por Cristina de la Torre | May 15, 2023 | Conversaciones de Paz, Guerrillas, Fuerzas Armadas, ELN, Gustavo Petro, Modelo Político, Modelo Económico, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, Acuerdos de paz, Actores del conflicto armado, Mayo 2023
Ha prevalecido la impresión de que el Gobierno lo concede todo, y el Eln, nada. Más aun, en espacios como este se temió que el nuevo modelo de negociación con esa guerrilla condujera al cogobierno con una fuerza insurreccional en armas, pues tampoco parecía ella dispuesta a deponerlas. Pero ahora, en una de sus más acabadas exposiciones, destapa el presidente Petro el lado oscuro del Eln: ésta no es la insurgencia que apuntaba a la derrota del Estado -declaró ante 85 comandantes de las Fuerzas Armadas-; hoy se contrae a pelearse con otros armados el territorio, en pos de la economía ilícita. Es esta la razón de ser del nuevo Eln, una federación de frentes autónomos que los añosos dirigentes con nostalgia de pasado revolucionario no representarían ya. Divorciado de ideales políticos, el Eln no sería más una fuerza insurreccional sino una organización marcada por la impronta de “la plata”, por la dinámica del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.
Severo mensaje envía el Presidente al tercer ciclo de conversaciones en Cuba: a la paz se arribará por una estrategia combinada de acción militar sin contemplaciones contra los circuitos del narcotráfico y políticas de desarrollo en las regiones. Destruir la economía ilícita mediante inteligencia y acción armada en el terreno, y recuperar el territorio con políticas sociales y económicas serán ahora las metas de la seguridad. Una cosa es la insurgencia, apunta Petro; otra, el engendro bifronte de dinero y terror del narcotráfico, que llenó el vacío ideológico resultante de la caída del muro de Berlín.
Señalaba esta columna las desmedidas pretensiones del Eln y la condescendencia del Gobierno en la reinstalada mesa de negociación. Todo bonhomía en los enviados del Presidente, la grosera petulancia de la contraparte humillaba la mano tendida del Gobierno. Mas la imagen que se proyectaba no era gratuita: exigía aquella cambio de modelos económico y político. Y éste operaría por decisiones acumulativas de la mesa, bajo tácita vigilancia (armada) de la guerrilla: cambio que se aprobara en la mesa debía traducirse en su respectiva política de Gobierno. Se cruzarían así líneas rojas del Estado de derecho que, si imperfecto, sólo podía reformarse en reglada lid democrática. Ejecutar medidas antes de un acuerdo final era invertir la secuencia de cualquier negociación de paz. Y era cogobernar.
“El Estado no abdica, se fortalece en beneficio de todos”, declara el manifiesto de 20 intelectuales y exnegociadores de paz, apuntando al buen éxito del proyecto de paz total. Juan Camilo Restrepo, Rafael Pardo, Enrique Santos, Jorge Orlando Melo, el general Fredy Padilla de León y Eduardo Pizarro, entre ellos, señalan que estos procesos son una concesión del Estado a grupos armados fuera de la ley, que debe redoblar medidas para garantizar el orden público. El cese el fuego sólo debe pactarse al final de la negociación, previa concentración de los armados y en zonas delimitadas. Pero es urgente buscar ya un cese de hostilidades contra la población civil. Objetivo primordial de los acuerdos de paz es la desmovilización de los armados, su integración a la democracia y el abandono de las armas. La ley de sometimiento tendrá que servir para combatir empresas criminales de enorme rédito económico, no para patrocinar rotación de elites delincuenciales.
En ruidoso viraje del trato prodigado al Eln hasta ahora, le quita Petro su hoja de parra y le advierte que el hecho de negociar con él no implica abandonar el combate contra su economía ilícita, ni permitir más violencia contra la población civil.
Coda. Colombia espera acción inmediata de la Fiscalía para indagar la desembozada amenaza de golpe de Estado proferida por el coronel (r) John Marulanda, cabeza visible de otros golpistas agazapados en el anonimato.
por Cristina de la Torre | Abr 4, 2023 | Conversaciones de Paz, Guerrillas, Cese multilateral, Paz Total, Fuerzas Armadas, ELN, Gustavo Petro, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Personajes, Impunidad, Acuerdos de paz, Proceso de paz, Corrupción, Actores del conflicto armado, Abril 2023
No es primera vez que sucede. El asesinato a mansalva de nueve soldados bachilleres en el Catatumbo por el ELN, motivo de orgullo para los jefes de esa guerrilla, es apenas el último capítulo de una saga criminal que se aferra como una raposa a la historia del grupo armado. Como los 23 jóvenes sacrificados hace cuatro años en la Escuela de Policía, no estaban éstos en territorio de combate ni batallaban. Pura cobardía.
El presidente Petro repudió el “ataque asesino de quienes hoy están absolutamente alejados de la paz y del pueblo”. Y Otty Patiño, jefe negociador con el grupo armado, conminó al ELN a definir, no con palabras, con hechos, si concurre a la mesa para fortalecerse militarmente o por genuina vocación de paz; si tiene unidad de mando, o el comandante militar del ELN y sus adláteres seguirán objetando cada decisión del negociador en la mesa; si persistirán en sus hostigamientos a las comunidades. La sostenibilidad del diálogo quedó sujeta al cese el fuego y de hostilidades contra la población. Pidió el expresidente Santos la definición pronta de una estrategia de seguridad, sin la cual la negociación, que en todos los casos debe combinar garrote y zanahoria, fracasaría por quedarse sólo en zanahoria.
Desde sus orígenes, fue costumbre entre comandantes del ELN imponer el fusil y la machimbre como argumento selecto de la revolución, mientras otros (también en la guerrillerada) reclamaban, candorosos, trabajo político de masas. Los pasaron por las armas, sindicados de traición. A Jaime Arenas, a Julio César Cortez, a Ricardo Lara, entre los muchos ajusticiados por diferencias de ideas. De Vásquez Castaño en los 60 a Antonio García hoy, ha degradado esta organización su propia guerra, librándola de preferencia contra el pueblo al que dice representar. Y, en más de un frente, movido por prevalecer en negocios que dejan tanto rédito como reguero de muertos.
Creyéndose vanguardia de los desheredados, ciega a la realidad, indiferente a las súplicas de la población, esta guerrilla se desmadró en agresiones contra ella. Más de 15.000 secuestros le calcula la Comisión de la Verdad, de los perpetrados por razones del conflicto entre 1990 y 2018. Si de terror contra comunidades se trata, ahí está Machuca, tragedia que el ELN provocó con la voladura del oleoducto central en Segovia el 18 de octubre de 1998, que tanto dolió en Colombia y llenó de estupor al mundo. A resultas del bombazo, se saturó de crudo el río paralelo al caserío, éste se incendió y el fuego se volcó sobre las casas con techo de paja. Según Fundapoyo, los sobrevivientes “vieron la noche convertirse en una bola incandescente que abrazó la vida de sus seres queridos”: 84 muertos, 38 heridos batiéndose entre la vida y la muerte, 230 familias afectadas y grave daño al ecosistema. Por espacio de nueve horas impidió esta guerrilla el acceso de equipos de socorro del Ejército y de la Cruz Roja.
Desde la autoridad que su compromiso con la paz le confiere, Carlos Velandia, cofundador del ELN y reinsertado en 1991, fustiga a esa guerrilla por querer negociar un acuerdo “a trompadas”: matando soldados, policías y civiles; poniendo bombas, volando oleoductos. Pide condicionar el diálogo a un cese unilateral del fuego por el ELN, y “que el Gobierno actúe con reciprocidad”. Se trata, sobre todo, de dar garantías a la participación de la sociedad.
Para el editorialista de El Espectador, “En su arrogancia y su violencia, sigue jugando el ELN con las esperanzas del país… El cese al fuego se convirtió en un requisito esencial para seguir avanzando. Si pactarlo no es una posibilidad, entonces la guerrilla no tiene voluntad de paz y no hay otra opción que seguir en el conflicto”. Sería destino inapelable si el ELN no comprende que su primer contradictor y víctima es el mismísimo pueblo colombiano.
por Cristina de la Torre | Dic 13, 2022 | Fuerzas Armadas, Violencia, Sanción Social, Paramilitarismo, Conflicto interno, Diciembre 2022
Ni Alberto Fujimori ni Iván Duque dispararon contra nadie. Pero al expresidente peruano se le adjudicó “autoría mediata en estructura de poder organizado” por el asesinato de 25 civiles en 1991, a manos de fuerzas de seguridad bajo su mando. Lo sentenciaron a 25 años de prisión. Aunque se trata de experiencias distintas, a la luz de la justicia internacional se inquiere si la brutalidad de la Policía que aquí cobró decenas de vidas entre manifestantes inermes en 2021 invocaría la misma figura jurídica, toda vez que el Esmad obedeció a lineamientos del alto Gobierno y éste desestimó la villanía de sus hombres.
Para el profesor Alfonso Daza, el concepto remite a la persona natural que debe responder penalmente por agravios contra la población civil cometidos, entre otros, por la Fuerza Pública. Podrá preguntarse si, como a los manifestantes se les dio trato de insurgentes, de enemigo interno, cabría el concepto de la Corte según el cual, en contexto de conflicto armado, aunque una autoridad no participara directamente podría tener responsabilidad de superior por omisión. O sería la ley del embudo: profilaxis de inmaculados custodios del orden sobre ciudadanos con enseña de subversivos porque protestan.
Las ONG Indepaz y Temblores acopiaron un arsenal de pruebas que les permitieron concluir: “la violencia homicida se ha cometido en medio de una decisión del Gobierno Nacional y de los mandos de la Fuerza Pública de promover un uso desproporcionado de la fuerza y tolerar el uso de armas de fuego con métodos de terror contra la protesta social”. El país entero registró horrorizado homicidios, lesiones oculares, violencia sexual, desapariciones y detenciones arbitrarias contra los manifestantes. Certificaron aquellas 75 asesinatos en el marco del paro, 44 de los cuales con presunta autoría de la Fuerza Pública, sólo en los dos meses que corren entre el 28 de abril y el 28 de junio de 2021.
De parecida jaez son los informes de la CIDH, de Human Rights Watch, de la ONU y la OEA, de Amnistía Internacional y los reclamos del Papa, el Parlamento Europeo y la bancada demócrata de Estados Unidos. Muchos denunciaron alarmados una violencia oficial comparable a la de Nicaragua. Y ni siquiera en esa dictadura se hubiera visto al presidente ataviado de policía en la noche que más muertos contó, sin una palabra de consuelo para las víctimas, sin un reproche para subalternos que disparaban contra la multitud, y sí, en cambio, con abrazos y lisonjas para aquellos “héroes”. Héroes que a todos los crímenes y excesos sumaron el de la violencia sexual desbocada, machista y sin control, como lo denuncia hoy en informe sobrecogedor Amnistía Internacional.
La pregunta no cesa: ¿quién dio la orden? ¿Quién en el paro, quién en los falsos positivos? No siempre se emite una orden expresa, explica Daza, ésta puede ser difusa, pero tiene que haberla. La responsabilidad predominante es del autor mediato, por el superior dominio de la decisión. Nuestra Corte Suprema cooptó la doctrina de que en aparatos de poder organizados, los delitos pueden recaer sobre el dirigente, el coordinador y el directo ejecutor o subordinado: eslabones articulados en plural coautoría, comprometen a toda la cadena de mando. Y esta autoría será por acción o por omisión. Señala Maria Emma Wills que hay órdenes explícitas, pero las hay también implícitas, a veces en una atmósfera de tolerancia con el crimen en la organización. Obedecen a una cultura institucional, a normas formales e informales que la dirigencia adopta y por la cual debe responder: o se dio la orden, o se cohonestó el crimen por omisión. Si no se configurara contra ese Gobierno imputación judicial por el horror causado, ¿tampoco merecería sanción social y política?
Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Feliz Navidad a los amables lectores.
por Cristina de la Torre | Dic 6, 2022 | Fuerzas Armadas, Farc, ELN, Violencia, Desplazamientos, Desplazados, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Líderes Sociales, Reforma Agraria, Partidos, Conflicto interno, Narcotráfico, Política agraria, Educación, Personajes, Régimen político, Diciembre 2022
Murió el más entrañable colombiano de los colombianistas. ¡Cómo duele! Una fila interminable de discípulos, estudiosos, dirigentes, líderes sociales y personas del común acusa aturdida el golpe de la Intrusa. Más de medio siglo vivió Piérre Gilhodés en Colombia, gran parte en Chaparral, patria chica de su esposa y el otro nido del francés. Investigador severo, inveterado correcaminos, la singularidad de sus tesis abonó el mundo de la academia y trazó pautas de análisis que perduran. Obra seminal en la materia, su libro Las Luchas Agrarias en Colombia demostró hace décadas que los conflictos por la tierra han signado la historia del país. El incesante trasegar por su geografía y sus gentes, por cifras y exploraciones de primera mano sobre la cosa agraria, trazó la ruta del asesor de Incora que, todavía joven, llegó a Colombia en los años 60. Después cofundaría la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado. Sería su docente estrella, brújula de un programa de estudios que otros replicaron, tutor y amigo de sus colegas y de la muchachada.
Más que observador del país, penetró Gilhodés en las raíces de su historia reciente. Las mostró a legos, entreverando el saber con el afecto y, con sus pares, se batió desde la ética de la lealtad en el acuerdo o en la discrepancia. Fue interlocutor natural del campesino, del guerrillero en negociación de paz, del empresario; contertulio de presidentes y expresidentes. A esta tierra ingresó por la puerta grande de La Vorágine, La Violencia en Colombia y el monumento irrepetible de Virginia Gutiérrez de Pineda, La Familia en Colombia. Se metió en mil problemas de teoría política, hasta sorprender con enunciados como aquel de que nuestros partidos tradicionales, a leguas de la modernidad, eran subculturas diferenciadas pero complementarias; que permitieron la alternación, mas no la alternativa. Debió de sentirse maravillado Gilhodés cuando vendría ésta a imponerse ahora por la fuerza de la historia.
Verdades de a puño hoy que en su hora arriesgó el maestro sobre historia y milagros de la política colombiana, son ya patrimonio de este sedimento teórico. Si en los años 30 -escribió- se intentó la modernización de los partidos, la Violencia, el clientelismo y el Frente Nacional los fosilizaron y los despojaron de toda legitimidad. Y no es que el régimen de coalición los fusionara sino que borró sus fronteras. Desapareció la noción de oposición y, con ella, un paral de la democracia. Barco resucitó el sistema de gobierno y oposición, pero a poco, en 1990, se volvió a las andadas del Frente Nacional. Entonces se eternizaron estas colectividades como partidos de notables y de electores, no de afiliados. Montoneras arriadas por jefes que inclinan la testa ante el mejor postor. Se dirá que hoy encarna César Gaviria la versión más depurada de tal partido de notables y, para rematar, sin electores. O casi. Coalición heteróclita de intereses locales y dispersos, reunidos sólo para gozar de una etiqueta rentable, precisó el maestro. Cascarón a la deriva en el mar de corrupción que había motivado la Constituyente del 91.
Como si fuera hoy, expresó Gilhodés hace 30 años: Colombia enfrenta la disyuntiva de madurar en democracia, con justicia social y reconciliación en la búsqueda del progreso; o bien ahogarse en la putrefacción que superpone crisis, guerrillas, narcotráfico, degeneración clientelista y el dinero como valor supremo. Se impone la creación y consolidación de partidos políticos sólidos: con partidos del siglo XIX, no habrá Constitución para el siglo XXI que valga.
Para la mar de los que nos sentimos huérfanos con la desaparición de Piérre Gilhodés, ahí está el maestro en su obra. Fecunda, provocadora y vital, como dijo él que debía ser el trabajo intelectual.
por Cristina de la Torre | Nov 29, 2022 | Fuerzas Armadas, Justicia restaurativa, Pacto Histórico, ELN, Izquierda, Conflicto interno, La paz, Posconflicto, Impunidad, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Actores del conflicto armado, Noviembre 2022
Sentimientos encontrados se tejen en la reanudación de diálogos con el ELN: esperanza, pues esta vez concurren circunstancias inéditas que prometen allanar el camino de la paz; pero también desconcierto porque sería ésta la primera vez que se negocie un conflicto sin exigir entrega de las armas, es decir, sin garantía de terminarlo. Además, podrían ellas derivar en espada de Damocles para presionar el cumplimiento de cada decisión parcial que la mesa adopte. Así, el ELN actuaría como veedor armado sobre el ejercicio del Gobierno legítimo y aumentaría el poder del fusil para contiendas menos nobles. Como su batalla por rutas del narcotráfico.
Entre las ventajas de este proceso, descuella el que nunca había la insurgencia negociado con un Gobierno de izquierda, abanderado de reformas parecidas a las que el ELN agitó y voz del pueblo que esa guerrilla presume representar. Al punto que ésta bien podría decretar pacto de adhesión al programa que triunfó en las urnas gracias al Acuerdo de La Habana y a la presión de los inconformes en las calles. No lo hará. Sobre todo porque cuidará la prolongación indefinida de la mesa como tribuna de propaganda ante el mundo, recurso archiconocido del ELN.
Tampoco se había integrado en el cuerpo de negociadores oficiales a un José Félix Lafaurie, vocero del partido y de elites agrarias que han fungido como ardorosos enemigos de la paz. Ni había sido tan completa y diversa la representación de la sociedad en el equipo negociador. Un gran motivo de esperanza: que la suerte de la negociación se depositara en la inteligencia, la experiencia y la sindéresis de Otty Patiño, con la Constitución del 91 como barrera infranqueable. Y la decadencia ideológica del ELN, que sustituyó la lucha por el poder del Estado para erigirse en alternativa, por la guerra de varios de sus frentes contra rivales para prevalecer en el narcotráfico. Poder militar y económico que hiere de muerte el carácter político de esa guerrilla.
Mas contra estas auspiciosas circunstancias conspira el objetivo declarado: no buscar que el ELN entregue las armas, sino que no las dispare. Fórmula matizada por el proyecto temporal de desescalar el conflicto mediante una agenda humanitaria para ahorrar sufrimiento a la población, cese el fuego y acuerdo final en la mira. Como acaba de anunciarlo la mesa. Ya se aludía en este espacio a las objeciones de Sergio Jaramillo al modelo de negociación por acuerdos parciales, de concesiones sin contraprestación, porque no garantizan el desarme final, que es la finalidad de todo proceso de paz. Ni asegura la desmovilización de los poderosos mandos medios, ni el desmonte de los negocios ilícitos.
Tampoco habla (¿hablará?) de las víctimas: de los 450.664 muertos habidos en el conflicto sólo entre 1985 y 2018 (la mayoría civiles según la Comisión de la Verdad) 122.000 de los cuales corren por cuenta de las guerrillas; ni de los 9.646 secuestrados por el ELN. ¡9.646! Ni de Machuca, la dantesca conflagración de un río por acción del grupo armado contra el oleoducto, que causó 84 muertos. Ni pide perdón por el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía que cobró hace tres años la vida de 22 muchachos.
Promisorio podrá resultar el diálogo, pero sin reconocer el horror causado, sin allanarse a la justicia y sin deponer las armas, será canto de sirena. De la cabal implementación del Acuerdo de la Habana, de la eficacia en los planes contra la pobreza, de la acción persuasiva de una Fuerza Pública que mantenga en alto la guardia y de la entereza de los negociadores del Gobierno dependerá el buen suceso de esta negociación de paz. Paz sujeta a la desmovilización final del ELN, no convertida en apaciguamiento. Paz en armas es contradicción en los términos.
por Cristina de la Torre | Oct 17, 2022 | Agencia Nacional de Tierras, Desarrollo agrícola, Pacto Histórico, Economía productiva, Gustavo Petro, Reformas liberales, AUC, Desplazamientos, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Reforma Agraria, Tierras, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Política agraria, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Modelo Económico en Colombia, Actores del conflicto armado, Octubre 2022
Pragmático en su empaque de humanista reformador, la mira puesta tercamente en la paz, Petro negocia por lo alto con el latifundismo: con José Félix Lafaurie, figura de recibo en el gremio ganadero, aun entre quienes fungieron allí como agresivos instigadores y usufructuarios de la guerra. Consigue el mandatario a un tiempo poner en hibernación ejércitos privados y acometer la anhelada reforma agraria. Será demostración de que la paz viene adherida al cambio. Al tránsito de ganadería extensiva a agricultura intensiva en manos de campesinos. Y no mediante la expropiación que la legislación colombiana autoriza para tierras subexplotadas, sino con la fórmula más conservadora, la de Carlos Lleras: comprar tierra para redistribuirla entre quienes la necesitan.
Incorar se le llamó en su hora, mas con tantos tropiezos y vacíos, que en medio siglo entregó escasos 2 millones de hectáreas; mientras se aspira ahora a reunir 3 millones, de procedencias varias, en el curso de un gobierno, y con los necesarios apoyos financiero, de infraestructura y técnico. Moñona. Petro le baja decibeles a la violencia y, a la par con titulación de predios y recuperación de baldíos, emprende por fin la reforma del campo. Pero el efecto político no suma sólo al haber del Pacto Histórico borrándole el Inri de expropiador. Es también carambola calculada con esmero por lo más granado de la derecha; “un acuerdo de alta política”, diría Lafaurie, para subirse al tren de la paz y del cambio, que arrastra el sentir mayoritario del país y el aplauso del mundo.
En abordaje del Acuerdo de Paz, la ministra López anuncia compra de tierra productiva en la frontera agrícola a Fedegán y a otros oferentes posibles, previa evaluación de su capacidad productiva, de la legalidad de sus títulos, sin pleitos, a paz y salvo en impuestos, en posesión de su dueño y revisado el precio por el IGAC. El reto primero, ha dicho, llegar al amplio sector que produce alimentos, siempre marginado de la política agraria, del crédito, del agua. Aunque apunta también a la gran producción y a las cadenas productivas entre economía campesina y agroindustria. Propone entronizar el sistema silvopastoril para la producción de carne y leche: liberar 20 millones de hectáreas de los 39 millones dedicados a ganadería extensiva, para sumarlos a los míseros 7 millones destinados a agricultura, sin afectar la producción ganadera.
“Es mucho mejor comprar tierras que crear pánico con la expropiación”, declaró el poderoso terrateniente Álvaro Uribe. “No, replicó el especialista en problemas agrarios Alejandro Reyes, mejor extinguir el dominio que comprar la tierra”: el Estado pierde en un mercado de monopolio de quienes engordaron la tierra sin trabajarla y ahora querrán venderla con valores inflados, a precio comercial. Para evadir la extinción de dominio, alegarán ellos que sí explotaban la tierra (¡con menos de una vaca por hectárea!). Retomando la idea original de la ministra, insta Reyes a fijar el precio con base en la declaración de renta: o se confiesan evasores de impuestos o se confiesan propietarios improductivos. Y entonces el Estado podrá comprar esas tierras a su precio real. Punto sensible del acuerdo con Fedegán, que debería revisarse.
Si bien este Gobierno escogió negociar en vez de chocar, comprar en vez de extinguir el dominio y comprometer en la Paz Total a todos los actores del conflicto, revisar el criterio de fijación del precio de compra no quita lo bailado. Protegería las finanzas públicas y favorecería, más bien, los proyectos productivos aledaños a la entrega de tierras. Su poder negociador dependerá en mucho del acompañamiento del movimiento campesino, combativa avanzada del pueblo que eligió a Petro presidente. Y éste pasaría a la historia como gran hacedor de la reforma agraria.
