por Cristina de la Torre | Oct 11, 2022 | Fascismo, Fuerzas Armadas, Violencia, AUC, Desplazamientos, Desplazados, Restitución de Tierras, JEP, Líderes Sociales, Paramilitarismo, Conflicto armado, Conflicto interno, Régimen político, Octubre 2022
Para salvar la cara cuando su partido abre campaña electoral de mitaca, el expresidente Uribe hace de la historia una caricatura. Caricatura macabra esta vez, para convertir a las víctimas en victimarios. “Los falsos positivos -escribe paladinamente- parecieron una estrategia para deshonrar la Seguridad Democrática y afectar a un Gobierno que había conquistado cariño popular”. Las 6.402 ejecuciones extrajudiciales certificadas por la JEP para el período en que Uribe gobernó (la más pavorosa atrocidad de la guerra que campeaba) habrían sido un simple ardid de sus detractores políticos. Y, por extensión, de la Colombia y del mundo que registraron horrorizados la matanza. A su lado, otras políticas de aquella Seguridad: las de crear una red de un millón de informantes civiles y, a cuatro años, un contingente de cien mil soldados campesinos de apoyo al cuerpo profesional. Medidas que tributaron al despliegue del paramilitarismo, al asesinato de inocentes para presentarlos como bajas en combate; y abrieron puertas a la guerra civil, a la irrupción de la población como protagonista de la guerra.
Confeso responsable de falsos positivos, el coronel (r) del Ejército Gabriel Rincón declaró que la exigencia de mostrar resultados en bajas respondía al imperativo del comandante del Ejército de acopiar “litros de sangre, tanques de sangre”. “Por tener contento a un Gobierno”, adujo el cabo Caro Salazar, cabía todo, aun la alianza con paramilitares. Dos coroneles describieron la acción de “una verdadera banda criminal” en el seno de la Brigada 15 que ellos comandaron. El 25 de julio pasado imputó la JEP a 22 militares más por la comisión de falsos positivos, por los cuales la justicia había ya condenado a otros 1.749 uniformados. Para Jacqueline Castillo, vocera de Madres de Falsos Positivos, las revelaciones de la JEP “prueban que la Seguridad Democrática fue una política criminal (…) sistemática y generalizada, bajo el ala de un Gobierno que vendía ideas falsas de seguridad a cambio de beneficios para quienes entregaran resultados macabros”.
Y sí, sólo en el primer año del Gobierno Uribe aumentaron estos crímenes 138%, dice La Pulla, y entre 2004 y 2008 se presentó el mayor número de falsos positivos en el país. A la cifra fatal, que escandalizaría aun a las dictaduras del Cono Sur, llegó la JEP contrastando fuentes oficiales y no oficiales: de la Fiscalía, del Centro Nacional de Memoria Histórica, de la Coordinadora Colombia-Europa-Estados Unidos. La JEP registró confesiones, contrastó fuentes y verificó los hechos. Ninguna autoridad jurisdiccional del país o del mundo ha cuestionado este resultado.
La red de informantes de marras derivó en abusos y detenciones arbitrarias a granel; y el programa de soldados campesinos expuso a las comunidades a nuevos riesgos en el conflicto. Primer efecto, se dispararon los falsos positivos. Integrada por civiles remunerados y con instrucción militar, pronto la primera dio lugar a las Convivir, matriz del paramilitarismo. Mimetizados en la entraña misma de la comunidad, los soldados campesinos cumplirían de preferencia labor de inteligencia: reportarían movimientos de extraños. La estrategia apuntaba, como en la Rusia de Stalin y en la Italia de Mussolini, al apoyo de la población al régimen. Ya escribía Antonio Caballero que el fascismo está menos en la represión que en el entusiasmo generalizado por la represión.
A los falsos positivos, a la red de informantes y de soldados campesinos se sumó la transformación del DAS en órgano presidencial de espionaje a la oposición y de persecución a la Corte Suprema que juzgaba a la parapolítica. En todas las aristas de la Seguridad Democrática mandaba El Supremo, desde arriba. La queja que Uribe emite hoy evoca la parodia de los pájaros que disparan a las escopetas.
por Cristina de la Torre | Jun 15, 2021 | Paramilitarismo, Conflicto armado, Conflicto interno, Posconflicto, Impunidad, Acuerdos de paz, Justicia, Junio 2021
En muestra de pundonor que devuelve dignidad al Estado democrático, un expresidente de la República reconoce la responsabilidad del Ejército como institución en el genocidio de los llamados falsos positivos. Por vez primera se sindica del horror al Arma mayor sin acudir al socorrido expediente de las manzanas podridas. Ante la Comisión de la Verdad pidió Juan Manuel Santos perdón, “desde lo más profundo de mi alma”, a las madres de los sacrificados en esta larga “cadena de crímenes horrendos”. Con 6.402 casos alcanzó la infamia su más alta cota en el Gobierno de Álvaro Uribe, cuyo ministro de Defensa fue Santos. Una práctica criminal del Ejército, dijo, por la cual se sentía él moralmente comprometido. Si bien hizo cuanto pudo para descubrirla y la cortó de un tajo, se permitió al principio largos meses de inacción frente a rumores de hechos que le resultaban inconcebibles. A principios de 2007 se toparía con los primeros casos, lo que condujo a la destitución de 30 altos oficiales (3 generales comprendidos), a instrucción perentoria de respeto al DIH –que la doctrina Damasco recogería después– y a la identificación de los comandantes asociados a los hechos.
Armado de copiosa documentación, manifestó Santos que “el pecado original fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de la (llamada) doctrina Vietnam. Pero en honor a la verdad debo decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esa nefasta doctrina que él mismo había estimulado. Nunca recibí una contraorden ni fui desautorizado”. Con todo, un obstáculo fue la negativa de Uribe a reconocer el conflicto y su apoyo a la política de incentivos por bajas. Se recordará que esta se plasmó en directiva del anterior ministro, Camilo Ospina, expedida en noviembre de 2005.
Venía Santos de recordar sus diferencias con Uribe sobre la manera de combatir a las Farc: el presidente buscaba su liquidación militar y, el ministro, debilitarlas con una derrota estratégica hasta forzarlas a negociar la paz. Como en efecto sucedió. Además, Uribe nunca reconoció el conflicto ni, por consiguiente, la justicia transicional que conducía a la reconciliación.
Con el empeño de Santos presidente en la paz y la participación de prestigiosos generales en las negociaciones de La Habana, otra atmósfera se respiró en el Ejército. Se consideró que “la paz es la victoria”. A poco cuajaría la doctrina Damasco, decantada por el coronel Pedro Javier Rojas como marco de la más ambiciosa reforma técnica y de doctrina en el Ejército: los derechos humanos guiarían ahora el conflicto armado, que no era ya, como quisiera la ortodoxia, guerra civil ni terrorismo. Ni al movimiento social se le tendría más por el enemigo interno. Pero el 28 de noviembre pasado, ordenó el comandante del Ejército desmontar la nueva doctrina y eliminar su nombre en “todas las instalaciones y documentos de la Fuerza”. Acaso nunca archivaron los manuales de los 60 que incluyen la promoción del paramilitarismo y la organización militar de civiles en autodefensas. Convivires ayer, hoy paramilitares urbanos que disparan contra el pueblo en las calles.
Para Jacqueline Castillo, líder de Madres de Falsos Positivos, “estos asesinatos fueron sistemáticos y generalizados bajo el ala criminal de un Gobierno que vendía ideas falsas de seguridad a cambio de beneficios por resultados macabros”. Santos da un paso trascendental en el camino de la verdad sobre una monstruosidad que no vieron las peores dictaduras del continente. Su verdad compromete al Estado y deja al Ejército expuesto al juicio de la opinión y de la historia; de la valentía para reconocer el holocausto provocado pende la recuperación de su prestigio. Y al expresidente Uribe le plantea tal vez el reto más obligante de su quehacer político. Proporcional a los ríos de sangre derramada.
por Cristina de la Torre | Abr 27, 2021 | Paramilitarismo, Conflicto armado, Abril 2021
¡Como si nos faltaran muertos! Indignada porque Santos redujo el porte de armas de fuego por civiles de 400.000 a 6.000, lanza María Fernanda Cabal un proyecto de ley para rearmar a la ciudadanía, dizque en ejercicio de legítima defensa. En un país que ocupa rangos de honor en muertes por arma de fuego y resuelve a bala sus disputas políticas, la iniciativa ofrece todas las garantías de evolucionar a Convivir urbanas. Concebidas para fortalecer la seguridad en el campo, pronto se asociaron éstas al paramilitarismo. Así como autodefensas que surgieron contra el secuestro y la extorsión de las guerrillas se transformaron en ejércitos sanguinarios del narcotráfico, de terratenientes y políticos que bajo el ala de la guerra contrainsurgente usurparon la tierra ajena y el poder local. Expediente luctuoso del uribismo: civiles armados, Convivir y Autodefensas suplantan al Estado para configurar el modelo paramilitar de seguridad ciudadana.
Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, propuso responder a la criminalidad en la ciudad con brigadas de seguridad ciudadana. Dada la “limitada capacidad resolutiva del Gobierno”, su iniciativa podrá inducir el ejercicio de la justicia por mano propia. Armada. A la María Fernanda. Para escurrirle el bulto a la más elemental evidencia estadística: la directa correlación entre hambre e inseguridad. Para escamotear toda referencia a Estado de derecho, a justicia, a inversión social.
En idéntica dinámica se matriculó Duque al anunciar la creación de una red de un millón de informantes civiles (¿cuántos armados?) contra los vándalos, por la familia y la propiedad; con auspicio de las agencias de seguridad privada que aportarían un pie de fuerza de 280.000 efectivos, oferta que el mandatario contempló entusiasta. Renunciaba el Estado de nuevo al monopolio de la seguridad y de la fuerza, en favor de organizaciones que evocan las tenebrosas Convivir.
En sentencia de 2013 contra el jefe paramilitar HH, el Tribunal Superior de Bogotá recuerda que en 1994 amparó el Estado la formación de estructuras de informantes civiles autorizados para portar armas de la Fuerza Pública y dar seguridad en zonas de conflicto. 529 cooperativas se crearon, muchas en cabeza de jefes paramilitares: Mancuso comandó la Convivir Horizonte, Monoleche la de Abibe. La mayoría refrendadas por el gobernador de Antioquia. Las Convivir, dice el Tribunal, se convirtieron en pieza clave para la expansión del paramilitarismo. Según la magistrada Teresa Jiménez, en esos espacios “se concertaron las primeras alianzas entre estos ejércitos privados, la clase política local, miembros de la fuerza pública” y empresas privadas.
Entre las autodefensas que surgieron como reacción a la agresión de las guerrillas, el Bloque Metro. Éste habría nacido en la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez, tras el robo de 600 cabezas de ganado y el incendio de la casa por guerrilleros del ELN. Como otras autodefensas, ésta del Bloque Metro saltó de estructura de seguridad a ejército paramilitar autor de crímenes inauditos que empezaban por el descuartizamiento de hombres vivos, cuyas técnicas se enseñaban en sus escuelas de entrenamiento. Luego recibían las armas de su comandante Doblecero y, éste, de efectivos de las Fuerzas Militares, según el Tribunal Superior de Medellín.
Legítima defensa y seguridad convertidas en bala venteada, en abierto desafío al Estado social de derecho. Cuando al entonces gobernador del Valle, Germán Villegas, lo tentaron con las Convivir, dijo: “No las crearé porque existe un peligro en el desbordamiento de sus acciones y porque creo firmemente que el monopolio de las armas debe estar en manos del Estado”. Civiles armados, Convivir y Autodefensas han tributado en abundancia al modelo violento que desangra a Colombia.
por Cristina de la Torre | Mar 20, 2021 | Paramilitarismo, Impunidad, Marzo 2021
La presunta participación de Álvaro Uribe en la creación del Bloque Metro, a testigos de cuya formación habría manipulado el expresidente, no sorprende: es otro eslabón en la larga cadena de eventos comprometedores que ponen en entredicho su “repudio” al narcoparamilitarismo. El alud de pruebas contra Uribe que la Corte Suprema tuvo por “claras, inequívocas y concluyentes” vino a complementar una sentencia proferida en 2013 por Rubén Darío Pinilla, magistrado del Tribunal Superior de Medellín. Censura ella el papel del Estado en la organización expansión del paramilitarismo en Antioquia y Córdoba, con acción decidida de militares, agentes privados, políticos y narcotraficantes; y ordena investigar a Álvaro Uribe por presunta promoción y apoyo a grupos paramilitares. Se amplificaba por entonces el eco de las masacres de El Aro y La Granja.
Por el vigor de su liderazgo (ya como figura destacada del notablato regional o como personero del Estado), aquellos pecadillos de ética procaz pesan toneladas en la legitimación del delito que en la sociedad y en el poder público se expanden. Cómo no recelar de la honradez del jefe cuando innumerables amigos y funcionarios suyos pagan cárcel por narcoparamilitarismo. La pagan sus dos jefes de seguridad en Palacio, generales Buitrago y Santoyo; el general Rito Alejo del Río, a quien rindió Uribe homenaje público para elevarlo de homicida a héroe de la patria; su director del DAS, Jorge Noguera, quien puso la entidad al servicio de Jorge 40; los 89 congresistas procesados por parapolítica, miembros casi todos de su bancada parlamentaria.
El Gobierno de Uribe rediseñó las Convivir como aparato estatal de seguridad que terminó adscrito al paramilitarismo y encabezó la lucha contrainsurgente con la venia del Ejército. Lucha que éste debió librar sin aliados maleantes, sin atropellar a la población civil, en ejercicio de la legitimidad del Estado contra la arrogante criminalidad de las Farc. Guerrilla a la que no pudo Uribe vencer militarmente; pero sí en el terreno de la política, hasta dejarla sin opción distinta de la de negociar la paz.
La toma militar de la Comuna 13 de Medellín fue una masacre de pobladores urbanos planificada y ejecutada a dos manos entre la Fuerza Pública y el Bloque Cacique Nutibara. Organización criminal al mando de alias don Berna, a resultas de la cual pasó el poder en la Comuna, de milicianos y guerrilleros a la Oficina de Envigado. Con la operación Orión, la brutalidad hecha carne, debutó en octubre de 2002 el Gobierno de la Seguridad Democrática. Prueba de fuego y pauta del replanteamiento armado del conflicto, ahora en modo tierra arrasada, que cae sobre la población civil y registra escasas bajas de combatientes.
Si en Colombia dejó la guerra medio millón de muertos y desaparecidos, su experimento urbano de la Comuna arrojó decenas de asesinados, centenas de desaparecidos y miles de desplazados que deambulan por la ciudad en la indiferencia de su gente. Gente acaso complacida con el gobierno de don Berna en aquella colmena de inmigrantes abandonados a su suerte. Herencia macabra del modelo mixto Estado-paras: en media urbe suplantan al Estado pandillas de facinerosos, instrumento del narco, y la mitad de la gente las tolera. La cooptación mafiosa del Estado y de la política degradó sus referentes éticos, y a ello contribuyeron prohombres de la élite que se permitieron revolver todo con todo.
Hubo en el espectáculo de Orión miles de paras y soldados, ametralladoras, fusiles, francotiradores, tanques de guerra y helicópteros artillados. Teatro pánico. Recurso al miedo como eje del gobierno “de opinión” que así debutaba y alcanzó su clímax con los 6.402 falsos positivos. Este horror evoca la imagen de la tiranía que Valle-Inclán pinta: una calavera con antiparras negras y corbatín de clérigo.
por Cristina de la Torre | Dic 8, 2020 | Neoliberalismo, Derecha, Paramilitarismo, Modelo Político, Modelo Económico, Uribismo, Izquierda, Conflicto armado, La paz, Impunidad, Diciembre 2020
Sí, es milagro la configuración de una mayoría de centro en esta democracia estrangulada por fuerzas retardatarias que perduran en estado puro o se reeditan al capricho de los tiempos. Heridas reabiertas que supuran y ya hieden en el tercer mandato del uribismo, son recuerdo viviente de la Violencia afilada por la jerarquía católica, de la Guerra Fría, de las guerrillas marxistas y el paramilitarismo, de la religión neoliberal. De todos los fanatismos, que se resolvieron en extremismo político.
A la cabeza de aquellas fuerzas, la violencia entre partidos restaurada para ahogar en sangre las reformas liberales –Estado y educación laicas, reforma agraria– que triunfaban por doquier y en Colombia intentó López Pumarejo. Hoy se extermina a todo un partido político, la UP; se asesina a los líderes del pueblo que reclaman tierras; se conspira con proyectos contra la libertad de pensamiento; se violenta la vida privada, y se enarbola la maltrecha bandera de la familia patriarcal como modelo único en la abigarrada diversidad de nuestra sociedad. Ángel de la guarda de los promotores de aquella contienda, la hipocresía de algunos obispos y cardenales engalanó como mandato divino su incitación a la violencia política y doméstica. Hoy renace en su voto contra la paz, en el ominoso bozal que impusieron al padre Llano, eminente pensador, por humanizar la figura de Jesús.
Cocinada al calor de la Guerra Fría, la doctrina de seguridad nacional convirtió en enemigo interno al contradictor político: pudo ser objetivo militar el liberal-comunista, como hoy lo sería el opositor señalado de guerrillero vestido de civil. A su vera, el paramilitarismo legalizado por los manuales militares de contrainsurgencia desde 1969, hasta su apoteosis en las Convivir del CD. Por su parte, las guerrillas marxistas invadieron el espacio de la alternativa democrática y legitimaron la tenaza iliberal de una dictablanda que no necesitó del golpe militar para acorralar a la oposición y al movimiento social. La desmovilización de las Farc y su compromiso con la paz dejarían sin bandera (sin el enemigo necesario) a la derecha guerrerista. De allí que se despeluque ella todos los días por volver a la guerra.
Por fin, a esta dinámica autocrática contribuyó en los últimos 30 años la tiranía del pensamiento único en economía: la religión neoliberal que emana en densas ondas desde la más refinada academia y desde los órganos del Estado que trazan la política económica y social. Todos los Carrasquilla en acción.
Todo el conservadurismo en acción contra el Centro político que reclama paz, respeto a los derechos civiles y políticos, genuina democracia liberal en Estado de derecho, capitalismo social garantizado por un Estado que controla los abusos del mercado y redistribuye beneficios del desarrollo. En acción contra este Centro (53% de los colombianos, según Invamer) que amenaza coligarse para ganar la presidencia y una mayoría parlamentaria.
Suculento plato electoral que quieren las extremas asaltar: el presidente, flamante miembro del eje Trump-Duque-Bolsonaro, se declara de “extremo centro”. Y meterá cuchara Uribe, verdugo de la paz, el de los “buenos muertos”, el de las “masacres con sentido social”. Más radical por la ferocidad del lenguaje y por la arbitrariedad de sus antojos que por su programa de reformas, Petro niega la existencia del Centro. Porque sí.
No puede tenerse por tibio a quien demanda democracia y equidad en un país que se sacude a girones la violencia ancestral contra todo el que se sitúe por fuera de la secta en el poder. Probado está: en este edén de águilas y tiburones cualquier desliz reformista puede costar la vida. Por eso la existencia del centro es un milagro.
Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Feliz navidad y salud a los amables lectores.
