle al CD que apoye las negociaciones de paz. Que acepte públicamente “que es mejor culminar con un acuerdo el proceso en marcha, que exponernos a una ruptura que podría desatar nuevas dinámicas de violencia […] El CD debe complementar sus críticas válidas con una propuesta para manejar la continuidad del diálogo, tendiendo puentes hacia un sector importante de la ciudadanía que de buena fe quiere la paz”.
Apresúrese el Gobierno, por su parte, a parar en seco al monstruo renacido del paramilitarismo. Y el ELN, a entender que renunciar al secuestro no le es ya una opción voluntaria; es imperativo político sin cuya satisfacción podrá quemársele el pan en la puerta del horno. Responda al boicot con una esperanza cierta de paz integral.