Si sobrevivimos a las objeciones (a la JEP) y a los entrampamientos es porque el proceso de paz en los territorios es más fuerte que sus detractores en la capital, dice Sergio Jaramillo, arquitecto del Acuerdo con las Farc. Se declara optimista, pero reconoce que graves amenazas podrán desbarrancar el proceso de paz. La primera, la inseguridad en las regiones, que podrá provocar el rearme de los reinsertados. Este Gobierno y sus ministros de Defensa, acota, han sido asombrosamente incompetentes para controlar disputas armadas por el territorio, que se resuelven en masacres (78 este año) y en centenares de asesinatos de líderes y desmovilizados.
Al punto que la propia ministra del Interior reconoció esta semana la impotencia del Gobierno para neutralizarlos. Desapacible confesión de ineptitud e insolencia que deshonra su cargo, si es que más deshonra le cabe tras haber insultado a quienes denunciaban los crímenes invitándolos a dejar de “chillar”.
Menos optimista que Jaramillo, teme Francisco Gutiérrez el inicio de un tercer ciclo de violencia política después de la liberal-conservadora de mediados del siglo pasado y de la contrainsurgente desde 1964 hasta la firma del Acuerdo del Teatro Colón. Resorte de la nueva guerra, el rabioso sabotaje del uribismo a los instrumentos de paz acordados, señaladamente a la justicia transicional y a la reforma rural integral.
Para Gutiérrez, el Acuerdo de Paz con las Farc fue un logro extraordinario, pero asimétrico: sin la fuerza de la contraparte, desprestigiada, la guerrilla cedió más que el Estado. Se recordará que desde el abrebocas de la negociación se sometió la insurgencia a no tocar el sistema político ni el modelo económico. El acuerdo final, señala Gutiérrez, no era revolucionario, ni siquiera reformista radical: su reforma rural no le llega a los tobillos al reformismo agrario del Frente Nacional.
Salvo en reinserción, el Gobierno ha birlado escrupulosamente los acuerdos. De los tres millones de hectáreas proyectadas para campesinos, se han entregado 30 mil. Saboteada por ley en curso que la desnaturaliza y por los llamados ejércitos anti restitución, la devolución de tierras usurpadas (unos 6 millones de hectáreas) es un tigre de papel. La coalición de gobierno hundió en el Congreso la reforma política y sus 16 curules de paz.
Pero el mayor incumplimiento es el de sustitución de cultivos. Los campesinos sustituyeron pero los pagos del Gobierno llegaron tarde y pocos y, nunca, los bienes públicos. En lugar de sustitución habrá fumigación, pues el Presidente y su ministro Trujillo porfían en el diagnóstico acordado, rodilla en tierra, con el defenestrado Trump: todos los problemas de este país, democracia ejemplar, se reducen al narcotráfico. Mas no desaparece la coca fumigando cultivos sino ofreciendo alternativas económicas a los cultivadores. Ni desaparece el narcotráfico atacando éste, el eslabón más débil de la cadena.
La paz con las Farc fue epílogo feliz de un conflicto sangriento que cobró ocho millones de víctimas para consolidar en Colombia el modelo de propiedad agraria más inequitativo del mundo y la colonización de vastos territorios del poder público por una alianza de políticos, ganaderos, paramilitares y uniformados que cifra su hegemonía en la guerra. Sí, en la guerra, camino expedito hacia la riqueza y el poder que sacrifica toda legitimidad, porque es receta de tiranos.
Para Gutiérrez, el Acuerdo está vivo, pero en términos de cumplimiento, este Gobierno lo destruyó a hachazos y taimadamente. Se diría sitiada la paz. Duro diagnóstico, que omite, sin embargo, imponderables capaces de revertir el desastre. Entre otros, la posibilidad de que el centro-izquierda conquiste esta vez la presidencia en las urnas y acometa sin demora la implementación de la paz. Ojo con el 2022.