Si no es globito electorero del uribismo, apuntaría al control de precios que ya Alejandro Gaviria ensayó. Colada entre insinuaciones de declarar borrón y cuenta nueva para la billonada de deudas contraídas entre EPS, hospitales y el Estado –punto final de ostensible ventaja para las primeras– una luz de esperanza habría brillado esta semana. Julio César Aldana, director de Invima, retoma la idea de abrir el mercado a genéricos de fármacos biotecnológicos cuando los precios de monopolio han puesto el sistema de salud al borde de la quiebra. Precios de multinacional farmacéutica que pesan abrumadoramente sobre los recobros por medicamentos que en el último año representan 20% del gasto público en salud. Propone el funcionario echar a andar el decreto de 2014 que les abre a los monopolios competencia, en particular al grupo de biosimilares. Clásica manera de quebrar precios. Para facilitar el acceso a medicamentos como factor medular del derecho a la salud; y para alivio sustancial de los costos del sistema. De un sistema orientado por desgracia a satisfacer la gula de multinacionales, algunas EPS y clínicas privadas.
Óscar Andia, director del Observatorio de Medicamentos y directivo de la Federación Médica Colombiana, revela que en los últimos cinco años aumentaron los precios del mercado farmacéutico en $5,4 billones. Casi todo por medicamentos no-pos, los más caros, que no pagan las EPS sino el Estado. Se han reanimado ahora estos recobros, tras haber amainado con el control de precios del Gobierno anterior.
Todo comenzó, recuerda Andia, con la libertad absoluta de precios decretada por la Administración Uribe en 2003. Muchas medicinas se vendieron a precios hasta veinte veces por encima de los internacionales. El efecto fue devastador. No sólo para el ciudadano de a pie, sino para el Estado que debía desembolsar billonadas por recobros de las EPS. Vino luego un período de estabilización entre 2011 y 2013, y un nuevo crecimiento entre 2014 y 2017. Ocurrió que la regulación en biotecnológicos del Gobierno Santos redujo dramáticamente los precios, sí. Pero las multinacionales neutralizaron el logro con un aumento desproporcionado de la oferta de estos fármacos. Vendieron a menor precio pero en cantidades extraordinarias. Los recobros por estos biotecnológicos son astronómicos y siguen mandando la parada.
Para nuestro analista, la viabilidad del sistema de salud en Colombia depende no sólo de perfeccionar la regulación de precios y extenderla más allá de los biotecnológicos, sino también de otras medidas estructurales. Como esta de atacar el monopolio y el abuso de posición dominante mediante competencia abierta de fármacos en el mercado. Además, fijar precios a la entrada, expedir declaratorias de interés público y exigir licencias. Y, por supuesto, estimular la producción y la innovación de nuestra propia industria farmacéutica. No apenas protegiéndola de importaciones sustitutas sino con una política que obligue a transferir tecnología a cada cesión de un nicho de mercado. Finalmente, el Gobierno podría centralizar las compras y proteger el autoabastecimiento del país con productos genéricos. Como se estila en la India, se entroniza en Argentina y Brasil, y se estudia ya en toda Suramérica. Y concluye: una política de fomento a la industria nacional tendrá que pasar por apoyar los genéricos y abrir el abanico de la competencia.
Mas esta política no podrá emanar sino de revolcar la Ley 100, para devolverle al Estado la iniciativa, la dirección del sector y el control de sus recursos. El buen éxito de la iniciativa de Aldana dependerá de su determinación para suprimir privilegios a EPS privadas. Y para vencer el miedo al gringo, jefe del sumiso, humillado presidente que es jefe del director de Invima. ¿Lo logrará?