por Cristina de la Torre | Nov 28, 2024 | Acuerdos de paz, Campesinado, Cese multilateral, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Desplazados, Desplazamientos, ELN, Farc, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, JEP, Jurisdicción Agraria, Justicia, Justicia restaurativa, La ley de Víctimas, La paz, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Movimiento social, Noviembre 2024, Paz Total, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Restitución de Tierras, Tierras, Violencia
El protagonismo empieza a desplazarse del despótico negociador (llámese Mordisco o Beltrán) hacia comunidades que construyen paz. Al proceso contribuye la división de los grupos armados que, en vista de su eventual desmovilización, se debaten en el dilema de renunciar a las armas o seguir violentando a la población. Catalizadores de esta crisis serían la diversidad de sus bloques y la dificultad para darle carácter político a su actividad delictiva. Conforme se disocian por conflictos intestinos esos grupos armados, cambian los referentes del diálogo. Y cambia el tono del Gobierno.
Se mostró esta semana el ELN dispuesto a volver a conversar, pero el presidente Petro le advirtió que no concurriría si iba ese grupo “con el fusil en la mano”; que “quienes no dejen las armas serán doblegados por la Fuerza Pública (y deben) escoger entre el camino del Padre Camilo Torres o el de Pablo Escobar”. Entonces Beltrán, portavoz del ELN, confesó que ellos no firmarán la paz en este Gobierno y Petro elevó exigencias: la reanudación de esta mesa queda en vilo. Camilo González, negociador con el EMC, selló condicionando el regreso de Mordisco al diálogo a su declaración de cese unilateral del fuego.
Al parecer, sufren esos grupos una crisis de identidad que respira por la frágil representatividad de sus jefes en las mesas del ELN, el EMC y la Segunda Marquetalia: facciones y frentes enteros inconformes con sus voceros montan toldo aparte para suscribir sin ambigüedades el propósito de paz. Acaso amenace este cambio de jerarquías con reducir el alcance de la paz total, pero obrará a la larga como poderoso factor disuasivo de la guerra.
Porque se resuelve en acción integral del Estado, Fuerza Pública comprendida, con participación de ciudadanos y autoridades en los planes de desarrollo, de seguridad y convivencia. Sería de paso formalización del heroico esfuerzo de reconstrucción del tejido social que miles de colombianos han emprendido contra los estragos de una guerra ensañada en la gente; y proyección de los PDET, que son nervio del Acuerdo de Paz. Es que la paz no depende ya únicamente del tránsito de los armados a la vida civil sino, sobre todo, de cambios de impacto tangible en las comunidades, de transformación de las condiciones que engendran la violencia.
Explica Pablo Pardo, vocero del Gobierno ante Comuneros, que el proceso con esa disidencia del ELN es territorial e integral, con una hoja de ruta que contempla desmonte paulatino de la violencia, transformación del territorio con sustitución de economías ilegales, y transición del grupo armado a la vida civil. Más que en la mesa de diálogo, la paz reside en las comunidades. Su fin, desescalar la violencia. Abunda en la idea Armando Novoa, negociador con Segunda Marquetalia: el desescalamiento integral del conflicto implica que los armados vayan reemplazando las armas por trabajo en proyectos económicos en el territorio. Y Camilo González, delegado ante el EMC, insta a sentar las bases para transformar el territorio y para que la reincorporación sea comunitaria: no es reincorporación de combatientes, dice, es reincorporación de poblaciones, de territorios, de comunidades.
Urge articular esta política con la implementación del Acuerdo de Paz suscrito hace ocho años que, salvo por la JEP, encontró la Contraloría en pañales. En particular, desarrollar la reforma rural y los PDET, cuya vigencia pide el Gobierno prolongar ocho años más. Tres ideas madre parecen gravitar en torno al cambio de tercio en la estrategia de paz: uno, sin implementación del Acuerdo de 2016 no habrá paz que valga; dos, la paz es territorial y su negociación también; tres, la implosión de los grupos armados no es cosa del Gobierno. Reafirma Petro que él negocia con quienes quieran la paz; los que no, tendrán que vérselas con la Fuerza Pública.
por Cristina de la Torre | Nov 19, 2024 | Campesinado, Capitalismo, Derecho fundamental, Industrialización, Izquierda, Liberalismo, Libre Mercado, Modelo de mercado, Noviembre 2024, Partido Liberal, Partidos, Polarización social, Política de Estado, Privatización, Reforma Agraria, Reforma Rural, Socialdemocracia
Desapacible espectáculo: una convención liberal montada para perpetuar al jefe que impuso por 20 años su dictadura personal, evidenció la crisis de ideas y de programas que abate a ese partido. Y efectos inesperados. El asalto del ala reaccionaria que César Gaviria encarna en el liberalismo contra su partido le ha permitido al Pacto cabalgar sobre el ideario social democrático de aquella colectividad. El desafío inédito de una izquierda en el poder agudizó y destapó, blanco sobre negro, la tensión entre izquierda y derecha que permea al liberalismo. Pero el reformismo de Petro -asediado por atavismos refocilados en el dogma del mercado que el propio Gaviria entronizó- apenas emula el pensamiento de un Uribe Uribe, las ejecutorias de un López Pumarejo, de un Carlos Lleras.
Introdujo López reformas sociales que la reacción calificó en su hora de “sovietizantes”, como “estatizantes” le parecen a Gaviria las de Petro en salud, pensiones, trabajo y servicios públicos domiciliarios; derechos sociales que apuntalan el bien común, ahora convertidos en bolsa de mercaderes. Y, ay, la reforma rural. A la de López le opusieron la Violencia y Lleras defendió la suya, codo a codo con los campesinos, pues desbordaba la simple redistribución de ingresos: repartir tierra es repartir riqueza. Se la hundieron en Chicoral, con participación decidida de la derecha liberal. Lleva Colombia un siglo intentando en vano una reforma agraria sin expropiación, mientras en Europa procedió por expropiación de latifundios para repartir, y fue reforma liberal. Pero Petro, el azaroso exguerrillero, compra tierras al latifundismo, a precio comercial, para acometer la suya.
Nuestra alharacosa derecha llama comunismo a la función social del Estado que, según el principio de igualdad, introdujo el liberalismo contemporáneo. Es coco providencial que Gaviria y la reacción menean para asustar y para justificar avanzadas de emperador en platanal. Desde el pináculo del partido que había representado al pueblo irredento, votó Gaviria por Andrés Pastrana, por Federico Gutiérrez, por Rodolfo Hernández. Y boicoteó la campaña a la presidencia de Humberto de la Calle, sueño malogrado de un país ahíto de nulidades.
Tras medio siglo de industrialización dirigida por el Estado, con planificación e instituciones de fomento del desarrollo, sobrevino el modelo de mercado que nos devolvió al capitalismo primitivo e invirtió prioridades en los valores de la democracia liberal. Sobre el principio de igualdad primó ahora el de libertad. Libertad económica sin límite ni control que desmadró los mercados, porque libre competencia en condiciones de desigualdad desemboca en monopolio y en abuso de los que pueden prevalecer. Afirma el exministro José Antonio Ocampo que en este período de economía de mercado que siguió al de industrialización aumentó la pobreza y retrocedió la distribución del ingreso.
El nuevo paradigma, que debutó en el Chile de Pinochet y rige todavía, liberó el comercio bajando de golpe aranceles (quebraron el campo y miles de empresas nacionales), desmontó las instituciones públicas de fomento a la industrialización y al desarrollo productivo, privatizó funciones y empresas sociales del Estado. Se diría que este Gobierno vuelve la mirada hacia su antípoda, hacia aquel medio siglo de industrialización con intervención del Estado, de proteccionismo con aranceles, de crédito situado en sectores de punta de la economía, de control de precios y reforma agraria. Tal vez no para copiarlo a la letra, pero sí como referente exitoso adaptable al mundo de hoy.
Y acaso esta historia de contrastes en el seno del liberalismo sustancie la vilipendiada polarización. Bienvenida su nítida expresión, fuente de controversia democrática. Sí, el liberalismo se debate entre la reforma y la caverna.
por Cristina de la Torre | Nov 12, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Campesinado, Cese multilateral, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Economía productiva, ELN, Guerrillas, Justicia, La paz, Noviembre 2024, Posconflicto, Proceso de paz, Reforma Agraria, Reforma pensional, Socialdemocracia, Violencia
Si se hace a derechas, la descentralización tocará la médula del sistema político: desplazará el núcleo del poder del centro a la periferia. Una verdadera revolución, cuyo proyecto coopta el ministro Cristo para trocarlo en bandera mayor entre las vicisitudes de esta Administración. Altibajos que van de reforma pensional y despegue de la agraria a la descorazonadora negociación con el ELN, signada por la impotencia del Gobierno en la mesa y su falta de criterio para conciliar política de paz y de seguridad. De donde ha podido ese grupo armado ampliar su incursión violenta en zonas enteras del territorio. Reminiscencias del siglo XIX, sembrado de guerras civiles entre oligarquías regionales que se disputaban la hegemonía o el poder central entre un archipiélago de regiones, hoy no siempre se trata de recuperar territorios sino de conquistarlos.
En manos enérgicas pero cuidadosas, la descentralización será menos un riesgo para las finanzas públicas que el derrotero hacia la siempre aplazada autonomía de las regiones. Más allá del manejo de recursos públicos, aquella reorganiza la estructura y la operación del Estado. De raigambre netamente política, la descentralización redistribuye los centros de poder y de decisión. Y altera la dinámica de la clase política. Fortalece a alcaldes y gobernadores mientras la clase parlamentaria reemplaza su desapacible papel de suplicante ante la enhiesta frigidez de Bogotá por la vocería inmediata de sus electores en provincia. Dirá Juan Manuel Ospina que se avanza hacia la autonomía cuando se descentraliza no apenas la ejecución sino la decisión política. Autonomía es empoderamiento de regiones y localidades (Opera, U. Externado, 2002).
Ya se dijo y se aceptó: redistribución de recursos no habrá sin definición de competencias. Éstas tendrán que adaptarse a las particularidades de la región y su ejecución demandará capacidad administrativa para fijar prioridades de inversión y gestionar los recursos sin dilapidarlos ni robárselos. A lo cual deberán tributar organismos de control independientes de los partidos, veeduría ciudadana y acción de la Justicia sobre clanes políticos y grupos armados que meten su mano peluda en el presupuesto del municipio. Al parecer la banda de Calarcá acaba de amenazar a cinco alcaldías para extorsionar en obras y proyectos.
Recuerda Ospina que la Constitución del 91 propuso construir la unidad desde la diversidad. Pero en vez de edificar nación, explica, la dirigencia del país satanizó la política y entregó sus destinos a una tecnocracia que creyó lanzarlo de la sociedad pastoril a la moderna. Error. El problema no era de gerencia sino de política. No podía abordarse a Colombia como una realidad homogénea ni desestimar las particularidades de sus regiones ni sus desigualdades. Son los procesos sociales y las decisiones políticas los que señalan el punto de equilibrio entre unidad y diversidad. Y es en la tensión entre lo nacional y lo regional donde se encuentra el meollo de la descentralización, entre los extremos del centralismo y el federalismo radical. No logró la tecnocracia modernizar el país.
La estentórea advertencia de sectores suyos sobre la salud del fisco naufraga en el espectáculo de su incapacidad para limar siquiera inequidades entre regiones. El PIB per cápita del Vichada es 15% del de Bogotá. Muchos de quienes así han gobernado convirtieron su humilde medianía en mérito que pavonean sobre las inequidades sociales y geográficas. Con su desdén por la política encubren, no obstante, los intereses que agencian y que barnizan en la ficción de neutralidad de la técnica, en los designios de la mano invisible del mercado. La mano de Dios. Mas la descentralización que se construirá en 12 años se abre paso como una tromba: será la reforma del siglo, una revolución.
por Cristina de la Torre | Nov 5, 2024 | Actores del conflicto armado, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Conflicto interno, Corrupción, Derecho fundamental, Desarrollo agrícola, Desarrollo sostenible, Desplazados, Desplazamientos, Estado de Derecho, Gustavo Petro, Impunidad, Jurisdicción Agraria, Justicia, Justicia restaurativa, La ley de Víctimas, La paz, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Noviembre 2024, Pacto Histórico, Pacto Social, Polarización social, Política de Estado, Posconflicto, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Tierras, Violencia
No hay mal que dure cien años y ojalá Colombia, después de tantos muertos por la tierra, honre el dicho popular. En su último tramo de Gobierno decidió Carlos Lleras crear concentraciones parcelarias para el campesinado. Pero en menos que canta un gallo el presidente Misael Pastrana, prohombres de los partidos tradicionales, el latifundismo, la SAC y Fedegán, respondieron al Incora con una virulencia que no acusaban siquiera las élites más retardatarias de la región: mataron la reforma agraria en Chicoral. Por segunda vez, pues a la de López Pumarejo le enfrentaron la Violencia. Corría el año de 1972 y hasta el sol de hoy, cuando Gustavo Petro entrega, en su más reciente medida agraria, cuatro zonas de reserva campesina: 103.000 hectáreas a 4.000 familias que llevaban décadas luchando contra artificios jurídicos en las zonas más atormentadas por el conflicto. El hecho es trascendental porque esta figura reconoce al campesino como sujeto de derechos que decide con autonomía en ordenamiento y planificación de su territorio. Y es paso que se inscribe en un horizonte de reforma agraria que revierte el Pacto de Chicoral.
A aquellas hectáreas se suman las 877.000 compradas, entregadas y en proceso de adjudicación en estos dos años. Ha dicho la ministra Carvajalino que el Gobierno apunta a reformar el Pacto del 72 que frenó la redistribución, concentró aún más la tierra y aceleró la expulsión del campesinado “sobrante” hacia la colonización de selvas y hacia ciudades sin empleo. Dádiva descomunal al latifundismo, aquella contrarreforma suplantó la redistribución de tierra por apoyo al desarrollo capitalista de la gran agricultura pero sin redistribución del producto, concentró el crédito en los grandes propietarios y restableció el ominoso sistema de aparcería. La SAC se opuso ardorosamente a la creación de empresas comunitarias y, ya desde entonces, a la jurisdicción agraria.
Para guardar las formas, estableció Chicoral el pago de impuestos calculados sobre la renta presuntiva que el avalúo catastral de la tierra indicara. Había, pues, que demostrar un mínimo de productividad de la tierra para que ésta se considerara adecuadamente explotada y quedara libre de intervención oficial. Explicará Absalón Machado que se estableció una renta presuntiva del 10% sobre el valor del terreno dedicado a agricultura y del 4% del dedicado a ganadería. Pero ese valor sería la mitad de su avalúo catastral (ya reducido desde tiempos inmemoriales al ridículo). Nunca se aplicaron los niveles mínimos de productividad. Resultó cada vez más fácil simular que un predio estaba adecuadamente explotado y más difícil la expropiación de terrenos intocados o que exhibían una vaca solitaria en la lejanía. La renta presuntiva ni modernizó el campo ni mejoró la productividad de la tierra.
La ministra Carvajalino anuncia para diciembre un proyecto “anti-Chicoral” que acelere el tránsito hacia una agricultura competitiva mediante política estatal que responda a las necesidades de la agricultura campesina, de los productores y de los gremios, concertada con empresarios, campesinos y comunidades. Empezaría por restablecer instituciones del sector como el Idema.
Un año y ocho meses deliberaron comunidades, gremios, trabajadores y etnias hasta resolver esta semana un largo y sangriento conflicto de lucha por la tierra en el norte del Cauca. Es ejemplo de concertación que podrá replicarse en otros escenarios. Claudia Calero, presidenta de Asocaña, exaltó esta experiencia como modelo de paz. A leguas del Nobel colombianista James Robinson, que niega la necesidad de una reforma agraria en el país, nuestra dolorosa realidad ha probado con creces que sin ella no habrá paz ni equidad ni instituciones que valgan. Reformar la contrarreforma de Chicoral se impone.
