por Cristina de la Torre | Jul 4, 2023 | Pensiones, Julio 2023, Gustavo Petro, Capitalismo, Seguridad social, Modelo Económico, Partidos, Izquierda, Salud
Graves definiciones enfrentan los partidos. Dos propuestas de coalición antagónicas ponen sobre el tapete, no tanto la polarización que ha llegado a su clímax, como el alcance ideológico de posturas que van desde el variado tinglado del reformismo hasta la caverna irredenta. Inesperada cosecha en partidos que agonizan por falta absoluta de ideas y de interlocución con un país en crisis. El Gobierno se propone reconstruir su coalición moderando el contenido de las reformas e instalar mesas técnicas de discusión con liberales, conservadores y seguidores de la U. Sabrá que con la mayoría alcanzada en las urnas no le basta para ejercer como gobierno de partido. Vargas Lleras, impetuosa figura de la ultraderecha, propone coalición de oposición con todas las colectividades del establecimiento contra el Gobierno que nos tocó en desgracia, según él, contra todo amago de renovación. Aspira a triunfar en los comicios de octubre combatiendo fórmulas de cambio que responden a los anhelos del electorado. Vea usted.
Pero hace sólo dos semanas escribió César Gaviria: “estamos preparados para concretar acuerdos y sentar bases para el diálogo en el que participen diversos sectores de la sociedad… para abordar los aspectos problemáticos de las reformas. Somos sus aliados, presidente, no un obstáculo”. Dilian Francisca Toro, presidenta de la U, declaró que estudiará la iniciativa; pero que se inclina por la independencia, por aprobar lo que sea necesario y negar lo que perjudique al ciudadano.
Mientras sostiene Vargas que su coalición evitaría una catástrofe, Carlos Enrique Cavelier, notable del empresariado que juega como otro actor definitorio en la crisis, postula lo contrario: si no conversamos y sacamos algo en común, ponemos la democracia en juego. Colombia necesita reformas, agrega, y volver a la industrialización. Enmienda él la desobligante página que MacMaster, jefe de la Andi, escribió contra el ministro Ocampo y su reforma tributaria, y que mereció la protesta de la exministra Cecilia López. Para ella, “este país tiene más chance con un gobierno de izquierda que con uno de derecha para empezar los cambios por los que hemos peleado toda la vida”.
En sustitución de cultivos, el Gobierno prepara titulación masiva de pequeños fundos de coca y alternativas de nuevos productos industrializados. Tras la hecatombe de la apertura económica que golpeó la industrialización lograda y sacrificó sectores enteros de la producción nacional, vuelve Petro sus pasos sobre el desarrollo que crea riqueza, empleo y bienestar. Para revertir el desastre que significa la caída en participación de la industria en el PIB del 25% en 1991 al 11.5% hoy.
El nuevo paradigma sentó sus reales en una súbita apertura comercial, desregulación de la economía y privatización de empresas y funciones del Estado. Corolario suyo fue la privatización de la seguridad social, (salud y pensiones) y el desmonte de las garantías laborales que la OIT consagra para el mundo. Al rescate del principio solidario, no mercantil de esos servicios se suma la búsqueda de un viraje en el modelo económico que adapte logros modernizantes del pasado a la dinámica de los tiempos. En eso andamos. Queriendo apenas nivelarnos con democracias de capitalismo social.
¿A qué tanta vocinglería, aun en boca del presidente que postula las reformas? Ojalá recupere Petro el tono de su invitación inaugural a construir con la oposición “una gran nación pacífica, moderna y democrática”. Ojalá los pinitos de aliento reformista que reverdecerían a los partidos tradicionales den la talla del cambio que el país espera. Aunque no suscribieran cada inciso, cada coma de las reformas, saldrían del pantano de la irrelevancia.
Coda. Reconforta el saber sanos y salvos a Sergio Jaramillo, Héctor Abad y Catalina Gómez tras el criminal ataque de Rusia a civiles inermes en Ucrania.
por Cristina de la Torre | Jun 27, 2023 | Campesinado, Junio 2023, Conversaciones de Paz, Guerrillas, Industria agrícola, Justicia tributaria, Farc, TLC, Desarrollo agrícola, ELN, Industrialización, Violencia, Gustavo Petro, Inseguridad Alimentaria, Restitución de Tierras, Iván Duque, Derecha, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Tierras, Modelo Económico, Uribismo, La paz, Política agraria, Acuerdos de paz, Proceso de paz
Tras largo rosario de intentos de cambio, ahogados a menudo en sangre, dos hechos trascendentales dan nueva fisonomía a la reforma rural en este Gobierno. El reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos y la creación de la jurisdicción agraria para resolver los conflictos de tierras, por un lado. Por el otro, la integración de Fedegán -el sector más beligerante entre enemigos de la transformación del campo- a la política de redistribución de tierra y, aun, a la negociación de paz con el Eln. Sí, la paz pasa por corregir el aberrante modelo de propiedad y uso de la tierra en Colombia, campeón del continente en inequidad. Por lo visto, no quiere el presidente excluir de la negociación de paz, como sucedió con Santos, a la ultraderecha política (y sus terratenientes), parte de ella instrumentalizada por el paramilitarismo que fuera contraparte armada de esa guerrilla. Negado el Acuerdo con las Farc por acción de las derechas que montaron un tinglado tenebroso de amenazas y mentiras, éste se renegoció después a tres bandas. Reformulación que la deslealtad del uribismo trocó en sabotaje a la paz, a instancias de Duque, el retardatario.
A la paz abona también la jurisdicción agraria que acaba de aprobarse. Ella permitirá cerrar litigios sobre derechos de propiedad, cuando la arbitrariedad ha favorecido el despojo, y la ambigüedad impera en porción alarmante de títulos de predios. Permitirá, además, obrar sobre ocupación abusiva de baldíos, proteger el territorio y, a la postre, asegurar la soberanía alimentaria del país. Con jueces agrarios y especialistas en tan variada problemática, se trazarán procedimientos expeditos para agilizar la solución de los conflictos. El reconocimiento de los derechos políticos del campesino facilita su acceso a la tierra y al crédito, al desarrollo, a la agricultura familiar. Desbroza camino hacia la reforma rural integral.
Mucho se espera de la nueva política agraria en el país donde un millón de hogares campesinos tienen menos tierra que una vaca. Según Oxfam, de las 43 hectáreas de uso agropecuario sólo 8 se destinan a agricultura; el resto a ganadería, que es casi siempre extensiva. El 1% de las fincas grandes abarca aquí el 81% de la tierra. La desafiante concentración de la propiedad rural se agudizó en las últimas décadas: al calor del conflicto, expandieron los grandes propietarios sus predios con tierras arrebatadas a campesinos y usurpadas a la Nación.
Carlos Lleras le sumó a la reforma agraria de los años 60 políticas de industrialización del campo, con protección de sus productos y creación desde el Estado de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Divisa del gremio fue “pasar de sirvientes de los ricos a propietarios de tierra”. Pero la modernización propuesta suponía redistribuir tierra y presionar al latifundio improductivo a cultivar sus inmensas extensiones. En discurso de inauguración de la Anuc, abogó Lleras por una reforma agraria radical y declaró que “sin la presión organizada del campesinado no habrá reforma agraria”. A poco, hundiría la reforma Pastrana Borrero en Chicoral.
Una nueva iniciativa, la Ley 60 de 1994, se ahogó, como sucumbió media producción nacional entre mares de productos importados al calor de la apertura económica. El mundo rural cambió, señala Basta Ya; de él se enseñoreó el narcotráfico y se desplegó un acelerado proceso de “ganaderización”, gracias a la compra masiva de tierras por el narcotráfico. Concentración de la tierra y ganadería extensiva se ampliaron mientras la pobreza golpeaba al campesinado.
Si de negociar la paz con los ganaderos se trata, ya Petro ofreció su parte: comprarles tierra a precio comercial. Podrá ahora exigirles que no se atraviesen en la restitución legal de tierras, que pongan a producir sus heredades y que paguen impuestos.
por Cristina de la Torre | Jun 20, 2023 | Congreso de la República, Junio 2023, Conversaciones de Paz, Guerrillas, Fuerzas Armadas, ELN, Gustavo Petro, Desplazamientos, Partidos, Conflicto interno, La paz, Acuerdos de paz, Corrupción
Aunque prematuro porque la Fuerza Pública tendría que bajar la guardia sin que el Eln se hubiera comprometido a propiciar activamente el fin del conflicto, el cese el fuego de 6 meses con esa guerrilla abre una ventana de esperanza. Más aun con las palabras de Gabino. El excomandante máximo dijo estar dispuesto a “aportar lo que me queda de vida en este esfuerzo por la paz”. Instó a todos sus frentes, mandos medios y combatientes a respetar el cese el fuego en forma “sagrada, responsable y decidida”.
Voz confiable la suya, contrasta con el descarnado deleite de Antonio García en desmentir al Presidente de la República sobre la terminación del conflicto. Que no, que no se acaba la guerra en 2025. Ni en fecha alguna que aventure él. Pretextando rigor en los términos acordados, mata García dos pájaros de un tiro: mancilla la dignidad del Primer Mandatario y exhibe su puño de hierro cuando de paz se habla. Y Pablo Beltrán, jefe negociador del Eln, ironiza ante las cámaras: habrá cese el fuego bilateral, sí, pero no cese de hostilidades; secuestro y extorsión seguirán su marcha contra la población. Como si faltaran “claridades”, Bernardo Téllez pone la cereza al pastel. El cese será apenas con las Fuerzas Militares, no con los otros armados ilegales. Con éstos seguirán ellos en disputa por el control del territorio y el sometimiento violento de las comunidades, condiciones de éxito para prevalecer en economías ilegales.
También la participación de la sociedad civil, gran innovación en negociaciones de paz, acusa doble racero. ¿Cómo no acudir a la base social si ella es fuente primera del cambio que la mesa se propone protagonizar, acogiendo de manera “automática y vinculante” sus propuestas? El recurso al pueblo es democrático por definición. Pero si en el Comité de Participación predominan organizaciones no representativas o reconocidas por amplios sectores, ni plurales, ni regidas por reglas del juego formales, podrán imponerse intereses sin jerarquía o sólo de entusiastas movidos por la guerrilla. Sus propuestas serán insumos para la mesa, que los depurará en un Plan de Ejecución de los Acuerdos de Paz con el Eln.
¿El vocablo “vinculante” significa aquí de forzoso cumplimiento? ¿Sean cuales fueren las iniciativas que se reputen como solución a las causas del conflicto social, político, económico y armado? ¿Por encima de los cuerpos de representación y ejecución política (Congreso, Asambleas, Concejos, Presidencia, Gobernaciones y Alcaldías)? ¿Por encima de los planes locales y del Plan Nacional de Desarrollo, alimentado en consultas populares y aprobado por el Parlamento?
El hecho es que la comunidad expresa necesidades, no intereses mediados por partidos políticos, y sus voceros carecen de la representatividad que asiste a los elegidos en las urnas. Ni el movimiento social, ni los consejos comunales de Uribe, ni las asambleas populares que ahora convoca Petro suplantan a la representación política. Por más que la Carta del 91 hubiera empotrado su idea de democracia directa sobre la destrucción de los partidos.
Una común aspiración a deliberar y decidir emparenta a organizaciones de base con las asambleas de marras, concebidas para debatir reformas e impulsar los acuerdos de paz. Grave riesgo ve en ello Pedro Medellín, pues en medio territorio mandan grupos armados que manejan la economía, cobran impuestos, administran justicia y controlan el tránsito humano. Peligroso le parece este “parlamentarismo popular” que adoptará decisiones de gobierno brincándose las reglas del juego del Estado de derecho. Máxime si quienes lo controlan van armados.
Cese el fuego y participación de la sociedad son ejes de una negociación signada hasta ahora por la incertidumbre. Pueda ser que con la voz de Gabino tan azaroso proceso ceda el paso a la esperanza.
por Cristina de la Torre | Jun 13, 2023 | Congreso de la República, Junio 2023, Fiscalía General de la Nación, Reforma política, Protesta social, Reforma a la salud, Reforma tributaria progresiva, Gustavo Petro, Reforma Rural, Reforma tributaria, Reforma Fiscal
La muerte misteriosa del coronel Óscar Dávila, subjefe de seguridad del presidente Petro, es tragedia que repica en la crisis de gobierno cuyo clímax escaló a escándalo de chuzadas y supuesto ingreso no explicado de $15.000 millones a la campaña presidencial. Denuncia el abogado Miguel Ángel del Río que la víspera de su muerte le había revelado el oficial amenazas de la Fiscalía contra él y que, según ella, correría sangre. El jurista se queja de “la infame persecución de la Fiscalía”. Subalternos de Dávila habrían intervenido en uso irregular de polígrafo contra empleada de la entonces jefa de Gabinete, Laura Sarabia. Pone este hecho la nota de horror en la atmósfera envenenada que la oposición ha construido sobre las protuberantes equivocaciones del primer mandatario. El ataque encadena, uno tras otro, día tras día, gazapos del Ejecutivo magnificados hasta configurar, dice el presidente, un golpe blando.
En la crisis de Gobierno que congela las reformas, corazón de su proyecto, parece debatirse Petro entre la apelación directa al pueblo y la recomposición del acuerdo institucional con otras fuerzas. Entre exhibir poder en las calles y volver a barajar la coalición política cuya disolución precipitó hace dos meses, cruzando ahora líneas que se tuvieron por infranqueables en las reformas de salud, trabajo y pensiones. El recurso a la movilización popular promete más como presión para recomponer la alianza política que le dio gobernabilidad, que para suplantarla.
Con Petro, el modelo de confrontación contra elites ranchadas en la inercia conservadora que nada cede, o muy poco, correría parejas con el de concertación plural en pos de un objetivo común. Acuerdo sobre lo fundamen tal para los ingleses, es modalidad socialdemócrata de liberalismo. El primero, rousseauniano, reta con el discurso contestatario que lubrica una radical descalificación del sistema; el segundo persigue el cambio paso a paso pactando consensos con fuerzas disímiles. Tal la experiencia del Frente Amplio Uruguayo, que gobernó 16 años, y ahora el de Boric en Chile.
En el fragor de la protesta, rendido a la seducción de su propia oratoria, se allanó el líder sin embargo a la vía institucional del cambio. No son estas reformas radicales, dijo, apenas tratan de garantizar derechos esenciales de la gente. El cambio que el pueblo eligió debe tramitarse con respeto de las instituciones. Al Congreso “le solicitamos con todo respeto, desde nuestras ganas de justicia y de paz (aprobar) las reformas que le garantizan al pueblo sus derechos. No es una solicitud violenta, irrespetuosa o armada; es una solicitud popular”. Y agregó: el Gobierno está abierto a discutirlas, a aceptar cambios, pero “ninguno que afecte los derechos de la gente”.
¿Hace mella el golpe blando? Escribe Óscar Guardiola que no hay en éste conspiración sino manipulación de la opinión con información inflada: ruido. “Se trata de amplificar el volumen y multiplicar las fuentes hasta hacer perder el criterio de juicio. No busca golpear de manera inmediata al adversario (…) busca golpearnos a todos, empujarnos a un estado de ansiedad, mortificación y pánico. Entonces no razonamos, reaccionamos”. Y es en tal ambiente donde florecen los fascismos. Camino expedito para el golpe blando será la incapacidad ejecutiva del Gobierno, su estentórea inhabilidad para comunicar, su debilidad por la autocomplacencia.
El dilema entre movilización y concertación podrá ser falso. A la postre, cuestión de énfasis. Pero aquí salta a la vista la urgencia de volver a la concertación en democracia para salvar el cambio que las mayorías anhelan. Sin ejecutorias que respondan a las expectativas creadas, la popularidad del presidente podrá estacionarse en un lánguido 26%, y los manifestantes, contraerse al núcleo místico de los aduladores.
por Cristina de la Torre | May 15, 2023 | Conversaciones de Paz, Guerrillas, Fuerzas Armadas, ELN, Gustavo Petro, Modelo Político, Modelo Económico, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, Acuerdos de paz, Actores del conflicto armado, Mayo 2023
Ha prevalecido la impresión de que el Gobierno lo concede todo, y el Eln, nada. Más aun, en espacios como este se temió que el nuevo modelo de negociación con esa guerrilla condujera al cogobierno con una fuerza insurreccional en armas, pues tampoco parecía ella dispuesta a deponerlas. Pero ahora, en una de sus más acabadas exposiciones, destapa el presidente Petro el lado oscuro del Eln: ésta no es la insurgencia que apuntaba a la derrota del Estado -declaró ante 85 comandantes de las Fuerzas Armadas-; hoy se contrae a pelearse con otros armados el territorio, en pos de la economía ilícita. Es esta la razón de ser del nuevo Eln, una federación de frentes autónomos que los añosos dirigentes con nostalgia de pasado revolucionario no representarían ya. Divorciado de ideales políticos, el Eln no sería más una fuerza insurreccional sino una organización marcada por la impronta de “la plata”, por la dinámica del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.
Severo mensaje envía el Presidente al tercer ciclo de conversaciones en Cuba: a la paz se arribará por una estrategia combinada de acción militar sin contemplaciones contra los circuitos del narcotráfico y políticas de desarrollo en las regiones. Destruir la economía ilícita mediante inteligencia y acción armada en el terreno, y recuperar el territorio con políticas sociales y económicas serán ahora las metas de la seguridad. Una cosa es la insurgencia, apunta Petro; otra, el engendro bifronte de dinero y terror del narcotráfico, que llenó el vacío ideológico resultante de la caída del muro de Berlín.
Señalaba esta columna las desmedidas pretensiones del Eln y la condescendencia del Gobierno en la reinstalada mesa de negociación. Todo bonhomía en los enviados del Presidente, la grosera petulancia de la contraparte humillaba la mano tendida del Gobierno. Mas la imagen que se proyectaba no era gratuita: exigía aquella cambio de modelos económico y político. Y éste operaría por decisiones acumulativas de la mesa, bajo tácita vigilancia (armada) de la guerrilla: cambio que se aprobara en la mesa debía traducirse en su respectiva política de Gobierno. Se cruzarían así líneas rojas del Estado de derecho que, si imperfecto, sólo podía reformarse en reglada lid democrática. Ejecutar medidas antes de un acuerdo final era invertir la secuencia de cualquier negociación de paz. Y era cogobernar.
“El Estado no abdica, se fortalece en beneficio de todos”, declara el manifiesto de 20 intelectuales y exnegociadores de paz, apuntando al buen éxito del proyecto de paz total. Juan Camilo Restrepo, Rafael Pardo, Enrique Santos, Jorge Orlando Melo, el general Fredy Padilla de León y Eduardo Pizarro, entre ellos, señalan que estos procesos son una concesión del Estado a grupos armados fuera de la ley, que debe redoblar medidas para garantizar el orden público. El cese el fuego sólo debe pactarse al final de la negociación, previa concentración de los armados y en zonas delimitadas. Pero es urgente buscar ya un cese de hostilidades contra la población civil. Objetivo primordial de los acuerdos de paz es la desmovilización de los armados, su integración a la democracia y el abandono de las armas. La ley de sometimiento tendrá que servir para combatir empresas criminales de enorme rédito económico, no para patrocinar rotación de elites delincuenciales.
En ruidoso viraje del trato prodigado al Eln hasta ahora, le quita Petro su hoja de parra y le advierte que el hecho de negociar con él no implica abandonar el combate contra su economía ilícita, ni permitir más violencia contra la población civil.
Coda. Colombia espera acción inmediata de la Fiscalía para indagar la desembozada amenaza de golpe de Estado proferida por el coronel (r) John Marulanda, cabeza visible de otros golpistas agazapados en el anonimato.
por Cristina de la Torre | Abr 4, 2023 | Conversaciones de Paz, Guerrillas, Cese multilateral, Paz Total, Fuerzas Armadas, ELN, Gustavo Petro, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Personajes, Impunidad, Acuerdos de paz, Proceso de paz, Corrupción, Actores del conflicto armado, Abril 2023
No es primera vez que sucede. El asesinato a mansalva de nueve soldados bachilleres en el Catatumbo por el ELN, motivo de orgullo para los jefes de esa guerrilla, es apenas el último capítulo de una saga criminal que se aferra como una raposa a la historia del grupo armado. Como los 23 jóvenes sacrificados hace cuatro años en la Escuela de Policía, no estaban éstos en territorio de combate ni batallaban. Pura cobardía.
El presidente Petro repudió el “ataque asesino de quienes hoy están absolutamente alejados de la paz y del pueblo”. Y Otty Patiño, jefe negociador con el grupo armado, conminó al ELN a definir, no con palabras, con hechos, si concurre a la mesa para fortalecerse militarmente o por genuina vocación de paz; si tiene unidad de mando, o el comandante militar del ELN y sus adláteres seguirán objetando cada decisión del negociador en la mesa; si persistirán en sus hostigamientos a las comunidades. La sostenibilidad del diálogo quedó sujeta al cese el fuego y de hostilidades contra la población. Pidió el expresidente Santos la definición pronta de una estrategia de seguridad, sin la cual la negociación, que en todos los casos debe combinar garrote y zanahoria, fracasaría por quedarse sólo en zanahoria.
Desde sus orígenes, fue costumbre entre comandantes del ELN imponer el fusil y la machimbre como argumento selecto de la revolución, mientras otros (también en la guerrillerada) reclamaban, candorosos, trabajo político de masas. Los pasaron por las armas, sindicados de traición. A Jaime Arenas, a Julio César Cortez, a Ricardo Lara, entre los muchos ajusticiados por diferencias de ideas. De Vásquez Castaño en los 60 a Antonio García hoy, ha degradado esta organización su propia guerra, librándola de preferencia contra el pueblo al que dice representar. Y, en más de un frente, movido por prevalecer en negocios que dejan tanto rédito como reguero de muertos.
Creyéndose vanguardia de los desheredados, ciega a la realidad, indiferente a las súplicas de la población, esta guerrilla se desmadró en agresiones contra ella. Más de 15.000 secuestros le calcula la Comisión de la Verdad, de los perpetrados por razones del conflicto entre 1990 y 2018. Si de terror contra comunidades se trata, ahí está Machuca, tragedia que el ELN provocó con la voladura del oleoducto central en Segovia el 18 de octubre de 1998, que tanto dolió en Colombia y llenó de estupor al mundo. A resultas del bombazo, se saturó de crudo el río paralelo al caserío, éste se incendió y el fuego se volcó sobre las casas con techo de paja. Según Fundapoyo, los sobrevivientes “vieron la noche convertirse en una bola incandescente que abrazó la vida de sus seres queridos”: 84 muertos, 38 heridos batiéndose entre la vida y la muerte, 230 familias afectadas y grave daño al ecosistema. Por espacio de nueve horas impidió esta guerrilla el acceso de equipos de socorro del Ejército y de la Cruz Roja.
Desde la autoridad que su compromiso con la paz le confiere, Carlos Velandia, cofundador del ELN y reinsertado en 1991, fustiga a esa guerrilla por querer negociar un acuerdo “a trompadas”: matando soldados, policías y civiles; poniendo bombas, volando oleoductos. Pide condicionar el diálogo a un cese unilateral del fuego por el ELN, y “que el Gobierno actúe con reciprocidad”. Se trata, sobre todo, de dar garantías a la participación de la sociedad.
Para el editorialista de El Espectador, “En su arrogancia y su violencia, sigue jugando el ELN con las esperanzas del país… El cese al fuego se convirtió en un requisito esencial para seguir avanzando. Si pactarlo no es una posibilidad, entonces la guerrilla no tiene voluntad de paz y no hay otra opción que seguir en el conflicto”. Sería destino inapelable si el ELN no comprende que su primer contradictor y víctima es el mismísimo pueblo colombiano.
