por Cristina de la Torre | Ago 27, 2024 | Agosto 2024, Campesinado, Cese multilateral, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corredores del narcotráfico, Corrupción, Crímen organizado, Desplazados, Desplazamientos, ELN, Guerrillas, La paz, Restitución de Tierras
Cosechando en los errores de la negociación y en la buena fe del presidente, avanza el ELN con un perdonavidas al mando hacia su meca: erigirse en Estado paralelo, con régimen de dictadura militar. Hacia allá apunta, aun sin el estatus de beligerancia que lo equipararía al Estado con el cual negocia y lo libraría de bombardeos en una ofensiva militar en regla. Forma embrionaria de Estado podrá ser el control del sur del Chocó durante nueve días, con confinamiento de 50.000 habitantes que vieron suspenderse toda actividad comercial, educativa, de movilidad, de salud y, horror, con pérdida de tres vidas. Paro impuesto por hombres en armas que administran justicia (con ajusticiamiento si toca), secuestran, extorsionan, regulan la economía y se enriquecen en el narcotráfico. Práctica del ELN enderezada al control del territorio y al sometimiento violento de la población. Todo, en la impunidad.
A concederles preeminencia de pares ante el Estado contribuye la asombrosa revelación del presidente: tal vez acosado por un ultimatum para quitarle a esa guerrilla el distintivo de Grupo Armado Organizado, le propuso “viabilizar la reforma económica que se acordó” en mayo con gremios y organizaciones sociales. Se dio el lujo ese grupo de humillar con un portazo al primer mandatario, pese a que la tal propuesta quedó confeccionada a la medida del ELN. Según la Andi, los gremios no suscribieron el documento que proponía cambiar el régimen político y el modelo económico, porque no recogía la visión de todos los miembros del Comité de Participación y excedía su propósito de origen: ponía en discusión elementos estructurales de nuestra democracia y del modelo de país.
De exigencia en exigencia, de condición en condición, de chantaje en chantaje hasta el ultimátum a 23 de agosto, no ha hecho el ELN sino marchar en la dinámica que Danilo Rueda, primer comisionado de paz, trazó desde el día uno de la negociación: el Gobierno no tiene líneas rojas. Entonces se precipitó un cese el fuego que ha servido mayormente a la expansión territorial de esa guerrilla, mientras no se reclama partidaria de la paz ni se compromete con su eventual desmovilización ni contempla la posibilidad de deponer las armas. Antes bien, despliega más y más brutalidad contra la población inerme.
A Otty Patiño, el nuevo Comisionado, se le ve capotear a un tiempo este peso muerto que Rueda le heredó, y la prepotencia y desafueros del ELN, que va extorsionando, secuestrando y violando los acuerdos a carcajada batiente. Señaló Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, que si el ELN quiere acuerdos tiene que cumplir sus obligaciones, “porque eso de que yo quiero acuerdos pero sigo ejerciendo toda mi violencia contra la población, no tiene sentido. Lo han dicho el presidente y el comisionado de paz: hay que poner reglas y cumplir las reglas”. Añadió que el diálogo resulta inescapable porque es la única manera de allegar acuerdos: pero diálogo donde las reglas se cumplan.
¿Porfiará el ELN en descender de la opción popular que presumió encarnar, a peligro cotidiano para su propio pueblo? ¿Tan maltrecha estará su inspiración primera que dio en aplastar bajo alforjas de oro las ideas y la vida de Camilo Torres, en matar hasta la evocación del mártir? ¿Lidia el ELN con sus fantasmas? ¿Entenderá que el país no resiste un secuestrado más, un desplazado más, un confinado más, un extorsionado más, un amenazado más por el fusil de un uniformado que pasa por guerrillero pero es vigía de negocios sucios? Para culminar la misión de alcanzar la paz que el país sueña mediante el diálogo, ¿tendrá el comisionado Patiño que desandar el camino más tortuoso y reiniciar la marcha? Si replantea, Colombia lo acompaña.
por Cristina de la Torre | Ago 20, 2024 | Agosto 2024, Álvaro Uribe Vélez, Banca, Capitalismo, Capitalismo Social, Centro Democrático, Derecha, EPS, Gustavo Petro, Iván Duque, Justicia, Justicia tributaria, Pacto Social, Pensiones, Personajes, Polarización social, Política de Estado, Reforma a la salud, Reforma Agraria, Reforma Fiscal, Reforma pensional, Reforma tributaria, Socialdemocracia
Bajo el tremendismo de la derecha contra la iniciativa de inversión forzosa en proyectos de desarrollo se adivina su repulsa al Estado dirigista de Carlos Lleras que el modelo Petro evoca; y su defensa de libertades económicas que, salidas de madre, han servido a pocos en la sociedad del privilegio. Bendecidos los banqueros por estos 40 años de liberalización financiera y por las opíparas canonjías que la Carta del 91 les agregó, arremeten contra el Gobierno que propone destinar parte modesta de sus arcas a crédito para renglones de la economía productiva: exportaciones, vivienda, turismo, agricultura, economía popular.
Claro, sospechan de tal destinación del crédito por venir del poder público, no de la banca, tan dadivosa con los amigos. A Bruce MacMaster la iniciativa le resulta “altamente inconveniente”, “peligrosa”, pues pondría en riesgo el sistema financiero. Y a Efraín Cepeda, jefe conservador. Para Anif, las medidas derivarían en impuesto a la intermediación financiera. Y el eximio Iván Duque -que las aplicó en su hora- advierte contra el intento de “expropiar” los ahorros de los colombianos. ¿Juegan al pánico económico?
Nuevo impulso cobra la palabra maldita, expropiación, en los meandros del miedo fabricado con propaganda negra, dondequiera que quiso Petro devolverle al Estado iniciativa social y económica. Si en reforma agraria, dicen temer expropiación, por más que aquel ignore la ley que se la permitiera. Si en control de los fondos públicos de salud para frenar desfalcos, dizque expropiación a las EPS, venturosas artífices del mejor sistema de salud en el mundo. Si en reforma pensional, expropiación del ahorro ciudadano para su futuro.
Y el Centro Democrático se desgañita a voces de incautación del patrimonio privado. Hasta cuando se revela propuesta de Álvaro Uribe sobre inversión forzosa del 7 de abril de 2021, cuando invita a “crear un mecanismo de inversión forzosa para aumentar el crédito a micro y pequeñas empresas, como instrumento de recuperación de la senda de crecimiento”. La diferencia, alega su partido ahora, es que Uribe depositaba las decisiones de inversión en el propio sistema financiero, y Petro, en el Gobierno.
Precisamente: es esa la diferencia crucial.
Los fondos de pensiones, verbigracia, ahorro mayor de los colombianos, pertenecen a los grupos Aval y Empresarial Antioqueño. Se manejan como fondos privados y hasta financian negocios particulares de sus dueños. Revela Cuestión Pública que Protección, Porvenir y Skandia invirtieron en 2022 $25 billones en empresas propias y en proyectos cruzados. Protección, del GEA, invirtió $7.1 billones en empresas suyas; y en 2021 se hizo autopréstamos por $8.3 billones. Porvenir, de Aval, invirtió $3.6 billones en firmas de su propiedad. Todo, con el ahorro de los colombianos.
Con la liberalización financiera aumentó 101% el margen de intermediación (diferencia entre la tasa de captación y la de colocación del crédito). Además, la Carta del 91 le prohibió al Banco de la República financiar al Gobierno y lo obligó a acudir a la banca privada. Esta se enriqueció escandalosamente, con participación en el PIB como no se viera sino en este país. Sus beneficiarios, los tres grandes grupos financieros -GEA, Aval y Davivienda- encabezan hoy la crítica a la propuesta de Petro de destinar un monto razonable de sus bancos a financiar, con seguridad garantizada, proyectos de reactivación y crecimiento de la economía.
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, se suma a la crítica, pero también al diálogo entablado entre gremios y Gobierno y se muestra dispuesto a conciliar soluciones. Tendrán ellas que responder a un país que exige al menos moderar el apetito expropiador de la derecha.
por Cristina de la Torre | Ago 12, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Agosto 2024, Campesinado, Conflicto armado, Conflicto interno, Desplazados, Desplazamientos, ELN, Estado de Derecho, Estado Social, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, Justicia, Justicia restaurativa, La paz, Paz Total, Proceso de paz, Sanción Social, Violencia
El mismo día, 3 de agosto, se enfrentaron en la que hubiera sido guerrilla unitaria hechos antagónicos que tocan el porvenir de la paz. Mientras la dirección del Eln perpetuaba con exigencias al Gobierno su proverbial uso del diálogo para ganar trincheras, la disidencia Comuneros del Sur inauguraba, con las instituciones del Estado y con la comunidad, un trabajo mancomunado de construcción de paz. Ante las fragilidades de la Paz Total (sin objetivos y metodología definidos ni líneas rojas en la negociación) se perfila este proceso como modelo (en ejecución) alrededor de tres ejes: desescalamiento de la violencia, transformación del territorio y tránsito de los miembros de ese frente a la ciudadanía plena en organización social o política, previa renuncia a las armas.
El Eln lanza ultimátum hasta el 23 de agosto para que el presidente emita decreto que lo pase de Grupo Delictivo Organizado a Grupo Armado Organizado, so pena de no renovar el cese el fuego ni descongelar conversaciones. Agallas le sobran. Aunque goza ya de estatus político, busca ahora el de beligerancia, sólo atribuible a alzados contra dictaduras o Estados ilegítimos. Obraría entonces la negociación de Estado a Estado. De tú a tú, con armados a caballo entre crímenes, negocios non sanctos, estridencias con la revolución que no lograron en 60 años y puño de hierro contra el pueblo. Pueblo ahíto de guerra.
El cese el fuego repotenció al Eln: saltó de merodear en 189 municipios a 231. Redujo al mínimo el sacrificio de combatientes de lado y lado, pero disparó hostilidades y violencias del grupo contra la población civil: confinamiento por paro armado (como el decretado ayer en el sur del Chocó); éxodo; asesinato, y secuestro de personas que aparecen a veces muertas, según Carlos Velandia.
La antípoda, Comuneros del Sur, célebre ya por la claridad de su agenda, la determinación en materializarla y el rigor con que empeñan su palabra al fin de erradicar la violencia política, avanzar en la transformación del territorio y reconstruir la vida de las comunidades. Para desescalar la violencia, grupos de trabajo se aplican a desminado, retorno de desplazados, búsqueda de desaparecidos, fortalecimiento de autoridades institucionales, comunitarias y étnicas de la zona. La transformación del territorio apunta a garantizar la vida y el Estado social de derecho, a cambiar las economías ilegales, a sembrar paz con la naturaleza. La transición hacia la ciudadanía plena implica nuevos parámetros de justicia, justicia restaurativa, abandono de instrumentos de guerra, reintegración a la sociedad, protección y seguridad de las comunidades, los territorios y el proceso.
Con su viraje hacia este modelo de negociación, el de la paz territorial, pone el Gobierno en entredicho el irónico patrón de diálogo del Eln, proclive a exigirlo todo y nada conceder. Ni siquiera el compromiso de abandonar las armas, propósito irrenunciable de un acuerdo. Ya Vera Grabe, jefe negociadora en esa mesa, lo emplazó a declarar si está por la paz o usando la negociación para fortalecerse militarmente. Lo que no le impidió seguir abierta al diálogo: reveló que el Gobierno prepara una propuesta a los negociadores del Eln, enderezada a reiniciar el diálogo. Ojalá no sea la de reconocer a esa guerrilla como fuerza beligerante, pues no vive Colombia bajo una dictadura.
Agudo contraste entre el recurso a la coacción -más hijo de prepotencia que de bien ganada autoridad- y el genuino compromiso con la paz: entre Eln y Comuneros del Sur. Velandia propone hacer una pausa con el Eln y retomar el proceso pero con desescalamiento. Cese el fuego entre combatientes servirá si se acompaña de cese de hostilidades contra la población civil.
por Cristina de la Torre | Ago 6, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agosto 2024, Corrupción, Crímen organizado, ELN, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, Internacional, Iván Duque, Justicia, La paz, Lavado de activos, Lucha antinarcóticos, Modelo Político, Narcotráfico, Personajes, Política exterior, Proceso de paz, Sanción Política, Uribismo, Violencia
Logrera, obtusa, acomodaticia, no ha faltado en nuestra extrema derecha quien asimile el presidente Petro al timador y sanguinario Maduro. “Para allá va este castrochavista”, infieren algunos del osado papel de mediador y de la prudencial distancia que en ello asume él para evitar que la represión termine en genocidio. Para facilitar una transición pacífica en Venezuela abriéndole a la dictadura acorralada una válvula de escape, presupuesto vital en cualquier negociación.
Y para ahorrarle a Colombia severos perjuicios. Primero, el alineamiento de ese gobierno con los grupos armados que negocian la paz, tras 25 años de oficiar como garante y anfitrión de las conversaciones. Segundo, volvería a cerrarse el comercio con Venezuela, que favoreció siempre a Colombia y este Gobierno restauró, con prometedores resultados para nuestros exportadores. Tercero, naufragaría el control binacional de 2.217 kilómetros de frontera, a medias logrado en estos dos años: se desbordaría en las regiones fronterizas toda la batería de abuso de migrantes, de crímenes y economías ilegales, narcotráfico comprendido. Cuarto, tendría Colombia que multiplicar a marchas forzadas su capacidad para acoger a derechas una nueva oleada de migrantes venezolanos; con estatuto de protección, regularización, integración y acceso a los servicios del Estado.
La sorpresiva disposición de Maduro a dialogar respondería a la protesta heroica de los venezolanos, la base chavista al mando, contra el fraude; a la presión del mundo; a la exigencia de Petro, Lula, López Obrador y Boric de respetar la decisión soberana del pueblo, recontar votos, actas en mano y veeduría internacional, y de parar la matanza. Se contempla una salida negociada por diálogo directo entre Maduro y González. Y, en la sombra, el memorando de entendimiento suscrito en septiembre en Catar, que plantea libertad de los presos políticos, observación internacional del proceso electoral y levantamiento de sanciones al país. Con mil detenidos y 19 muertos en sólo una semana, con la pérdida de apoyo popular en las urnas y en las calles, con la unificación de la oposición, tal vez no le queden a Maduro otras opciones.
Sí, lo que pase en Venezuela será decisivo para las negociaciones de paz en Colombia. Y no sólo porque fuera ese país refugio de armados colombianos, sino porque éstos son ahora binacionales. El Eln puja por imponerse como poder en armas a ambos lados de la frontera, y un cambio de gobierno en Venezuela alteraría la dinámica en los diálogos de paz. Para Otty Patiño, alto comisionado de paz, la falta de legitimidad del gobierno de Maduro golpea su función como garante y facilitador: no habría ya mesa de negociación en Caracas.
El fiscal general de Venezuela amenaza con cárcel hasta por 20 años a quien proteste por el resultado electoral y obstruya vías públicas. 700 de los 1.000 detenidos serán juzgados por terrorismo. Diego Molano, ministro de Defensa de Iván Duque declaró en mayo de 2021 que bloquear una vía es terrorismo. Era licencia para matar, dijo César Gaviria. En efecto, en sólo dos meses de ese año hubo 75 asesinados en las calles (ONG Temblores e Indepaz). La CIDH denunció uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y criticó la calificación de terrorismo al bloqueo de vías en las protestas de Colombia. Iván Duque aboga ahora por los millones de venezolanos “que arriesgan sus vidas en las calles” y denuesta la “persecución y represión por militares y policías” contra el pueblo venezolano. Ver para creer. De tanto rasgarse vestiduras, desnudan nuestros mentores de la derecha todo el cobre. Grotesco su intento de apropiarse épicos pronunciamientos de la multitud, como éste del 3 de agosto en Caracas.
