Chuza el DAS, chuza la Fiscalía. Chuzan la Policía, la Procuraduría y el CTI. Chuzan los delincuentes. Doce compañías privadas están interceptando a los colombianos, dice el Ministro del Interior. Su denuncia simula severidad para la exportación, pero intenta embolatar el prontuario criminal del DAS en un revoltillo falaz: allí donde todos pecan, nadie se condena. Mas no se mordió el anzuelo. Antes bien, quedó expósita la incuria del gobierno que ha cohonestado tal descomposición; y la impresión de que la privatización de la seguridad –servicio público indelegable- alcanza proporciones insospechadas. Pescando en el mercado libre de un Estado que cede el monopolio de la fuerza, decenas (centenares?) de “Compañías Militares de Seguridad Privada”, extranjeras y nativas, suplantan a la policía en la protección de una ciudadanía avasallada por el robo, el atraco, el asesinato, el secuestro, el atentado terrorista.
Si foráneas, estas compañías obran a sus anchas, pues el brazo de la ley propia no las alcanza. Si locales, la norma es blanda. Muchas de ellas, con equipos de espionaje y armamento sofisticadísimos; integradas por personal de pasado tan enigmático como sus propósitos, terminan tributando a la dinámica de hacer justicia por mano propia. Incurren en asesinatos, desapariciones y amedrentamientos sobre los cuales la prensa abunda. Más aun, cuando operan en la clandestinidad. Otra suerte de delitos cometen sus miembros cuando el gobierno les reconoce inmunidad diplomática, como a los contratistas del Plan Colombia.
Amplia es la gama de servicios que estas empresas prestan. Ofrecen desde cuerpos de mercenarios para librar guerras ajenas, hasta entrenamiento militar y asesoría en seguridad a cualquier ejército del mundo. En Colombia, la Dyncorp, verbigracia, apoya operaciones de seguridad de las Fuerzas Militares. Pero también prestan servicios de seguridad y vigilancia a empresas, edificios residenciales, bancos, cárceles y particulares.
Visto el desbordamiento de estas Compañías, las Naciones Unidas estudian una legislación global que las ponga en cintura y les devuelva a los Estados el monopolio de la fuerza. Entre sus documentos de soporte, adoptaron un dossier que sobre la materia publicó la Revista Zero del Externado. Las profesoras Margarita Marín e Irene Cabrera de esa Universidad rastrean el origen de ésta que la Rand Corporation ofreció como alternativa privada a la función protectora del Estado, en 1972, cuando se elevaba la fiebre neoliberal. La propuesta resultó providencial para enganchar a miles de expertos en lides militares que, terminadas la Guerra Fría y las dictaduras del Cono Sur, habían quedado cesantes. Valioso activo para el mercado que descubría en la inseguridad un negocio.
A los efectivos del Plan Colombia se sumaron aquí miles de desmovilizados de las AUC que terminaron como vigilantes y con carta blanca para labores de inteligencia. El decreto 3222 de 2002 creó las “Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana”, que habían de articularse con la vigilancia y seguridad privada y con la política de seguridad democrática. Asombra su parecido con los comandos de defensa de la revolución en Cuba y en Venezuela: redes de soplones del vecindario, son trasplante del Estado policivo a la sociedad. Al parecer, hacía allá va el nuestro, que privatiza la seguridad por dos caminos: va entregando su función de seguridad a agentes privados de dudosa ortografía; y, cuando la asume, la comparte a veces con particulares de origen ilegal o criminal. Como en el DAS. Estado militarista, pues, que quiere afirmarse sobre una sociedad paramilitarizada.