por Cristina de la Torre | Nov 29, 2022 | Fuerzas Armadas, Justicia restaurativa, Pacto Histórico, ELN, Izquierda, Conflicto interno, La paz, Posconflicto, Impunidad, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Actores del conflicto armado, Noviembre 2022
Sentimientos encontrados se tejen en la reanudación de diálogos con el ELN: esperanza, pues esta vez concurren circunstancias inéditas que prometen allanar el camino de la paz; pero también desconcierto porque sería ésta la primera vez que se negocie un conflicto sin exigir entrega de las armas, es decir, sin garantía de terminarlo. Además, podrían ellas derivar en espada de Damocles para presionar el cumplimiento de cada decisión parcial que la mesa adopte. Así, el ELN actuaría como veedor armado sobre el ejercicio del Gobierno legítimo y aumentaría el poder del fusil para contiendas menos nobles. Como su batalla por rutas del narcotráfico.
Entre las ventajas de este proceso, descuella el que nunca había la insurgencia negociado con un Gobierno de izquierda, abanderado de reformas parecidas a las que el ELN agitó y voz del pueblo que esa guerrilla presume representar. Al punto que ésta bien podría decretar pacto de adhesión al programa que triunfó en las urnas gracias al Acuerdo de La Habana y a la presión de los inconformes en las calles. No lo hará. Sobre todo porque cuidará la prolongación indefinida de la mesa como tribuna de propaganda ante el mundo, recurso archiconocido del ELN.
Tampoco se había integrado en el cuerpo de negociadores oficiales a un José Félix Lafaurie, vocero del partido y de elites agrarias que han fungido como ardorosos enemigos de la paz. Ni había sido tan completa y diversa la representación de la sociedad en el equipo negociador. Un gran motivo de esperanza: que la suerte de la negociación se depositara en la inteligencia, la experiencia y la sindéresis de Otty Patiño, con la Constitución del 91 como barrera infranqueable. Y la decadencia ideológica del ELN, que sustituyó la lucha por el poder del Estado para erigirse en alternativa, por la guerra de varios de sus frentes contra rivales para prevalecer en el narcotráfico. Poder militar y económico que hiere de muerte el carácter político de esa guerrilla.
Mas contra estas auspiciosas circunstancias conspira el objetivo declarado: no buscar que el ELN entregue las armas, sino que no las dispare. Fórmula matizada por el proyecto temporal de desescalar el conflicto mediante una agenda humanitaria para ahorrar sufrimiento a la población, cese el fuego y acuerdo final en la mira. Como acaba de anunciarlo la mesa. Ya se aludía en este espacio a las objeciones de Sergio Jaramillo al modelo de negociación por acuerdos parciales, de concesiones sin contraprestación, porque no garantizan el desarme final, que es la finalidad de todo proceso de paz. Ni asegura la desmovilización de los poderosos mandos medios, ni el desmonte de los negocios ilícitos.
Tampoco habla (¿hablará?) de las víctimas: de los 450.664 muertos habidos en el conflicto sólo entre 1985 y 2018 (la mayoría civiles según la Comisión de la Verdad) 122.000 de los cuales corren por cuenta de las guerrillas; ni de los 9.646 secuestrados por el ELN. ¡9.646! Ni de Machuca, la dantesca conflagración de un río por acción del grupo armado contra el oleoducto, que causó 84 muertos. Ni pide perdón por el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía que cobró hace tres años la vida de 22 muchachos.
Promisorio podrá resultar el diálogo, pero sin reconocer el horror causado, sin allanarse a la justicia y sin deponer las armas, será canto de sirena. De la cabal implementación del Acuerdo de la Habana, de la eficacia en los planes contra la pobreza, de la acción persuasiva de una Fuerza Pública que mantenga en alto la guardia y de la entereza de los negociadores del Gobierno dependerá el buen suceso de esta negociación de paz. Paz sujeta a la desmovilización final del ELN, no convertida en apaciguamiento. Paz en armas es contradicción en los términos.
por Cristina de la Torre | Oct 17, 2022 | Agencia Nacional de Tierras, Desarrollo agrícola, Pacto Histórico, Economía productiva, Gustavo Petro, Reformas liberales, AUC, Desplazamientos, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Reforma Agraria, Tierras, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Política agraria, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Modelo Económico en Colombia, Actores del conflicto armado, Octubre 2022
Pragmático en su empaque de humanista reformador, la mira puesta tercamente en la paz, Petro negocia por lo alto con el latifundismo: con José Félix Lafaurie, figura de recibo en el gremio ganadero, aun entre quienes fungieron allí como agresivos instigadores y usufructuarios de la guerra. Consigue el mandatario a un tiempo poner en hibernación ejércitos privados y acometer la anhelada reforma agraria. Será demostración de que la paz viene adherida al cambio. Al tránsito de ganadería extensiva a agricultura intensiva en manos de campesinos. Y no mediante la expropiación que la legislación colombiana autoriza para tierras subexplotadas, sino con la fórmula más conservadora, la de Carlos Lleras: comprar tierra para redistribuirla entre quienes la necesitan.
Incorar se le llamó en su hora, mas con tantos tropiezos y vacíos, que en medio siglo entregó escasos 2 millones de hectáreas; mientras se aspira ahora a reunir 3 millones, de procedencias varias, en el curso de un gobierno, y con los necesarios apoyos financiero, de infraestructura y técnico. Moñona. Petro le baja decibeles a la violencia y, a la par con titulación de predios y recuperación de baldíos, emprende por fin la reforma del campo. Pero el efecto político no suma sólo al haber del Pacto Histórico borrándole el Inri de expropiador. Es también carambola calculada con esmero por lo más granado de la derecha; “un acuerdo de alta política”, diría Lafaurie, para subirse al tren de la paz y del cambio, que arrastra el sentir mayoritario del país y el aplauso del mundo.
En abordaje del Acuerdo de Paz, la ministra López anuncia compra de tierra productiva en la frontera agrícola a Fedegán y a otros oferentes posibles, previa evaluación de su capacidad productiva, de la legalidad de sus títulos, sin pleitos, a paz y salvo en impuestos, en posesión de su dueño y revisado el precio por el IGAC. El reto primero, ha dicho, llegar al amplio sector que produce alimentos, siempre marginado de la política agraria, del crédito, del agua. Aunque apunta también a la gran producción y a las cadenas productivas entre economía campesina y agroindustria. Propone entronizar el sistema silvopastoril para la producción de carne y leche: liberar 20 millones de hectáreas de los 39 millones dedicados a ganadería extensiva, para sumarlos a los míseros 7 millones destinados a agricultura, sin afectar la producción ganadera.
“Es mucho mejor comprar tierras que crear pánico con la expropiación”, declaró el poderoso terrateniente Álvaro Uribe. “No, replicó el especialista en problemas agrarios Alejandro Reyes, mejor extinguir el dominio que comprar la tierra”: el Estado pierde en un mercado de monopolio de quienes engordaron la tierra sin trabajarla y ahora querrán venderla con valores inflados, a precio comercial. Para evadir la extinción de dominio, alegarán ellos que sí explotaban la tierra (¡con menos de una vaca por hectárea!). Retomando la idea original de la ministra, insta Reyes a fijar el precio con base en la declaración de renta: o se confiesan evasores de impuestos o se confiesan propietarios improductivos. Y entonces el Estado podrá comprar esas tierras a su precio real. Punto sensible del acuerdo con Fedegán, que debería revisarse.
Si bien este Gobierno escogió negociar en vez de chocar, comprar en vez de extinguir el dominio y comprometer en la Paz Total a todos los actores del conflicto, revisar el criterio de fijación del precio de compra no quita lo bailado. Protegería las finanzas públicas y favorecería, más bien, los proyectos productivos aledaños a la entrega de tierras. Su poder negociador dependerá en mucho del acompañamiento del movimiento campesino, combativa avanzada del pueblo que eligió a Petro presidente. Y éste pasaría a la historia como gran hacedor de la reforma agraria.
por Cristina de la Torre | Sep 27, 2022 | Agencia Nacional de Tierras, Farc, Desarrollo agrícola, Justicia restaurativa, Desarrollo sostenible, ELN, Economía productiva, Gustavo Petro, AUC, Desplazados, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Iván Duque, Reforma Agraria, Tierras, Conflicto armado, La paz, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Modelo Económico en Colombia, Actores del conflicto armado, Septiembre 2022
En sólo un mes, este Gobierno tituló 681.372 hectáreas de tierra a familias campesinas sujetos de reforma agraria. Medida trascendental en cien años de historia atascada, que sorprendió por sus dimensiones y por el rigor legal que la cobija. Es paso inicial de una estrategia más enjundiosa contemplada, entre otros, en el Acuerdo de Paz que Iván Duque saboteó para mantener a Colombia en el podio mundial de mayor concentración de la propiedad en el campo. Oscilando entre amenaza y maná del cielo debió de caerles a los señores de la tierra la ocupación de 108 predios ajenos, mientras la ministra Cecilia López abría compuertas a la titulación represada por el uribismo. Amenaza, la invasión de propiedades, que la ministra condenó sin atenuantes. Pero a su vez, la fortuita coincidencia daba pábulo al mensaje subliminal del latifundismo: invasiones y reforma agraria atentan, todas a una, contra la propiedad. Ergo, invita a crear “grupos de reacción inmediata”, germen del paramilitarismo.
Juzga esta derecha por su condición. Tras 40 años de silencio autoimpuesto para encubrir la expropiación violenta de ocho millones de hectáreas al campesinado, cree ahora adivinar en la naciente reforma agraria la mano peluda del comunismo. Quienes se sumaron por los lados a la violencia que cobró medio millón de muertos y desaparecidos, querrían invocarla de nuevo como derecho adquirido. También yerran el ELN y las disidencias de las Farc si, como aventura el Defensor del Pueblo, promueven en algún grado las invasiones. Pero unos y otros aran en el desierto: no está ya dispuesto el país al sacrificio ni a la guerra.
Dijo Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, que aquella iniciativa de Lafaurie coincide con las Convivir, origen de la amarga sangría que Colombia no quiere revivir. “No, no más civiles armados, apuntó; de ningún lado, y menos de los señores que dicen ser empresarios del campo”: los conflictos de tierras los resuelven las entidades del Estado, no los particulares; ni organizaciones privadas de protección de la propiedad, ni invasores ni ocupantes. Si la mayoría de éstos últimos son campesinos cansados de confiar en promesas incumplidas y con los cuales discute acuerdos el Gobierno, éste ha anunciado también que allí donde medren armados ilegales les hará sentir el peso de la ley. Empezando porque les negará la titulación y todos los apoyos oficiales para explotar el fundo.
Precisa el Gobierno que se propone cumplir rigurosamente el Acuerdo de Paz, en particular el punto uno de reforma rural: adjudicar 3 millones de hectáreas a campesinos; formalizar 7 millones de hectáreas abriendo puertas a todos los medios de fomento que el Estado ofrece en crédito, asistencia técnica, adecuación de tierras y comercialización; y culminar el catastro multipropósito para saber qué tierras hay, a quién pertenecen, a qué se dedican, cual es su potencial real. Que las tierras inexplotadas paguen impuestos o, en su defecto, se le vendan al Estado para que éste las distribuya entre campesinos laboriosos. Sugiere Petro comprar los 3 millones de hectáreas con deuda pública redimible a futuro, compensando el golpe a la deuda pública con una reestructuración del gasto del Estado; por ejemplo, sobre los múltiples ejecutores de vías.
Esta reforma agraria ofrece salidas plausibles a los problemas estructurales del campo: a la hiperconcentración de la propiedad, al uso irracional del suelo, a la brutalidad contra el campesino. Es decir, al modelo de tenencia y uso de la tierra, que es talanquera formidable al desarrollo. Busca saltar del feudalismo a la modernidad: del despotismo a la democracia, de la miseria a la dignidad, de los ejércitos particulares al monopolio de la fuerza en el Estado. Busca entregar la tierra prometida, sin usurpadores. ¿Mucho pedir?
por Cristina de la Torre | Sep 20, 2022 | Fuerzas Armadas, Farc, Pacto Histórico, ELN, Clan del Golfo, Violencia, AUC, Paramilitarismo, Conflicto armado, Conflicto interno, Acuerdos de paz, Proceso de paz, Actores del conflicto armado, Septiembre 2022
Cuando menos se esperaba, en la trama más punzante entre antagonistas, podría terminar Petro emulando a Álvaro Uribe: repetiría el desatino de conceder estatus político a organizaciones criminales. Lo intentó el expresidente en 2005 tras el Pacto de Ralito con las Autodefensas, pero la Corte Suprema esquivó el lance, pues la mayoría de sus jefes eran una y misma cosa con el poder mafioso y el narcotráfico. No les cabía la condición de sedición. Y este Gobierno, cautivado por su propia oferta de Paz Total, ensaya atajos para dar a armados de toda laya trato de alzados en armas contra el Estado, muchos de cuyos agentes civiles y militares han marchado de gancho con los maleantes. O con organizaciones paralelas a la Fuerza Pública creadas por el Estado mismo, como las Convivir, germen del paramilitarismo. Protesta Sergio Jaramillo, voz autorizada en cosas de paz, por el lenguaje con que el Gobierno exalta a las bandas criminales. Las llama insurgencias, organizaciones políticas, les habla de cese el fuego y deposición de armas, de paz y fin del conflicto; como si bandas de homicidas entregados a enriquecerse pudieran prefigurar alternativa al orden instituido. Concesión desmesurada que ultraja a sus víctimas y se ríe de los colombianos.
Deplora Jaramillo que, por andar negociando con narcos, deje el Gobierno huérfano el Acuerdo de Paz. Y critica el modelo de negociación por acuerdos parciales, de concesiones inaugurales sin contraprestación, porque no garantizan el desarme final, meollo de todo proceso de paz. Tampoco aseguran la desmovilización de los mandos medios que llegarían a reemplazar a la cúpula desmovilizada, ni la disolución de sus estructuras militares, ni el abandono de los negocios ilícitos. Tal como sucedió con las Autodefensas, recicladas en las bandas criminales que hoy querrán reeditar la fórmula. De aquellos 31.671 desmovilizados sólo el 2% ratificó su postulación a la Ley de Justicia y Paz. Por lo que toca al ELN, único grupo armado con carácter político, sorprenden las gabelas que de entrada se le ofrecen (cese el fuego, revisión de la extradición, entre otras) sin horizonte definido de negociación.
Jaramillo objeta también que se les permita a las bandas criminales pavonearse entre comunidades, a la manera de guerrillas que, sin pueblo, buscan afanosas base social para cañar en la negociación. Hoja de parra, se diría, de la pobreza ideológica que los distingue. Presume Iván Garzón que muchos querrán ahora desempolvar manuales de doctrina “para levantar su maltrecha imagen de señores de la guerra y presentarse como guerreros románticos que representan a sectores excluidos, una cantaleta que el triunfo del Pacto Histórico desvirtuó”.
A las dudas, reconoció Iván Cepeda, jefe de la Comisión de Paz del Senado, que podía haber equivocaciones u omisiones, pero que el fundamento de la Paz Total es la implementación del Acuerdo Final suscrito con las Farc; esa es la base, añadió, para construir otros procesos y para superar las causas históricas de la violencia. Por su parte, en iniciativa nunca vista, invitaba el Presidente a unirse en diálogos regionales vinculantes para alimentar el Plan Nacional de Desarrollo con propuestas de las regiones, e iniciaba en Turbaco una ronda por 50 municipios.
Enhorabuena. Confiable como es la palabra de Cepeda y revolucionario el plan de nutrir la paz con el sentir de la ciudadanía como insumo esencial del cambio, cabe esperar un viraje en el proceso que despunta. Mas la impactante innovación de acometer a un tiempo diálogo de paz y consultas regionales deberá acompañarse de dos elementos insoslayables: uno, no negocia con bandas criminales el Gobierno sino la Fiscalía; dos, si el modelo de paz no incorpora acción decidida de la Fuerza Pública para brindar seguridad, la paz sería un juego de azar.
por Cristina de la Torre | Sep 6, 2022 | ELN, Violencia, Paro Nacional, Izquierda, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, La paz, Acuerdos de paz, Proceso de paz, Corrupción, Actores del conflicto armado, Septiembre 2022
Respira aires de superioridad moral que riñe con conductas non-sanctas, aun en situación de guerra. La religión como marca de origen en el ELN sacralizó la vocación redentora del revolucionario y -como en toda guerra santa- pareció justificarlo todo: la tiranía del jefe fundador que pasó por las armas en sus propias filas a cuanto contradictor amenazara hacerle sombra; su tributo a la guerra sucia con secuestros por miles, daño a la naturaleza volando oleoductos, brutalidad contra civiles y, ahora, inmersión de frentes enteros de esa guerrilla en el narcotráfico.
Con Camilo Torres se dieron el mártir providencial que, no obstante, debe de increparlos desde el más allá. Decenas de intelectuales escribieron hace 4 años cuando el ELN abandonó la mesa de negociación y asesinó a seis policías en Barranquilla: vive “sordo al clamor de la paz, inmerso en su ensimismada imagen de vanguardia que solo se escucha a sí misma, a la vez que pretende hablar en nombre de la sociedad”. Pero hoy se prestan sus jefes al diálogo, liberan a 10 secuestrados y abren nueva ventana de esperanza a la paz. Enhorabuena. Su interlocutor será ahora un gobierno de izquierda que dialogará en las regiones. Mas entre los poderosos mandos medios de esta guerrilla federada -menudos en formación política, titanes en economías ilegales- otro parece el cantar. Dura tarea de cohesión interna le espera al mando central del grupo guerrillero.
Porque mucho ha cambiado éste. El ELN se ha fortalecido económica y militarmente pero no desafía el poder del Estado; en política se aplanó hasta la irrelevancia y derivó en advenedizo temible para las comunidades. Cada vez se distingue menos esta guerrilla del crimen organizado, sugiere la Fundación Ideas para la Paz. En impactante informe revela Ana León (La Silla Vacía) que frentes enteros de esa guerrilla están comprometidos en narcotráfico. En Arauca, otrora su fuerte político, evolucionó de organización societaria a casi exclusivamente militar, coercitiva, violenta. Por disputas con otros armados, este año van en Saravena más de 80 muertos civiles. Una matanza. En Cauca y Chocó, el ELN regula el narcotráfico y ha franqueando todo límite de violencia contra la población. En Urabá, norte del Chocó, en las zonas de Antioquia y Córdoba donde tenía algún ascendiente, lo perdió. En Quibdó se alió con bandas delincuenciales. Y la Defensoría advirtió en 2020 sobre la posibilidad de que estuviera esta guerrilla financiando la banda de Los Chacales. No ha mucho denunciaba la Asociación Campesina del Catatumbo “desacuerdos entre movimientos sociales civiles y el ELN que pretende intervenir en sus luchas”.
Intromisión que acaso intente en gran escala con la regionalización de los diálogos, ahora vinculantes y, de no organizarse a derechas, podrían terminar en orgía de peticiones inconexas que el ELN querría capitalizar. Para Juan Camilo Restrepo, excomisionado de paz, las decisiones de estas asambleas populares serían virtuales planes regionales con destino al Plan Nacional de Desarrollo. En real ejercicio de democracia directa, deberán representar a la comunidad y presentarse como proyectos de inversión con el debido respaldo financiero. Sin presión, sin coacción, sin vías de hecho.
Súmese el ELN más bien, si quiere la paz, a las iniciativas populares largamente gestadas en su lid y en cabeza de sus propios líderes. Ya dice la FIP que esta guerrilla es incapaz de representar la envergadura del movimiento social. Responsable único de su periclitar, haría bien el ELN en saltar de su huero mesianismo al compromiso valiente, ese sí, de abandonar las armas. De levantar la talanquera que impide la construcción pacífica de la justicia social. Cuando aparecen los primeros signos para sabotearla, no es dable improvisar, jugarse al azar el imperativo de la paz.
por Cristina de la Torre | Jul 26, 2022 | TLC, Desarrollo agrícola, Justicia restaurativa, Seguridad Alimentaria, Violencia, Gustavo Petro, Desplazamientos, Inseguridad Alimentaria, Desplazados, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Líderes Sociales, Iván Duque, Derecha, Racismo, Reforma Agraria, Tierras, Uribismo, Política agraria, Impunidad, Acuerdos de paz, Proceso de paz, Corrupción, Julio 2022
Hace unos años propuso Paloma Valencia formalizar apartheid étnico en la geografía del Cauca: allá los indígenas en sus rastrojos, acá nosotros (la gente de bien). Hoy previene ella contra el peligro de que el líder nasa Giovani Yule, designado jefe de Restitución de Tierras, “priorice tierras para los indígenas”. Anatema. ¿Cómo puede un tal Yule, no ya apenas representar a pueblos desdeñables, sino el interés general desde la autoridad del Estado? El Centro Democrático se declara amenazado. En ostensible confesión de parte, esta derecha ultramontana sella el recorrido de élites sórdidas que en todo el país rural imaginaron su prestancia como atributo de la violencia que ejercieron durante siglos contra etnias y campesinos humillados en la pobreza. Humillados y expropiados. En ofensiva de medio siglo que alcanzó su clímax con los Gobiernos de la Seguridad Democrática, notable el de Duque por su impúdico boicot a la restitución de tierras: a los 932 líderes sociales asesinados en estos cuatro años -muchos de ellos reclamantes de tierras- se suma el aumento inusitado de demandas de restitución rechazadas sin mayor justificación, según informa la Fundación Forjando Futuros: 65%. El número de predios devueltos es irrisorio.
Pero en esta Colombia subcampeona mundial en concentración de la propiedad rural, donde el 0.01% de los propietarios del campo acapara 44.5% del área agropecuaria disponible, restituir lo usurpado es sólo parte de la reforma agraria que los señores de fusta y fusil frustraron una y otra vez. Sin reforma rural, sin tierra, marcha el campesinado a la deriva, los dueños de latifundios improductivos revientan de rentas sus petacas y el país, que podría ser despensa del mundo, importa la tercera parte de los alimentos que consume. En virtud del TLC suscrito con Estados Unidos, importamos de ese país seis veces lo que le exportamos. En 10 años del Tratado pasamos de importar 110.000 toneladas de maíz a 3.858.000. ¡Maíz! Perdimos la soberanía alimentaria y comprometimos la posibilidad de avanzar hacia un capitalismo moderno, diría el presidente Petro.
Cecilia López, su ministra de Agricultura, anuncia una reforma agraria “sin timidez”, que elimine el modelo de una vaca por hectárea. O los terratenientes de ganadería extensiva ponen a producir la tierra, o pagan impuesto sobre su potencial productivo, o le venden al Estado y éste redistribuye la tierra entre campesinos que quieran explotarla. Hay que pasar, declara, de ganadería extensiva de baja productividad a ganadería intensiva de elevada productividad y sostenible. No se diga ahora que inducir el mercado de tierras y su explotación a derechas es plan de expropiación comunista, que fue el muy conservador dirigente don Hernán Echavarría quien defendió la idea.
Pero el Ministerio estira el ojo también hasta la Reforma Rural del Acuerdo de Paz. Con miras a un desarrollo integral en perspectiva de paz, se aplicará a adjudicar las tierras previstas en el Acuerdo, que es ley y norma constitucional. A restituir las arrebatadas. A titularlas. A impulsar Zonas de Reserva Campesina y territorios agroalimentarios de beneficio público y social. A dar al campesino estatus de sujeto especial de derechos y a sus organizaciones categoría de sujetos políticos con derechos integrales. Como lo piden 60 organizaciones campesinas, cuya fortaleza emula el estadio heroico de la vieja Anuc en los 70. Después declinaría estrangulada por una tenaza fatal: de un lado, la más violenta represión del Estado; del otro, la loca pretensión de las guerrillas de tomarse esa organización, pues así legitimó el baño de sangre que vino desde arriba.
Sí, todo indica que habrá por fin reforma agraria, y sólo un demócrata de izquierda podrá acometer esta revolución liberal. Tal vez no quede ya lugar para el apartheid de Paloma.
