No se sorprenda, amable lector, si de pronto irrumpen en la Plaza de Bolívar columnas de descamisados que marchaban desde Casanare y Arauca y Cesar y la Guajira, el puño en alto contra un centralismo que querría expropiar a sus regiones. Lugareños cada día más pobres hincharán, no obstante, el coro de las mafias políticas que los gobiernan y claman contra una redistribución de regalías que, según ellos, aniquila la descentralización. Mas, sin planes de desarrollo regional, sin sentido de equidad y sin controles, tal descentralización derivó en la más lucrativa demagogia. En contravía del verbo repartir y por encima del interés general, una minoría de municipios acapara las regalías, beneficio de las riquezas del subsuelo que por norma de la Constitución pertenecen a toda la nación. Ocho billones por ese concepto se esfumaron el año pasado entre vericuetos y papeles y contratos de las alcaldías y gobernaciones agraciadas, y sus amigos armados o desarmados. Lo que quedó, lo dilapidaron en construcciones faraónicas e inútiles: en centrales de leche donde no había ganado o en acueductos de 18 mil millones sin agua, como en Barrancas, Guajira. Mientras tanto, su gente desfallece en la pobreza. A pesar de las regalías billonarias que la Guajira recibe, este departamento bate la marca nacional de indigencia y mortalidad infantil. Un estudio del Externado demuestra que en dos décadas los ingresos de ese Departamento aumentaron 10.4 veces, pero la población que no alcanza a cubrir sus necesidades básicas aumentó tres veces y media. El fenómeno se repite en Arauca (Saudita), donde también el ELN sacó tajada de los 3 billones 387 mil millones que a junio había recibido por regalías ese Departamento.
El Gobierno propone redistribuir esos recursos equitativamente. Y, a la luz del ordenamiento territorial, apuntar a otros objetivos estratégicos: invertir en ciencia y tecnología, impulsar el desarrollo en zonas costaneras y de frontera, financiar proyectos regionales de desarrollo mediante Consejos Regionales de Planeación. Con todo, hay en el proyecto una laguna colosal: no contempla mecanismos efectivos de control sobre el manejo de las regalías. Si corrupción e ineficiencia hay en provincia, también ellas campean en el poder central. No por entregarle al Gobierno nacional la administración de esos recursos desaparecen los tentáculos de la corrupción que succionan todas las finanzas del Estado.
Por otra parte, si de llenar el hueco fiscal se trata, más valdría comenzar por desmontar las exenciones tributarias a las grandes empresas, cuyo monto ascendió el año pasado a 8 billones de pesos. El representante David Barguil denuncia que carboneras que el año pasado debían pagar 1.2 billones lograron exenciones por 900 mil millones. Pero además estas empresas le hacen trampa al Estado colombiano. La Contralora Sandra Morelli encontró un desfase de 23 mil millones en el pago de regalías de la BHP Billiton. Barguil declaró a Semana que “esta es la punta del iceberg de un aberrante caso de corrupción en el que pueden estar refundidos miles de millones en regalías y en impuestos…” Si en este caso se impone mano firme, habría que revisar a fondo la política frente a la inversión extranjera. Es que Colombia recibe de las compañías petroleras las regalías más bajas del mundo: 8%. Encima, se quedan ellas hasta con el 92% del recurso, y se les permite remesar todas las utilidades.
Sin activar todos los dispositivos de control -en el poder local y en el central- el trascendental proyecto de regalías no logrará corregirle el caminado a la descentralización, ni superar la desigualdad entre regiones. Y entonces los elegidos de la fortuna, en trance de reelección, podrán decir que el pueblo salvó a la patria de las fauces del centralismo.