Pueda ser que dure la mesa de diálogo con el uribismo, si bien el abrebocas con el ministro Martínez no convierte a Álvaro Uribe en aliado de la paz. Así lo sugiere la metódica reiteración de sus exigencias a la mesa de La Habana, tras un primer encuentro; condiciones desmesuradas que bloquean toda posibilidad de acuerdo con la guerrilla. Pero nunca estorba la esperanza: ojalá el canje de insultos y mentiras por conversaciones entre caballeros de canapé republicano no se agote en el ardid de mostrarse indulgente en coyuntura electoral. O en el de distraer la opinión cuando la cúpula del uribato va a prisión por delitos propios de república bananera, y la Corte Suprema ordena investigar al mismísimo expresidente.
Pide Uribe suspender conversaciones con las Farc y reanudarlas sólo cuando esa guerrilla acepte concentrarse, sin concluir negociaciones de paz. Es decir, nunca, pues nadie acepta rendirse sin haber sido derrotado. Exige cárcel para las Farc, mas para ningún otro victimario, sea político, narcotraficante, militar, paramilitar, empresario o civil “ajeno” al conflicto. Por alusión al acuerdo agrario suscrito en La Habana, alerta de que quiera conculcarse la propiedad privada. Como si estuviera ella en juego. Aquí su apelación desembocaría en favor de los usurpadores de predios y en involución de un siglo contra la función social de la propiedad. Que no es invento del castro-chavismo sino del liberalismo moderno.
Se ha llegado en Cuba a la médula de la negociación: la reivindicación de las víctimas, que se afirma sobre la verdad desnuda de la guerra y el emplazamiento de sus máximos responsables. Entre éstos, civiles que financiaron al paramilitarismo y se lucraron de sus delitos. Investiga la Fiscalía 14.000 hechos criminales derivados del conflicto, 11.400 atribuidos a ganaderos, palmeros y bananeros. Habrá entre ellos quienes debieron pagar por protección contra la guerrilla, pero muchos hicieron de su alianza con el crimen otra fuente de riqueza y poder.
Ya dirá la justicia si un Jorge Pretelt compró a sabiendas fincas adquiridas por paramilitares bajo presión armada y desplazamiento de sus dueños. Según la Fiscalía, fincas que son hoy del alto magistrado fueron no ha mucho “La 35”. Una base paramilitar donde operó la escuela de entrenamiento de autodefensas. El expediente registra testimonios según los cuales habría en estas fincas de Pretelt fosas comunes de víctimas de los Castaño. Si ligereza, ¿no constituye ella una manera de cohonestar el paramilitarismo, agente encarnizado de la guerra?
Para el Centro Democrático, el acuerdo agrario crea mecanismos de expropiación y extinción de dominio “altamente perversos”, pues tenderían a la colectivización de la tierra. Falsa y perversa esta crítica. No sólo ataca la posibilidad legal de fortalecer la economía campesina, sino que pretende desmontar la normatividad vigente sobre predios inexplotados o adquiridos ilegalmente. Disposiciones adoptadas hace 81 años y refrendadas por la ley 60 de 1994. ¿Otra vez la derecha furiosa que antepuso a esta reforma la Violencia?
Es hora de que también la derecha reconozca su responsabilidad en la guerra; hora de que las Farc dejen de proclamarse víctimas, sin ver el reguero de muertos que han dejado a su paso por la historia. La del uribismo sería mesa paralela a la de La Habana, acaso para modular procedimientos que agilicen la terminación del conflicto. No para eternizarlo con exigencias inaplicables. Todos los procesos de paz enseñan que a los vencidos se les imponen condiciones; con los no derrotados se negocian acuerdos, y éstos suponen concesiones de parte y parte. Queda por establecer si el uribismo funge como subversión contra la paz y la reforma rural, o como aliado de quienes buscan la paz.