TEMAS / Columnas sobre CONFLICTO ARMADO
¿IMPUNIDAD SELECTIVA?
Tiene razón el senador Álvaro Uribe: con impunidad, no habrá paz. Pero no podrán ser las Farc el único blanco de castigo, pues quedarían exonerados los otros tres implicados en la guerra: el paramilitarismo, la Fuerza Pública y los civiles que la promovieron, la financiaron y se lucraron de ella. Tampoco procede una amnistía general y gratuita. Virtud de la propuesta de César Gaviria es que extiende la autoría del conflicto a los civiles que lo cohonestaron, y los cobija como beneficiarios de justicia transicional. Mas, su alternativa de ley de punto final –pacto autoexculpatorio entre los máximos responsables– será germen de nuevas guerras si no acarrea sindicación penal, juicio, condena y sanción. Sea ésta blanda, dura o intercambiable por sustitutos de cárcel. Pero aplicable a todos, y desde un mismo parámetro de justicia. Sin olvidar que una justicia plena comporta verdad, reparación a las víctimas, medidas y reformas que conjuren definitivamente el conflicto.
¿URIBE SE RINDE A LA PAZ?
Terrible disyuntiva. Si el expresidente pierde el tren de la paz, quedará condenado a fungir como referente perpetuo de la caverna, de su incesante levantamiento contra el Estado de derecho y contra el campesinado inerme. Fatalidad trágica para el hombre que acorraló a las Farc hasta forzar el desenlace que acaso no esperaba, pero marcó un hito en nuestra historia: obligarlas a negociar el fin del conflicto. Si en cambio reconoce Uribe la paz como probabilidad cercana y trueca su saboteo por una participación activa en el proceso, sin sacrificar reparos, ganará la gratitud de la mayoría aplastante de colombianos, hartos de la guerra. Aunque guarde todavía las formas meneando el distractor del castrochavismo, aumentan los signos de que él se inclinaría por la segunda opción.
TORTURA
“Recuerdo bien el piso blanco del baño, la costra de sangre que se iba formando. Las marcas de la tortura forman parte de mí, yo soy eso”. Y rompió en llanto, mientras el auditorio la ovacionaba de pie. Hablaba la exguerrillera-presidenta, Dilma Rousseff, al evocar sufrimientos de prisión a sus escasos 20 años durante la dictadura de los sesenta y setenta en su país. “Brasil y sus nuevas generaciones merecen la verdad”, agregó. Presentaba la mandataria el más espeluznante informe de la Comisión de la Verdad sobre los crímenes de aquel régimen, una política de Estado sistemática y brutal. El Senado de EE.UU. denunciaba a su turno los de la CIA en la prisión de Abu Ghraib, donde la tortura rebasó toda frontera de imaginación: hombres con las piernas fracturadas, de pie por días enteros; ahogamientos; vigilia forzada durante semanas; empalamientos, muerte a golpes. Pero el exvicepresidente de Bush, coordinador de la infamia, agradeció el “excelente” trabajo de la CIA, y calificó el informe de “puro excremento”.
POR FIN, MEA CULPA DE LAS FARC
Por primera vez en su historia reconocen las Farc haber afectado a la población civil y se declaran dispuestas a asumir responsabilidad frente a sus víctimas. Brusco timonazo desde su discurso de hace dos años en Oslo, donde se reivindicaron como víctimas, hoy se reconocen victimarios. Paso trascendental hacia la paz, este pronunciamiento se suma a la presencia casi plena del estado mayor de las Farc en la mesa y a la conjunción de jefes militares de ambos bandos para acordar el cese definitivo de la confrontación. El proceso parece irreversible. Mas, temiendo una dura calificación de sus delitos contra civiles inermes, y penas inescapables, las Farc invocan “particularidades” del conflicto colombiano y la “juridicidad guerrillera”
PAZ: LA PROPUESTA CAMPESINA
Tras el eufemismo de la sociedad civil, coartada que también los negociadores de La Habana emplean para buscar apoyos políticos, una voz autorizada se alza desde las afugias del campesinado irredento. Cuando el proceso debuta con política rural, la Mesa Nacional de Organizaciones Agrarias lanza una propuesta que las partes harían bien en contemplar. Aunque esta Mesa, complejo de organizaciones desprendidas de la vieja Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) se proclama independiente del Gobierno y de las Farc, no juega de tercero en discordia. Lejos de la Unidad Nacional y de la Marcha Patriótica, representa el sentir de los labriegos que vuelven a pronunciarse tras décadas de olvido y dispersión, producto de la derrota sangrienta que el gobierno de Misael Pastrana le infligiera al movimiento campesino. Efecto, así mismo, del conflicto armado que no le dejó sino lágrimas para llorar a sus muertos.
DAR TIERRA, SEMBRAR PAZ
Las Farc van por reforma agraria. Santos va, en dinámica de TLC, por la agroindustria de exportación. Pero también por restituir tierras y relanzar la agricultura campesina con todos los apoyos del Estado. Estos últimos frentes, en los que el Gobierno trabajaba ya por iniciativa propia, resultarán cruciales en Oslo y La Habana. Paso intrépido, cargado de significado dio esta semana al intervenir dos haciendas, santuario del paramilitarismo, arrebatadas por los Castaño a campesinos de Córdoba y Cesar. Por su parte, el proyecto de Desarrollo Rural replantea las Zonas de Reserva Campesina, no ya en los extramuros de la patria, sino dentro de la frontera agrícola. Concebidas para estabilizar y fortalecer la agricultura campesina, fuente de la seguridad alimentaria, estas áreas podrían alojar también a las tropas desmovilizadas de las Farc: campesinos a quienes la ciudad nada ofrece, pues industrialización no hay; ésta se estrellaría contra el TLC.
DE LAS BALAS A LOS VOTOS
Ni la revolución ni nuevo pacto social, como lo pretendieron en el Caguán. Hoy no pueden las Farc negociar sino ajustes a lo que nuestra precaria democracia ofrece: ampliar la arena de la política legal, de modo que desmovilizados, minorías, opositores y el movimiento social puedan batirse por el desarrollo y la equidad en condiciones de igualdad con los partidos que acapararon siempre todas las ventajas. Para comenzar, que los exguerrilleros puedan convertirse en fuerza política y participar en las elecciones de 2014. Este proceso presenta dos momentos nítidamente diferenciados, y confundirlos dará lugar a maximalismos paralizantes. Una es la negociación que se ha emprendido, enderezada a desactivar el conflicto armado.
SI URIBE QUISIERA…
Si, como se ha sabido, el problema agrario preside la agenda de paz, la devolución de tierras malhabidas cobra protagonismo inusitado. Soñemos. Nadie como Álvaro Uribe podría ablandar a los enemigos de la restitución y de la paz, por el respeto y el fervor que entre ellos suscita el expresidente. Si él lo quisiera. Presunción explicable a la luz de revelaciones que develan el empeño del entonces presidente en dialogar con las guerrillas: seis intentos con las Farc y búsqueda de contacto con el ELN a lo largo de todo su gobierno. En el entendido de que el despojo de fincas catapultaba el conflicto hasta el delirio, ¿esperaba Uribe poner el dedo en esa llaga? O bien, ¿compartía después la advertencia-amenaza de Fernando Londoño de que la Ley de Víctimas desencadenaría una guerra civil?
LA PAZ: ¿DEBER O VERGÜENZA?
Nunca una cortina de humo tan grosera y desproporcionada. En lugar de explicarse por el escándalo del general Santoyo (hoy confeso aliado de la mafia mientras oficiaba como jefe de seguridad del primer mandatario), llegó Uribe al extremo de señalar al presidente Santos como cómplice de las Farc y lo sindicó de adelantar diálogos de paz: “una bofetada a la democracia”, dijo, “una vergüenza”. Acusación que enfrenta el deber supremo de la paz con el recurso a la guerra contra la subversión que a Uribe le había dado fama y poder. Piadosa presentación de la guerra justa que ignoraba, no obstante, la de fondo, aquella de intereses menos nobles enderezada a hacerse, motosierra en mano, con el poder del Estado. Fueron las Farc el enemigo de Uribe y derrotarlas parecía justificarlo todo.
INDIOS, DROGA Y PAZ
No es utopía. Ni es rumor. En primicia de El Espectador (7-29), Maria del Rosario Arrázola revela pasos que el Gobierno da en silencio para aproximar la paz con las guerrillas. No hay agenda todavía, dice, pero sí avances concretos y una perspectiva definida para conversar, negociar y buscar salidas políticas al conflicto. A la liberación de sus últimos militares plagiados y la promesa de las Farc de cesar el secuestro político le siguió el Marco Legal para la Paz, que introduciría normas de justicia transicional en un eventual proceso de paz. Ahora se habría iniciado otra fase en cabeza de Sergio Jaramillo, alto consejero del Gobierno, y el ministro de Ambiente, Frank Pearl. Apuntan ellos a la reconciliación.
Cristina de la Torre