En plebiscito clamoroso por la paz, una mayoría de colombianos ratificó su respaldo a un hito de nuestra política en décadas: la solución negociada del conflicto que avanza en La Habana. El reelegido Presidente Santos declara no reconocer enemigos y convoca a la unidad de todos alrededor de aquel propósito supremo, el de una paz justa, duradera, sin impunidad, que acometa las “profundas reformas” que el país demanda. Hace bien pues, por otra parte, siete millones de sufragantes preferirían la solución militar del conflicto, o bien, endurecer las negociaciones en Cuba. Hecho de bulto que ningún demócrata podrá ignorar. Con más veras si se trata de la paz, finalidad moral del Estado de derecho que prevalece sobre todo interés de persona o de partido, pues apunta a evitar más muerte y destrucción. El nuevo Gobierno deberá tender la mano al Centro Democrático, fuerza primera de oposición, crear instancias de participación para que pueda oírse su voz y la de todas las colectividades políticas, y conciliar sobre lo fundamental -dirían los ingleses. Podrá ser una mesa de diálogo y negociación pluripartidista. Sin lo cual un eventual acuerdo con las guerrillas estaría cojo, pues quedarían en la contraparte cabos sueltos de violencia.
También Clara López, candidata de la izquierda, reivindica la paz como política de Estado, de interés nacional, y ata el reconocimiento de la oposición a su participación en la confección de esa política. De donde desprende la propuesta de llevar a la mesa de La Habana no sólo al uribismo sino a la izquierda y a las organizaciones sociales. Lance que podría diluir el poder decisorio de la comisión del Gobierno -presidida con lujo de inteligencia y energía por Humberto de la Calle-, anarquizar las negociaciones de paz y liquidar todo lo logrado a la fecha.
Es que el presidente Santos es a la vez cabeza del Estado y jefe del Gobierno. En su iniciativa de paz traduce ya una decisión de Estado y, como Gobierno, la ejecuta. Además, lo pactado se someterá a referendo, de modo que puedan pronunciarse amigos y enemigos de los acuerdos de paz. Y, por si fuera poco, en el Congreso debatirán lo mismo Jorge Enrique Robledo y representantes del vetusto poder de los señores de la tierra… y de la guerra. Cosa distinta, aunque no menos eficaz, sería esta mesa multipartidista, cuyas deliberaciones tendrán que iluminar las negociaciones de La Habana. Y un complemento crucial, siempre postergado, será el estatuto de oposición. Sin garantías de igualdad para todos los partidos en la competencia política, la democracia es un decir. Así lo reclaman López, Ramírez, Zuluaga y Uribe, voceros señalados de los partidos de oposición en Colombia.
En su discurso de victoria, no ocultó el Presidente el talante reformista que animará su nuevo Gobierno, enderezado a “construir un país más justo e igualitario”, Paz con Justicia Social. Obligante ha de resultarle esta perspectiva, visto el aporte decisivo de izquierdas e independientes en la ratificación de su mandato. Y previsible también pues, no hipotecado ya a una segunda reelección, sin nada que perder y todo por ganar, podrá Santos salvar ambigüedades y vacilaciones para pasar a la historia como el reformador liberal que lo fueron sus ancestros. Aunque nada será fácil, a lo menos volverá el país a la deliberación libre entre ideologías y propuestas diferenciadas. Precondición ideal de democracia.
Si de edificar la paz se trata, el nuevo Santos tendrá que pasar de las palabras a los hechos: emprender las reformas que las elites colombianas le birlaron siempre a su pueblo, llámense reforma agraria, o salud como derecho ciudadano hoy convertido en negocio de EPS. Que se vea.