por Cristina de la Torre | Mar 25, 2025 | Actores del conflicto armado, Antioquia, AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, Corredores del narcotráfico, Crímen organizado, ELN, Farc, Guerrillas, Impunidad, Justicia restaurativa, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Marzo 2025, Narcotráfico, Paramilitarismo, Política de seguridad, Régimen político, Seguridad democrática, Seguridad Humana, Uribismo, Violencia
Se equivoca el representante Juan Carlos Wills. Proponer el rearme de civiles en el quinto país más violento del mundo y primero en exterminio de líderes sociales no hará sino repotenciar la tragedia nacional. Se agolpan en la memoria todas las aventuras que, pretextando derecho a la defensa, atropellaron la seguridad ciudadana, sembraron de cadáveres caminos, veredas y ciudades. Convivires, autodefensas, paramilitares, narcotraficantes, valentones de ocasión, guerrilleros y facinerosos (con armas de su propio caletre) se adjudicaron todos el derecho de disparar contra la ciudadanía inerme. Y dieron nuevas herramientas de brutalidad a nuestra consuetudinaria manera de hacer política, de dirimir conflictos de tierra, de barrio, de familia: a bala. A veces, con apoyo inesperado: damas rosadas de la sociedad de Medellín se enternecían en los años 80 ante los jóvenes sicarios de Escobar, que mataban sin cesar, por una bicoca, para comprarle su neverita a la mamá.
Para no ir lejos, Andrés Escobar y vecinos de bien dispararon en Cali contra manifestantes el 28 de agosto de 2021. Encausado por la justicia, lo protegió la senadora Maria Fernanda Cabal, quien elogió al “valiente digno de admiración” que había actuado en “legítima defensa”. Se dirá que todo ello son troneras propias de cualquier política de seguridad. No. Aquí las troneras fueron la política de seguridad misma, y la excepción, el uso ponderado del arma que se le entregó a un civil por razones debidamente justificadas y bajo control del Estado.
El 19 de marzo aprobó la Comisión Primera de la Cámara el proyecto de Wills que se propone facilitar el porte de armas para reducir la inseguridad, flexibilizar permisos y registros para la tenencia y porte de armas de fuego, y “equilibrar el derecho individual (a la seguridad) con las necesidades del orden público”. En los últimos ocho años se habían reducido drásticamente los permisos y había subrayado la Corte Constitucional que el porte de armas debe estar estrictamente regulado para evitar abusos.
La verdad es que la violencia aumenta conforme crece el número de armas entre la población. La Universidad de Los Andes probó que, gracias a la restricción de armas, en Bogotá y Medellín bajaron 22% los homicidios. Mas, piensa la senadora Cabal que el porte de armas es un derecho del ciudadano para defenderse de los criminales. Pero el Acuerdo de La Habana se inventó una excusa para desarmar a la población civil, asevera: el buenismo de todos desarmados hace de Colombia el país más inseguro del mundo. Y una sociedad desarmada queda “a merced de estos bandidos comunistas”.
¿Esta alusión desnuda la razón política del rearme civil? ¿Es la misma que liquida, entre líderes sociales, a defensores de la tierra, por “terroristas”? En todo caso bebe del modelo contrainsurgente: al enemigo (el comunismo) se le liquida; ya invada a la nación o actúe por interpuesta persona, el “enemigo interno”. Pero el enemigo es a un tiempo el guerrillero y el opositor legal. Y en idéntico marco de contrainsurgencia operan los civiles comprometidos con el orden público, bien como Junta de Autodefensa o como Defensa Civil. El mismo que terminaron por adoptar todas las formas de autodefensa que martirizaron a Colombia: Las Convivir, dirigidas por jefes paramilitares; las Autodefensas Unidas de Colombia y el paramilitarismo como fuerza armada irregular del Estado.
El rearme de civiles podría devolvernos a este escenario catastrófico; bien por interés oculto de algún interesado, bien por imprevisión de los promotores de la ley. Porque desdeña las soluciones de fondo a la inseguridad y la violencia, que empiezan por depositar en el Estado el uso exclusivo de la fuerza y por hacer de la justicia un poder operante e insobornable. Rearmar a los civiles podrá ser una osadía mortal.
por Cristina de la Torre | Dic 10, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Cese multilateral, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corredores del narcotráfico, Corrupción, Crímen organizado, Desarrollo agrícola, Desplazados, Desplazamientos, Diciembre 2024, ELN, Fuerzas Armadas, Gustavo Petro, JEP, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Libre Opinión, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Paz Total, Posconflicto, Tierras, Violencia
Un avance imprevisto se registra en el replanteamiento de la política de paz: el reconocimiento de sus errores de origen. Equivocaciones y vacíos que explican la inusitada expansión de los grupos armados que, dedicados sin excepción a economías ilegales, se disputan a bala el territorio e imponen su dictadura a las comunidades. En favor de esta violencia redoblada obraron las pautas que Danilo Rueda, primer comisionado de paz, trazó desde el día uno de la negociación y en buena hora se revisan hoy. Y se materializan, para comenzar, en bombardeos de aviones Kafir a un campamento madre del Clan del Golfo en Antioquia; primera acción de la Fuerza Aérea contra grupo armado en la era Petro.
En foro promovido por El Espectador y la Universidad de los Andes con participación de autoridades de Gobierno, negociadores y líderes de territorios sojuzgados, proliferan razones enderezadas a corregir entuertos. Pasan al banquillo los diálogos de paz sin objetivo definido o claudicante en la orilla del Estado; ceses de fuego improvisados y aquietamiento letal de la Fuerza Pública, para solaz de la contraparte; manipulación y segregación de organizaciones de base por los armados, a fuer de integración de la sociedad al proceso de paz. Desaguisados cuyos efectos señala Leyder Palacios, líder social del Chocó: normalización de la guerra en su región, miedo, violencia, gobernanza armada de los criminales por cooptación del poder local, pérdida de legitimidad del Estado y de sus Fuerzas Armadas, cese el fuego que sólo beneficia a los armados. Y Luz Estela Sucre, líder social en Arauca, dice: “estamos solos, en nuestro departamento gobiernan los grupos armados… nos sentimos desamparados”.
La cruda realidad ha impuesto ya objetivos inescapables en la negociación: reducción de la violencia, transformación del territorio y desarme de la contra parte. Claro, no siempre se lograrán ni al mismo tiempo. Una es la experiencia de Comuneros del Sur, cuyo proceso entra en fase de implementación; otra, la engorrosa mesa con el ELN, que va para el año congelada y anuncia ese grupo que no suscribirá acuerdo final con el Gobierno. Se depuran los objetivos de la mesa también al tenor de los cambios producidos en los grupos armados: no apuntan éstos ahora a la toma del poder sino que batallan por prevalecer en las economías ilegales: saltan ellos de la política al lucro regado en sangre. Y el Gobierno pasa de mesa y cese el fuego con todos, a mesa y cese el fuego con quienes lo merezcan.
En algunos casos ha salvado vidas el cese el fuego; pero, decretado sin mecanismos precisos de control y verificación, ha robustecido a los grupos armados. Señala el gobernador del Caquetá que en su departamento éste disparó la violencia entre armados: cuando había que mantener el control del territorio se desescaló, no la violencia sino la presencia de la Fuerza Pública, y se fortalecieron los armados. El ministro de Defensa baja de su pedestal al cese y le concede importancia sólo si beneficia a las comunidades: a guisa de negociación de paz, no puede el Estado ceder poder de control sobre el territorio, ni igualarse con los ilegales.
Tampoco podrá permitirse más la manipulación, la cooptación o la segregación de organizaciones populares por grupos armados, a título de participación de la sociedad civil en el proceso de paz. En esta avanzada para monopolizar la voz del pueblo, tampoco se les permitirá violentar ni presionar a las Juntas de Acción Comunal.
Sostiene el expresidente Santos que toda negociación de paz conjuga garrote y zanahoria, que en ésta no han sentido los armados el garrote y sí, en cambio, se han comido la zanahoria. Mucho indica que se apunta esta vez a equilibrar las cargas, y otra política de paz empieza a tapizar nuevos caminos con los despojos de sus reveses iniciales.
