Paz: volver a barajar

ELN y EMC de Alias Mordisco, dos fuentes de crisis en las conversaciones de paz, pero también dos efectos divergentes sobre el proceso: en el primero, el secuestro de don Manuel Díaz desnuda anchas grietas en la negociación. En el segundo, el abandono de la mesa por el grupo en armas responde a la ofensiva militar que obstaculiza sus negocios ilegales y a la contrapropuesta de sustituirlos por una economía legal concertada con el Estado.

Esta crisis que disloca las negociaciones con el ELN no se resuelve con pronunciamientos de esa guerrilla sobre el secuestro. Si es que los emite, después de los 9.500 secuestrados que la Comisión de la Verdad le adjudica. El derecho a la paz del país acosado por minorías frenéticas, acá y allá, impone una reconfiguración de la matriz misma del proceso. Respuesta apenas ajustada a la afrenta del jefe eleno Antonio García, que al clamor de parar este crimen espetó: “no se hagan ilusiones”. Ya en junio, a la firma del cese el fuego, se pavoneó Beltrán, su jefe negociador, con la advertencia de que no abandonarían el secuestro. Y la delegación del Gobierno calló, por no llamar secuestro al secuestro. Como ha callado o cedido a sus exigencias, impensables en negociaciones de paz. 

Cándida liberalidad del Gobierno que suelta la rienda en secuestro y al parecer también en otras materias de monta. Abrió de entrada el comisionado Danilo Rueda la puerta a concesiones mayores, al declarar que el Gobierno no interpondría líneas rojas en la negociación. Así, la meta de poner fin al conflicto es una pincelada de niebla en la agenda y la de renunciar a las armas no figura; antes bien, ha dicho el ELN que jamás las dejará. Si la idea del cese el fuego era amortiguar la violencia, éste debió acompañarse del cese de hostilidades, de las violencias que los armados ejercen contra la población inerme: secuestro, confinamiento por paro armado, desplazamiento, asesinato, violación.

Pero si el ELN tira el chorro tan alto, no parece haberlo mantenido la disidencia de las Farc en el Cañón del Micay. Contra su hegemonía de 13 años en ese territorio ordenó el presidente Petro la operación Trueno, el Ejército recuperó posiciones vitales en la logística del narcotráfico, rey en la zona que representa el 75% de los cultivos de coca del Cauca. Y allí se quedó. A la voz del general Federico Mejía seguirá la operación Trueno pues “para el Ejército no hay zonas vedadas”. Entonces el EMC se levantó de la mesa y advirtió, eso sí, que no cesaba el cese el fuego. Sin negociación, sin avances en acuerdo de sustitución de economías ilícitas, sin fin de hostilidades contra la población, no hay cese el fuego posible, replicó el primer mandatario; y agregó que tal vez hubiera sido prematura la negociación política con esa disidencia. Explicó que el EMC ha resentido la recuperación militar que avanza en ese territorio. Que la estrategia de sustitución de cultivos, en principio acogida por ellos, habría bloqueado sus negocios ilícitos. Que será preciso replantear la negociación con el EMC.

Por primera vez se dibuja en los hechos la política de paz total: acción militar contra economías ilícitas de grupos armados y en defensa de la población civil, de un lado; de otro, la solución socioeconómica. Para el caso del Micay, una ambiciosa estrategia de sustitución de cultivos a dos manos con el Estado.

También con el ELN, será de volver al abecé: en palabras de José Gregorio Hernández, la paz no puede implicar sujeción de la autoridad legítima al chantaje o a las condiciones de la subversión. Es hora de trazar metas claras, líneas rojas y desplegar la política de seguridad. Volver a barajar.

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Haciendo patria con sangre

Guerra que se respete se reputará justa, patriótica, santa; mientras más muertos, más campanillas: la de Hamas, con sus 1.200 israelitas asesinados este 7 de octubre; el genocidio que en respuesta protagoniza Netanyahu sobre Gaza, la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, y sus 4.500 caídos a la fecha;  las agresiones del inmaculado Occidente contra Afganistán, Pakistán, Irak y Siria, que cobraron 350.000 vidas en ataque armado y por efecto colateral, según el Instituto Watson; la de Ucrania, presa en disputa de dos imperios; la eliminación de la décima parte de la humanidad en dos conflagraciones mundiales, antesala también de nuestra guerra contrainsurgente infestada de narco, con derivaciones escabrosas en Bojayá y Machuca a manos de FARC y ELN, o en los 6.402 falsos positivos de la Seguridad Democrática. Guerras todas beatificadas sobre la tumba de sus víctimas.

Contra Palestina, única nacionalidad sin territorio, se bate la marca de la crueldad: sitiada por hambre, frío y sed, presa de pánico por bombardeos que no perdonan hospitales, se opera allí con el último bisturí y sin anestesia. Los niños que sobreviven tiemblan. Y Biden, mentor de la democracia, retrasa el ingreso de auxilios y veta en la ONU propuesta de cese el fuego. 

En la añosa tradición de Napoleón que impone a bala y a puñal en el mundo los principios de libertad, igualdad y fraternidad, savia de la Revolución Francesa, EE.UU. y la OTAN presentan sus carnicerías como “intervención humanitaria” y “legítima defensa preventiva”. Entre tales mohines de hipocresía y patriotismo de cuatro pesos, medra la paradoja de Raskolnikov: ¿por qué a Napoleón que carga sobre sus hombros con medio millón de muertos se le tiene por héroe y a mí, por matar a una vieja usurera, me condenan por asesino?

Hoy se ve el conflicto convencional desplazado por la confrontación terrorista de adversarios que burlan las reglas de la guerra trazadas en Ginebra en 1949. La primera, el respeto a la población civil. Si ilusorio suprimir las razones del poder que dan vida al conflicto, cabe al menos restablecer parámetros que lo someten al derecho internacional humanitario. Según ellos, por loable que parezca el motivo de beligerancia, debe siempre protegerse a la población no combatiente y evitar el uso desproporcionado de la fuerza. Su lema: nadie puede, a título de legítima defensa, fungir de bárbaro para responder a la barbarie. 

Sería preciso adaptar controles a modelos de confrontación como el afgano, replicado en Siria e Irak tras el atentado de horror a las Torres Gemelas. Aquí la intervención militar reemplaza a la tropa propia por aliados locales armados y entrenados por Estados Unidos, con apoyo de su aviación y de sus Fuerzas de Operaciones Especiales; el aliado se convierte en ejército sustituto, de mejor recibo en la opinión doméstica, y más barato.

Verdad de a puño que Netanyahu y sus potencias aliadas desoyen: la única salida al conflicto entre Israel y Palestina es la creación (años ha pactada) de dos Estados independientes y con territorio propio. La negociación tendría que ser política. Mas, para acometerla, sus personeros habrán de reconocer antes el desafío formidable de la sociedad movilizada en el encono. Han debutado ya ríos de manifestantes en las capitales del mundo. En Nueva York, miles de judíos protestan contra su Gobierno, como protestan multitudes de israelitas en su propia tierra. Y la esperanza hecha maravilla: un torrente de mujeres hebreas, musulmanas y cristianas desfila durante horas, las manos enlazadas, cantando a la alegría, a la paz, a la vida de los niños. ¡No más hacer patria contando muertos!

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“Da más la política que el narcotráfico”

La frase, de un congresista en prisión, alude a una realidad abrumadora: se ha pasado en Colombia de la cruda incursión del narcotráfico en elecciones a la corrupción política como profesión. Se asimila el reino de la ilegalidad al negocio de la política, mientras hombres de negocios proceden como mafias. Los comicios son cada vez más una feria en mercado libre de inversión y de lucro, de lavado de activos y asalto de piratas que pasan por políticos a los recursos del Estado. Ideas, pocas o ninguna; es el poder por el poder, por el erario. A dentelladas. Lo que alarma ahora es que el fenómeno pueda penetrar en su antípoda moral: en la fuerza contestataria representada por el hombre que encaró la parapolítica, con riesgo de su propia vida, y que hoy encarna los anhelos de cambio. 

Artífice de este azar, su propio hijo. Deslumbrado por los fuegos de artificio que rodean el ascenso de sectores que reclaman su parte en el poder -a menudo desde el delito y el crimen- resulta Nicolás Petro sindicado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Revela, además, financiación ilegal en la campaña del presidente. Sin pruebas para querella judicial, el daño es político: estocada directa a la yugular, desestabiliza al Gobierno y compromete su proyecto reformista. El presidente Petro está obligado a pasar de la presunción de inocencia a demostrarla. Tendrá que demostrarla por honor, y apuntando a menguar la marcha de la fronda que menea cada día nuevos pretextos para tumbarlo.

Agranda ella errores del reformador -por serlo- mientras sigue echando tierra a las vergüenzas de sus antecesores. No defenestró a Uribe por encontrarse su bancada incursa en parapolítica (narcotraficantes, políticos y empresarios en llave); ni porque corriera la ruidosa bola del enriquecimiento de sus hijos por favores del poder. Tampoco movió un dedo para emplazar a Duque cuando se sindicó a su campaña de recibir dineros del narcotraficante Ñeñe Hernández; ni cuando, suvenir de despedida, enterró la Fiscalía la investigación.

Mucha agua ha pasado bajo el puente desde el proceso 8.000, afirma Gustavo Duncan; no es el mismo río, pues ha cambiado la relación entre narcotráfico y política. El cartel de Cali aportó directamente a la campaña de Samper. Pero con la desmovilización de las AUC y las Farc, reyes del narcotráfico, los armados se desplazaron hacia la periferia y se fortaleció en su lugar el poder político de un sector económico enriquecido en el negocio: lavadores, contratistas del Estado, contrabandistas, políticos corruptos colonizaron franjas enteras del poder público y minaron la democracia. Conforme perdían poder los armados y las mafias,  agencias del Estado y sus recursos se volvieron fuente privilegiada de riqueza. Ahora son empresarios especializados en contratación pública, en lavado de dinero y contrabando quienes financian las campañas, explica Duncan. Mil indicios y sospechas de tratativas con la corrupta Odebrecht salpican a los expresidentes Uribe, Santos y Duque.

Parte de la nueva capa social se integra a las elites desde su ilegalidad de origen, así como el narcotráfico movió su mercancía por la red de vías que los viejos contrabandistas habían trazado desde hace casi un siglo. Aventureros que en Antioquia, verbigracia, alcanzaron prestancia parecida a la de los paladines de la industria. ¿Ninguna distancia crítica? ¿Rige para todos la misma identidad ética edificada en la exaltación del enriquecimiento personal a toda costa?

Si equidad y democracia han de ser parales del acuerdo nacional, tendrán ellos que afirmarse en la profilaxis de la política. Y esta debería empezar por aplicar  sanción jurídica o social a los hijos del Ejecutivo que hayan abusado de su condición de privilegio.

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ELN: ¿política en armas?

Si declaratoria de cese el fuego por seis meses con aval de la ONU y participación de la sociedad en el proceso con el ELN marchan por un mismo carril, se comprenderá la largueza del Gobierno en propiciar el lanzamiento político de esa guerrilla en la capital. Primer acto público ante 30 organizaciones sociales y miles de televidentes, tras haber transitado del ideal revolucionario a la guerra non sancta. ¿Abusará el ELN de esta prerrogativa política escamoteando en la negociación el fin del conflicto y la dejación de armas? Es que han insistido ellos en que su fin no es el desarme sino eliminar las causas del conflicto. Maximalismo que bloquea la negociación y, además, ante la boca del fusil no hay pueblo que valga. Empero, más allá de la historia, acaso empezara este acto público a materializar el sueño dorado de la paz, hoy encarnado sin atenuantes en el presidente Petro: migrar de las armas a la política y sellar un acuerdo nacional sobre cambios impostergables; el primero, la reforma agraria, que es mandato constitucional del Acuerdo de La Habana. 

Pero el recurso a la sociedad actuante en el proceso con el ELN riñe con la determinación del grupo de persistir en la hostilización de las comunidades, conforme se disputa con otros armados el predominio en la economía subterránea. Pese a que la tregua implica respeto al derecho internacional humanitario y, por ende, a la población civil. Cruda paradoja: más de un indígena, negro, campesino, dirigente político, líder social o defensor de derechos entre los convocados al acto de paz de Corferias resentirá como una cachetada la declaración de Aureliano Carbonel, miembro negociador de esa guerrilla, cuando se le reclamó por no declarar también tregua humanitaria. Las actividades ilegales para financiar su lucha no cesarían, respondió; “en este proceso de cese la organización no puede debilitarse estratégicamente (…). Las operaciones financieras siguen”.

Siguen, pues, el secuestro, la extorsión, su alianza en el cartel del robo de crudo a Ecopetrol con encopetados empresarios; los paros armados que aterrorizan a la gente, cercenan sus libertades de opinión, de locomoción, de trabajo y la confinan al hambre entre cuatro paredes mientras la economía de la droga despliega libremente su logística. Lanzado el ELN a la conquista de la esquiva opinión, ¿tendrá futuro su receta de política en armas y hostilidad contra la población? ¿Se allanará a la estrategia de seguridad humana que persigue, ante todo, garantías para que las comunidades puedan vivir sin miedo?

Para transmitir las iniciativas de cambio de la sociedad sobre modelo económico, régimen político y justicia ambiental, creó la mesa un Comité Nacional de Participación, que resultó plural y diverso gracias a la mano niveladora de Lafaurie. Existen además otras fuentes de consulta popular como las asambleas convocadas por el presidente, las consultas populares que nutrieron el Plan Nacional de Desarrollo y los Pdet que trazaron planes de desarrollo allí donde más se sufría por la guerra. Fuentes todas que podrán abrirse como cajas de pandora y subvertir el orden de prioridades dispuesto por el ELN. Qué tal que propongan encarar primero el fin del conflicto o responder a sus víctimas o concentrarse en la reforma agraria que Petro menea como prioridad.

Qué tal si se logra el acuerdo nacional entre gobierno y oposición, sancionado por el Congreso, a partir de una reforma rural que cuenta con $5 billones iniciales para comprar millón y medio de hectáreas entre tierras malogradas en ganadería extensiva, para que viejos y nuevos propietarios vivan mejor explotándolas a derechas. 

El presidente invita al ELN a honrar la iniciativa popular y sus prioridades, lo insta a situarse del lado del pueblo, pero sin armas. ¡Déjenlas -les pidió- eso es lo revolucionario!

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Hambre y sangre

Como en los países menesterosos del Tercer Mundo, sucede en éste, el segundo más desigual del continente. Al tiempo, tuvieron que cantarlo 8 oficiales del Ejército a instancias de la JEP en Dabeiba para derrotar el negacionismo de los responsables políticos del genocidio encarnado en 6.402 asesinatos de civiles presentados como bajas de las Farc en la guerra contra ellas. La mayoría en el Gobierno Uribe, supuestamente a instancias del general Montoya, excomandante del Ejército que, según los comparecientes a la audiencia, exigía litros, carrotanques, ríos de sangre. Muertos, como fuera.

Huevos incubados en el mismo nido -falsos positivos y hambre por marginalidad, corrupción y despojo de tierras- parecen retocar un lienzo común: el formato de la violencia como sistema, tan caro al añoso poder hacendario que, cuando no vistió de paternalismo sus crueldades, las desnudó sin pudor. Que, a fuer de guerra contrainsurgente, contrajo a bala su política de seguridad, ejecutó una contrarreforma agraria a muerte y, allí donde más se ensañó, disparó el hambre. El hambre, hija del desempleo, de la informalidad, de la precariedad del ingreso o de su falta absoluta. Hija del asalto a bienes públicos y fundos campesinos por las gavillas más avezadas de la gente de bien.

Tras la muelle indolencia de los apoltronados en el sistema de abuso y privilegio que se asume como sino natural, escurren el bulto los responsables últimos de falsos positivos. Por cobardía, por miedo a la verdad y al castigo. A la verdad develada en Dabeiba ante sus víctimas: los falsos positivos no fueron hecho fortuito de algún díscolo uniformado; fueron estrategia oficial, sistemática de  Seguridad, política institucional de un Gobierno que encarnaba a un tiempo la jefatura suprema del Estado y de las Fuerzas Armadas. Si no penal, ¿le cabe responsabilidad política, aunque se diga ahora “traicionado” por sus subalternos? “No éramos ruedas sueltas, había una jerarquía de mando”, declaró el sargento Ochoa. Con idéntico criterio de cadena de mando acaba de imputar la JEP a 10 miembros de las Farc como “máximos responsables (del secuestro de 144 personas) por su liderazgo y ostentación de mando”.

Agudización de la pobreza, con sus secuelas de hambre y exclusión, resultó de la masiva expropiación de la pequeña propiedad rural en la Costa Caribe. En particular en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar que hoy acusan los peores índices de la FAO, y la incontenible expansión de la hacienda ganadera. Fueron ellos epicentro del sangriento proyecto político, militar y económico del paramilitarismo y de su brazo desarmado, la parapolítica. Formidable fuerza de apoyo de la ultraderecha que se pavoneaba en el poder del caudillo, parte sustantiva de cuyo ejército hacía la vista gorda ante el despojo y sumaba cifras de “bajas guerrilleras”: de falsos positivos.

El programa Hambre Cero sólo alivia si se ejecuta al punto, con subsidios y creación inmediata de empleo juvenil. Atacar sus causas será estrategia de mediano y largo plazo.  Sobre falsos positivos, la comentarista Shirley de este diario señala que estamos ante la monstruosidad de un genocidio. Para esclarecerlo pide identificar a sus determinadores: ”No queremos venganza ni odio -remata- sólo justicia, ya, para mañana es tarde”.

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Paz con el Eln, entre el azar y la esperanza

Aunque prematuro porque la Fuerza Pública tendría que bajar la guardia sin que el Eln se hubiera comprometido a propiciar activamente el fin del conflicto, el cese el fuego de 6 meses con esa guerrilla abre una ventana de esperanza. Más aun con las palabras de Gabino. El excomandante máximo dijo estar dispuesto a “aportar lo que me queda de vida en este esfuerzo por la paz”. Instó a todos sus frentes, mandos medios y combatientes a respetar el cese el fuego en forma “sagrada, responsable y decidida”. 

Voz confiable la suya, contrasta con el descarnado deleite de Antonio García en desmentir al Presidente de la República sobre la terminación del conflicto. Que no, que no se acaba la guerra en 2025. Ni en fecha alguna que aventure él. Pretextando rigor en los términos acordados, mata García dos pájaros de un tiro: mancilla la dignidad del Primer Mandatario y exhibe su puño de hierro cuando de paz se habla. Y Pablo Beltrán, jefe negociador del Eln, ironiza ante las cámaras: habrá cese el fuego bilateral, sí, pero no cese de hostilidades; secuestro y extorsión seguirán su marcha contra la población. Como si faltaran “claridades”, Bernardo Téllez pone la cereza al pastel. El cese será apenas con las Fuerzas Militares, no con los otros armados ilegales. Con éstos seguirán ellos en disputa por el control del territorio y el sometimiento violento de las comunidades, condiciones de éxito para prevalecer en economías ilegales.

También la participación de la sociedad civil, gran innovación en negociaciones de paz, acusa doble racero. ¿Cómo no acudir a la base social si ella es fuente primera del cambio que la mesa se propone protagonizar, acogiendo de manera “automática y vinculante” sus propuestas? El recurso al pueblo es democrático por definición. Pero si en el Comité de Participación predominan organizaciones no representativas o reconocidas por amplios sectores, ni plurales, ni regidas por reglas del juego formales, podrán imponerse intereses sin jerarquía o sólo de entusiastas movidos por la guerrilla. Sus propuestas serán insumos para la mesa, que los depurará en un Plan de Ejecución de los Acuerdos de Paz con el Eln.

¿El vocablo “vinculante” significa aquí de forzoso cumplimiento? ¿Sean cuales fueren las iniciativas que se reputen como solución a las causas del conflicto social, político, económico y armado? ¿Por encima de los cuerpos de representación y ejecución política (Congreso, Asambleas, Concejos, Presidencia, Gobernaciones y Alcaldías)? ¿Por encima de los planes locales y del Plan Nacional de Desarrollo, alimentado en consultas populares y aprobado por el Parlamento?  

El hecho es que la comunidad expresa necesidades, no intereses mediados por partidos políticos, y sus voceros carecen de la representatividad que asiste a los elegidos en las urnas. Ni el movimiento social, ni los consejos comunales de Uribe, ni las asambleas populares que ahora convoca Petro suplantan a la representación política. Por más que la Carta del 91 hubiera empotrado su idea de democracia directa sobre la destrucción de los partidos.

Una común aspiración a deliberar y decidir emparenta a organizaciones de base con las asambleas de marras, concebidas para debatir reformas e impulsar los acuerdos de paz. Grave riesgo ve en ello Pedro Medellín, pues en medio territorio mandan grupos armados que manejan la economía, cobran impuestos, administran justicia y controlan el tránsito humano. Peligroso le parece este “parlamentarismo popular” que adoptará decisiones de gobierno brincándose las reglas del juego del Estado de derecho. Máxime si quienes lo controlan van armados.

Cese el fuego y participación de la sociedad son ejes de una negociación signada hasta ahora por la incertidumbre. Pueda ser que con la voz de Gabino tan azaroso proceso ceda el paso a la esperanza.

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