Mucha pandereta, mucho fuego artificial del ministro Gaviria sobre control de precios a medicamentos y suspensión del glifosato, mientras refuerza el modelo mercantil que sume a la salud en su peor crisis en décadas. El indecoroso amparo del funcionario al lucro de las EPS consolida el aseguramiento privado y su intermediación financiera, que volvieron negocio de mercaderes el derecho a la salud. Y ultraja a los 568 hospitales públicos que agonizan en la indigencia porque no les pagan las EPS los casi cinco billones que les adeudan. Pero lejos de apretarlas, como es deber del ministro, éste les concede siete años de gracia para refinanciarse ¡con los propios fondos del sector! Y propone, además, compensar el desfalco perpetrado por esas intermediarias al sistema de salud con nuevos impuestos a los colombianos.
Eficiente distractor de este cometido primordial, la prometedora suspensión del glifosato es, de momento, apenas una propuesta; aunque de incierto desenlace, si cuaja, pues se estudia ya otro herbicida para reemplazarlo, acaso tan tóxico como el anterior. Como lo denuncia el exministro de Salud, Camilo González. No está clara, pues, la capacidad de la medida propuesta para replantear la política antidrogas.
Un segundo recurso a titulares de prensa que encubren el afianzamiento de la Ley 100 de salud es el supuesto ahorro de $1,6 billones en tres años por control de precios a medicamentos biotecnológicos. Modesto este medio billón al año, si se lo compara con las utilidades que las farmacéuticas de tales productos mantienen, pese al control de precios sobre algunos de ellos. O con los beneficios de las EPS –utilidades y apropiaciones indebidas sumadas. Y si hemos de creer a las cifras del ministerio, que oculta con celo los recobros por medicamentos al Fosyga. Recobros que pasaron de exponenciales a incontrolables.
El hecho es que la reducción de precios sobre estos productos se neutralizó con la venta de más unidades de los mismos, o de algún otro medicamento de la farmacéutica de marras. El laboratorio vendió menos caro pero en mayor cantidad, gracias al sucio trabajo de las EPS de inducción artificial de la demanda. Entre 2012 y 2013, cuando se introdujo el control de precios, las unidades vendidas de Rituximab aumentaron 63% y, en valores, el 22%. Entre uno y otro año, los ingresos por ventas saltaron de $93 mil millones a $113 mil millones. Entre 2013 y 2014, el NovoSeven más que duplicó ventas, si bien el número de pacientes seguía siendo el mismo. Del acetaminofén, producto estrella de los colombianos, ni hablar. El año pasado se vendió casi tanto acetaminofén de marca como del genérico. Pero el primero reportó $341 mil millones y el genérico sólo $38 mil millones. Todo, gracias a la publicidad engañosa de que producto de marca, aunque caro, es mejor. Si falla el control real de precios, también se desprotege la producción nacional de fármacos, y no se lanza el Estado a producirlos. Como en Sudáfrica, India y Brasil.
La Ley Estatutaria de Salud deposita en el Estado la dirección, organización, regulación y control del servicio. A instancias de esta norma, La Gran Junta Médica Nacional, que agrupa a las seis mayores organizaciones profesionales de la salud, insta al Gobierno a respetar la autonomía de los médicos. Y a superar la crisis del sector cambiando “el modelo de aseguramiento comercial por uno de aseguramiento social que reconozca la salud como derecho humano fundamental en el cual no quepan el negocio ni el afán de lucro de terceros”. Pepa del asunto que el Plan Nacional de Desarrollo contraviene olímpicamente, y el ministro burla haciendo ruido sobre iniciativas apenas esbozadas o de resultados inciertos.
Minsalud: mucho ruido…
Mucha pandereta, mucho fuego artificial del ministro Gaviria sobre control de precios a medicamentos y suspensión del glifosato, mientras refuerza el modelo mercantil que sume a la salud en su peor crisis en décadas. El indecoroso amparo del funcionario al lucro de las EPS consolida el aseguramiento privado y su intermediación financiera, que volvieron negocio de mercaderes el derecho a la salud. Y ultraja a los 568 hospitales públicos que agonizan en la indigencia porque no les pagan las EPS los casi cinco billones que les adeudan. Pero lejos de apretarlas, como es deber del ministro, éste les concede siete años de gracia para refinanciarse ¡con los propios fondos del sector! Y propone, además, compensar el desfalco perpetrado por esas intermediarias al sistema de salud con nuevos impuestos a los colombianos.
Eficiente distractor de este cometido primordial, la prometedora suspensión del glifosato es, de momento, apenas una propuesta; aunque de incierto desenlace, si cuaja, pues se estudia ya otro herbicida para reemplazarlo, acaso tan tóxico como el anterior. Como lo denuncia el exministro de Salud, Camilo González. No está clara, pues, la capacidad de la medida propuesta para replantear la política antidrogas.
Un segundo recurso a titulares de prensa que encubren el afianzamiento de la Ley 100 de salud es el supuesto ahorro de $1,6 billones en tres años por control de precios a medicamentos biotecnológicos. Modesto este medio billón al año, si se lo compara con las utilidades que las farmacéuticas de tales productos mantienen, pese al control de precios sobre algunos de ellos. O con los beneficios de las EPS –utilidades y apropiaciones indebidas sumadas. Y si hemos de creer a las cifras del ministerio, que oculta con celo los recobros por medicamentos al Fosyga. Recobros que pasaron de exponenciales a incontrolables.
El hecho es que la reducción de precios sobre estos productos se neutralizó con la venta de más unidades de los mismos, o de algún otro medicamento de la farmacéutica de marras. El laboratorio vendió menos caro pero en mayor cantidad, gracias al sucio trabajo de las EPS de inducción artificial de la demanda. Entre 2012 y 2013, cuando se introdujo el control de precios, las unidades vendidas de Rituximab aumentaron 63% y, en valores, el 22%. Entre uno y otro año, los ingresos por ventas saltaron de $93 mil millones a $113 mil millones. Entre 2013 y 2014, el NovoSeven más que duplicó ventas, si bien el número de pacientes seguía siendo el mismo. Del acetaminofén, producto estrella de los colombianos, ni hablar. El año pasado se vendió casi tanto acetaminofén de marca como del genérico. Pero el primero reportó $341 mil millones y el genérico sólo $38 mil millones. Todo, gracias a la publicidad engañosa de que producto de marca, aunque caro, es mejor. Si falla el control real de precios, también se desprotege la producción nacional de fármacos, y no se lanza el Estado a producirlos. Como en Sudáfrica, India y Brasil.
La Ley Estatutaria de Salud deposita en el Estado la dirección, organización, regulación y control del servicio. A instancias de esta norma, La Gran Junta Médica Nacional, que agrupa a las seis mayores organizaciones profesionales de la salud, insta al Gobierno a respetar la autonomía de los médicos. Y a superar la crisis del sector cambiando “el modelo de aseguramiento comercial por uno de aseguramiento social que reconozca la salud como derecho humano fundamental en el cual no quepan el negocio ni el afán de lucro de terceros”. Pepa del asunto que el Plan Nacional de Desarrollo contraviene olímpicamente, y el ministro burla haciendo ruido sobre iniciativas apenas esbozadas o de resultados inciertos.