No juega apenas la vanidad de disputarle a Santos protagonismo en el desenlace del proceso de La Habana; ni la exigencia de honrar su propio discurso vociferando todos los días contra la paz. La estrategia medular de Uribe es una constituyente que, so pretexto de reconsiderarlos, apunta a demoler los acuerdos de Cuba. A bloquear el tránsito hacia una democracia menos precaria, con su repulsa a concederle a la insurgencia desarmada el derecho de hacer política, paso primero hacia un genuino pluralismo. En contravía del acuerdo rural con las Farc, apunta también Uribe a mantener el estado de cosas en el campo. Y, quizás, a abolir la norma que obstaculiza el retroceso hacia su patria feudal: aquella que desde 1936 consagra la función social de la propiedad. Como tocado por idéntico propósito, el Consejo Gremial Nacional cuestiona ahora la ley de 1994 que desarrolla esa norma.
El descalabro electoral del uribismo –con escaso 10% de los votos en octubre– grita hastío de guerra. Pero el senador del Centro Democrático porfía en lubricar el motor del conflicto, defendiendo el latifundismo rentista y dejándose rodear de usurpadores de tierras, a menudo colinchados con el crimen. Y de los empresarios de marras, eco tardío de las patéticas tergiversaciones del Acuerdo Rural suscrito hace año y medio entre el Gobierno y las Farc. En lo que el texto rezaba explotación productiva del suelo, acceso a la tierra como medio de hacer justicia y economía campesina en convivencia con la agroindustria, el uribismo leyó amenaza a la propiedad privada, “un grave riesgo para la certidumbre jurídica del campo”, inminencia de expropiación y colectivización, pauta diabólica del castro-chavismo. Y aprovechó para cuestionar leyes añejas de expropiación y extinción de dominio sobre tierras inexplotadas o adquiridas ilegalmente. Oso peludo del embrollador Rangel cuando se comprobó, palabra por palabra, que aquel acuerdo se ceñía rigurosamente a la Constitución y a la Ley. Ley de expropiación con indemnización por motivos de interés social y utilidad pública, vigente desde hace décadas y de la que el uribismo abomina. Derecha hostil aun al más tibio intento de reforma.
Como resucitados de sus cenizas, vio el uribismo reencarnarse sus infundios en la misiva de los poderosos gremios. Que los acuerdos de Cuba “podrían” violentar el Estado de derecho, la seguridad jurídica, la propiedad privada y la economía de mercado, dijeron. Y la perla de la involución: si bien la ley contempla expropiación por los motivos dichos, éstos “deberán ser revisados y reglamentados” en un marco de seguridad jurídica. Curiosa reivindicación de garantías en elites todopoderosas que acomodaron siempre la ley a sus intereses y nunca la exigieron para los de ruana. A no ser que quienes redactaron el apartado agrario –tan lejos de los que escribieron otro documento que propone reindustrialización– quieran blindar propiedades usurpadas o habidas ilegalmente. O equiparse contra la actualización del catastro rural, vía segura de reforma agraria.
Vista la concentración de tierras improductivas, asevera el exministro Juan Camilo Restrepo que en Colombia se impone un cambio en las estructuras agrarias, con respeto a la ley, a la propiedad legítimamente adquirida y al debido proceso. Pero diríamos que ésta será bandera, moderada o radical, en manos de fuerzas diversas, libres, si la extrema derecha y las guerrillas deciden, por fin, hacer política sin armas. De momento, se dibuja el camino, imperfecto pero jamás logrado con las Farc, para marchar hacia un país mejor. Si no se ferian los laboriosos acuerdos en una constituyente manipulada por aquella derecha irreductible.
