por Cristina de la Torre | Mar 25, 2025 | Actores del conflicto armado, Antioquia, AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, Corredores del narcotráfico, Crímen organizado, ELN, Farc, Guerrillas, Impunidad, Justicia restaurativa, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Marzo 2025, Narcotráfico, Paramilitarismo, Política de seguridad, Régimen político, Seguridad democrática, Seguridad Humana, Uribismo, Violencia
Se equivoca el representante Juan Carlos Wills. Proponer el rearme de civiles en el quinto país más violento del mundo y primero en exterminio de líderes sociales no hará sino repotenciar la tragedia nacional. Se agolpan en la memoria todas las aventuras que, pretextando derecho a la defensa, atropellaron la seguridad ciudadana, sembraron de cadáveres caminos, veredas y ciudades. Convivires, autodefensas, paramilitares, narcotraficantes, valentones de ocasión, guerrilleros y facinerosos (con armas de su propio caletre) se adjudicaron todos el derecho de disparar contra la ciudadanía inerme. Y dieron nuevas herramientas de brutalidad a nuestra consuetudinaria manera de hacer política, de dirimir conflictos de tierra, de barrio, de familia: a bala. A veces, con apoyo inesperado: damas rosadas de la sociedad de Medellín se enternecían en los años 80 ante los jóvenes sicarios de Escobar, que mataban sin cesar, por una bicoca, para comprarle su neverita a la mamá.
Para no ir lejos, Andrés Escobar y vecinos de bien dispararon en Cali contra manifestantes el 28 de agosto de 2021. Encausado por la justicia, lo protegió la senadora Maria Fernanda Cabal, quien elogió al “valiente digno de admiración” que había actuado en “legítima defensa”. Se dirá que todo ello son troneras propias de cualquier política de seguridad. No. Aquí las troneras fueron la política de seguridad misma, y la excepción, el uso ponderado del arma que se le entregó a un civil por razones debidamente justificadas y bajo control del Estado.
El 19 de marzo aprobó la Comisión Primera de la Cámara el proyecto de Wills que se propone facilitar el porte de armas para reducir la inseguridad, flexibilizar permisos y registros para la tenencia y porte de armas de fuego, y “equilibrar el derecho individual (a la seguridad) con las necesidades del orden público”. En los últimos ocho años se habían reducido drásticamente los permisos y había subrayado la Corte Constitucional que el porte de armas debe estar estrictamente regulado para evitar abusos.
La verdad es que la violencia aumenta conforme crece el número de armas entre la población. La Universidad de Los Andes probó que, gracias a la restricción de armas, en Bogotá y Medellín bajaron 22% los homicidios. Mas, piensa la senadora Cabal que el porte de armas es un derecho del ciudadano para defenderse de los criminales. Pero el Acuerdo de La Habana se inventó una excusa para desarmar a la población civil, asevera: el buenismo de todos desarmados hace de Colombia el país más inseguro del mundo. Y una sociedad desarmada queda “a merced de estos bandidos comunistas”.
¿Esta alusión desnuda la razón política del rearme civil? ¿Es la misma que liquida, entre líderes sociales, a defensores de la tierra, por “terroristas”? En todo caso bebe del modelo contrainsurgente: al enemigo (el comunismo) se le liquida; ya invada a la nación o actúe por interpuesta persona, el “enemigo interno”. Pero el enemigo es a un tiempo el guerrillero y el opositor legal. Y en idéntico marco de contrainsurgencia operan los civiles comprometidos con el orden público, bien como Junta de Autodefensa o como Defensa Civil. El mismo que terminaron por adoptar todas las formas de autodefensa que martirizaron a Colombia: Las Convivir, dirigidas por jefes paramilitares; las Autodefensas Unidas de Colombia y el paramilitarismo como fuerza armada irregular del Estado.
El rearme de civiles podría devolvernos a este escenario catastrófico; bien por interés oculto de algún interesado, bien por imprevisión de los promotores de la ley. Porque desdeña las soluciones de fondo a la inseguridad y la violencia, que empiezan por depositar en el Estado el uso exclusivo de la fuerza y por hacer de la justicia un poder operante e insobornable. Rearmar a los civiles podrá ser una osadía mortal.
por Cristina de la Torre | Abr 16, 2024 | Abril 2024, Actores del conflicto armado, Álvaro Uribe Vélez, AUC, Clientelismo, Conflicto armado, Conflicto interno, Derecha, Desplazados, Desplazamientos, Farc, Guerrillas, Impunidad, JEP, Justicia, La paz, Paramilitarismo, Parapolítica, Partidos, Personajes, Uribismo, Violencia
Hay alborozo porque llega al fin la justicia, aunque atenuado el jolgorio por el miedo que se apoderó de esta Colombia sometida a crueldades no vistas en guerras pasadas. Así parece reaccionar el país al llamado a juicio del expresidente Uribe, salvo el círculo cada vez más encogido de sus amigos. El patriota bajado del cielo para redimir a su pueblo mutó a referente de fuerzas siniestras, de mano y corazón de piedra. No dejarán de supurar en la memoria nacional los 6.402 falsos positivos, hazaña que no lograron los dictadores del Cono Sur. Ni el homenaje que el político rindió al convicto general Rito Alejo del Río, después que la Procuraduría avalara petición de condena contra él como autor mediato del asesinato de Mario López a manos de paramilitares que jugaron fútbol con su cabeza. Muestra tenebrosa del recorrido de este hombre, hoy acusado de fraude procesal y soborno a testigos que lo vinculan a la creación de un grupo paramilitar.
Retoma la Fiscalía el expediente pletórico de pruebas de la Corte Suprema. Mas, genio y figura, se declara el procesado perseguido político, víctima de que quieran “abrirle las puertas de la cárcel sin pruebas”. Y, en uso de su proverbial habilidad manipuladora del electorado, agitará esa bandera en campaña para 2026. Pese a que el gran protagonista de la política se ha convertido en sombra del héroe, abatido bajo el fardo de sus excesos, que el país conoce ya y deplora.
Iván Cepeda, víctima en este proceso, se congratula de que nadie esté por encima de la justicia; pero invita a un acuerdo nacional construido sobre la verdad, no sobre el castigo, la venganza o la vendeta judicial. En gesto de grandeza, tiende su mano al acusado para sellar acuerdo de paz y reconciliación. Pero éste declara que no se allanará a trato igual con delincuentes, “como lo hicieron con las Farc, y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido”.
Acomodando los principios a su interés personal en cada circunstancia, nadie diría que hace sólo mes y medio propuso Uribe amnistía para recuperar derechos políticos de condenados. Y su Ley de Justicia y Paz de 2005, más que perseguir la paz, parecía una oferta de perdón, olvido e impunidad a violadores de derechos humanos. El proyecto quiso calificar como delito político la actividad paramilitar. Y la Corte Suprema determinó que sedición sólo hay en fuerzas que se oponen al Estado, no en aquellas que trabajan de consuno con él, como sucede con el paramilitarismo. Las Convivir, verbigracia, fueron organización paramilitar financiada y armada por el Estado. Pero Uribe insistió por años en su tesis: guerrillas y paramilitares podían ser beneficiarios del delito político de sedición. En tal moral acomodaticia, no sorprenden sus escrúpulos de hoy.
Este Gobierno avalaría ahora una ley de perdón judicial como instrumento de reconciliación: el proyecto anula condenas judiciales, archiva investigaciones en marcha, restablece los derechos políticos al afectado, y entrega a la persona del presidente la monárquica prerrogativa de concederlo. Recurso aplicado repetidas veces en nuestra historia, hoy entra en juego, no obstante, el derecho de las víctimas y se excluyen los delitos comunes y de lesa humanidad. En lugar de entregar poderes desbordados al príncipe, debería gestionarse en serio la ley que le falta a la paz para abordar negociación con subversivos y sometimiento con delincuentes comunes.
No se sabe si el expresidente Uribe resultaría absuelto o condenado. En todo caso, repugna crear leyes con nombre propio. Para una justicia restaurativa, ahí está la JEP con su proceso integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
por Cristina de la Torre | Feb 27, 2024 | Actores del conflicto armado, AUC, Campesinado, Conflicto armado, Conflicto interno, ELN, Febrero 2024, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Impunidad, Justicia, Narcotráfico, Paramilitarismo, Restitución de Tierras, Uribismo, Violencia
¡Como si nos faltaran mesnadas y grupos armados! Sin medir el riesgo de revivir las Convivir – germen del paramilitarismo al que muchos ganaderos se asociaron de buena gana- José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, invita a integrar Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera para responder a la inseguridad que también a ellos afecta. Se trata de “construir un tejido social que los proteja de los bandidos”, redes de apoyo pacíficas que adviertan a las autoridades sobre riesgo o comisión de delitos contra empresarios de bien.
Discurso idéntico al que justificó la creación de aquellas cooperativas que, con pretexto de legítima defensa, derivaron en la mayor fuerza homicida de una guerra que cobró 9 millones de víctimas. Así justificó su creación Pedro Juan Moreno, a nombre del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe: tenían ellas “el propósito altruista de interrelacionar la población civil con las autoridades legítimamente constituidas y crear entre la ciudadanía de bien una conciencia de colaboración con las instituciones del Estado…” Fedegán las apoyó, el puño en alto, y pidió que hubiera Convivir en todos los municipios y veredas.
Cómo negar que ganaderos fueron víctima de extorsión, abigeato y secuestro por las guerrillas. Que estas asesinaron a José Raimundo Sojo, directivo de Fedegán y, no ha mucho, el ELN secuestró al ganadero Heriberto Urbina. Mas las agresiones derivaron al punto en pretexto contrainsurgente para organizarse en autodefensas. Junto con paramilitares y narcotraficantes, se ensañaron ellas en la población inerme, a bala y motosierra, y operaron una contrarreforma agraria que arrebató 6 millones de hectáreas a pequeños campesinos.
Con razón descalifica el Ministro de Defensa la iniciativa: el Gobierno no patrocina o promueve proyectos que vinculen particulares a organizaciones de reacción contra el delito, declara, porque son formas de autodefensa. La Fuerza pública es la única autorizada para combatir la delincuencia. Una cosa es la colaboración de la ciudadanía con la autoridad y otra, la organización de grupos ciudadanos para enfrentarla. No demoró el ganadero Ofo Morón, coordinador del CD en el Cesar, en acusarlo de “alfil” de la izquierda. Y Joaquín Ovalle lo instó a renunciar: un tipo que ataca a los ciudadanos de bien, espetó, apoya a la delincuencia.
Nada nuevo bajo el sol. Hace casi 90 años, la defensa armada de grandes fundos ahogó en la Violencia la reforma agraria de López Pumarejo. Desde entonces, resurge ésta periódicamente; hasta el año pasado cuando, a la voz de reforma rural, de titulación y restitución de tierras, exhibió una ruidosa senda de camionetas fantasma que transportaban hombres en camuflado y armados. Pese a que el Gobierno les compra ahora tierras a precio de oro, quieren los ganaderos ganar con cara y con sello.
Vienen bien apertrechados de oscuros pergaminos. En cabeza de Convivires fungieron paramilitares. Salvatore Mancuso y dos ganaderos de renombre fundaron la Horizonte. El Espectador revela archivos sobre participación de reconocidos dirigentes ganaderos en la Convivir Papagayo. Declaró Hasbún a la Fiscalía haber fundado un grupo paramilitar en compañía de ganaderos, 91 de los cuales contribuyeron a financiarlo. El investigador Mauricio Romero recuerda (Razón Pública, 16,7,18) que en 2006 admitió la dirigencia de Fedegán que su gremio había financiado a paramilitares en el pasado.
Y por lo alto: Jorge Visbal, expresidente de Fedegán, fue sentenciado a 9 años de prisión por vínculos con paramilitares; el exgobernador de Córdoba y gerente del Fondo Ganadero de ese departamento, Benito Osorio, a 19 años, por la misma razón. ¿Puede Lafaurie ignorar el engendro que incursionó en el gremio? ¿Mide él las previsibles consecuencias de su juego con candela?
